diariovasco.com, 30 enero 2018
El independentismo es incapaz de salir por sí mismo del callejón sin salida en el que metió al procés y por el que Puigdemont se empeña en que siga transitando.
El auto del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la convocatoria de la sesión de investidura del president de la Generalitat en el Parlamento de Cataluña es de una gran sagacidad política. El TC ha derrotado, en su propio terreno, a quienes han alardeado de hacer de la astucia en la gestión del procés su arma política más efectiva. Y pone al independentismo -en primer lugar, a los integrantes de la Mesa del Parlament- ante el reto al que ineludiblemente se iba a tener que enfrentar muy pronto: persistir en la vía de desobediencia a los tribunales, con los efectos ya conocidos -manteniendo, además, el bloqueo político de Cataluña- o renunciar a ella y, consecuentemente, a la opción Puigdemont.
El problema es que el TC ha asumido una tarea que no le corresponde, extralimitándose en sus funciones; al menos, en el trámite de admisión -o inadmisión- de este concreto recurso. Ha entrado a decidir sobre cuestiones que -desde la perspectiva judicial- son meramente hipotéticas y quedan fuera de los elementos que integran el acto específicamente impugnado: convocatoria de la sesión de investidura con la propuesta de Puigdemont como candidato. Al hacerlo ha transformado su naturaleza, convirtiéndose en un órgano de control preventivo de actos que no han ocurrido y que podrían no ocurrir. La utilización espuria del trámite de admisión se pondría de relieve de forma nítida si, como es perfectamente posible, el TC acabase rechazando la admisión del recurso. Los tribunales -también el TC- son, salvo excepción expresa, órganos de control a posteriori, de actos ya realizados. Lo demás es tarea de los órganos políticos.
Quienes consideran que, por encima de todo, importa la eficacia política, pensarán que se trata de una mera sutileza jurídica, para entretenimiento de juristas; o peor, de leguleyos. Pero es la propia naturaleza del sistema democrático y la resistencia de las costuras del sistema institucional las que se ponen en riesgo, como ha puesto de manifiesto este caso.
El recurso del Gobierno ha sometido al sistema institucional a una auténtica prueba de resistencia, que tenía muchas posibilidades de terminar en desastre. Ha dejado en situación comprometida al Consejo de Estado y ha puesto en riesgo de fractura la unidad del TC, que con tanto mimo se ha construido y se trata de preservar. Y no contribuye a que recupere el prestigio perdido.
¿Era indispensable la acción del Gobierno para impedir que Puigdemont sea nombrado president de forma intachablemente democrática y legal? En mi opinión, no lo era. Si el Parlament procedía a votar la investidura de Puigdemont vulnerando las exigencias que el TC ha adelantado -y que, por tanto, constituyen su pensamiento-, la sesión sería suspendida y -en su momento- anulada, por lo que Puigdemont no sería nombrado president. La sesión parlamentaria se realizaría con la ausencia de la inmensa mayoría de la oposición, quienes, además, recurrirían en amparo al TC. Si la Mesa admitiese la comparecencia telemática del candidato, además, la decisión coincidiría con la opinión unánime de los letrados del Parlament. La pelota estaría en el tejado de los independentistas y se volvería a la imagen que más daño hizo al independentismo: la sesión parlamentaria de los días 6 y 7 de septiembre. Un efecto que se disolvió por la torpeza del Gobierno el 1 de octubre. Ahora, con su recurso, el Gobierno ha provocado una controversia que había que haber evitado; sobre todo, porque era innecesaria.
Lo que ha parecido preocupar al Gobierno, por encima de todo, es el riesgo de ver gravemente deteriorada su imagen si Puigdemont lograse acceder físicamente a la sesión parlamentaria; especialmente humillante políticamente tras las arrogantes declaraciones del ministro del Interior. Y parece que un sector amplio del sistema político considera inadmisible cualquiera de las dos hipótesis de votación de investidura: con presencia física o por medios telemáticos. ¿Qué problema hay en que el Parlament realice una votación que, con toda seguridad, sería anulada? Jurídicamente, ninguno. Si los hay en el plano político no es al TC al que hay que pedir que los resuelva.
El independentismo es incapaz de salir por sí mismo del callejón sin salida en el que metió al procés y por el que Puigdemont se empeña en que siga transitando. Necesita que el Estado le resuelva el problema, asumiendo el coste, al menos, a corto plazo, ante el electorado independentista. Pretende, para ello, una postrera representación teatral: el voto de investidura de Puigdemont. El sistema constitucional les tenía que estar esperando en la siguiente estación: la de la obediencia o desobediencia al TC, empezando por los integrantes de la Mesa del Parlament.
A la luz de los acontecimientos posteriores al 27 de octubre -cuando el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia y el Gobierno aplicó, con la autorización del Senado, el artículo 155- todo parece indicar que el independentismo, muy mayoritariamente, no está por persistir en la vía de la desobediencia y la independencia unilateral. Ese es el momento en que se podría empezar a reconducir el proceso político catalán.
Pero afrontar el reto independentista y reconducir la situación creada en Cataluña solo será posible, de forma exitosa, si se afronta desde cimientos democráticos -jurídicos y políticos- indiscutiblemente sólidos. Solo así se podrá lograr el respaldo mayoritario de la opinión pública; no solo de la española sino, crecientemente, de la europea y, en cierta medida, de la internacional.
Aunque muchos quieran ignorarlo o lo miren con desprecio, ese es el terreno en el que España se juega, crecientemente, una credibilidad democrática intachable.
