Estrategias para el cambio: Experiencia y desafíos

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Nueva Tribuna, 27 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018

La lógica populista –antagonismo e idealismo voluntarista- ha sido relativamente funcional en la etapa precedente (2014/16) –no tanto en la anterior, 2008/14-, pero presenta mayores insuficiencias para abordar la etapa que comienza. En España, dadas las características específicas del movimiento popular era más adecuada que otros enfoques, particularmente frente al socioliberalismo y el determinismo economicista, para ese momento: enlazar con la amplia corriente social progresista (llámese sujeto o ‘pueblo’) contra los poderosos configurada en la fase anterior, así como para la tarea específica de articulación de una nueva representación política, conformar Podemos y los aliados y convergencias. No obstante, los mecanismos existentes y las tareas han cambiado, hay nuevos desafíos, y exigen madurar las estrategias y revisar críticamente esa teoría, tal como explico en el libro citado (texto completo: http://www.rebelion.org/docs/234831.pdf).

En la primera parte de este análisis explico la experiencia de la pugna sociopolítica para el cambio en España: los avances de las fuerzas del cambio; las correcciones estratégicas de la dirección de Podemos y sus aliados, y las dificultades para alianza de progreso de las fuerzas del cambio con el Partido Socialista, diferenciando los planos estatal y territorial. En la  segunda parte me centraré en los retos estratégicos para el cambio político: la configuración de una corriente sociopolítica progresista y alternativa, base social fundamental para el cambio, así como su relación con la representación político-institucional y la existencia en la sociedad española de energías transformadoras.

Los avances de las fuerzas del cambio

Los avances principales de las fuerzas del cambio no vienen derivados del enfoque populista sino del acierto analítico y político concreto de sus dirigentes, con influencias teóricas e ideológicas diversas, así como por la voluntad de cambio de miles de activistas.

Las fuerzas del cambio han conseguido objetivos fundamentales en la articulación de los tres ámbitos de institucionalidad: consolidar una amplia representación política en los tres niveles (local, autonómico y estatal), algo asimétrica territorialmente, pero con más del 20% del electorado; una gestión institucional hegemónica en varios de los grandes ayuntamiento del cambio, con lo que supone de mejora para el conjunto de la ciudadanía y como demostración de capacidad política y gestora, y una formación política, las llamadas fuerzas del cambio, Unidos Podemos y convergencias, junto con candidaturas municipalistas, sometida a un proceso complejo de articulación.

Esa dinámica del traslado del instrumento del avance para la sociedad hacia ese marco de delegación institucional, representativa y política, ha conllevado, de forma previsible, una cierta desactivación del campo específico de la participación activa en iniciativas sociales autónomas en el ámbito de la propia sociedad, el tejido asociativo o los movimientos sociales, incluido el sindical o laboral. Aunque se mantiene, especialmente en la mayoría de gente joven, una significativa conciencia cívica, la ola de preocupación por los asuntos públicos y su seguimiento, particularmente en las redes sociales (con menor impacto de los grandes conglomerados mediáticos). Sin embargo, el grueso de las aspiraciones y expectativas de cambio de esa amplia base social, con repercusión entre los sectores progresistas y el resto de la ciudadanía, han estado concentradas en la canalización institucional de la democracia representativa, con el largo ciclo electoral y la construcción de una nueva formación política con su reflejo en las instituciones políticas.

La importante marea cívica, expresada en el periodo anterior (2008/2010 hasta 2014), con la respuesta popular a la crisis sistémica y su gestión autoritaria y regresiva, de indignación cívica y protesta social progresista, junto con el bagaje sociopolítico y cultural democrático-igualitario de una amplia ciudadanía crítica, ha expresado los grandes avances y cambios en el marco político-institucional y, al mismo tiempo, los límites de su profundidad expansiva y transformadora.

Por tanto, con una relativa estabilidad de las tendencias sociales de fondo y los equilibrios representativos con sus condicionamientos, supone la necesidad de nuevos instrumentos político-institucionales para encarar el proceso siguiente: consolidar las fuerzas y los apoyos institucionales pero, sobre todo, conseguir un avance cualitativo en la capacidad política y organizativa de las fuerzas del cambio en las tres esferas. Estamos en un tercer ciclo de reajuste político-institucional, distinto a los dos anteriores, y diferente a la larga etapa democrática.

El horizonte del cambio está puesto, sobre todo, en el marco electoral o político-institucional de los años 2019 (elecciones locales, autonómicas y europeas) y 2020 (previsiblemente elecciones generales y expectativas de cambio gubernamental). Pero estos casi dos años de interregno pendiente son decisivos para encarar ese desafío. Lo específico es que el cambio institucional real (salvo una imprevisible moción de censura ganadora o una crisis política profunda por el asunto catalán) no es inminente y los mecanismos electorales se sitúan en el medio plazo. Y la acción política tiene que tener un doble sentido: inmediato, de condicionamiento de las políticas liberal-conservadoras y mejora de la situación de la gente, y a medio plazo, de camino persistente y garantías para el cambio institucional con un sentido democrático y de justicia social.

Correcciones estratégicas

En las estrategias políticas de Podemos y sus aliados se han ido produciendo correcciones, algunas significativas, derivadas del cambio de situación y la maduración de las propias estrategias, incluido el debate de Vistalegre II con sus relatos dispares. Por ejemplo, en la concreción del nivel de antagonismo o colaboración y la actitud ante el Partido Socialista, ya iniciado tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, donde se priorizó, por parte de las fuerzas del cambio y, en parte, por el propio PSOE, el objetivo de echar al PP de esas instituciones territoriales.

En Podemos y sus aliados se iniciaba un cambio de actitud general: admitir que, a corto-medio plazo, el cambio institucional y, específicamente, gubernamental para aplicar un programa de progreso, no era posible de forma generalizada solo por el propio autodesarrollo, sobre todo si el resto de los otros tres grandes partidos formaban un bloque continuista en las políticas fundamentales. Así, ha existido (y todavía existe) un riesgo evidente, el  proyecto continuista y la normalización de la primacía institucional de las derechas, con el aval socialista (el plan susanista y de los barones y poderes fácticos): la llamada triple alianza, con reedición de la alternancia bipartidista renovada y el aislamiento de las fuerzas del cambio y una alternativa de progreso.

Pero ese proyecto continuista ha salido tocado por dos motivos: por un lado, por la resistencia y la consolidación del bloque del cambio a pesar de las campañas políticas y mediáticas de desprestigio y acoso; por otro lado, por la rebelión de la mayoría de la militancia socialista partidaria del distanciamiento del Partido Socialista respecto del Partido Popular y el afianzamiento de una posición de izquierdas (por definir) y de acercamiento a Podemos y sus aliados (por concretar). No obstante, la nueva dirección socialista, con la crisis catalana, ha vuelto a priorizar su pacto con las derechas.

Por tanto, las fuerzas del cambio deben distinguir los dos niveles, territorial y estatal, porfiar en el distanciamiento del Partido Socialista del intento restaurador del bipartidismo renovado de simple alternancia y buscar fórmulas apropiadas para avanzar en la democracia y el progreso social con menor aislamiento político.

Cuando los líderes alternativos se encontraron con la hegemonía socialista en diversas Comunidades Autónomas, adoptaron con flexibilidad la prioridad estratégica del desalojo del PP con apoyos a la investidura socialista en varios gobiernos autonómicos, con acuerdos mínimos. E igualmente por la presión unitaria, tuvo que hacer el Partido Socialista para investir alcaldes alternativos en grandes municipios. En ese ámbito local, con competencias fundamentales de gestión de los servicios públicos, las constricciones y los compromisos socialistas respecto del poder establecido y sus políticas de austeridad eran menores y algo diferenciadas. Eso ha permitido acuerdos básicos de gobernabilidad frente a las derechas.

Igualmente, ante los resultados en las elecciones generales del 20-D-2015, los dirigentes y las bases de las fuerzas alternativas aceptaron el principio democrático de reconocer la representatividad de las dos formaciones y apoyaron la oferta de un gobierno alternativo de progreso, con un programa negociado y una gestión compartida, con la presidencia gubernamental del Secretario General del PSOE.

Dificultades para una alianza de progreso

Como se sabe, la nueva actitud colaborativa de Podemos y sus aliados solo fructificó parcialmente en el ámbito territorial pero no en el gubernamental. La causa principal de ese fracaso fue la preferencia del Partido Socialista por su pacto con Ciudadanos y un plan continuista que prolongaba las consecuencias de la crisis socioeconómica y el continuismo institucional y territorial. Además, llevaba aparejada la finalidad de la subordinación de las fuerzas del cambio y su marginación. Esa estrategia continuista, presentada como transversal entre el centro-izquierda y la derecha renovada, es la que no permitió echar al PP; tampoco tras el 26-J, en que Ciudadanos apostó claramente por el continuismo de Rajoy y sus políticas (similares a las de su pacto con el PSOE). Pero esta interpretación fue objeto de una gran polémica pública y el relato tergiversado que se impuso en los grandes medios de comunicación era otro: la causa era la actitud sectaria e irresponsable de la dirección de Podemos (particularmente, de Pablo Iglesias) hacia el Partido Socialista que impedía echar al PP del Gobierno.

Lo que se ventilaba era un reforzamiento del continuismo estratégico de las políticas socioeconómicas e institucionales, incluido el tema catalán que ha alcanzado un significado central, con perjuicio para las condiciones de la gente y el cierre de la dinámica de cambio; solo existía la ventaja relativa de un recambio o alternancia de élite gobernante, pero que buscaba la vuelta a un nuevo bipartidismo renovado. El fundamento alternativo se basaba en insistir en el emplazamiento hacia el Partido Socialista con el único plan realmente de cambio de progreso y ruptura con las políticas liberal conservadoras: un programa gubernamental compartido y negociado según el equilibrio político derivado del reconocimiento mutuo de la representatividad casi paritaria de ambas formaciones, sin la preponderancia de la alianza socialista con Ciudadanos. Se trataba de dejar abierto y vivo el proceso de cambio de progreso y la no subordinación completa de las fuerzas del cambio a ese eje hegemonista de gran centro con su plan continuista socioeconómico y de relaciones de poder en el marco del consenso liberal europeo.

En consecuencia, aparte de las deficiencias en aspectos parciales y en su implementación comunicativa, el análisis de las tendencias principales y la estrategia de conjunto de Unidos Podemos y convergencias, avalada muy mayoritariamente por sus bases inscritas, apuntaban adecuadamente. Aunque fue incomprendida por una parte de la gente progresista y motivo de una gran campaña mediática de aislamiento político, principalmente, del ámbito socialista, la firmeza en la orientación transformadora de las fuerzas del cambio y su consistencia política y organizativa, vistas en perspectiva, han dado sus frutos: han contribuido a evitar la consolidación de ese continuismo estratégico, impedir la normalización institucional de las derechas, superar el bipartidismo renovado con una simple alternancia y favorecer el giro hacia la izquierda de la militancia del Partido Socialista. Y todo ello ha permitido mantener abiertas las opciones del cambio real de progreso, beneficioso para las mayorías sociales, y ha impedido el aislamiento social de las fuerzas alternativas y su proyecto transformador autónomo.

La dirección del nuevo PSOE, en caso de confirmarse su giro hacia la izquierda y su preferencia de acuerdos con Unidos Podemos y convergencias, abría, inicialmente, nuevas expectativas para el cambio institucional, vía electoral y alianza de progreso, no exento de dificultades e insuficiente voluntad política. No obstante, esa expectativa se ha bloqueado por su actitud ‘uninacional’ y de apoyo a las medidas autoritarias del Gobierno de Rajoy ante la crisis catalana. En todo caso, superando el periodo involutivo de la Comisión gestora socialista, con su compromiso con la gobernabilidad del Partido Popular de Rajoy y su preferencia por los acuerdos con las derechas, vuelve a tener sentido la colaboración entre las fuerzas del cambio y un Partido Socialista renovado con el objetivo estratégico de desplazar la primacía gubernamental liberal conservadora y abrir un nuevo ciclo institucional de progreso con políticas favorables a la mayoría social.

En definitiva, el componente discursivo y la legitimación del nuevo liderazgo alternativo debían conectar con ese nuevo campo sociopolítico progresista y de izquierdas, adquirir suficiente credibilidad para conseguir su delegación representativa y aprovechar la oportunidad de un reequilibrio político-institucional. El haber conseguido dar un paso significativo en esa dirección es el extraordinario mérito de los líderes de las nuevas fuerzas del cambio, provenientes y enraizados en la protesta social de progreso y con un discurso alternativo y transformador en confrontación con los poderosos. Eran adecuados el enfoque de la polarización política (igualitaria y democrática) y una prioridad ambiciosa y voluntariosa de un nuevo discurso y liderazgo que conectasen con la realidad del conflicto sociopolítico y rellenasen el hueco de la orfandad representativa en el ámbito político-institucional.

Corriente sociopolítica y representación político-institucional

En esta segunda parte me centro en los retos estratégicos para el cambio político: la configuración de una corriente sociopolítica progresista y alternativa y su relación con la representación político-institucional.

Haciendo una metáfora, hay que clarificar el papel de cada uno de los dos elementos, aunque tenga efectos en la legitimidad mayor o menor de los liderazgos: lo que se había conformado era una ‘marea cívica’ frente a los poderosos con esos valores de fondo democrático-igualitarios, y lo adicional construido sobre esa corriente social ha sido una ‘tabla de surf’, representativa y delegada, sobre todo, para la gestión institucional, aunque imprescindible para la consolidación de esa capacidad articuladora de la dinámica sociopolítica de cambio.

Es importante este problema interpretativo de distinguir y valorar los dos componentes: corriente sociopolítica y representación político-institucional. No es secundario explicar y promover su interacción. Afecta, precisamente, a las tareas estratégicas actuales y cómo encararlas. Qué hacer y cómo para mantener, consolidar o ampliar el campo social y electoral (la marea, ahora más convertida en brisa marina aunque con corrientes de fondo) por una opción de cambio de progreso real o sustantivo. La marea, la dinámica sociopolítica de fondo de ese sujeto de cambio, con menor capacidad expresiva en el ámbito de la movilización social, está condicionada por diversos mecanismos estructurales, socioeconómicos, político-institucionales y culturales. Y, especialmente, está influida por las relaciones de fuerzas sociales y políticas, engarzadas en el poder y/o la sociedad. Y es el aspecto que no se suele tratar adecuadamente desde el enfoque populista. Es el principal déficit para comprender las características de la nueva etapa y elaborar una estrategia transformadora de ese doble plano: las tendencias sociopolíticas de fondo y la gestión representativa y de liderazgo.

La configuración de la formación política y su papel de refuerzo mutuo con su base social casi conformada es más fácil, al ser accesible a mecanismos internos, aunque precisa de otras características ideológicas y organizativas democráticas, realistas e integradoras. La articulación, ampliación y activación de una base social diversa y autónoma, un heterogéneo tejido asociativo o de agrupamiento laboral y sociocultural, compuestos e influidos por distintos actores y condicionamientos, es una tarea mucho más compleja y persistente. Tiene resultados netos inmediatos en experiencia sociopolítica, mejoras concretas para la gente y empoderamiento cívico. Pero, sobre todo, produce efectos políticos a medio plazo: participación en el proceso general de cambio social y político. Sin embargo, la conformación de un sujeto sociopolítico necesita una función estimuladora más sutil, permanente y mediadora.

El enfoque populista de líderes de Podemos (al igual que el de otras teorías del conflicto presentes entre las fuerzas del cambio) contenía elementos básicos (polarización y constructivismo) con componentes funcionales o positivos para esa tarea de conformar una alternativa política de cambio frente al continuismo liberal-conservador y el socioliberalismo adaptativo.

Pero, recordemos, el resultado específico de esta última etapa ha sido, sobre todo, construir una nueva representación político-institucional en un marco delimitado por la experiencia del movimiento popular en España en un contexto determinado. Y ha dado lo que ha dado en dos planos diferentes. Por un lado, el fin del cierre bipartidista y su normalización socioeconómica e institucional en torno a una gestión autoritaria y antisocial de la crisis sistémica. Es decir, se ha mantenido, con sus ritmos y condiciones específicos, la oportunidad de promover un ciclo transformador con el horizonte de justicia social y democratización institucional; ello en un difícil marco europeo de hegemonía liberal conservadora pero con nuevas dinámicas sociales y políticas democráticas y de izquierda renovada. Por otro lado, una significativa representación comprometida con el cambio sustantivo de progreso, constituida por Unidos Podemos, convergencias y candidaturas municipalistas, similar en su representatividad ciudadana a la del Partido Socialista, ahora con un nuevo proyecto (retórico) de ‘izquierdas’ y sin responsabilidades gubernamentales, o sea, con posibilidad de colaboración (nuevamente bloqueada por su apoyo al Gobierno de Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cesando al Govern y recortando el autogobierno catalán).

No obstante, es la dinámica de esas variables sociopolíticas y contextuales, en el marco del carácter de la gestión de la crisis sistémica y su evolución, así como la actitud de la ciudadanía activa, las que siguen conformando la corriente social de fondo. Y sobre esas mayorías sociales incide la acción política de las nuevas élites políticas del cambio, ya sea discursiva, de gestión institucional o de articulación asociativa y movilizadora.

La especialización representativa o gestora de las fuerzas alternativas puede dejar de lado la vinculación directa con la sociedad, considerarla pasiva o simplemente receptora de discurso y utilidad de la gestión de los servicios y prestaciones públicas (limitada todavía). O simplemente, resignarse, declararse impotente y sin competencias en esa tarea colectiva de activación cívica con otros actores sociales para ensanchar y consolidar la base social, el sujeto sociopolítico y la dinámica de cambio. El concepto de partido-movimiento parece que quiere significar la necesidad de la formación política, desde la autonomía de cada cual, de conexión con las dinámicas populares progresivas, la vinculación con el asociacionismo de base y el estímulo de la participación democrática y el empoderamiento cívico. Sin embargo,  todavía es algo impreciso y, sobre todo, necesita de experimentación práctica, arraigo entre la gente descontenta o crítica y persistencia.

El idealismo postmoderno, de revalorizar el impacto del discurso y el liderazgo, así como el posibilista institucionalismo elitista, infravaloran esa ardua tarea de arraigo social y activación cívica por abajo; se suelen quedar en un intento de legitimar su función representativa sin asegurar, práctica y teóricamente, los procesos de cambio. El impacto de esas insuficiencias es mayor en esta nueva fase al desactivarse los anteriores y amplios procesos participativos en la contienda sociopolítica y, al mismo tiempo, tener que abordar transformaciones simbólicas y estructurales de amplia repercusión ciudadana y respecto del poder. La no superación de esos límites de enfoque y perspectiva estratégica conlleva la incapacidad para interpretar adecuadamente, con rigor y desde un pensamiento crítico y realista, los factores favorables y desfavorables de la transformación social y política y la dificultad para definir las prioridades estratégicas. Conllevan la repercusión de deficiencias más ostentosas o desorientaciones en la acción política inmediata.

Existen energías transformadoras

No tienen fundamento los vaticinios o deseos divulgados en distintos ámbitos políticos y académicos de la disolución de esta dinámica de cambio progresista en sus dos vertientes: amplia corriente sociopolítica de fondo y relevante representación político-institucional. Infravaloran las causas estructurales, históricas y sociopolíticas de su aparición y consolidación en el nivel que ha alcanzado en España (y otros países del sur europeo e incluyendo Francia y Reino Unido): el importante rechazo cívico a una gestión autoritaria y antisocial de la crisis sistémica (socioeconómica, institucional y territorial) y la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la democratización política.

Igualmente, muchos medios resaltan en exceso la fragilidad, los errores y las insuficiencias de este conglomerado político, aventurando su agotamiento o explosión, cual burbuja coyuntural que va a explotar en cualquier momento, dejando vía libre al tradicional bipartidismo corregido. O bien, aseguran el fin del descontento popular y el éxito de la normalización o la hegemonía cultural y política liberal conservadora con el asentamiento institucional y el consentimiento popular a su gestión y su salida a la crisis sistémica, basada en el incremento de la desigualdad social y la subordinación de las mayorías ciudadanas. Su plan está basado en un modelo social regresivo, con pocos derechos sociales y laborales y precarizado, y un modelo político autoritario o de democracia débil, sin hueco para las fuerzas transformadoras progresistas y de izquierda de cierta relevancia e influencia.

Pero, los dos fenómenos juntos tienen suficiente solidez política y estructural para mantenerse, al menos en torno a los equilibrios actuales. El plan sistemático del poder establecido y sus aparatos mediáticos para reducirlos de forma prepotente ha fracasado en sus distintas fases y mecanismos desde el lejano 2010/2011. La dinámica del cambio se ha frenado de acuerdo a las relaciones de fuerzas en presencia. El problema a plantear y resolver es cómo romper el relativo estancamiento y statu quo en los equilibrios conseguidos y persistir en el horizonte de dar un paso cualitativo de apoyos sociales e influencia político-institucional tras los objetivos de un cambio sustantivo y de progreso en la gestión de la todavía persistente crisis sistémica. Para ello, para mejorar la práctica política, organizativa y de alianzas, hay que afinar la estrategia, los discursos y el liderazgo y, por tanto, los enfoques teóricos.

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Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de El populismo a debate.

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