El País, 6 de enero de 2026.
El alarde incontestado del presidente de EE. UU. por la operación en Venezuela marca abiertamente la sustitución del derecho por la ley del más fuerte.
La agresión de Estados Unidos a Venezuela —de “ataque espectacular” la ha calificado el propio Trump— es un acto criminal, agravado por la ostentada y complacida brutalidad. La lista de los crímenes es amplia y variada: viola la prohibición (artículo 2 de la Carta de la ONU) del uso de la fuerza contra un Estado soberano, calificada como crimen de agresión por el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional; el asesinato de al menos 80 personas, que han perdido la vida a causa de los bombardeos sobre el Parlamento de Venezuela, la sede del Gobierno, los aeropuertos, cuarteles y bases militares; el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, capturados por los agresores invadiendo arbitrariamente su domicilio; la violación de la Constitución estadounidense, cuyo artículo primero, sección 8, atribuye la decisión en materia de guerra al Congreso, que ni siquiera ha sido informado de la agresión. El hecho de que Maduro sea un dictador no atenúa la gravedad de estos crímenes. El narcotráfico, obviamente, es un pretexto. Los verdaderos objetivos son dos: las inmensas reservas de petróleo de Venezuela y, sobre todo, la demostración al planeta de quién es el verdadero soberano del mundo.
