Pedagogía Social. Revista interuniversitaria. nº 12-1 3, Diciembre 2005-2006.
Cuando una situación plantea demasiados interrogantes y suscita incomodidades en nuestra forma habitual de vida, pero al mismo tiempo nos resulta beneficiosa en determinados ámbitos que consideramos necesarios (hablamos de economía e inmigración), un tupido velo puede cegar nuestra percepción de la realidad, centrándonos en aquellos aspectos que nos pueden incomodar en algunos momentos, háblese de inseguridad ciudadana, de delincuencia, etc. La alarma social salta al estallar esa patata caliente que ha estado guisándose a fuego lento mientras la situación nos estaba beneficiando. No son, entonces, las voces de la inclusión, a través de la interculturalidad, las que se alzan para reclamar una solución a los conflictos surgidos, sino más bien, los gritos de la exclusión, traducidos en la exigencia de la expulsión real o simbólica de «los otros», los que se hacen oír a través de actos que llegan a ser protagonizados por la violencia. Éste es el caso de los hechos ocurridos en la ciudad de Jumilla (Murcia) el 19 de julio de 2005. Si a esto añadimos la sorprendente pero cómoda costumbre que tenemos de responsabilizar a «los otros» de nuestros males, y si además estos son ‘diferentes’ (procedencia grupal, rasgos externos, formas de vida y cultura, etc.), difícilmente escaparán a convertirse en nuestro chivo expiatorio. Actuar de otra forma sería reconocer nuestra parcela de responsabilidad y nuestras posibilidades de acción. Tal vez sea pedir demasiado, tal vez no. Lo que no cabe duda es que abordar el análisis de los procesos de relación social entre autóctonos e inmigrantes resulta, cada vez mas, una necesidad imperiosa para configurar el futuro de nuestra sociedad.
