Agustín Unzurrunzaga
Inmigración y eleciones municipales
(Deia, 12 de mayo de 2007)
La población extranjera empadronada en la CAPV, algo más de 85.500 personas, de las que 64.228 disponían de la correspondiente autorización de residencia a 31de diciembre de 2006, representa el 4,01 de la población. De las personas con permiso de residencia, 20.325 están en régimen comunitario y 43.903 en régimen general. Por nacionalidades de origen, las personas provenientes de Colombia representan el 13% de los empadronados, las de Ecuador el 9%, las de Marruecos el 8,9%, las de Portugal el 7,5%, las Rumania el 7,4%, las de Bolivia el 7,2%, las de Brasil el 4,4%, las de Argentina el 3,3%, las de China el 3% y las Argelia el 2,7%.
De las diez nacionalidades citadas, que son las más importantes en la CAPV, solamente las personas provenientes de Portugal y Rumania tienen derecho a votar y a ser elegidas en las elecciones municipales. El resto, independientemente de su situación administrativa, del tipo de permiso de residencia, del tiempo que lleven residiendo aquí, no tienen derecho a votar y a ser elegidas. Se les niega el derecho a formar parte de la comunidad política que elige y puede ser elegida para organizar la vida de los pueblos y ciudades.
Si bien los pueblos y ciudades pueden ser el medio físico y social privilegiado para la inserción social de las personas extranjeras, su participación en la vida de la ciudad está fuertemente determinada por las condiciones específicas de existencia: por un marco normativo que les hace depender de un permiso de residencia; por un marco que les niega el elemental derecho a formar parte de la vida política de la ciudad en igualdad de condiciones que el resto de vecinos y vecinas; por un marco que condiciona fuertemente su vida en familia; por un marco que los fragiliza socio-laboralmente haciendo depender sus relaciones laborales de un permiso de trabajo.
En los últimos veinte años, se ha buscado y construido un tipo de inserción social de las personas extranjeras extracomunitarias: se las ha integrado en la periferia social, sin derechos políticos y con menos derechos cívicos y laborales que el resto de la población.
¿Se puede modificar ese tipo de integración social, con sus graves deficiencias, desde los ayuntamientos, sin tocar los fundamentos del marco normativo, de la política de inmigración y extranjería practicada y que se sigue practicando?
Hay cosas que pueden ser corregidas, y vale la pena hacer el esfuerzo necesario para ello. Pero a su vez, hay límites, y no pequeños. Hay cuestiones que no están en manos de los ayuntamientos, o que sólo lo están en parte. Los ayuntamientos pueden ser administraciones cercanas, pero están sujetos a leyes generales. Los ayuntamientos que han aprobado planes de inmigración suelen partir del principio de ciudadanía municipal, de ciudadanía inclusiva. Ese principio tiene poco que ver con lo que se practica desde el Estado, lo que obligaría a esos ayuntamientos, si quieren ir más allá de las declaraciones e intentar hacer efectivo lo que proclaman, a ser muy críticos con muchas de las cosas que viene desde ese marco, a buscar su corrección efectiva.
Destacaría diez grandes áreas de trabajo: La política documental, lo relacionado con los permisos de trabajo y residencia; la inserción residencial, dónde se vive, cómo se vive; la relación con los servicios públicos, especialmente con los sociales; la sociabilidad y la convivencia ciudadana; la participación política en la vida de la ciudad; el empleo, el tipo de trabajo; los menores no acompañados; las situaciones de marginalidad social; la educación, la inserción escolar; y la sanidad.
Esas áreas no son compartimentos estancos, están relacionadas entre sí, pero a su vez tienen particularidades, y en todas ellas los ayuntamientos tienen algo que decir y hacer.
Los documentos, los permisos de trabajo y residencia son una cuestión fundamental en la vida de las personas extracomunitarias, tanto si están en situación irregular, como si están en la fase de los permisos temporales o, incluso, con los permisos permanentes. ¿Tienen algo que ver los ayuntamientos en todo esto? Sí, y cada vez más. Tienen que ver con los empadronamientos, con los informes municipales de inserción social para pedir los permisos por arraigo social, con los informes de vivienda para las reagrupaciones familiares, con la revisión padronal bianual.
Y algo parecido nos ocurre con la vivienda, donde hay tres aspectos a tomar muy en cuenta. La carestía de la vivienda de alquiler en el mercado libre, que es a la que prioritariamente acceden las personas extranjeras. Relacionado con lo anterior, el mercado paralelo de alquiler de habitaciones, el nuevo desarrollo del sistema de pupilaje, en el que se calcula que viven el 65% de las personas extranjeras con menos de dos años de estancia en España. Y los problemas de acumulación y hacinamiento que lo anterior propicia.
Y con la participación política en la vida de la ciudad. Es cierto que no tienen derecho a votar, y esa es una aberración de la Constitución, que convendría eliminarla cuanto antes, modificando su artículo 13.2. Pero hasta que ello se haga, los ayuntamientos pueden crear instrumentos de participación ciudadana vía comisiones de inmigración u otras, que faciliten la relación con las organizaciones de inmigrantes y que trabajan en ese campo en el marco del pueblo o la ciudad. En los últimos tiempos hay un desarrollo de organizaciones de tipo local que habría que tomar en cuenta.
Y lo mismo cabe de decir de políticas específicas que propicien la sociabilidad, que potencien las relaciones ciudadanas y vecinales, que tengan en cuenta que tipo de relaciones estamos construyendo, si hay distancia educada o relación fluida, si hay abierta discriminación, compartimentos más o menos estancos y xenofobia, si hay participación en asociaciones o eventos mixtos.
Y de los menores no acompañados, aunque en este caso el actor principal sean las diputaciones, donde hay cuestiones importantes a mejorar en la totalidad del ciclo de acogida: en urgencia, en residencial y en emancipación. Y de los servicios sociales, sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema funciona con ventanilla única a través de los ayuntamientos. Y las situaciones de marginación social cada vez más numerosas y cronificadas, que a su vez tienen relación con los déficit en materia sanitaria, donde los esfuerzos por relacionar situación social con salud se dejan sistemáticamente de lado, tanto en la atención de urgencias, como en la ambulatoria y la psiquiátrica. Y en educación, que aunque lo fundamental dependa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, también afecta a los ayuntamientos.
Hay un campo de actuación municipal, limitado, pero importante. Pero para que sea efectivo, los propios municipios tienen que convencerse de que su actuación en ese terreno es posible y necesaria. Algunos ya lo vienen haciendo, aunque a veces sin hacer suficientemente ese ejercicio de lectura y práctica crítica con lo que viene del Estado que más arriba hemos reclamado. Por ahí tenemos bastante por avanzar, si de verdad nos creemos eso de la ciudadanía municipal e inclusiva.