Agenda Pública / El País, 24 de enero de 2019.
Sumergidos como estamos en un sinfín de debates tremendistas sobre los enormes
desafíos socio-económicos a los que nos enfrentamos, a menudo se nos pasan por alto
necesidades que, no por poco novedosas, dejan de tener capital importancia. La
protección adecuada de la infancia y la adolescencia es un claro ejemplo. Somos
muchos los que nos hemos cansado de repetir en diversas publicaciones e
intervenciones públicas, así como en las redes sociales, que las políticas destinadas a
infancia y familia son las grandes olvidadas de nuestro Estado de Bienestar; y que
ello resulta no sólo poco equitativo, sino también sumamente ineficiente.
En este sentido, no cabe sino saludar con entusiasmo la creación, por parte del
Gobierno, de un Alto Comisionado dedicado a la lucha contra la pobreza infantil, que
en el poco tiempo que lleva operativo ha alcanzado logros como el compromiso
presupuestario de duplicar las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social
o, más en general, el de situar las políticas de protección a la infancia en un lugar
discursivo central de la agenda pública gubernamental, cuando hasta la fecha estas
políticas sólo habían cobrado cierta importancia en la actuación de alguna
Administración local como la de Barcelona.
