Programa de las Américas del International Relations Center Informe Especial Una ética de buena vecindad global para las relaciones internacionales

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Como los expertos en seguridad nacional estadounidense argumentaron en favor de más presupuestos para combatir “la guerra contra las drogas”, construir sistemas de misiles antibalísticos y transformar las fuerzas armadas estadounidenses para que pudieran combatir las amenazas no convencionales, el “dividendo de paz” que muchas personas esperaban que siguiera al desmantelamiento de la Unión Soviética nunca se materializó. Estos nuevos argumentos de seguridad, aunados a las infladas evaluaciones acerca de China, justificaron los gigantescos presupuestos de defensa durante el periodo posterior a la Guerra Fría y sentaron las bases para que el gobierno de Bush argumentara en favor de un aumento en el gasto militar, incluso antes de los ataques del 11 de septiembre.
No obstante, pese a la nueva naturaleza de las amenazas a la seguridad, la mayor parte del gasto continuó concentrándose en los sistemas convencionales de armamento. Los contratistas del Pentágono y la Defensa siguieron pugnando en favor de costosos sistemas de armamento cuya intención era contrarrestar a enemigos hipotéticos como China o a enemigos que ya no existían, como la Unión Soviética. Aunque algunos analistas dentro y fuera del sistema de seguridad alertaron sobre la presencia de redes terroristas o ADM en los noventa, estas dos genuinas amenazas recibieron muy poca atención o recursos.
Después del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush anunció una nueva doctrina de seguridad nacional que amplió aún más la definición de seguridad estadounidense. “Como un asunto de sentido común y autodefensa, Estados Unidos actuará contra tales amenazas emergentes antes de que siquiera se conformen plenamente”, declaró Bush en su documento relativo a la Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre de 2002. Así, los golpes preventivos se volvieron la consigna del plan moderno en el juego militar. En nombre de la seguridad nacional y de responder ante las amenazas a “nuestros intereses nacionales”, esta doctrina comprometió a la nación con una política militar y una política exterior que abarcaban los problemas de “pobreza, instituciones débiles y corrupción” en Estados considerados inestables o amenazantes, por todo el mundo. Este papel de “policía global” define la seguridad nacional estadounidense con tal amplitud que requiere la presencia armada en casi cualquier rincón del planeta.
Los ataques del 11 de septiembre conmocionaron a la nación y al mundo. Pero la naturaleza no convencional de los ataques no convenció al Pentágono de que reorientara su gasto. Tampoco sacudieron a los institutos que diseñan la política halconezca, que endurecieron su interpretación de la seguridad nacional. De hecho, el compromiso con un punto de vista militarizado de la seguridad estadounidense aumentó, pese a la evidente contradicción entre dicho tipo de amenaza y los sistemas de defensa propuestos. En lugar de enfocarse como un rayo láser sobre Al Qaeda y sus grupos aliados, el gobierno de Bush se fue contra Irak, un objetivo que tenía en la mira por razones geopolíticas desde 1989.
La misma desconexión entra las amenazas reales y las respuestas estratégicas existe en el área de la proliferación nuclear. Mientras invadía y ocupaba Irak con el pretexto de que Bagdad poseía ADM, la Casa Blanca de Bush se opuso al Tratado Integral de Prohibición de Pruebas Nucleares, erosionaba el esfuerzo por establecer un sistema de verificación del Convenio de Armas Biológicas, promovía un sistema de defensa nacional con misiles, lanzaba programas para el desarrollo de nuevo armamento nuclear, frenaba los esfuerzos por controlar a los poseedores de armas nucleares independientes, e hizo aliados a Estados como Israel, Paquistán e India, todos promotores de las armas nucleares.
El despliegue extensivo de tropas estadounidenses en el extranjero incrementa los sentimientos antiestadounidenses, como en Irak y Arabia Saudita, y perpetúa la creencia de que Estados Unidos considera a sus fuerzas armadas y a los contratistas de la guerra como policías globales. Dado que el despliegue de tropas anterior a Irak, 247 mil efectivos en 130 países, no aumentó la seguridad nacional ni protegió de ataques a los ciudadanos estadounidenses de ataques, no resulta fácil justificar el mantenimiento de una extensa red de bases en el extranjero. Los planes actuales de aumentar la expansión militar representan el tipo de política de mala vecindad global que es fiscalmente insostenible y que conduce a una mayor animosidad y violencia en todas partes.
Encerrar tantos y diversos problemas bajo el rubro de seguridad nacional es un asunto riesgoso. No hay duda de que Naciones Unidas y la comunidad internacional enfrentan muchos retos a nuestra seguridad y bienestar colectivos. El cambio climático, las enfermedades infecciosas, el crimen organizado, el tráfico de drogas y el tráfico humano son todos problemas que amenazan el futuro. Pero identificar estos y otros problemas transnacionales como amenazas a la seguridad nacional y responder a ellos involucrando lo militar, nos pone en riesgo de exacerbar las amenazas e invita a más violencia. Aunque muchos de estos desafíos implican por cierto amenazas a la estabilidad social (sobre todo en los países donde se originan), y a las relaciones económicas, no amenazan inmediatamente la seguridad física de los ciudadanos estadounidenses y por tanto no justifican una respuesta militar.
Por ejemplo, cuando encuadramos el tráfico de drogas como una amenaza a la seguridad y respondemos declarando una “guerra a las drogas”, cometemos el grave error de militarizar un problema que requiere un amplio espectro de tácticas y soluciones de cooperación. Al redefinir el tráfico internacional de narcóticos como amenaza a la seguridad de nuestra nación, fortalecemos el rol político e ideológico de los militares como únicos árbitros de nuestra seguridad, e impedimos esfuerzos conjuntos más constructivos, tales como programas de desarrollo, servicios de inteligencia compartidos, más eficaces, y estrategias de salud cooperativas.
El cuarto presidente de la nación, John Quincy Adams, advirtió que Estados Unidos no debía “ir al extranjero en busca de monstruos qué destruir”. Su advertencia no implica únicamente que no hay monstruos en el mundo sino que alerta en contra de fabricar amenazas a la seguridad nacional estadounidense. La guerra hispano-estadounidense, la guerra de Vietnam, la actual guerra de Irak, entre muchos otros ejemplos, muestran lo inútil de lanzar a los cruzados estadounidenses a destruir monstruos en tierras extrañas.
Es claro que hay algunos monstruos muy reales en el mundo y deben ser destruidos antes de que ocasionen mayor daño. Entre ellos el principal es Al Qaeda, que es una organización de cuadros y un movimiento. La organización ha atacado Estados Unidos y a su gente en varias ocasiones, incluido el 11 de septiembre de 2001, y debe ser perseguida e incapacitada, sea mediante un juicio y su subsecuente encarcelamiento o mediante golpes precisos guiados por agudos servicios de inteligencia.
No obstante, el movimiento Al Qaeda está muy expandido y parece expandirse aún más —en parte debido a las tácticas mal asesoradas emprendidas por el gobierno de Bush alegando combatirlo. Una interminable e ilimitada guerra contra el terrorismo no es una respuesta de política eficaz ante la amenaza de este movimiento a la seguridad nacional estadounidense. Más bien requerimos un esfuerzo más enfocado para responder a las raíces ideológicas y políticas del extremismo islamista y para rastrear los operativos de Al Qaeda por todo el mundo. Para combatir eficazmente este movimiento, necesitamos fortalecer el consenso internacional de que el terrorismo no es una táctica política aceptable y debe ser vigorosamente condenado. Lograr un consenso así será posible sólo si Estados Unidos puede convencer a la comunidad mundial de que su lucha anti terrorista se conduce de acuerdo con las leyes y normas internacionales. Las recomendaciones generales para una política de seguridad incluyen:

Centrar a las fuerzas militares y estratégicas estadounidense en la defensa de la patria, llevar a cabo operaciones antiterroristas genuinas y responder a las extraordinarias circunstancias de genocidio y crímenes masivos contra la humanidad. Esta es nuestra primera prioridad, de acuerdo con lo plasmado en la Constitución de Estados Unidos: “ayudar en la defensa común” y “promover el bienestar general”.

Fortalecer las medidas no militares que garanticen la seguridad interna. La amenaza terrorista es muy compleja y no puede resolverse utilizando únicamente el abrupto instrumento de la fuerza militar. La prevención y la disuasión del terrorismo requiere respuestas no militares, incluido el fortalecimiento de iniciativas de no proliferación, tales como el Cooperative Threat Reduction Program (programa de cooperación para reducir amenazas) y la Global Threat Reduction Initiative (iniciativa global de reducción de amenazas). Requiere también desarrollar fronteras “inteligentes”, asegurar una infraestructura crítica, incrementar la recolección de datos de inteligencia y de análisis y mejorar las capacidades de quienes tienen a su cargo la respuesta primera ante un ataque.

Desmantelar la OTAN o revisar el mandato de dicha organización para limitarlo a contrarrestar las amenazas directas de seguridad contra las naciones miembros. Pese a la evaporación de su misión, que era contener a la Unión Soviética en su frente occidental, la OTAN sigue siendo una coalición militar dirigida por Estados Unidos que incluso ha expandido sus operaciones fuera de la región. La OTAN no debe manejarse para que emprenda por todo el mundo misiones de seguridad, lo que hoy hace bajo el liderazgo estadounidense.

Finiquitar la fallida “guerra contra las drogas” en países extranjeros y emprender, en cambio, estrategias de reducción de daños y de tratamiento de las adicciones. Las actuales políticas que favorecen la militarización de las operaciones y el encarcelamiento masivo de los adictos han resultado costosas e ineficaces.

Expandir la cooperación internacional entre las agencias civiles (incluido el cumplimiento de la ley donde sea necesario) en áreas que implican amenazas no convencionales tales como el cambio climático, las enfermedades infecciosas, el crimen transnacional, el trafico humano, y el rastreo y depósito de desperdicios nucleares y tóxicos.

Proporcionar ayuda militar y policiaca sólo en conjunción con arreglos de paz y en las operaciones regionales de mantenimiento de paz o sancionadas por Naciones Unidas.

Promover el desarrollo y la reforma de las organizaciones multilaterales que, a nivel regional, se involucran en la prevención, el monitoreo y la solución de conflictos, tales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa o la Organización de Estados Americanos.

Auxiliar a otros países a desarrollar sus propias capacidades para lidiar con emergencias humanitarias. El apoyo logístico y político de Estados Unidos en la operación para resolver el conflicto internacional en Liberia es un ejemplo del papel constructivo y centrado que puede jugar nuestro país. De ser posible, es preferible apoyar las respuestas multilaterales y regionales a la respuesta unilateral de Estados Unidos.

Recurrir a la intervención militar estadounidense sólo como excepción a la regla, y sólo en casos de flagrante violación de los derechos humanos, tales como el genocidio, o el asesinato masivo en guerras civiles, y donde las organizaciones regionales o multilaterales no hayan respondido. Las situaciones que requieran este tipo de intervención deben delinearse muy estrictamente, con criterios muy claramente establecidos y acordados aplicables al genocidio u otros crímenes contra la humanidad. La sanción internacional debe privar en el apoyo a operaciones de pacificación. Por ejemplo, ante el genocidio en Ruanda en los noventa, el gobierno de Clinton debió actuar como un buen vecino, ejercer su liderazgo para organizar una respuesta dirigida por Estados Unidos y apoyada regionalmente por Naciones Unidas.

Reorientar el gasto militar estadounidense hacia la defensa de Estados Unidos y sus habitantes y el cumplimiento de las obligaciones consagradas en los tratados internacionales. El despliegue de tropas estadounidenses en el extranjero en una multitud de bases permanentes y temporales es contraproducente.

Principio seis
El gobierno de Estados Unidos debe respaldar el desarrollo sustentable, primero en casa y luego en el extranjero, mediante políticas macroeconómicas, de comercio, inversión y ayuda
El desarrollo sustentable es un reto que todos los países encaran, sea que sus economías estén altamente desarrolladas, industrializadas, emergentes, en lucha o colapsadas. Pero antes de que Estados Unidos pueda promover con credibilidad un desarrollo sustentable a través de su política exterior, debe practicar el desarrollo sustentable en casa.
Dentro de nuestras fronteras, los fundamentos de nuestra economía se están transformando. Es preocupación urgente de mucha gente el qué hacer para contar con empleos adecuados, para ampliar la distribución de la riqueza y tener mejor calidad de vida.
Nuestro país tiene grandes déficits de cuenta corriente, en particular en lo relativo al comercio, y un déficit presupuestario nunca visto. En la actualidad, Estados Unidos tiene una deuda de 7.7 billones de dólares, y ésta crece en 1 200 millones de dólares diarios. Estos déficits reciben financiamiento de instituciones extranjeras, en especial de los bancos centrales de Asia, mediante la compra de bonos del Tesoro estadounidense y otros valores. Pero esta dependencia hacia acreedores extranjeros es insostenible a mediano plazo. La única cuestión es si la inevitable y desagradable transición económica será pronta o gradual, si tendrá un aterrizaje duro o suave. Mientras más evitemos el ajuste, más costoso será.
Mucha de la preocupación por el balance negativo del comercio de Estados Unidos se ha centrado en China, con su moneda devaluada y tremendas reservas de mano de obra barata. Sin embargo, el déficit comercial con la Unión Europea también creció, pese a que Europa cuenta con una divisa fuerte.
Los profundos recortes fiscales que benefician a los ricos, los incrementos masivos en el gasto militar, los elevados costos del cuidado a la salud, son en gran medida los factores que contribuyen a los déficits fiscales. En vez de enfrentar esta crisis fiscal, de comercio y de divisa, el gobierno de Bush ha creado una crisis en seguridad social e ignora los problemas reales que amenazan nuestro futuro económico.
El resultado optimista de responder a los desequilibrios en la cuenta corriente sería un acuerdo de cooperación global que ligara el ajuste fiscal estadounidense con el ajuste gradual de las divisas asiáticas y una política monetaria más suelta en Europa. Dada la reciente falta de liderazgo por parte de Estados Unidos en los asuntos económicos globales, este resultado parece poco probable. Probablemente la alternativa implique un descenso sustancial en el valor del dólar, lo que precipitará un incremento en las tasas de interés y un descenso en el valor de la vivienda. Esto puede disparar fácilmente una recesión con efectos expansivos que impacten las economías orientadas a la exportación dependientes de la expansión económica estadounidense.
La vulnerabilidad de nuestra economía amenaza a la población estadounidense, particularmente a los pobres. Es necesario un nuevo paquete de reformas sociales democráticas que proporcione redes de seguridad, que garantice que los frutos del crecimiento se compartan ampliamente, que modere la tendencia inherente del mercado hacia una inequidad creciente, que restaure y proteja el patrimonio ambiental de nuestros hijos y que haga realidad una equidad genuina en las oportunidades. En cambio, el gobierno de Bush ha lanzado una ofensiva contra los programas sociales gubernamentales y busca desmantelar las pocas protecciones que quedan.
El desarrollo sustentable no es producto de las fuerzas libres del mercado y la maximización de la ganancia. Para garantizar que el comercio y la inversión no destruyan el ambiente ni violen los derechos de los trabajadores, los gobiernos deben establecer leyes, incentivos y regulaciones para el manejo del crecimiento y el desarrollo nacionales. En cualquier parte, el desarrollo sustentable depende de una economía global estable, por lo que muchas de estas reglas y estos mecanismos de manejo de crisis necesariamente tendrán que ser globales.
Ésta fue una de las amargas lecciones de la Gran Depresión de 1929, una lección que seguimos reaprendiendo en la ola de las nuevas crisis como el colapso financiero de Asia o con la devaluación de peso mexicano a fines de 1994. Así como los sistemas políticos saludables requieren revisiones y balances, las economías deben ser manejadas por reglas y contratos sociales, si el objetivo es un desarrollo sustentable.
En el frente ambiental, el desarrollo sustentable requiere sacar a Estados Unidos de su dependencia hacia la energía de combustibles fósiles, finita y destructiva, controlada por un puñado de intereses monetarios. Esto significa reconvertir nuestros requerimientos a fuentes de combustible renovables que puedan controlarse y distribuirse democráticamente con el fin de maximizar la salud ambiental, beneficiar al público de bajos ingresos, impulsar la creación de empresas de energía alternativa y garantizar la supervivencia de las especies.
Los pactos globales diseñados para lograr un desarrollo sustentable requieren también incluir protección y respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos civiles y políticos. El que Estados Unidos no haya ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla de lo endeble que es su compromiso por garantizar la seguridad económica descrita por tales derechos. Pero el mundo nunca logrará una estabilidad real hasta que sean cubiertas las necesidades básicas de sus poblaciones.
En un mundo más y más interconectado, la prosperidad general y de largo plazo en Estados Unidos es inseparable del justo y sustentable bienestar del resto de la humanidad. Dependemos no sólo de fuentes extranjeras sino de mercados, mano de obra y tecnología extranjeros.
El actual discurso de “libre comercio” en el gobierno de Bush promueve una ecuación simplista de tres vías entre el mercado, el desarrollo y la democracia. Sin embargo, la experiencia de los últimos diez años no coteja con esto. En la búsqueda de un desarrollo ambiental, social y económicamente sustentable, ha sido con frecuencia contraproducente la actual política económica estadounidense.
Las naciones en desarrollo encaran aun mayores contradicciones. Al evaluar los resultados de más de diez años de comercio regulado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por ejemplo, es claro que el modelo económico promovido por Estados Unidos no cumple sus promesas en los países en desarrollo. Como ocurre en otros países, en México la aplicación de la receta de privatizar las empresas estatales, retirar las barreras comerciales y promover un crecimiento orientado a la exportación no ha contribuido a conseguir los amplios objetivos de desarrollo nacional, y tampoco alivia la pobreza o el desempleo. Estos serios problemas persisten incluso en países con gran inversión y comercio.
Una política exterior guiada por la ética de buena vecindad global alteraría el curso actual de la estrategia internacional de desarrollo propuesta por Washington. Confrontaría las más y más profundas contradicciones de la globalización al diseñar políticas económicas más estables en el largo plazo, en casa, y apoyar el desarrollo sustentable en el extranjero.
El supuesto de que Washington puede y debería guiar a las naciones más pobres en sus transiciones económicas y políticas es una pretensión desdeñosa y fatua. Es más, este supuesto ha conducido a políticas que, de hecho, obstruyen el desarrollo político y económico de otros países. Justo como Estados Unidos tomó las riendas de sus políticas internas para fomentar la recuperación y sentar las bases del desarrollo en los años treinta, hoy los países en desarrollo requieren de margen para desarrollar políticas encaminadas a cumplir las necesidades básicas de su pueblo.
La historia económica sugiere que existe más de un modelo para lograr un desarrollo eficiente. La política estadounidense no debe intentar imponer un solo modelo; debe trabajar para crear un desarrollo internacional y unas instituciones financieras que permitan que los países experimenten con una serie diversa de estrategias. Las políticas estadounidenses no deben ser un obstáculo para que los gobiernos intenten proteger y promover los derechos económicos, sociales y culturales como parte de su desarrollo.
En repetidas ocasiones, el comercio bilateral y los acuerdos de asistencia emprendidos por Estados Unidos colocan sus intereses económicos y políticos por encima de los de los países que se asocian con éste. Sea mediante acuerdos comerciales que protegen las ganancias de las compañías farmacéuticas por encima de las consideraciones de salud pública, o mediante esquemas de asistencia diseñadas para deshacerse de excedentes agrícolas, crear nuevos mercados del paladar y alimentar la dependencia alimentaria, estas prácticas de mala vecindad hacen un daño enorme a las otras naciones al perturbar los mercados tradicionales, minar la capacidad productiva y conducir a la inestabilidad política. En el largo plazo, tales acuerdos de comercio y tales esquemas de asistencia se rebotan sobre la economía estadounidense, pues si las economías de los países socios sufren los efectos, las exportaciones estadounidenses pierden mercados.
Un desarrollo interno comunitario requiere reglas —regulaciones zonales, leyes para proteger a los trabajadores, criterios ambientales— que garanticen una alta calidad de vida para los ciudadanos estadounidenses. Lo mismo ocurre con la comunidad internacional. Las fuerzas del mercado ignoran las condiciones básicas relativas al ambiente, los derechos humanos, la supervivencia cultural y la protección laboral. Las corporaciones transnacionales requieren regulaciones equitativas que atemperen sus acciones —y las de sus competidores— mediante un cumplimiento estricto más allá de las fronteras y por todo el mundo.
En vez de ser impuestas por los más poderosos, estas reglas debe determinarlas toda la comunidad y en el interés de todos. Las actuales leyes internacionales han evolucionado hasta reflejar principalmente los intereses de las empresas y dicen muy poco del derecho de la gente a contar con un lugar de trabajo decente y un ambiente saludable.
Unas nuevas regulaciones multilaterales para la globalización, centradas en la gente, pueden ayudar a garantizar que las naciones y las compañías compitan unas con otras en términos civilizados y con iguales fundamentos. Es necesario negociar internacionalmente estándares laborales y ambientales si se quiere garantizar que el sistema económico global basado en las ventajas comparativas no explote estas ventajas a partir de prácticas injustas o insostenibles, tales como las prácticas laborales chinas o los subsidios agrícolas estadounidenses. Actualmente, en el sistema internacional de comercio no hay nada que evite esas condiciones, y muchos Estados son muy débiles, muy dependientes del capital extranjero o están muy casados con los grupos de intereses especiales que no garantizan los estándares básicos descritos.
A menos que las políticas comerciales sean acompañadas de reglas que mínimamente ordenen el uso de los recursos, regulen las actividades corporativas, creen mecanismos redistributivos y protejan el ambiente y los derechos humanos, tales políticas comerciales no serán sustentables. El papel responsable de un motor económico global como Estados Unidos es permitir espacio para que los gobiernos nacionales diseñen políticas que establezcan tales reglas de sustentabilidad, aun cuando esto pueda afectar los intereses inmediatos de las compañías estadounidenses. Tal autocontención de una superpotencia requiere la visión de un mundo unificado por objetivos comunes de crecimiento, desarrollo, sustentabilidad y equidad. De acuerdo con una ética de buena vecindad global, Washington necesitaría impulsar políticas que diferencien entre las naciones ricas y las pobres, brindando la posibilidad de instrumentar planes de desarrollo sustentable diseñados para expandir los mercados internos, que protejan el ambiente contra la descuidada explotación de los recursos naturales y ayuden a cumplir los objetivos de desarrollo nacionales.
La asistencia externa es tal vez el elemento más visible de la política económica en el mundo. Puede jugar un papel importante, de respaldo, hacia los objetivos de desarrollo sustentable fuera del país. La asistencia exterior es también indispensable en el auxilio humanitario y en el apoyo a las estrategias nacionales de desarrollo que expandan el bienestar general mediante medidas como los sistemas de servicio social y una mejor infraestructura pública.
Estados Unidos, como buen vecino rico, tiene la responsabilidad moral de brindar asistencia en las emergencias para responder ante las crisis causadas por desastres naturales y conflictos armados (y de ser posible evitarlas). En momentos de necesidad urgente, tanto el público estadounidense como el gobierno deben responder con prontitud.
En el área de expansión del bienestar general de los países en desarrollo, deben procurarse nuevos criterios para la asistencia que enfaticen caminos con legitimidad local para el desarrollo nacional. Cuando se utiliza para sustentar los esfuerzos de base, la asistencia externa puede ser un ejemplo tangible del valor fundamental del respeto mutuo y del apoyo que guía la visión de una vecindad global solidaria.
Cuando contribuyen a los proyectos de desarrollo y a los programas impulsados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las iglesias, los estadounidenses demuestran ser un pueblo generoso y que responde a quienes llegan a solicitarle su ayuda, sea en casa o más allá de las fronteras. Eleanor Roosevelt, legendaria por sus actividades en defensa de los derechos humanos y las causas humanitarias en el ámbito internacional, como primera dama y ciudadana particular, expresó el espíritu de este cuidado ante el público del Metropolitan Opera de Nueva York: “Cuando te hallas cara a cara con la gente necesitada, lo único que te queda es hacer algo al respecto. No podemos permitir que haya alguien que necesite lo más básico de la vida”.
Pero los contribuyentes estadounidenses objetan, con razón, que sus impuestos se gastan en programas de asistencia exterior que ocasionan más problemas de los que resuelven. La asistencia estadounidense ha servido para impulsar objetivos geopolíticos y económicos que no responden a las necesidades humanas y conducen a cierto escepticismo —tanto en Estados Unidos como en los países receptores— acerca de los beneficios reales de la asistencia externa.
Dado el alarmante récord de muchos programas de asistencia estadounidenses, deben establecerse estrictos lineamientos para ésta. En cuanto a la ayuda oficial o no gubernamental, deben respetarse las pautas culturales en el diseño de aplicación de los programas. Deben impulsarse mecanismos de monitoreo que brinden evidencia concreta de que la ayuda llega a los pobres y mejora su nivel de vida. Cuando se hace correctamente, la asistencia al desarrollo puede arrojar enormes beneficios, como lo demostraron recientemente, en la Unión Europea, los programas de las ONG que trabajan en Timor Oriental y Mozambique. Cuando se hace mal, dicha ayuda puede ser un impedimento para el desarrollo nacional y local.
Cuando sea posible, la asistencia estadounidense debe ser canalizada mediante fondos y programas multilaterales que eviten la manipulación política del dinero tan necesitado para combatir el hambre, las enfermedades y las necesidades de los países pobres. En el pasado, la asistencia no se ha basado en las necesidades sino que se otorga preferentemente a los países o grupos amigos, y se niega a las naciones más necesitadas mediante la aplicación selectiva de sanciones.
Las recomendaciones generales para las políticas de desarrollo sustentable y asistencia incluyen:

Negociar en foros multilaterales y bilaterales las regulaciones comerciales que respeten los principios de la democracia, la reciprocidad, la soberanía y la sustentabilidad, y que reconozcan las asimetrías entre las naciones. Rechazar los acuerdos de comercio modelados a partir del TLCAN, dado que contienen protecciones laborales y ambientales insuficientes, limitan el espacio y la flexibilidad con que cuentan las naciones pobres para adoptar planes nacionales de desarrollo apropiados y conducen a una competencia desleal. Expandir el comercio y la inversión no debe tener por objetivo el engrandecimiento propio sino servir a los objetivos de un desarrollo sustentable.

Apoyar las estrategias de integración regional que promuevan caminos de base amplia hacia el desarrollo sustentable, incluyendo previsiones que ayuden a las regiones más empobrecidas y que garanticen un respeto básico por las protecciones laborales, los derechos culturales y los criterios ambientales.

Reformar las organizaciones económicas globales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OMC), para orientarlas hacia objetivos de desarrollo sustentable, haciéndolas más transparentes y representativas del vecindario global, y no sólo de las corporaciones o de las principales potencias. Si esto resulta imposible, entonces estas instituciones deben ser reemplazadas por otras que en verdad se comprometan con una amplia responsabilidad compartida y un desarrollo sustentable ambientalmente.

Reducir la escala del FMI a su papel original de mantener la estabilidad financiera internacional proporcionando a corto plazo recursos que ayuden al manejo financiero de las crisis, que brinde asistencia técnica, investigación económica y monitoreo. El FMI debe salirse de los negocios y brindar financiamiento de largo plazo para las reestructuraciones económicas. Estados Unidos y otras grandes potencias no deben estar exentas de la supervisión de políticas fiscales del FMI, pues se pone en riesgo la estabilidad económica global.

Fortalecer las organizaciones regionales tales como las comisiones económicas de Naciones Unidas y los bancos de desarrollo; animar el desarrollo de instituciones regionales de manejo de las crisis, como aquellas que existen en Asia, con el fin de complementar al FMI en el financiamiento en tiempos de crisis. Como sus contrapartes globales, los bancos regionales de desarrollo deben reformarse para hacerlos más transparentes y representativos, y si esto resulta imposible, deben reemplazarse con instituciones que tengan un mandato y un compromiso más claros.

Financiar programas que garanticen condiciones laborales seguras, salarios que permitan vivir y ambientes limpios, con el fin de combatir los impactos negativos de la globalización. Estos derechos humanos básicos deben ser primordiales, y están por encima de los objetivos de reducir los precios de consumo o aumentar las ganancias de las compañías.

Impulsar políticas que reduzcan la dependencia hacia los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gas que crean un efecto de invernadero. Una reorientación radical de las políticas energéticas estadounidenses podría arrojar beneficios ambientales y de salud, pero también nos haría depender menos de relaciones especiales con gobiernos más y más inestables y con frecuencia moralmente repugnantes.

Aplicar sanciones económicas con prudencia y sólo cuando éstas se basan en criterios reconocidos internacionalmente, como alguna violación flagrante a los derechos humanos, como en Birmania, o alguna violación a las leyes internacionales, según las condiciones que determine el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ciertas recomendaciones generales deben guiar la asistencia externa estadounidense, dado que es el aspecto más visible de la política económica estadounidense en el extranjero:

Finiquitar la condicionalidad de las relaciones de asistencia y comercio. Los donantes y los receptores deben establecer, conjuntamente, los objetivos de desarrollo de la comunidad, los resultados deseados con la asistencia exterior, diseñando mecanismos eficaces para monitorear en qué se invirtió el monto de la asistencia. Deben fortalecerse los programas de evaluación según los objetivos del desarrollo, para permitirle a todas las partes medir los impactos y la eficiencia.

Apoyar las reformas y el fortalecimiento de canales multilaterales de asistencia como Unicef, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Alianza Global en favor de las Vacunas y la Inmunización o el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Brindar asistencia bilateral directa sólo en instancias excepcionales como puede ser una crisis humanitaria.

Abolir el USAID. La Agencia Internacional de Desarrollo Estadounidense (USAID por sus siglas en inglés) fue creada como instrumento de política en la Guerra Fría. Hay poca evidencia que muestre que sus programas hayan contribuido positivamente al desarrollo político o nacional en otros países, y mucha de la evidencia indica que sus programas y sus desembolsos se relacionan más con los intereses geopolíticos estadounidenses. La Corporación Desafío del Milenio, creada por el gobierno de Bush, que condiciona en gran medida su ayuda según criterios políticos, debe también eliminarse y los fondos que tiene asignados deben canalizarse a esfuerzos multilaterales más permanentes.

Cumplir con la pauta mundial de comprometer 0.7 por ciento del producto interno bruto a la ayuda exterior. Erradicar la pobreza y la miseria por todo el globo es una obligación moral, especialmente para una nación tan rica como Estados Unidos.

Principio siete
Un vecindario global próspero y pacífico depende del ejercicio efectivo del gobierno a nivel nacional, regional e internacional. Una gobernancia eficaz debe contemplar la rendición de cuentas, la transparencia y la representatividad
Cada vez ocurre más que las amenazas a la seguridad y el desarrollo sustentable estadounidenses son transnacionales y no pueden resolverse con una intervención armada, y sólo en contadas ocasiones pueden enfrentarse únicamente mediante iniciativas estadounidenses. Lógicamente, los líderes estadounidense deberían respaldar los tratados e instituciones internacionales y otros mecanismos de cooperación multilateral que aplican soluciones regionales y globales a problemas regionales y globales.
La arquitectura de la ley y la cooperación internacionales que hoy se encuentra bajo asedio, es en gran parte un legado estadounidense. Conforme ardía la Segunda Guerra Mundial, los grupos ciudadanos y religiosos de Estados Unidos insistieron que los diseñadores de políticas crearan instituciones globales —económicas, políticas y de seguridad— basadas en el principio de la interdependencia.
En parte como resultado de esta presión, FDR y sus aliados de tiempos de la guerra comenzaron a idear un aparato de cooperación multilateral y unas leyes internacionales que evitaran otra conflagración global. Este legado debemos reclamarlo porque ofrece visión y fundamentos institucionales para manejar las relaciones vecinales globales de hoy.
Estados Unidos debe ser líder a este respecto. Pero en lugar de asumir este papel, es renuente en su respaldo a las leyes internacionales, en relación con otros países. Washington ha ratificado 14 de los 162 tratados activos de la Organización Internacional del Trabajo, 12 de los 38 tratados ambientales, seis de los 21 tratados de derechos humanos, y sólo 2 de los 12 tratados que lidian con el tráfico de personas. Sólo hay dos países que no han ratificado el Convenio sobre los Derechos del Niño: Estados Unidos y Somalia (que en la actualidad no tiene un gobierno estable). Washington no ratificó el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, aunque otros 178 países y al menos 15 entidades federativas estadounidenses lo respaldan.
Estados Unidos no está solo en su camino de mal vecino. De los países con capacidad nuclear, por ejemplo, China, India, Irán, Israel, Corea del Norte, Paquistán y Estados Unidos no han ratificado el Tratado Integral de Prohibición de Pruebas Nucleares.
Esta cuenta es reprensible para una nación que se considera líder global. Pese a nuestra vergüenza, Estados Unidos tiene una historia que podría hacernos sentir orgullosos. Alguna vez nuestra nación fue líder en la reconstrucción del orden internacional y en el rechazo al sistema de potencias competitivas y dominio colonial para crear, en cambio, una base sólida de cooperación multilateral. Franklin y Eleanor Roosevelt fueron figuras clave en la creación de instituciones que avizoraron esta nueva comunidad global.
Pocos meses antes de su muerte, el presidente Roosevelt apuntó que Estados Unidos había aprendido que “no podemos vivir solos, en paz; que nuestro bienestar depende del bienestar de las otras lejanas naciones. Hemos aprendido a ser ciudadanos del mundo, miembros de la comunidad humana. Aprendimos la simple verdad que enuncia [Ralph Waldo] Emerson: ‘la única forma de tener un amigo es ser uno mismo un amigo’”. Este ethos fue la piedra de toque de esta visión del compromiso internacional y de la política exterior estadounidense.
Roosevelt vio la Organización de Naciones Unidas como medio para impulsar lo que él llamaba las “cuatro libertades”. En 1941, declaró que Estados Unidos tenía sus fundamentos en dos libertades, la religiosa y la de expresión, pero que ahora necesitaba abrazar otras dos libertades “ser libres del miedo y libres de la necesidad”.
Ser libres de la necesidad, dijo “significa entendimientos económicos que garanticen a toda nación una vida pacífica y saludable para sus habitantes —en cualquier parte del mundo”. Ser libres del miedo “significa una reducción mundial de armamentos al tal punto y de tal modo que ninguna nación esté en posición de cometer un acto de agresión física contra ningún vecino —en ninguna parte del mundo”.
Bajo esta concepción, el papel de Naciones Unidas no era sólo responder a los retos de la seguridad colectiva de naciones y pueblos sino desarrollar también la idea rooseveltiana de un “segundo paquete de derechos” que garantizara el bienestar económico. En su último discurso de toma de posesión, el mismo año en que se fundó la ONU, Roosevelt apuntó que la seguridad no era únicamente una que nos resguardara de ataques sino también “seguridad económica, seguridad social, seguridad moral —en una familia de naciones”.
Hoy, Estados Unidos se alejó de los principios del Buen Vecino que guiaron la formación de Naciones Unidas y otros organismos de cooperación multilateral. Los abusos cometidos en Afganistán y en Abu Ghraib y Guantánamo —justificados en nombre de una guerra global contra el terrorismo— han manchado el legado estadounidense en relación con el respeto y la promoción de las leyes internacionales como regla de conducta entre los pueblos civilizados. Este récord disminuye la autoridad moral estadounidense y decrementa la capacidad de Estados Unidos para influir en otras naciones para que adopten posturas pacíficas y de cooperación.
Dado que la imagen de Estados Unidos está tan manchada, nuestra primera prioridad es trabajar por convencer a la gente que nuestro respaldo en favor y en apego de las leyes internacionales y los derechos humanos no es sólo de dientes para fuera. Esto requiere la investigación pública de tales abusos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Requiere también un fuerte compromiso con la firma e implementación de los convenios internacionales.
Es cierto, hay serias debilidades en estas instituciones, organizaciones y mecanismos de cooperación global. Naciones Unidas debe volver a instrumentarse para reflejar las realidades del siglo XXI. Mecanismos de cooperación regional, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Africana, deben fortalecerse y contar con el financiamiento adecuado, y todos los líderes mundiales deben alentar el surgimiento de formas más institucionalizadas de cooperación regional en Asia. Se deben reformar las organizaciones internacionales de modo que encarnen los principios básicos de la transparencia y la rendición de cuentas.
Tristemente, en vez de priorizar la expansión y el fortalecimiento de las leyes internacionales y la cooperación basada en intereses compartidos y respeto mutuo, el gobierno de Bush ha buscado resaltar las fallas de estas organizaciones con el fin de debilitarlas. En su lugar, el gobierno actual coloca el poder militar como pieza central de un nuevo orden imperial. Al anunciar que la supremacía militar y la “promoción de la democracia” son sus objetivos clave de política exterior, los actuales líderes estadounidenses proponen que el unilateralismo y el excepcionalismo sean lo que prive hoy.
Una base sólida para la cooperación internacional requiere que todas las naciones sean libres y democráticas. Pero aquí el papel de Estados Unidos debe circunscribirse con mucho cuidado. Desde que Woodrow Wilson prometiera “hacer del mundo un sitio seguro para la democracia”, la política exterior estadounidense ha resbalado por la pendiente del intervencionismo. Las operaciones encubiertas, las incursiones militares, las sanciones económicas selectivas en nombre de la defensa de la democracia y los derechos humanos, le han ganado a Washington una reputación de hipocresía en muchas partes del mundo.
Estados Unidos creó un fondo nacional para la democracia (National Endowment for Democracy o NED, por sus siglas en inglés) con el objetivo expreso de promover la democracia en el extranjero. No obstante, con el paso de los años las acciones del NED se han dirigido con frecuencia a minar los procesos democráticos que van contra los supuestos intereses estadounidenses, y la organización ha servido como conducto para intervenir oficiosamente en los asuntos internos de otros países. Filtraciones recientes del papel del NED en la remoción del presidente electo Aristide, de Haití, o en el respaldo al intento de golpe de Estado en Venezuela ilustran una vez más su influencia negativa y con frecuencia desestabilizadora.
La democracia en todas las naciones se desarrolla desde dentro y responde a las culturas y tradiciones locales. Así, el principal objetivo de Washington a este respecto debería ser el fortalecimiento y la profundización de nuestra democracia. Consolidar la democracia estadounidense y garantizar el respeto a un amplio espectro de derechos humanos en nuestro país debería ser el foco de un programa que promoviera, por ejemplo, los méritos de la democracia y los derechos humanos en el exterior. En sí mismo, éste es un programa ambicioso.
Eleanor Roosevelt, proponente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, enfatizó que los derechos humanos comienzan “en lugares pequeños, cerca de casa —están cerca y son tan pequeños que no se les ve en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual; el vecindario en el que vive; la escuela o la universidad a la que asiste; la fábrica, la granja, la oficina en que trabaja... Sin una acción ciudadana concertada que los mantenga firmes cerca de casa, no hallaremos progreso alguno en el vasto mundo”.
Tras convencer a otros de nuestro sincero compromiso con las leyes internacionales y los derechos humanos, nuestra segunda prioridad debería ser garantizar que la política exterior estadounidense no sea un obstáculo para quienes emprenden reformas democráticas en el exterior. En el pasado nuestro país brindó ayuda a los líderes extranjeros implicados en vastas violaciones a los derechos humanos, en represión política y en la supresión de movimientos democráticos de oposición. Eliminar esa ayuda contraproducente es un paso crucial en favor de un ejercicio democrático del gobierno.
Los derechos políticos son universales, y los ciudadanos estadounidenses pueden y deben preocuparse por su desarrollo en otras partes del mundo. El apoyo no gubernamental a organizaciones que objetivamente monitorean e informan acerca de los derechos civiles y humanos puede complementar el respaldo gubernamental a los esfuerzos multilaterales de observación electoral y de protección de estos derechos. Ambos son canales apropiados para respaldar la democracia fuera del país sin buscar dictar políticas internas.
Las recomendaciones generales para instrumentar políticas de ejercicio del gobierno o gobernancia, incluyen:

Enfocar los esfuerzos al fortalecimiento de la democracia en casa con el fin de brindarle un ejemplo positivo a otros países.

Promover la democracia y las prácticas de un buen ejercicio del gobierno, tales como la transparencia y la rendición de cuentas como parte de una política exterior estadounidense, pero no incurrir en la intervención unilateral en los asuntos políticos de otras naciones. Esto significa no incurrir en programas de “construcción de democracia” —mediante la ayuda externa estadounidense o de otros canales multilaterales— que respalden a individuos, partidos políticos, campañas de oposición, organizaciones no gubernamentales con objetivos políticos. Washington no tiene por qué financiar o patrocinar en otros países actividades que serían ser condenadas como intromisión si otro gobierno hiciera lo mismo en la política interna estadounidense.

Finiquitar el National Endowment for Democracy y otros programas estadounidenses de promoción de la democracia, incluidos aquellos que dirige la USAID y los programas de la AFL-CIO, la Cámara de Comercio y los partidos republicano y demócrata, financiados por el gobierno. Como parte de la promoción y respaldo de una buena gobernancia, la asistencia externa debe jugar un papel importante en la consolidación de transiciones democráticas, apoyando los programas multilaterales que monitorean elecciones, apoyan comisiones gubernamentales electorales y de derechos humanos, consolidan instituciones democráticas y brindan capacitación jurídica. Tales programas de construcción de estructura estatal y de pacificación posterior a conflictos deben recibir financiamiento internacional, pero sólo en sus etapas iniciales.

Ratificar aquellos convenios de derechos humanos de importancia crítica, incluido el Convenio sobre los Derechos del Niño y el Convenio para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Aumentar el respaldo hacia las organizaciones y mecanismos multilaterales regionales y globales que fortalezcan y promuevan el respeto de aquellos derechos humanos reconocidos universalmente y de las leyes internacionales.

Apoyar los esfuerzos en pro de reformar la ONU, incluido el ampliar el Consejo de Seguridad y crear mecanismos de vinculación que integren los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y el ambiente con las agencias de gobernancia económica global tales como la OMC, el Banco Mundial y el FMI. Estados Unidos debe considerar la creación de un consejo representativo que supervise a las organizaciones económicas internacionales.

Impulsar un buen ejercicio del gobierno en casa y en el extranjero regulando por todo el mundo las operaciones de las corporaciones transnacionales y las firmas financieras que erosionan la autoridad de los gobiernos nacionales y las organizaciones intergubernamentales. Las corporaciones estadounidense deben sujetarse a las leyes nacionales, a códigos de conducta compulsivos y a las regulaciones internacionales.

Reconocer que los actores no gubernamentales, como las redes transnacionales de ambientalistas o los activistas de derechos humanos, tienen un papel muy importante en un sistema de gobernancia global saludable. Como otras instituciones multilaterales, las ONG deben mantener altos criterios de rendición de cuentas, de transparencia y respeto por la soberanía y por las leyes nacionales de los países donde trabajan.

Reconocer que los foros informales regionales, o aquellos centrados en tópicos particulares, como el G-7, el G-20 y el G-77, y otros como el antiguo movimiento de los países no alineados, pueden jugar un papel vital en una buena gobernancia global y en la solución de varios problemas, pues aglutinan grupos plurilaterales, creativos y dinámicos de Estados, y otorgan a los países más pequeños mayor margen de acción a través de alianzas.

Conducir a los líderes estadounidenses a que apliquen los principios de una buena vecindad y un estilo de liderazgo afín en los foros donde participan.

Una ética, no una doctrina
La iniciativa de buena vecindad global no es una doctrina de políticas.
La sociedad estadounidense y el resto del mundo están hartos de las “doctrinas de seguridad nacional” de Washington, de las “grandes estrategias” de política exterior. Para poder responder a la cuestión de qué estamos haciendo con el mundo y por qué, no requerimos de ningún esquema grandioso. Al ver el mundo en términos simplistas, las doctrinas y las grandes estrategias únicamente inspiran confusión y conducen a acciones desafortunadas.
Un problema central con casi todos los marcos de política exterior —como aquel de la Guerra Fría o el de la “guerra global contra el terrorismo”— es que constriñen todos los asuntos a nichos muy mal definidos y con frecuencia totalmente inapropiados.
Durante la Guerra Fría, nuestros líderes incurrieron en intervenciones militares estadounidenses, en operaciones encubiertas o en el respaldo a los partisanos de la libertad y la democracia en América Latina, África y Asia, como la necesaria contención del comunismo. En aras de frenar al comunismo, fuimos a Corea y Vietnam; derrocamos gobiernos electos en Irán, Guatemala, Chile y otros países; aplastamos movimientos de base, agrarios, sindicales y urbanos por todo el mundo. En nombre de un apoyo a la libertad y la democracia, ayudamos a regímenes autoritarios de docenas de países y dirigimos insurgencias de “luchadores por la libertad” en Angola, Nicaragua y Afganistán.
El actual marco referencial de política exterior, el de la “guerra global contra el terrorismo”, ha generado hipocresía y empantanamiento. Alegando combatir al terrorismo internacional, el gobierno estadounidense, con apoyo de ambos partidos, está inmerso en una guerra contra el “narco-terrorismo” en Colombia, está comprometido en ocupaciones militares de largo plazo en Irak y Afganistán y está encadenado en su respaldo a una intransigente línea dura en Israel. Es tan amplio, vago y enloquecedor el marco de referencia de la guerra contra el terrorismo que justifica el apoyo a Estados forajidos como Pakistán, acusa a movimientos civiles y líderes políticos de ser “populistas radicales”, levanta un muro en la frontera de Estados Unidos y México y viola las libertades civiles y los derechos humanos en casa y en el extranjero, en forma rutinaria.
Otra enceguecida doctrina de seguridad únicamente conducirá a otros puntos de vista unidireccionales y a la vana esperanza de ver la luz al final del túnel. Otra grandiosa estrategia que se base en el supremo poder y voluntad estadounidense engendrará la peor clase de nacionalismo —un patriotismo ciego basado en el odio y el temor.
Ya no podemos “mantener el rumbo” como pretende el presidente Bush, o como afirman los líderes de ambos partidos políticos.
Para cambiar el rumbo, Estados Unidos necesita una nueva ética de relaciones internacionales.
Para eso, no necesitamos comenzar de la nada, o pedir prestado de Naciones Unidas, Europa o algún sector político en casa. El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos tiene el legado de FDR, la política del Buen Vecino, que es una piedra de toque auspiciosa. Si restauramos una ética de vecinos, con respeto mutuo por los derechos de unos y otros, habremos dado un enorme salto en la promoción de la seguridad, el desarrollo y una buena gobernancia —no sólo en nuestra nación, sino en todo el mundo. Habremos llegado lejos si logramos garantizar que Estados Unidos nunca más sea temido u odiado por nuestros vecinos globales, por ser el abusador del barrio.
Si el gobierno de Estados Unidos adoptara la ética de buena vecindad global, nosotros, el pueblo, no volveremos a estar confundidos sobre lo que hacemos con el mundo, en otros países.
La ética de buena vecindad global no es un plan detallado para mejorar las relaciones internacionales. Es una ética para guiar las políticas y las acciones internacionales en estos complejos y confusos tiempos. Si el problema son las devastadoras mareas, el terrorismo internacional o el cambio climático, estos principios son guías básicas para un compromiso global.
Adoptar la ética de buena vecindad global no requiere apoyar a algún partido político en particular. No significa unirse o abandonar ningún ámbito político conservador, liberal, progresista, de izquierda o derecha. Lo único que requiere es la convicción, como la tuvo Roosevelt, de que las prácticas cotidianas de buena vecindad —respeto propio, respeto mutuo y espíritu de cooperación— son un principio apropiado para beneficiarnos mutuamente de unas relaciones internacionales. Esta “política del buen vecino” fue correcta en los años treinta, y es correcta ahora, en nuestra época.

Tom Barry es director del Centro de Relaciones Internacionales (IRC) y fundador de Enfoque en la Política Internacional (FPIF). Salih Booker es director ejecutivo de Acción por África y miembro de la junta directiva del IRC. Laura Carlsen dirige el Programa de las Américas del IRC. Marie Dennis es directora de la Oficina Maryknoll para Asuntos Globales y miembro de la junta directiva del IRC. John Gershman es codirector de Enfoque en la Política Internacional (FPIF) y director del Programa de Asuntos Globales del IRC.

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