eldiario.es, 6 de noviembre de 2018.
Hace veinte años, cuando la detención del general Pinochet en Londres abría el
difícil camino hacia la justicia universal, el benemérito Premio Nobel de la Paz Henry
Kissinger la definía como “un movimiento consistente en someter la política
internacional a procesos judiciales”. A quien había disfrutado del poder de mover como
peones políticos en el escenario internacional a genocidas y torturadores, le debía
parecer inadmisible, claro, el intento de someterlos a la “tiranía de los jueces”. Bajo el
pretexto de la realpolitik, a duras penas se escondía el proyecto real: mantener el ámbito
de la vieja razón de Estado fuera del alcance del funcionamiento de los principios
básicos del Estado de Derecho, nacido precisamente para eso, para asegurar el control
del ejercicio del poder y evitar su actuación impune.
