Noviembre de 2020.
Aunque la ley comunitaria otorgue el derecho de denuncia a sus ciudadanos[1], siempre es lamentable que un simple ciudadano de la UE se vea en la tesitura de tener que denunciar la actuación institucional de su propio país -en este caso, España- ante las instituciones comunitarias. No es precisamente un plato de buen gusto, sino una gran responsabilidad.
Pero la responsabilidad de España en la gravísima situación del Sáhara Occidental y el pueblo saharaui es manifiesta y sigue hoy vigente [2]: los ilegales ‘Acuerdos Tripartitos de Madrid’ (1975) y la sanguinaria invasión militar marroquí subsiguiente dieron paso a una larga guerra de dieciséis años, con miles de muertos y la huida masiva de la población indefensa a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), el exilio y la diáspora, siendo cruelmente bombardeada en su huida con napalm y fósforo blanco.
