El País, 30 de octubre de 2019.
El pasado 21 de octubre, el máximo órgano de representación de mi universidad aprobó, en
sesión extraordinaria, un manifiesto de repulsa a la reciente sentencia judicial. El texto
acusa al Estado de haber forzado el ordenamiento jurídico, condena la violencia policial,
reclama la puesta en libertad de presos políticos y reivindica el derecho a la
autodeterminación del pueblo catalán. La Universidad, en cuanto espacio autónomo del
poder económico y político, de libertad de creación y pensamiento y de estímulo de
actitudes críticas, no tiene, reza el texto, margen para el silencio. El claustro de la
Universitat Autònoma de Barcelona después de largas exposiciones individuales aprobó el
texto, sin modificaciones, con 111 votos a favor, 24 en contra y 5 votos en blanco. No ha
sido un caso excepcional. La mayoría de las universidades públicas catalanas se han
adherido al manifiesto, con similar proporción de apoyos y rechazos y algunas con ciertas
variantes. La Universitat de Lleida, por ejemplo, adjuntó la declaración de personas non
gratas al rey Felipe VI, el juez Manuel Marchena y la delegada del Gobierno en Cataluña,
Teresa Cunillera.
