elDiario.es, 16 de septiembre de 2024.
El Congreso tramita una iniciativa legislativa popular para regularizar la situación administrativa de cientos de miles de personas que, según sus impulsores, supondría para las arcas del Estado entre 790 y 950 millones al año
Una de las dudas más dolorosas que atraviesan a las personas que inician un proceso migratorio es no saber si van a volver a ver a sus padres con vida. Más allá de cuestiones económicas, para muchas de ellas no tener papeles es un muro infranqueable que aviva esa posibilidad, ante el temor a no poder regresar al país de acogida. “Afortunadamente, pude ir a cogerles de la mano cuando murieron”, relata Vicky. Lo hizo gracias a la regularización extraordinaria que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2005. No fue un proceso sencillo, tampoco la panacea, pero a esta argentina que llegó a España en 2001, en pleno corralito, le permitió caminar por la calle sin temor a ser deportada. “El que no pasó por una situación de miedo a que te paren no sabe de qué estamos hablando”, asegura.
