La prohibición de drogas, del tabú a la desobediencia
Hace cuarenta años que se inició la actual guerra contra las drogas. Ha sido un largo periodo en el que el discurso oficial ha casi monopolizado los mensajes acerca de las drogas. Este bombardeo ha hecho que parezca que las cosas siempre han sido así y, lo que es peor, que no pueden ser de otra manera. Es necesario recuperar la memoria histórica y recordar que las cosas fueron muy distintas no hace tanto. Sin embargo, el largo tiempo transcurrido hace que sea difícil aplicar sin más los modelos anteriores a la prohibición. Con los modelos parciales de legalización, como el caso holandés y suizo limitados al cannabis- sucede algo parecido: Son experiencias muy a tener en cuenta, especialmente para una posible fase de transición, pero no dejan de ser políticas basadas en la prohibición, y por tanto, llenas de limitaciones y contradicciones. En definitiva, no queda más remedio que inventar el nuevo modelo.
Lo primero es pensar a qué necesidades debe responder esta política, cómo garantizar los derechos y reducir al mínimo los daños, aumentando al máximo los efectos positivos de las drogas. No es un empeño fácil, pero tenemos una gran ventaja y es que hay gran cantidad de grupos en todo el mundo con la misma preocupación. Muchos de ellos nos hallamos agrupados, desde 1998, en la Coalición Internacional de ONGs por una Política de Drogas Justa y Eficaz, que reúne a colectivos de 25 países y cuatro continentes, y que incluye grupos de productores y consumidores de drogas ilegalizadas, colectivos dedicados a la prevención, a la asistencia y a la reducción de daños, grupos de defensa de los derechos humanos y un largo etcétera.
El pasado 26 de junio, coincidiendo con el 40º aniversario de la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, los miembros europeos de la Coalición presentaron públicamente un documento en el que se apuesta decididamente por el fin de la prohibición y se hacen una serie de propuestas concretas acerca de cómo deberían ser las cosas el día después, sin ofrecer fórmulas acabadas que, en opinión de la coalición, deben ser decididas por la ciudadanía de cada país. Por su interés, reproducimos a continuación la parte del documento en el que se plantean las metas de una política de drogas no prohibicionista y que proponemos como punto de partida:
«No proponemos un sistema específico para la regulación legal, porque pensamos que pueden concebirse diferentes sistemas que funcionarían mejor que la prohibición. El problema es recobrar la autoridad nacional para crear un sistema que no solo encaje en las relaciones internacionales, sino también en la cultura y la historia nacional.
Las metas de una política de drogas justa y eficaz deberían abordar los siguientes temas:
A. Promoción de la salud pública. Esto incluye:
1. Regulación adecuada de las condiciones del mercado, incluyendo métodos y puntos de distribución, edad de compra, control del precio a través de impuestos, etc.
2. Control de calidad desde la producción a la distribución.
3. Información exacta para cada persona interesada, sea joven o adulta.
4. Promoción del bienestar de los consumidores de drogas, incluyendo medidas para prevenir el sida/VIH, la hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sanguínea, acceso a todo tipo de tratamientos, etc.
5. Intervención médica limitada en principio a la asistencia voluntaria.
B. Protección de los derechos humanos y la seguridad de la comunidad. Esto incluye:
1. Protección de los derechos humanos y estímulo de actitudes responsables en lo referente a la producción o consumo de sustancias psicoactivas. Esto significa la no discriminación basada en el consumo, no-consumo o posesión de ciertas sustancias, y garantías para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en el diseño de políticas y programas que les conciernen.
2. Relaciones sostenibles entre productores y consumidores de drogas, sin la intervención de intermediarios poco escrupulosos.
3. Reducción de los delitos relacionados con las drogas mediante el control del precio. Amnistía y compensación de daños a todos los infractores no violentos que han violado otras leyes para conseguir dinero para comprar drogas.
4. Protección de los derechos del consumidor (precios razonables, niveles aceptables de calidad, información sobre los productos).
5. Protección de los derechos del productor (precios razonables, condiciones sostenibles para la producción, mecanismos de comercio justo).
6. Protección de grupos vulnerables a través del control de la venta y el precio.
Cada sociedad debe tener derecho a encontrar su propio camino hacia una política de drogas justa y compasiva, porque lo que funciona en una sociedad no necesariamente tiene que funcionar en otra. Sin embargo, todas las políticas de drogas deben basarse en el respeto a los derechos humanos básicos, tal como ha sido determinado en los acuerdos internacionales. Ninguna política de drogas puede aplicarse a costa de los derechos humanos.»
Hasta aquí el texto. Como vemos, esta idea de legalización está en las antípodas del proyecto neoliberal y entra en clara contradicción con la tan traída y llevada dinámica capitalista de acumulación de beneficio. De hecho, la aplicación de estos principios debería afectar también a la regulación del mercado de drogas legales, que ahora nos viene también impuesta y es fundamental a la hora de poder aplicar hasta el final una verdadera política de reducción de daños. Evidentemente, esto no es sino el deseo, los principios generales que luego debemos llevar a la práctica. Y eso es una tarea que debe llevarse a cabo en cada país, en cada pueblo. La cuestión es: ¿Cómo lo vamos a hacer en el nuestro?
¿Cómo se desmonta una prohibición?
Está claro que el mercado legal de drogas que nos gustaría es muy distinto del que plantearían, llegada la ocasión, las multinacionales farmacéuticas, por citar un caso. Tengamos presente también que, en el caso del estado español, hasta el gobierno del PP se está dando cuenta de que el cambio, en el caso del cannabis, podría no estar demasiado lejos. El hecho de que la mitad o más de los jóvenes (no solo en Hego Euskal Herria) consuma cannabis puede acabar por hacer inaplicable la legislación que persigue esta planta. Si no hacemos algo, alguien lo hará y no está de más recordar otro producto fumado, el tabaco, cuyo mayor peligro reside precisamente en su forma de producción y comercialización, los cigarrillos industriales. Si estamos -y así parece- a las puertas de una transformación social y normativa profunda que nos va a afectar, sería una irresponsabilidad no intentar que fuera lo más saludable, justa y democrática posible.
Por otra parte, la manera en que cambien las cosas va a influir decisivamente en la forma final de la regulación. El debate con las instituciones responsables de la política de drogas y la denuncia constante de las consecuencias de la misma son imprescindibles, pero insuficientes. Las instancias que podrían borrar de un plumazo la prohibición, muy lejanas, no van a hacerlo sencillamente porque les convenzamos de que tenemos razón. Nada es más difícil que convencer a alguien cuyo sueldo depende de no dejarse convencer. El camino es otro. La actualidad vasca nos ha ofrecido en las últimas semanas un ejemplo práctico a escala reducida: La prohibición del nudismo en la playa de Azkorri, en Getxo. Lo que ha hecho que la prohibición no funcione no ha sido que los naturistas tengan razón o no, que la tienen, sino el hecho de estar organizados, dar la cara públicamente e ignorar abiertamente la prohibición.
Evidentemente, las cosas son mucho más complicadas en el caso de las drogas ilegalizadas, sobre todo porque, a diferencia del nudismo, casi todas las conductas relacionadas con ellas están criminalizadas. Sin embargo, las experiencias de grupos como Euskal Maria Askatu!, Mari Taldea o Kalamudia (besarkada handi bat, Tximist!), especialmente las de este último (con dos plantaciones públicas de marihuana recolectadas sin problemas y la puesta en marcha de los primeros servicios de testado de drogas), muestran que cuando al menos una parte del colectivo afectado en este caso, consumidores de cannabis- responde a la prohibición organizándose, rompiendo la invisibilidad y ejerciendo sus derechos abiertamente hasta la desobediencia, se pueden lograr apoyos sociales amplios y avances reales a la hora de poder seguir ejerciendo esos derechos en el futuro. Las personas y grupos que sufrimos la prohibición no podemos esperar que nuestra situación mejore si la inhibición, las contradicciones internas y la pasividad siguen siendo la norma. La desobediencia ofrece una vía, aunque no la única, para salir de la eterna condena a la marginalidad que alguien nos impuso algún día.
Sin embargo, no podemos olvidar que, como dice el documento de la Coalición Internacional de ONGs citado arriba, «la regulación del mercado de sustancias que son actualmente ilícitas producirá, indudablemente, efectos no deseados». Se cita como ejemplo la reducción del cultivo de plantas ahora ilícitas, que pondría en riesgo los ingresos de muchas personas, sobre todo en países del Sur. En nuestro caso, tampoco deberíamos olvidar que la venta de drogas ilegales es en la Euskal Herria de hoy la principal, si no única, fuente de ingresos de cientos o quizá miles de personas, los trapitxeros, camellos o como queramos llamarlos, gente que ha arriesgado su libertad y hasta su vida (ya se ha hablado aquí sobre la pena de muerte de facto en las prisiones) para poder pagarse su propio consumo, las lentejas o las dos cosas -ambas legítimas-, en la clandestinidad, sin derechos y siendo blanco del desprecio, la sospecha y hasta la violencia de muchos. Entre ellos, como en todas partes, hay de todo, pero la mayoría son gente honrada que cuenta con la confianza de sus clientes y cuyos derechos también deben ser tenidos en cuenta, sobre todo porque su desobediencia ha permitido a muchos seguir ejerciendo nuestro derecho a la ebriedad en tiempos de caza de brujas. Tampoco es ninguna tontería la reconversión de los aparatos ahora destinados a mantener la prohibición, en parte porque muchos de ellos podrían servir para otros fines útiles y, sobre todo, porque algunos no se van a dejar quitar el sueldo o la subvención sin más y son capaces de montarnos otra prohibición sustitutoria (como la del cannabis cuando se abolió la Ley Seca).
En definitiva, ha llegado el momento de ir haciendo los primeros borradores de una nueva política de drogas, basada en la no-prohibición, el reconocimiento del derecho al uso de drogas y en la idea de la reducción de riesgos y daños. Y esos borradores, además de en el papel, habrá que ir creándolos y corrigiéndolos en la práctica, con o sin el permiso de la autoridad. Hay que ir discutiendo droga por droga (o al menos, por grupos coherentes de drogas) cómo abordar los problemas actuales, cómo superar las limitaciones del marco legal en cada una, cuáles serían las medidas de reducción de daños más urgentes y todo lo que se nos vaya ocurriendo. Pero eso, evidentemente, será en otra ocasión.