Gabriel Flores
¿Ha pasado lo peor o puede empeorar
la situación económica en 2010?
Los países capitalistas industrializados de mayor renta por habitante han superado en la segunda mitad del 2009 la gran recesión económica que han padecido durante aproximadamente un año y medio (1). En los últimos meses, los países ricos (y, en mayor grado aún, los países emergentes) han experimentado un movimiento generalizado de superación de la recesión que la economía española aún no ha iniciado. Lo peor de la recesión puede considerarse cosa del pasado para los países de la OCDE (2). Lo peor de la crisis, en cambio, puede no haber llegado aún.
Este artículo pretende enumerar las paradojas que el final de la recesión ha puesto sobre la mesa y señalar los factores que conforman la tendencia dominante a que el crecimiento del mundo capitalista desarrollado sea en 2010 demasiado exiguo para impulsar una reactivación económica capaz de reducir las tasas de paro y generar empleos netos.
Si no fue nada fácil en los momentos álgidos de la crisis la defensa del empleo, el bienestar y los intereses de las clases trabajadoras y los sectores sociales que la crisis ha orillado o amenaza con excluir, tampoco va a resultar fácil esa tarea en la nueva fase de muy bajo y precario crecimiento en la que ha entrado la crisis.
La recesión ha pasado y nada puede cambiarse de lo que ha hecho o dejado de hacer la izquierda. La nueva fase de la crisis, caracterizada por el estancamiento, también pasará, pero no es lo mismo cuánto tiempo dure ni va a dar igual cómo se supere, qué ajustes se impongan y qué sectores sociales sean los perjudicados. La crisis puede desembocar en sociedades algo más cohesionadas, solidarias y capaces de desarrollar comportamientos menos consumistas o, en sentido contrario, puede agravar los problemas de desigualdad, pobreza, paro, precariedad, contaminación y deterioro ecológico que caracterizan el deslizamiento que desde hace algunos años conduce a sociedades más inestables, peligrosas y antipáticas. Parte de ese futuro y la resolución de esa disyuntiva dependen de lo que imagine, proponga y haga la izquierda.
En estos primeros días del nuevo año no se puede conocer lo que sucederá a lo largo de 2010, pero sí se pueden analizar los procesos que se han desarrollado ante nuestros ojos en los últimos tiempos, interpretarlos en función de los hechos que han producido, prever con realismo algunas de las tendencias que conformarán el futuro más próximo y actuar para que los costes que cause el estancamiento no vuelvan a recaer, como durante la recesión, sobre la población trabajadora, las personas que han perdido su empleo y las que no encuentran trabajo.
1. Las paradojas que el fin de la recesión ha puesto en evidencia
La rápida, coordinada y eficaz actuación de las autoridades monetarias y económicas de las principales potencias del mundo capitalista ha logrado su principal objetivo. El sistema bancario y financiero mundial que estuvo al borde del colapso ha salido indemne tras sufrir las bajas de algunos grandes bancos de inversión, encajar un fuerte descrédito social y obtener el respaldo político de los Estados. Los gobiernos ofrecieron a sus respectivos sectores bancarios los avales, apoyos financieros y liquidez que necesitaban para subsistir y permitieron que maquillaran su delicada situación patrimonial y sus resultados. Posteriormente, las autoridades políticas encargadas de la supervisión bancaria han impulsado la realización de pequeñas reformas orientadas a aumentar la solvencia, mejorar la gestión y correr un tupido velo sobre los escandalosos privilegios, contratos blindados y retribuciones variables extraordinarios que mantienen los altos directivos del sector.
El dinero y el esfuerzo del sector público han provocado déficit públicos de gran envergadura, pero han evitado que se repita la historia de la Gran Depresión que asoló al mundo capitalista en los años treinta del pasado siglo. Además, han permitido ganar tiempo para llevar a cabo con tranquilidad las pequeñas reformas del modelo de crecimiento neoliberal y de las finanzas internacionales que las grandes potencias consideren imprescindibles, sin alcanzar excesivas honduras y evitando la muy escasa presión política de los que propugnan reformas de cierto calado.
Al analizar el fin de la recesión o la superación de la fase recesiva de la crisis se pueden constatar varias paradojas.
Primera: El fracaso manifiesto del modelo de crecimiento neoliberal vigente durante las últimas dos décadas no ha ocasionado su puesta en cuestión por los poderes establecidos. Tampoco, previsiblemente, va a suponer su sustitución por otro modelo, otras políticas y otra ideología que permitan al sistema capitalista desplegar su lógica de acumulación en un medioambiente financiero más seguro. Por ello, lo normal será el mantenimiento de los altos niveles de riesgo que van inevitablemente asociados al protagonismo de los mercados financieros y a la sofisticación de unas prácticas y unos productos financieros poco y mal controlados (3).
Segunda: Pese a la gravedad de lo sucedido en la economía mundial desde los primeros meses de 2008 (la recesión más extensa e intensa desde la Segunda Guerra Mundial), su impacto sobre los niveles de paro ha sido mucho más limitado que en episodios recesivos anteriores de menor alcance. Decir esto desde la experiencia y los datos que ofrece la economía española puede parecer una extravagancia, pero en este terreno como en tantos otros la economía española supone una excepción. En ningún otro país del mundo capitalista desarrollado la pérdida de empleos y el aumento de la tasa de paro han sido de tal calibre y tan desproporcionados respecto a la reducción porcentual de la actividad económica. La economía española ha sido la excepción (la crisis ha destruido un 7,3% del empleo, porcentaje muy superior al retroceso del PIB) que confirma la regla de una pérdida de empleos muy inferior al retroceso de la actividad económica experimentado por las principales economías del mundo capitalista desarrollado (en el conjunto de la UE-15, por ejemplo, la destrucción de empleo ha sido tan sólo de un 1,8% del total).
Tercera: El fin de la recesión no ha supuesto ni supondrá a corto plazo el comienzo de la reactivación económica en los países de la OCDE. Todas las previsiones, sin excepción, apuntan que el año 2010 se caracterizará por unos niveles de crecimiento del PIB inferiores al 1% que serán insuficientes para reducir las tasas de paro y aumentar los empleos netos. En este punto, la economía española también presenta rasgos particulares: la recuperación del crecimiento será más precaria aún y más tardía que en los países de nuestro entorno; como consecuencia, la tasa de paro seguirá aumentando en 2010 y el nivel de empleo seguirá reduciéndose, aunque de forma mucho menos intensa que en los momentos en los que la recesión tuvo un carácter más destructivo y provocó la mayor pérdida de empleos, durante la segunda mitad de 2008 y el primer trimestre de 2009.
Cuarta: Las políticas de dinero abundante y barato para las instituciones bancarias que han aplicado durante la recesión los bancos centrales (tan expansivas o más que antes de la crisis), pueden sufrir a corto plazo un paulatino endurecimiento sin haber conseguido la recuperación de los flujos crediticios hacia los hogares y las empresas. En lugar de esa recuperación del crédito hacia el sector privado, las políticas monetarias expansivas han alentado nuevas burbujas especulativas que han provocado las recientes subidas de los precios de las materias primas (petróleo, oro y otros metales precisos y materias primas alimenticias) y de los principales mercados de valores del mundo.
Quinta: La superación de la recesión no va a suponer un alivio en la situación de los sectores sociales golpeados o amenazados por la crisis. Quizás sea esta la paradoja más relevante de las mencionadas, ya que la nueva fase de estancamiento o bajo crecimiento podría alumbrar en los países de la OCDE una situación caracterizada por la ampliación de los sectores sociales empobrecidos o excluidos y por el reforzamiento de las patologías y problemas estructurales del modelo de crecimiento neoliberal que la crisis económica dejó al descubierto.
De confirmarse en 2010 el escenario de muy bajo crecimiento apuntado por todas las previsiones, la recesión no sería una fase completamente superada de la crisis. El estancamiento severo de las economías de la OCDE puede ser el principal rasgo de la nueva fase de la crisis, pero no puede descartarse por completo la eclosión de nuevos episodios recesivos de cierto alcance.
Aunque el panorama se presenta muy abierto y tanto la reactivación como nuevos retrocesos de la actividad económica son posibles, lo más probable a lo largo de este año de 2010 sería un entorno de baja utilización de la capacidad productiva en el que la debilidad de la demanda seguiría siendo el principal problema económico del conjunto de países de la OCDE y las altas tasas de paro la primera preocupación, como realidad o como amenaza, de las clases trabajadoras.
Los altos niveles de desempleo serán en 2010 una eficaz herramienta negociadora en manos de la patronal para presionar a la baja los salarios reales (las rentas salariales crecerán previsiblemente menos que la inflación), recuperar rentabilidad y evitar que la continuidad de la crisis deteriore las rentas del capital.
En el caso de la economía española (con más razones aún que en el caso de los socios de mayor renta por habitante de la OCDE), la nueva fase de estancamiento económico propiciará la intensificación de la acción política de la patronal para conseguir la reducción de los costes salariales y fiscales, el recorte de las cotizaciones sociales y el aumento de la flexibilidad en las retribuciones salariales, horas de trabajo y utilización de la fuerza de trabajo en el interior de cada empresa (4). Tales son los principales objetivos que forman parte de la plataforma política que la patronal y la derecha intentarán conseguir en los próximos dos años y rematar en la próxima legislatura.
2. Los factores que dificultan la reactivación económica de los países de la OCDE
La debilidad de la demanda interna (tanto la referida a los bienes consumo como a los bienes de inversión) ha sido la principal expresión de la crisis económica y la causa aparente del decrecimiento experimentado por el conjunto de las economías capitalistas desarrolladas en 2009. El retroceso notable de la demanda externa de productos manufacturados, tanto por parte de los países emergentes como del mundo capitalista avanzado, no ha dejado ningún resquicio para compensar con las exportaciones la caída de la demanda interna (5). El subconsumo no ha sido más intenso ni ha tenido repercusiones más graves gracias al fuerte incremento del gasto público, las transferencias públicas orientadas a la protección social de los parados y de los trabajadores que han reducido su actividad y las ayudas públicas destinadas a sostener la producción de sectores considerados estratégicos y la demanda de determinados productos considerados claves en la estructura productiva.
De los factores que tienen mayor incidencia sobre la demanda interna de los países ricos no hay ni uno solo que pueda impulsar significativamente su recuperación en este nuevo año. Lo previsible en un futuro inmediato es, en sentido contrario, que muchos de los factores que han sostenido la demanda en 2009 y han impedido que retrocediera aún más se debiliten o desaparezcan en 2010. Detengámonos brevemente en algunos de estos factores.
Es imposible, por ejemplo, que las políticas monetarias instrumentadas por los bancos centrales sigan siendo tan expansivas como en 2009; podrían ser, en todo caso, si la situación económica no repunta, tan expansivas como lo han sido en el último año, pero no más. Lo normal es que la época del dinero abundante y barato que han propiciado los bancos centrales durante el año 2009 (y que no se ha traducido en una recuperación de los flujos crediticios desde las instituciones bancarias hacia los hogares y las empresas) vaya dando paso paulatinamente a una situación de dinero algo más caro y menos abundante, como ya ha anunciado el Banco Central Europeo.
Algo similar ocurre con los gastos fiscales. La expansión del gasto público y de los incentivos fiscales que han disfrutado las empresas ha sido necesaria para evitar el hundimiento de la actividad económica, pero no puede continuar indefinidamente y este mismo año o, como muy tarde, en 2011 deberá comenzar un previsiblemente suave y prolongado ajuste fiscal. No obstante, déficit públicos elevados seguirán existiendo durante bastantes años y seguirán engordando una deuda pública que ya supera en la mayoría de los países comunitarios (también en el resto de los países de la OCDE) el límite del 60% del PIB, pero la intensidad de esos déficit deberá atemperarse progresivamente. Los países de la UE tienen el compromiso de volver a los límites del 3% del PIB a partir de 2012 (para España y ocho socios más la consecución de ese objetivo se aplaza hasta 2013), pero esa obligación será incumplida, sin duda alguna, por la mayoría de los países comunitarios; no obstante, esa restricción “externa” será de gran utilidad para que los gobiernos de cada Estado miembro justifiquen el ajuste fiscal, cuando consideren conveniente iniciarlo.
El incremento del paro y el retroceso de la masa salarial global contribuirán en 2010 a recuperar una parte de la productividad y la rentabilidad perdidas durante la recesión, pero frenarán la recuperación de la demanda de los hogares e impedirán el relanzamiento de la actividad económica de las empresas. El alcance de ambos movimientos, incremento del paro y retroceso salarial, dependerá de la resistencia sindical y social que encuentren; lo previsible es que, sin llegar a alcanzar los dramáticos niveles de deterioro del empleo observados en el año 2009, contribuyan a debilitar un poco más la demanda de los hogares y, por esa vía, sigan desalentando la inversión productiva.
El necesario desendeudamiento del sector privado (tanto de hogares como de empresas y, especialmente, bancos) ya se ha iniciado y proseguirá durante años, hasta que los niveles de la deuda se acomoden a los menores tamaños de unos patrimonios menguados por la pérdida de valor de los activos inmobiliarios y financieros y por el incremento de la morosidad ocasionado por la crisis. Esa progresiva reducción del endeudamiento del sector privado supondrá una dificultad añadida que impedirá el despegue de la demanda y, como consecuencia, seguirá actuando durante años como obstáculo para la reactivación económica.
Tampoco hay que contar con una recuperación significativa de los flujos crediticios hacia el sector privado. Las instituciones bancarias, ante los problemas de solvencia que afectan al conjunto del sector, han extremado su prudencia en la concesión de nuevos créditos; además, el endurecimiento de las exigencias de provisión aprobado por las instituciones de supervisión bancaria, ha encarecido los nuevos créditos y dificulta el flujo crediticio hacia los nuevos clientes. En todo caso, es impensable que los altos niveles de crédito y el consiguiente sobreendeudamiento que cebó la demanda durante años, antes de la crisis, vuelvan a repetirse en 2010 o 2011.
Aunque en el escenario descrito, dominado por la debilidad de la demanda interna, la tendencia fundamental seguirá siendo la de un mínimo incremento del nivel general de precios que favorecerá una política monetaria poco estricta y unos bajos tipos de interés, no cabe descartar completamente repuntes de la inflación. Las burbujas especulativas que ya afectan a las materias primas energéticas y alimentarias o una no imposible fuerte reactivación de la actividad económica en los grandes países emergentes podrían ocasionar episodios inflacionistas que impulsarían el alza de los tipos de interés y el endurecimiento de la política monetaria, generando nuevas trabas a la recuperación del crecimiento económico en la OCDE. Los países más perjudicados en esa situación serían los de mayor nivel de endeudamiento privado, como España, y los que cuentan con menores niveles de confianza internacional en la capacidad de equilibrar sus cuentas públicas, como España.
Todos los factores mencionados explican la previsible debilidad de la recuperación de la actividad económica en el conjunto de los países de la OCDE en 2010. Lo específico de la economía española es que casi todos esos factores, como se verá a continuación, presentan problemas añadidos que explican el retraso en la superación de la recesión y el más que probable carácter anémico de una recuperación que aún no se ha iniciado y que llegará, en el mejor de los casos, a lo largo de 2010.
Con todo, lo más grave para la economía española no es la tardanza en salir de la recesión; lo más grave es que no podrá alcanzar un crecimiento suficiente y sostenible sin cambios en la estructura y la especialización productivas que permitan generar mayor valor añadido y ganar competitividad en sectores más intensivos en capital, trabajo cualificado y conocimiento. Los problemas específicos de la crisis de la economía española se manifiestan en que lo que son dificultades para sus principales socios comunitarios se convierten para España en obstáculos difícilmente salvables si no se implementa por parte del Estado una potente estrategia económica encaminada a generar empleos, cambiar las especializaciones productivas (que en varios de los sectores claves son inservibles) y superar las particulares debilidades estructurales de la economía española (6).
En el terreno macroeconómico, los desequilibrios de los sectores público y exterior de la economía española no tienen solución a corto o, incluso, medio plazo. Como mucho, admiten pequeños arreglos; pero la cuestión de esos potenciales arreglos se complica porque la falta de credibilidad internacional en las posibilidades de reconducir el déficit público hacia niveles aceptables para los mercados financieros internacionales ha encarecido (por ahora de forma muy moderada) la financiación de la deuda pública española y ha llevado al gobierno a adelantar el ajuste presupuestario a 2010. El grave problema de esta decisión gubernamental se hará evidente cuando la reactivación económica de nuestros principales socios comerciales no alcance la intensidad necesaria para compensar las consecuencias negativas sobre la demanda que ocasionarán la subida de la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas (subida de los tipos impositivos que gravan el consumo y el ahorro), el recorte de los gastos corrientes en los presupuestos de 2010 y el mínimo incremento nominal de los sueldos de los funcionarios y las pensiones que se traducirá en congelación o pérdida real de la capacidad adquisitiva de la mayoría.
Con el déficit exterior por cuenta corriente pasa algo parecido, con el agravante de que la potencial recuperación de la demanda interna, respecto al fuerte retroceso sufrido en 2009, podría ocasionar un más que proporcional incremento de las importaciones que anularía toda posibilidad de que las cuentas exteriores tengan una incidencia positiva en la recuperación de la actividad económica. Al desequilibrio de las cuentas exteriores contribuirá también la paulatina reducción de los Fondos Estructurales y de Cohesión que sufre la economía española desde el año 2007 y que continuará paulatinamente su declive hasta el 2013, año en el que se producirá la extinción total de los fondos que recibe la economía española en razón de su inferior nivel de desarrollo (7).
En el terreno productivo la situación no es mejor, ya que sectores de gran importancia en la economía española se encuentran en el epicentro de la crisis económica mundial. Tanto el sector de automoción como el turístico son fuertemente dependientes de una reactivación de la demanda de las grandes economías comunitarias que no llegará en 2010; por no hablar del sector de la construcción residencial que tendrá necesariamente que redimensionarse y absorber la sobreoferta producida por el largo periodo en el que la burbuja inmobiliaria ha generado un excedente millonario de viviendas nuevas sin vender a la par que deterioraba las costas mediterráneas y buena parte del territorio de las principales ciudades españolas. También el sector bancario y financiero debe acometer una reestructuración económica y organizativa que inevitablemente conducirá a reducir el número de entidades y a adelgazar sus plantillas. De igual modo, todos los sectores vinculados a la producción y venta de bienes de consumo duradero y de inversión que requieren del buen funcionamiento del crédito para financiar su compra seguirán sufriendo los efectos de las restricciones crediticias impuestas por los graves problemas de solvencia que deben superar las instituciones bancarias y por el necesario desendeudamiento de un sector privado cuyos altos niveles de endeudamiento sólo son superados por el Reino Unido.
Todo apunta, por tanto, a un estancamiento prolongado de la demanda interna y la actividad económica que incrementará la desconfianza internacional en las posibilidades de reactivación de la economía española. En esa situación, las altas tasas de paro y la intensa pérdida relativa de empleos que ha sufrido la economía española en el último año y medio sólo pueden empeorar y no tendrán solución sin el empeño y el concurso de la capacidad económica, financiera y normativa del Estado.
Pensar que en el panorama mencionado puedan darse las condiciones para una pronta reactivación de la economía española y un crecimiento capaz de reducir el paro y aumentar el empleo neto sería tanto como imaginar que al dejar caer una piedra ésta puede quedar suspendida en el aire... pero ya se sabe que la economía no forma parte de las ciencias de la naturaleza.
3. La izquierda no puede seguir jugando un papel subsidiario
No va a resultar nada fácil la acción política, sindical, social o cultural de izquierdas en el escenario de bajo crecimiento que estará vigente durante al menos un par de años y que se caracterizará por unas elevadas tasas de paro y mucho temor de una parte significativa de la población a perder el empleo, no encontrar trabajo o no poder pagar la hipoteca u otras deudas.
La tarea más sencilla, aunque se ha hecho muy poco (y bastante mal) hasta ahora, es la crítica sistemática a las bárbaras pretensiones y confusas trivialidades que la patronal y el PP defienden. En este asunto, lo fácil coincide con lo muy importante.
Más complicado será conseguir que los episodios de resistencia obrera que se produzcan cuenten con suficiente abrigo de la solidaridad popular, sean eficaces y tengan posibilidades de revertir los planes de la patronal y las medidas de ajuste y reestructuración que seguirán pretendiendo imponer las empresas tocadas por la crisis y algunas otras apenas afectadas.
Lo más peliagudo, con todo, será actuar en un terreno político y social extremadamente complejo en el que la mayoría de los no demasiado extensos sectores populares dispuestos a movilizarse desearía influir en las decisiones gubernamentales sin alentar los planes de la CEOE ni fortalecer las posibilidades electorales del PP.
En todo caso, la movilización popular va a ser el factor clave que marcará los límites de las reivindicaciones y las posibilidades de lograr avances en varios de los objetivos que están en la agenda de la izquierda y que podrían resumirse en tres puntos.
Uno: Conseguir que la capacidad normativa del gobierno garantice la ampliación y la prolongación en el tiempo de las medidas de protección de las personas desempleadas y de los sectores sociales que viven de forma precaria o corren riesgos de exclusión. Esta es una de las condiciones necesarias (aunque insuficiente) para que la salida de la crisis se produzca lo antes posible y no suponga costes innecesarios para las clases trabajadoras.
Dos: Aprobar una reforma fiscal que amplíe los márgenes de actuación del sector público. Inevitablemente, esta reforma supone la subida de los tipos impositivos que gravan las rentas más altas y los mayores patrimonios. Para que esta reforma fiscal se realice va a ser necesario frenar la desordenada pulsión de este gobierno a congraciarse con un espacio sociopolítico de centro que no respalda el activismo económico del sector público ni, mucho menos, que la financiación de la intervención pública en materia económica salga de sus bolsillos.
Tres: Impulsar con planes concretos de reforma y con la financiación necesaria (y no sólo con declaraciones gubernamentales bienintencionadas, pero casi siempre vacías de contenido) las perspectivas de cambio a favor de un modelo de crecimiento que favorezca la cohesión social y territorial, impulse la sostenibilidad energética y medioambiental y afiance actividades y sectores intensivos en tecnología, trabajo y conocimiento. El cambio del modelo de crecimiento afecta tanto a la esfera productiva como a las pautas de consumo y requiere un esfuerzo prolongado en el tiempo que, como mínimo y en el mejor de los casos, podría extenderse durante una década.
Hay un problema añadido a la ya de por sí difícil tarea de conseguir cualquiera de los objetivos anteriores que merece especial atención y debate. Los poderes económicos, apoyados en una persistente campaña de los principales medios de comunicación, exigen que se lleven a cabo reformas institucionales ambiciosas y rápidas que cuenten con el respaldo político de PP, PSOE, patronal y sindicatos mayoritarios. Y esa exigencia está, en la práctica, obstaculizando la reflexión, el diseño y la puesta en marcha de cualquier estrategia de cambio del modelo de crecimiento.
Tanto la CEOE como el PP son conscientes de la debilidad política y el desgaste de Zapatero, la ligereza que caracteriza a muchas de las propuestas gubernamentales y las incongruencias entre lo que dicen y lo que hacen muchos de los miembros del gobierno. Por eso, el tándem CEOE-PP sigue jugando al todo o nada y presenta lo esencial de su programa económico y laboral como base de cualquier tipo de negociación o diálogo social. Pretenden que sus propuestas se plasmen de forma inmediata en normas legales o, como alternativa, mantener la presión sobre el gobierno, seguir erosionándolo y conseguir posteriormente, tras ganar las elecciones generales, aplicar todo su programa.
En tales condiciones, el consenso sólo puede alcanzarse aceptando como base las líneas maestras de reforma del mercado de trabajo que proponen la patronal y la derecha para propiciar la disminución de los costes laborales, la reducción del gasto público y mayores grados de flexibilidad y desregulación.
Hoy por hoy, un acuerdo con la derecha en torno a esas líneas maestras supondría en mayor o menor grado pérdida de derechos sociales y laborales, reducción de la actividad económica y extensión de la precariedad. En tal escenario, la izquierda haría bien en centrar sus esfuerzos en desarrollar un programa propio, definir con mayor claridad las políticas y reformas económicas que propone y reforzar su capacidad de movilización y presión, tanto para hacer entrar en razón a PP y CEOE como, sobre todo, para presentar y respaldar medidas que aumenten la protección a los desempleados, generen empleos estables y de calidad y alienten las reformas necesarias para cambiar el modelo de crecimiento.
Un consenso basado en las reformas estructurales y las políticas económicas que propone la derecha no sirve para superar la crisis ni para recuperar la actividad económica o el empleo; tampoco favorece la estabilidad social necesaria para aprobar y gestionar las propuestas de cambio que la situación requiere.
El gobierno se inclina por mirar exclusivamente al tendido del mercado y de la empresa privada cuando se trata de generar empleos, sin asumir sus responsabilidades en una tarea que le obligaría a utilizar todos los medios que tiene a su alcance para ofrecer empleos a la población parada. Para entendernos: todos los recursos públicos que se han movilizado y van a seguir movilizando para rescatar al sistema bancario deben también consagrarse a ofrecer trabajo a las personas desempleadas.
Con todo, ni esas exigencias al Estado ni la hipotética predisposición de éste a aceptarlas van a poder, en un futuro predecible, reducir las tasas de paro hasta los niveles anteriores a la crisis económica. De igual modo, parece razonable discurrir que no se va a poder contar en los próximos años con niveles de crecimiento suficientes para que el sector privado genere tantos puestos de trabajo como los que la crisis ha destruido en sectores sobredimensionados, cuya recuperación es imposible a corto plazo y muy improbable a medio y largo plazo (8).
Cabe pensar, por tanto, que ni el Estado ni el mercado van a generar suficientes empleos a corto y medio plazo para disminuir significativamente los más de cuatro de millones de desempleados actuales. Por ello, parece obligado considerar medidas complementarias que impidan la perpetuación de las altas tasas de paro, la pérdida de cualificaciones laborales y tejido productivo competitivo y el deterioro económico y social asociado al mantenimiento durante años de tantos millones de desempleados.
Se trata, y conviene insistir en esto, de medidas complementarias, no de una propuesta alternativa a la imprescindible presión sobre las administraciones públicas para que impulsen actividades económicas “limpias” que generen empleos sostenibles. Se trata de empezar a razonar también (no sólo) en términos de reparto de un bien escaso como el empleo (que va a seguir siendo escaso durante una larga temporada) y de las ventajas e inconvenientes de las distintas fórmulas en las que se podría concretar ese reparto.
De igual modo, para impedir una escalada en el desigual reparto de la renta nacional en contra de las rentas del trabajo y de los sectores sociales con menores ingresos, hay que propiciar reformas legales que impidan que el débil crecimiento que nos acompañará durante los próximos años sea aprovechado para deformar aún más la distribución de la renta nacional a favor de los beneficios y otras rentas del capital y para incrementar aún más los altos niveles de desigualdad y precariedad alcanzados en la anterior etapa de vacas gordas.
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NOTAS
1 Se utiliza aquí el concepto de recesión en su significado más simple, como disminución de la actividad económica (o decrecimiento del producto) durante al menos dos trimestres consecutivos. En sentido estricto, a la evolución del PIB deberían añadirse otros indicadores sobre los cambios de la demanda interna, el comercio, la renta por habitante, la producción industrial o, entre otros y especialmente, el empleo para dictaminar de forma algo más precisa cuándo una economía entra y sale de la recesión o permanece en tal situación. Atendiendo a esta segunda acepción, la economía española no ha superado todavía la recesión ni la superará durante el año 2010, pero el PIB real puede aumentar unas décimas cualquiera de estos trimestres y permitirá a los voceros del gobierno dar por terminadas la recesión y, exagerando un poco más, la crisis.
2 Una treintena de países comprometidos con los principios del sistema capitalista o economía de mercado (y de la democracia) forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Los objetivos explícitos de la OCDE son contribuir al desarrollo sostenible de los países miembros y de los países no miembros, aumentar el empleo, elevar el nivel de vida, mantener la estabilidad financiera e impulsar el crecimiento del comercio internacional. De manera más informal y, probablemente, más real la OCDE es considerada el club de los países ricos que vela por unos intereses que pueden resumirse en mantener su cuota en el PIB mundial (sus miembros generan el 70% del producto) y en el comercio mundial (concentran alrededor del 65% del comercio global). En el seno de la OCDE se pueden observar grandes niveles de desigualdad en torno a una media de 32.664 dólares de PIB por habitante (en paridad de poder adquisitivo). España (con 31.596 dólares) se encuentra ligeramente por debajo de esa media, pero los países más ricos, como Luxemburgo (79.793 dólares), Noruega (53.477 dólares) o USA (45.489 dólares), tienen medias del producto por habitante muy superiores a las de los socios menos desarrollados, como Turquía (12.993 dólares), México (14.004 dólares) o Polonia (15.989 dólares). Chile se ha convertido recientemente en el socio trigésimo primero, tras formalizar la firma del Acuerdo de Acceso el pasado 11 de enero en Santiago, tras ser invitado por la OCDE a convertirse en el segundo miembro latinoamericano de la Organización en diciembre del año pasado.
3 Lo más probable es que no se produzcan grandes avances en la homogeneización internacional de la regulación financiera, dada la oposición de las grandes potencias especializadas en los servicios financieros (EEUU, Reino Unido y Suiza, principalmente) y su predisposición a defender con vigor el peso de sus servicios financieros en los mercados mundiales. Cabe pensar, pese a todo, que algunas reformas del sistema financiero internacional son inevitables, se llevarán a cabo y reforzarán la actuación vigilante y compensadora de las autoridades monetarias nacionales; pero el mantenimiento de la complacencia con la globalización de las finanzas parece indicar que la tolerancia con los altos niveles de riesgo se mantendrá, al igual que las altas dosis de inseguridad en el funcionamiento de los mercados financieros.
4 La pantalla o envoltorio general del programa de la patronal es la reforma estructural del mercado de trabajo para propiciar que su funcionamiento gane en flexibilidad, identificando interesadamente el aumento de la flexibilidad en dicho mercado con desregulación. La reforma del mercado laboral basada en la desregulación, a la que no hacen ascos una parte de los dirigentes del PSOE que deciden y gestionan la política económica del gobierno, constituye uno de los elementos básicos en el horizonte estratégico de la acción política de la patronal y la derecha, es una de las piedras claves en el sostén de la ideología y el programa político ultraliberal que pretenden mantener vivos. Además, sirve como amenaza permanente de un aumento generalizado de la precariedad y de abaratamiento del despido que es utilizada para conseguir avances en los flancos de la resistencia sindical que se encuentran más desguarnecidos y que están vinculados a la amplia panoplia de reformas encaminadas a aumentar el peso de las retribuciones variables (relacionadas con objetivos), ampliar las posibilidades de ajuste en términos de horas (reduciendo la jornada), en lugar de rescindiendo contratos o despidiendo a trabajadores y reforzar la flexibilidad interna en la utilización de las plantillas por parte de las empresas. Al final, si la ofensiva política de la patronal progresa, ni el PP ni la CEOE olvidarán sus viejos objetivos de entreabrir la puerta a unas relaciones laborales en las que prevalezcan los acuerdos de empresa sobre los convenios de ámbito superior e, incluso, permitan acuerdos individuales que den “libertad” a un número creciente de trabajadores para “negociar” las condiciones de trabajo con su empleador y, por esas vías, erosionar las reglas que hoy rigen la contratación laboral y la negociación colectiva.
5 Al igual que la última ola globalizadora de la economía mundial contó entre sus principales componentes con un intenso crecimiento del comercio mundial, la crisis económica en la que aún está inmerso el mundo ha impulsado un proceso desglobalizador que se ha expresado principalmente bajo la forma de una fuerte reducción del comercio mundial. Si entre 1990 y 2007 el comercio mundial creció en términos reales a un ritmo medio del 7,5% anual, que duplicó un muy inferior crecimiento del PIB de un 3,4%, el retroceso del comercio mundial en el último año, desde finales del otoño de 2008, alcanzó un 15% en términos reales, porcentaje que supera con mucho el retroceso de apenas un 2% del producto mundial. Ese retroceso del comercio mundial ha impedido que la demanda externa contribuyera a impulsar la actividad económica en los países capitalistas desarrollados. A partir del mes de julio de 2009 se ha iniciado un proceso de recuperación del comercio mundial que parece reflejar el carácter coyuntural del retroceso previo; sin embargo, este movimiento reciente de desglobalización, que conlleva la reducción del tamaño y del ritmo de crecimiento del comercio mundial, puede perdurar en el tiempo debido, por un lado, a la debilidad de la demanda interna en los países de la OCDE y, por otro, a la posibilidad de que los países emergentes sigan sosteniendo, como en los últimos meses, su relativamente elevada recuperación económica en la sustitución de las importaciones por producción nacional. Si el comercio mundial no recupera durante este año de 2010 los niveles de crecimiento anteriores a la crisis, el efecto de arrastre del crecimiento de las economías emergentes sobre el crecimiento de los países de la OCDE se reduciría notablemente.
6 Por ejemplo, los problemas de solvencia de las cajas de ahorro y de algunos bancos fuertemente endeudados con el exterior y los niveles en ascenso de la morosidad requieren un incremento de sus recursos propios y una reestructuración de sus deudas que sólo podrán realizar mediante los avales y la financiación que les proporcione el sector público.
7 En las Perspectivas Financieras 2000-2006, los fondos europeos destinados a España para sostener las políticas comunitarias de cohesión social y territorial alcanzaron los 62.387.000.000 de euros. En las Perspectivas vigentes, las del septenio 2007-2013, esa cuantía se ha reducido a la mitad. En los próximos presupuestos comunitarios de 2014-2020, España recibirá cero euros en concepto de unos fondos estructurales y de cohesión que la UE ha decidido reorientar en su totalidad hacia los nuevos socios de Europa central y oriental, dado su menor nivel de desarrollo.
8 Algunas de las especializaciones productivas desarrolladas por la economía española no tienen futuro (no podrán mantener su peso ni su importancia en la estructura económica), pero no por ello la transición hacia otro tipo de especializaciones con más futuro (más “verdes”, de mayor densidad tecnológica o basadas en el conocimiento) está garantizado o va a ser una tarea fácil. El cambio del modelo de crecimiento y las consiguientes modificaciones en las pautas de consumo (a favor de los bienes públicos y de productos más duraderos y menos intensivos en materiales) y en las especializaciones productivas (para favorecer el incremento de las energías renovables, la eficiencia energética y los sectores, productos y servicios de mayor valor añadido o más densidad tecnológica) son procesos cargados de incertidumbre y muy lentos que no dependen sólo ni principalmente de los deseos de la ciudadanía ni de la decisión o voluntad de los gobiernos. No obstante, cabe detectar algunas posibilidades nuevas en la situación de estancamiento o muy bajo crecimiento de los próximos años: facilita el cuestionamiento del sistema capitalista, amplía los márgenes de intervención económica del sector público, legitima la participación de la ciudadanía en la definición de los contenidos de ese débil crecimiento y favorece la reflexión colectiva sobre el modelo productivo y las pautas de consumo que merecen el apoyo de la sociedad y el respaldo de los recursos públicos.