Enero de 2019.
La provisión universal de servicios públicos como la sanidad y la educación es indispensable para reducir la brecha tanto entre ricos y pobres como entre mujeres y hombres. Una tributación más justa de las rentas más altas puede contribuir a financiar estos servicios.
Nuestro sistema económico no funciona igual para todo el mundo. Cientos de millones de personas viven en la pobreza extrema mientras las élites más ricas obtienen enormes ganancias.
A pesar de que el número de milmillonarios se ha duplicado desde el inicio de la crisis económica y sus fortunas crecen a un ritmo de 2500 millones de dólares al día, las élites económicas y las grandes empresas tributan a los tipos más bajos de las últimas décadas. Esto tiene un coste humano enorme, que se traduce por ejemplo en la falta de personal docente para niñas y niños o de medicamentos en los centros de salud. La provisión privada de este tipo de servicios penaliza a las personas pobres y favorece a las élites. Las mujeres son las principales perjudicadas ya que, a través de la innumerable cantidad de horas que dedican al trabajo de cuidados no remunerado, son quienes en último término se encargan de suplir las carencias de los servicios públicos.
