Agenda Pública, 31 de enero de 2026.
Para Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en Instrategies, la regularización de 500.000 inmigrantes, lejos de ser un «efecto llamada», se trata una corrección urgente del mercado laboral. La también investigadora asociada GRITIM en la Universitat Pompeu Fabra analiza por qué sacar a estos trabajadores de la economía sumergida es vital para el sistema y cómo España debe marcar una excepción positiva frente al «modelo ICE» que se aplica en Estados Unidos.
Garantizar derechos a las personas es un indicador clave de la calidad democrática de una sociedad. Una regularización extraordinaria no es solo una medida administrativa, sino que supone el reconocimiento de derechos a personas extranjeras que viven en este país y que, precisamente por no «existir» jurídicamente, se ven sometidas a situaciones de explotación y vulnerabilidad. Una regularización supone una corrección a un sistema migratorio disfuncional, pero en tanto que reconoce derechos y establece obligaciones, tiene un valor intrínseco indiscutible, como bien apunta el profesor Javier de Lucas en esta opinión.
