Nueva Tribuna, 16 de noviembre de 2017
La Gran Recesión y las políticas de devaluación salarial aplicadas durante la crisis han conseguido su objetivo de recuperar las rentas del capital y la rentabilidad de los grandes grupos empresariales.
Los rendimientos del trabajo que se declaran en el IRPF son representativos de la marcha de los ingresos de la mayoría social (asalariados, receptores de prestaciones de desempleo y pensionistas) durante la crisis.
El aumento de la desigualdad social se ha nutrido en los últimos años de muchos factores. Entre los más importantes se encuentra la deformación de la distribución de la renta a favor de las rentas del capital y en contra de los salarios. Así, las rentas del trabajo han sufrido en España un importante retroceso en su participación en el PIB (del 50% en 2008 hasta el 46,9% en el primer trimestre de 2017). Margen que ha sido absorbido por las rentas del capital y, con menor intensidad, por las rentas mixtas de una parte minoritaria pero significativa de las personas que realizan actividades económicas por cuenta propia. Esta tendencia de largo aliento comienza en los países de la OCDE a principios de los años noventa del pasado siglo, pero ha tomado carta de naturaleza política gracias a la última ola de desregulaciones del mercado laboral que ha reforzado el poder de las elites y ha debilitado la posición y la capacidad de negociadora sindicatos y asalariados.
Redistribución del poder a favor de los propietarios del capital que era uno de los principales objetivos de la estrategia de salida de la crisis sustentada en la austeridad y la devaluación salarial. Pero junto a esa deformación de la renta nacional a favor de los beneficios empresariales y demás rentas del capital, también la muy diferente marcha de los rendimientos del trabajo entre los diferentes estratos y grupos de las clases trabajadoras ha tenido una gran incidencia en el aumento de las desigualdades.
Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del IRPF (2007-2015).
Se consideran aquí rentas bajas las retribuciones del trabajo de hasta 12.000 euros anuales; rentas medias, entre 12.000 y 60.000 euros; y rentas altas, a partir de los 60.000 euros. Los datos corresponden a los rendimientos dinerarios del trabajo (92,3% del total en 2015), sin considerar los que se reciben en especie.
El examen de la evolución de los rendimientos del trabajo entre 2007 y 2015 permite deshacer algunos equívocos que están firmemente instalados en el imaginario colectivo de las izquierdas. La convicción de un empobrecimiento generalizado y muy intenso del conjunto de las clases trabajadoras no facilita la comprensión de los muy diferentes impactos que han ocasionado las políticas de devaluación interna entre los sectores sociales que obtienen y declaran rendimientos del trabajo ni la compleja estructura social que emerge de la crisis.
A grandes rasgos, los rendimientos del trabajo más altos (alrededor de 650.000 declaraciones) aumentaron su cuantía sin verse perjudicados por la crisis o las políticas de austeridad, mientras los más bajos (algo más de 6,5 millones de declaraciones) han sufrido un deterioro importante de sus ingresos reales. En medio de esos ganadores y perdedores, una mayoría (10,5 millones de declaraciones) que ha incrementado sus rendimientos nominales del trabajo a la par que la inflación y, como consecuencia, ha preservado lo esencial de su capacidad de compra.
La dispar evolución de los rendimientos del trabajo durante la crisis plantea una dificultad política de primer orden: hacer confluir una mayoría social tan heterogénea (diversidad que se multiplicaría si se consideraran las personas que por múltiples motivos no están obligadas o no hacen la declaración anual de sus rentas en el IRPF) en el apoyo a una alternativa de cambio progresista. Convendría que las izquierdas y las fuerzas políticas progresistas tomaran nota de esta dificultad y de los muy diferentes problemas, intereses, aspiraciones y situaciones que traslucen esos datos.
Las principales conclusiones que se derivan del examen de la evolución de los rendimientos del trabajo que se declaran en el IRPF son las siguientes:
Primera. A pesar del fuerte aumento del desempleo entre 2007 y 2014, el número total de declaraciones que reflejan rendimientos dinerarios del trabajo aumentó. Desde un total de 16,9 millones de declaraciones en 2007 hasta los 17,6 millones de 2015, aunque dicho aumento dependió en gran medida de la disminución de las declaraciones conjuntas (4,2 millones en 2007 frente a 3,6 millones en 2015). Curiosamente, el fuerte crecimiento del desempleo entre el tercer trimestre del año 2007 (1,8 millones de personas desempleadas) y el primer trimestre de 2014 (6,3 millones) y el descenso de 3,8 millones en el del número de personas ocupadas no ocasionó la disminución del número de declaraciones que incluían rendimientos del trabajo.
Segunda. La devaluación salarial impuesta no ha provocado la reducción de los rendimientos del trabajo declarados, que aumentaron desde un total de 365.039,7 millones de euros en 2007 hasta los 390.920,7 millones de 2015. También las retribuciones medias por declaración experimentaron un ligero incremento del 0,5% entre 2007 y 2013 (de 21.628 a 21.735 euros) y algo mayor, tras superar la segunda recesión de la economía española, del 2,4%, entre 2014 y 2015, hasta los 22.256 euros. Recuérdese que 2014 y 2015 fueron los dos primeros años del actual ciclo expansivo, por lo que cabría esperar que en 2016 y 2017 también haya existido otro ligero incremento del importe total declarado y de las retribuciones medias.
Tercera. Los rendimientos del trabajo más bajos, entendiendo por tales los inferiores a 12.000 euros anuales, mantienen su número durante el periodo, por encima de los 6 millones con un ligero ascenso entre 2007 y 2013 (de 390 mil declaraciones) y un ligero descenso en los dos años siguientes (de 90 mil declaraciones). La renta media nominal de estas declaraciones experimentó un notable retroceso del 7,5% entre 2007 y 2013 (de 9.619 a 8.900 euros) y otro descenso posterior más ligero (del 0,4%, hasta los 8.861 euros en 2015), sin que la reactivación económica de 2014 y 2015 tuviera el más mínimo impacto positivo. Todo indica que el fuerte crecimiento de la economía española a partir de 2015 (por encima del 3% anual) no ha significado una mejora de las retribuciones más bajas.
Cuarta. Los 6,3 millones de declaraciones de 2015 con los rendimientos del trabajo más bajos corresponden aproximadamente a casi 8 millones de personas (dada la cuantía de 1,3 millones de declaraciones conjuntas), que son las que han sufrido con más fuerza la crisis. A esa cifra, habría que sumar, como principales damnificados de la crisis y de las injustas políticas de austeridad impuestas, a varios millones más, la mayoría de las personas que perciben pensiones públicas y prestaciones por desempleo que, por lo escaso de sus ingresos están exentas de presentar la declaración de la renta. Sin olvidar a las personas que trabajan en la economía sumergida, que no entiende de contratos formales ni de nóminas o declaraciones de la renta, ni a las personas que obtienen los nuevos empleos precarios y mal remunerados que se han extendido gracias a la desregulación del mercado laboral y que no están obligadas tampoco, dado lo exiguo de sus rentas, a declarar sus rentas. A esa reducción de las rentas de los sectores con menos recursos hay que añadir otro factor importante, el de los recortes de los bienes públicos y de los gastos de protección social que llegan a los hogares empobrecidos y que han provocado un gravísimo deterioro de sus derechos, condiciones de vida y oportunidades.
Quinta. El número de declaraciones con rendimientos del trabajo medios, entendiendo por tales las declaraciones de entre 12.000 y 60.000 euros anuales, era de 9,9 millones en 2007, aumentó ligeramente hasta 2013 y experimentó un crecimiento posterior algo mayor que llevó el número de declaraciones hasta los 10,4 millones en 2015. La suma de los rendimientos del trabajo declarados experimentó un aumento nominal del 5% hasta 2013 (de una media de 25.489 a 26.759 euros) y otro ligero incremento posterior del 0,7% (hasta los 26.935 euros) en 2015. Tampoco, en el caso de estas rentas medias, la recuperación del crecimiento del PIB en 2014 y 2015 se traduce en un crecimiento de similar cuantía de los rendimientos del trabajo.
Sexta. El número de declaraciones con las rentas más altas, entendiendo por tales las que reflejan rendimientos del trabajo anuales superiores a los 60.000 euros, se mantiene estable en torno a las 650.000 a lo largo de todo el periodo 2007-2015. Con un primer movimiento de retroceso de 60 mil declaraciones hasta 2013 y un ligero aumento posterior, que deja su número en 2015 muy cerca del nivel de partida. Los rendimientos del trabajo declarados por este pequeño grupo social privilegiado experimentaron un notable crecimiento nominal del 10,2% hasta 2013 (de 77.354 a 85.243 euros) y un ligero aumento del 0,3% con posterioridad, hasta los 85.495 euros en 2015.
La Gran Recesión y las políticas de devaluación salarial aplicadas durante la crisis han conseguido ampliamente su objetivo de recuperar las rentas del capital y la rentabilidad de los grandes grupos empresariales (los beneficios empresariales después de impuestos, intereses y dividendos, que se situaban en el 8% del PIB en 2008, alcanzan hoy el 17,5% del PIB). Ese fuerte crecimiento de la rentabilidad empresarial, sustentado en las sucesivas reformas del mercado laboral, se ha producido a costa de la disminución de los ingresos fiscales del Estado y de las rentas del trabajo más bajas, multiplicando las desigualdades sociales.
Todos los indicadores de desigualdad señalan que, a pesar de las altas tasas de crecimiento del PIB entre 2015 y 2017, se ha consolidado la tendencia hacia una mayor desigualdad entre la mayoría social que percibe rendimientos del trabajo. Para revertir la desigualdad hasta los niveles existentes antes de la crisis no basta con aumentar las tasas de crecimiento del producto, hay que derogar las sucesivas reformas del mercado laboral aprobadas en los últimos años y alejar lo más posible la política económica de los principios de austeridad y devaluación salarial que han orientado las decisiones gubernamentales.
Sólo entonces, cuando las fuerzas progresistas y de izquierdas estén listas para ofrecer una alternativa y consigan los apoyos sociales y electorales suficientes para poder aplicarla, se podrá reformular un modelo de crecimiento inclusivo en el que lo importante no sea la cantidad de crecimiento sino la redistribución y buena gestión del crecimiento para satisfacer las necesidades de la mayoría social, mejorar su bienestar y avanzar en un reparto equitativo de la renta, recuperando el principio de cohesión económica social y territorial como guía de la política económica.