Resulta difícil plantear en pocas páginas una serie de cuestiones en torno al régimen de Franco sobre las que historiadores, politólogos o juristas han escrito ríos de tinta. Como punto de partida, varias premisas. En primer lugar, el régimen empezó a configurarse como un nuevo Estado desde el momento en que el golpe militar fracasó. En segundo término, el franquismo nació con una voluntad de adanismo, de ahí la utilización de los términos Primer Año Triunfal, Segundo Año Triunfal o Año de la Victoria. Con esto lo que pretendía era una desvinculación de todo lo que había representado la Segunda República, aunque una parte de sus realizaciones las asumió con otros supuestos ideológicos. Además, el régimen tuvo unos claros apoyos sociales e institucionales vinculados a una concepción tradicional, católica y conservadora de la sociedad. Patria y religión católica conformaron lo que se conoció como nacionalcatolicismo.
            Cabe preguntarse sobre la legitimidad o la legalidad de ese nuevo Estado que empezó a gestarse durante la guerra. Para intentar responder, es preciso definir primero lo que se entiende por ambos conceptos. Desde el punto de vista de la ciencia política, la legitimidad es el ejercicio del poder sin tener que recurrir a la coacción. No prejuzga la bondad o maldad de un Gobierno, sino los mecanismos del poder ejercido sin violencia. En este sentido, no se puede hablar de legitimidad de la dictadura franquista, puesto que hasta el final utilizó mecanismos violentos para neutralizar a la oposición.
            El término legalidad es un principio fundamental del derecho político e implica el ejercicio del poder sustentado en normas jurídicas emanadas del órgano competente, el Parlamento en una democracia. Esto explica el hecho de que, desde el principio, Franco tratara de construir un Estado a partir de un complejo entramado legislativo y administrativo. Siempre consideró que su régimen era un Estado de derecho o legal, porque su sustrato eran las llamadas Leyes Fundamentales, que se promulgaron a lo largo de la vida de ese régimen como una especie de “Constitución abierta”. La primera, el Fuero del Trabajo, el 9 de marzo de 1938, y la última, la Ley Orgánica del Estado, el 1 de enero de 1967. Entre medias, la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley del Referéndum (1945), la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) y la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958).
Se ha escrito y debatido mucho sobre la naturaleza del franquismo: régimen fascista, dictadura totalitaria, régimen autoritario, de pluralismo limitado, sin una ideología elaborada... Quizás, quien mejor lo caracterizó fue, paradójicamente, Manuel Azaña cuando escribía en el año 1937: «En España puede haber fascistas, pero nunca habrá un régimen fascista. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica, de tipo español y tradicional. Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar, por ese lado el país no da para otra cosa».
            A nuestro juicio, el régimen fue una dictadura militar de carácter tradicional. Los cambios en la situación internacional y su repercusión en España le obligaron a ir introduciendo progresivas modificaciones, pero los principios fundamentales que estuvieron en la base de su creación, ese inmovilismo político del que tanto se ha hablado, se mantuvieron hasta el final. De forma paralela, la sociedad fue cambiando, sobre todo desde mediados de los años cincuenta. En las páginas que siguen voy a tratar de explicar, de manera breve, ese proceso.
            Los militares que organizaron el alzamiento no se sublevaron en un primer momento contra la República, sino contra un régimen y un Gobierno que, a su juicio, había provocado el caos y la división del país. Contaron con el apoyo de unos elementos civiles, unas clases sociales conservadoras, tradicionales, agrarias, que, desde que se proclamó la República, en abril de 1931, hicieron todo lo posible por obstaculizar las reformas que se trataban de poner en marcha y provocar una caída del régimen.
Las izquierdas, por su parte, sobre todo las sindicales obreras, consideraban que las reformas iban demasiado despacio. La conjunción republicano-socialista, durante el llamado Primer Bienio, trató de poner en marcha un programa de reformas que afectaba a todos los sectores sociales. Hubo una legislación prolija, pero faltó tiempo; en dos años no se podía modificar una situación que venía de mucho tiempo atrás y menos aún las mentalidades.
            A mediados de 1933 las organizaciones obreras y los partidos políticos más radicales ya hablaban de revolución social  mientras que la derecha más reaccionaria empezaba a predicar la contrarrevolución para lograr “la conquista del Estado”. Esa contrarrevolución implicaba la destrucción del régimen republicano y su sustitución por otra forma de organización del Estado que tenía que ser “nueva”, aunque las distintas fuerzas sociales que lo apoyaban no se ponían de acuerdo en cómo debía ser.
El golpe de Estado fracasó, pero la ayuda que, desde un primer momento, dieron Italia y Alemania a las fuerzas que se habían sublevado, llevó a una guerra civil que duró tres largos años. Conforme se producía el avance de los frentes y la evolución de la guerra se decantaba en favor de los nacionales, se fue prefigurando lo que sería el Estado franquista a partir de abril de 1939.
            En primer lugar se constituyó, en la temprana fecha de 24 de julio, una Junta de Defensa Nacional integrada por militares, sin significación política, que debía coordinar las operaciones militares y representar al país ante el exterior. La ineficacia de esta Junta, al frente de la cual estaba el general Miguel Cabanellas, llevó a la idea de que para ganar la guerra era necesario un mando único. Así, un decreto de 29 de septiembre de 1936 nombraba al general Franco jefe del Gobierno y del Estado español y Generalísimo de los tres ejércitos. Este nombramiento, esta asunción en su persona de la Jefatura del Estado y de la del Gobierno la mantendría hasta 1973, en que fue nombrado jefe del Gobierno Luis Carrero Blanco.
            Franco era profundamente antiliberal y creía que todos los males del país se debían a los políticos liberales, a los masones, a los comunistas. Para él todos eran iguales. No creía en el pluripartidismo, y ante las pretensiones de poder de Falange y, por otra parte, antes las exigencias de los monárquicos que le habían apoyado (alfonsinos y carlistas), dio un golpe de efecto con el Decreto de Unificación de abril de 1937 por el que se creaba el partido FET y de las JONS, que integraba a Falange Española, a los monárquicos tradicionalistas (carlistas) y a las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo). Esta amalgama constituyó lo que se conocería como Movimiento Nacional.
            Un nuevo paso en la institucionalización del régimen fue la creación de la Junta Técnica del Estado el 1 de octubre, integrada por un presidente y una serie de secciones, a modo de incipientes departamentos ministeriales, pero sin el complejo funcionamiento burocrático de éstos. Como presidente de la Junta Técnica se nombró al general Fidel Dávila, el cual estaba obligado a someter todos “sus dictámenes” a la aprobación del jefe del Estado.
            La Junta Técnica se concibió con un carácter provisional y al “servicio de la guerra”. La evolución de ésta, claramente favorable a los nacionales, hizo ver la necesidad de constituir un verdadero Gobierno. Por Ley de 30 de enero de 1938 se estructuraba la Administración central del Estado en departamentos ministeriales. Esta organización  no prejuzgaba “una definitiva forma de Estado”, pero debía permitir una obra de gobierno “estable, ordenada y eficaz”, sujeta en todo momento a “la constante influencia del Movimiento Nacional”. La composición del que fue el primer Gobierno de Burgos reflejó las distintas tendencias que habían apoyado a los militares: Falange, las JONS, los carlistas y la Iglesia, que no dudó en considerar la guerra como guerra de Cruzada. 
Sin entrar en el análisis de la labor legislativa y administrativa de este Gobierno, sí hay que destacar que, en marzo de 1938, se promulgó la primera Ley Fundamental, el Fuero del Trabajo, de corte claramente fascista e inspirada en la Carta del Lavoro que había promulgado Mussolini en Italia, en 1927.
            El final de la guerra supuso la rendición total de los vencidos. Franco no aceptó que hubiera ningún tipo de amnistía. Por ello, los años cuarenta fueron años no sólo de gran penuria económica, sino también de una fuerte represión contra aquéllos.
            Pocos meses después de finalizada la Guerra Civil se inició la Segunda Guerra Mundial, ante la que Franco iba a posicionarse con una actitud neutral. En esos momentos el país no estaba en condiciones de afrontar otra guerra. Había sufrido una fuerte sangría demográfica y la mitad del país estaba totalmente destruido. La situación económica era muy difícil y había un control, un miedo, un cansancio muy fuerte; lo que contribuía a hacer inviable la entrada de España en la guerra. Aunque bien es cierto que Falange y un grupo de personas afines al Gobierno, encabezadas por el ministro de Asuntos Exteriores nombrado en 1940, Ramón Serrano Súñer, abogaban por que España tomara una actitud beligerante y participara de alguna manera en la contienda junto a los países del Eje. Esta contribución se hizo efectiva con el envío, en el año 1941, de la División Azul a la Unión Soviética; decisión rodeada de polémica porque había sectores dentro del régimen contrarios a esa participación. En septiembre de 1942, Gómez Jordana sustituyó a Serrano Súñer en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La invasión del norte de África por los aliados dio un giro a la guerra, y también a la política exterior de Franco, que abandonó la idea de la participación española y adoptó de nuevo una actitud neutral en 1943.
            Mientras tanto, en el orden interno, con el Decreto de creación de las Cortes en 1942, se  prosiguió  el proceso de institucionalización, y con ello se caminaba hacia un aspecto muy sui géneris del régimen de Franco que es lo que se conocerá como democracia orgánica, representativa, pero no participativa. Se mejoró la imagen con la recuperación de las Cortes, pero no tenía por sí misma potestad legislativa. Estaba integrada por los procuradores, que eran designados por Franco, o elegidos mediante sufragio orgánico corporativo, por lo que tenían una independencia muy limitada y un papel político irrelevante. En su composición, estas Cortes simbolizaban los pilares del régimen:  familia, municipio y sindicatos.
            En la Carta del Atlántico del año 1941, los aliados habían manifestado que los pueblos tenían derecho de elegir a sus propios gobernantes. Cuando terminó la guerra, Franco y su régimen fueron condenados por su colaboración con los países del Eje y se le negó la entrada en la ONU. A lo largo de 1946, se debatió en este organismo la llamada cuestión española, a instancias de los países del Este, incitados por la Unión Soviética. En la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1946 se condenó moralmente el franquismo y se recomendó la retirada de las representaciones diplomáticas acreditadas en España, pero no se tomaron medidas económicas que pudieran hacer peligrar el régimen.
            Desde un punto de vista estratégico, España se situaba dentro del bloque occidental, y en esa división del mundo que se produjo con el inicio de la guerra fría, el país quedó dentro de la órbita de los Estados Unidos. En un nivel internacional, Franco no planteaba ningún problema. El propio Churchill había dicho al presidente americano Truman que no le importaba tener un dictador en España como Franco, profundamente anticomunista y católico.
            Además, hay otro aspecto que se debe tener en cuenta. Cuando estalló la Guerra Civil, el heredero del rey Alfonso XIII, Don Juan de Borbón, se ofreció a Franco para alistarse en las filas de los nacionalistas, pero éste no aceptó porque, según le dijo, estaba designado para más altos destinos. Durante la Segunda Guerra Mundial,  Don Juan residió con su familia en Lausanne y fue aquí donde promulgó, en 1945, un Manifiesto en el que se desmarcaba del régimen de Franco, a la vez que pedía a los aliados que apoyasen la monarquía representada en su persona. Lo que consiguió con esto fue que Franco le descartara de la línea sucesoria.
            Las medidas que empezaron a tomarse tras el final de la Segunda Guerra Mundial daban la sensación de que el régimen iniciaba un tímido proceso de cambio. En una situación de guerra fría, Estados Unidos presionó a los países bajo su influencia y a los organismos internacionales para que fueran aceptando a Franco. Es cierto que el régimen no se benefició de las ayudas que concedieron los americanos para la reconstrucción de Europa, lo que se denominó el Plan Marshall, pero, desde 1949, Estados Unidos empezó a mandar dinero a Franco con el fin de ayudar a la reconstrucción del país. A cambio le pedía que abandonase el modelo de economía autárquica y diera los pasos precisos para su liberalización.
            Los años cincuenta fueron años de inflexión en los cuales se produjeron los primeros movimientos huelguísticos que tuvieron una cierta trascendencia. A mediados de la década se inició el posicionamiento de los estudiantes contra el régimen. Eran hijos de los vencedores que adoptaban actitudes críticas ante la educación recibida y lo que sus padres les habían transmitido. Curiosamente, Franco había tratado de  legitimar su régimen mediante la educación de las jóvenes generaciones, y si bien una parte respondieron a ese deseo, otra se volvió en contra de él.
            En 1953 se firmaron el Concordato con el Vaticano y los acuerdos con Estados Unidos que significaban la formalización del apoyo americano, a cambio de, entre otras cosas, aceptar la instalación de bases militares en suelo peninsular. Por otra parte, España empezó a incorporarse a una serie de organismos internacionales, entre ellos a la ONU, en 1955.
            A la altura de 1957 la situación económica era crítica, y aunque Franco se mostraba contrario, se empezaron a tomar las primeras medidas liberalizadoras que culminaron en el Plan de Estabilización de julio de 1959.
            Los años sesenta fueron los del desarrollismo. España se benefició de una situación muy favorable. Europa se estaba reconstruyendo y necesitaba mano de obra. La emigración de españoles a Europa aminoró los costes sociales que produjo la puesta en marcha del Plan de Estabilización. Este tipo de emigración fue diferente a la que se había desplazado al continente americano en el primer tercio del siglo. El régimen de Franco firmó convenios bilaterales con distintos países como Alemania, Francia, Suiza o Bélgica para regular la emigración, que se concebía, tanto por el país de origen como por el receptor, con una carácter temporal. El emigrante iba a trabajar  tres o cuatro años, durante los cuales mandaba divisas a España que venían muy bien para equilibrar la balanza de pagos.
            El 1 de enero de 1967, con un Gobierno de tecnócratas apoyados por el Opus Dei, se promulgó la Ley Orgánica del Estado por la que el jefe del Estado se sometía, por primera vez, a la terna que el Consejo le propusiera para designar presidente de Gobierno. Esto se llevó a efecto en 1973, cuando se nombró presidente de Gobierno a Luis Carrero Blanco. En este mismo año tuvo lugar la primera crisis del petróleo que provocó un retorno masivo de emigrantes. No obstante, el desarrollo económico de los años sesenta había propiciado la aparición  de una clase media que facilitaría el proceso de transición a la democracia tras la muerte de Franco. 
            En el proceso de institucionalización del Estado, el 22 de julio de 1969, las Cortes proclamaron sucesor a título de Rey al hijo de Don Juan, que, por expreso deseo de Franco, se había educado en España. El príncipe Don Juan Carlos juró «lealtad a su excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino». Tras este juramento, el príncipe pronunció un discurso en el que manifestaba lo siguiente: «Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para que nuestra patria encauzase su nuevo destino».
            Esta instauración de la Monarquía por parte de Franco en la persona del príncipe Juan Carlos hizo inviable lo que una parte de la oposición política al régimen pedía: la celebración de un referéndum tras la desaparición de Franco, convocado por un Gobierno provisional, con objeto de que el pueblo español, en el uso del derecho de la soberanía nacional, expresara libremente la forma de régimen que quería. La reforma que se pactó entre el Gobierno de Adolfo Suárez y los representantes de la oposición política supuso la aceptación sin cuestionamiento de la Monarquía como régimen y el desmantelamiento paulatino del entramado institucional franquista.
            Antes de terminar quiero insistir en un aspecto que, en los últimos años, está siendo objeto de atención creciente por parte de los historiadores: los apoyos sociales del régimen. Los militares que se alzaron contra la República contaron con el apoyo no sólo de la oligarquía agraria, industrial y financiera, sino también de sectores más o menos amplios de las clases medias y populares y, sobre todo, del campesinado, del pequeño propietario agrícola.
            De esta manera, muchos cargos de las administraciones locales y provinciales del nuevo régimen fueron ocupados por personas que durante la República estuvieron vinculadas a la derecha católica posibilista de la CEDA o simpatizaron con ella, los sindicatos agrarios católicos, las organizaciones corporativistas, monárquicas o tradicionalistas, al igual que con el partido de Falange, atraídos en este caso por el proceso de facistización que se produjo en Europa en el periodo de entreguerras.
A este apoyo de amplios sectores sociales, hay que sumar la fuerte represión ejercida por el régimen contra los vencidos, la representación desde el poder de una República identificada con el caos, la violencia y la ruptura de la unidad de España que caló hondo en el imaginario colectivo; una coyuntura internacional que indudablemente le benefició, así como las divisiones políticas en el seno de una izquierda que no acababa de aceptar sus responsabilidades en la derrota sufrida; todo ello son factores, entre otros, que contribuyen a explicar la permanencia de un régimen que construyó su propia legalidad a lo largo de cuatro décadas.

Alicia Alted Vigil es profesora titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

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