Antonio Antón
El retroceso de los salarios
(Página Abierta, 191, abril de 2008)
En la última década el peso de los salarios ha disminuido su porcentaje respecto del conjunto de la renta nacional. Desde el año 1996 se produce, primero, un estancamiento hasta 1998 y, posteriormente, un descenso progresivo. Los salarios pasan de representar un 49,6% del total de la renta nacional, en ese año 1996, hasta el 46,4% en el año 2006, con una disminución acumulada de 3,2 puntos porcentuales. También se observa que los descensos más pronunciados se producen entre los años 2001 y 2006, en torno a una media de 0,5 puntos de reducción salarial anual. Ese medio punto supone una disminución anual de 1.310 millones de euros menos para el conjunto de la población asalariada, transferida a las otras rentas. Igualmente, el salario medio en España, en los últimos diez años, ha bajado un 4%, en términos reales.
Por otra parte, se comprueba que los excedentes o beneficios empresariales y del capital, inicialmente, disminuyeron su porcentaje respecto del conjunto del PIB, desde el 41,8%, en 1996, hasta el 40,3% en 1998, aunque después han ido aumentado su peso hasta el 42,1% en el año 2006.
En relación con el porcentaje de los impuestos, se observa, primero, su aumento en los primeros años, desde el 8,6% del año 1996 al 10,0% del año 1999; segundo, su reducción significativa durante los tres años posteriores, derivada de la reforma fiscal del PP; y tercero, su incremento significativo hasta el 11,5% del año 2006, por el importante crecimiento económico y del consumo. Esta tendencia no se ha modificado en los dos primeros años –con datos disponibles– de la legislatura del Gobierno del PSOE, respecto de los ocho años de las legislaturas del Gobierno del PP.
Históricamente, ha habido tres fases en la evolución de la capacidad adquisitiva de los salarios y de su papel respecto al PIB. En la primera, entre los años 1978 y 1986, se produjo una pérdida global de su poder adquisitivo de 21 puntos (con una inflación total de 131,4%, los salarios pactados subieron sólo el 109,7%). En la segunda fase, entre los años 1987 y 1995, la negociación colectiva adquirió un mayor dinamismo y los salarios aumentaron su poder adquisitivo por encima de la inflación. Coincide con una etapa de mayor confrontación sindical por el “giro social” y de más aproximación al nivel de gasto social de la UE. En esta tercera fase los salarios han vuelto a retroceder (1), y se ha reducido el gasto social sobre el PIB, manteniendo la distancia de siete puntos respecto de la media de la UE-15.
Según datos de la UE, en España, la participación de los ingresos laborales (2) en el PIB ha pasado del máximo del 67,9%, en el año 1976, al mínimo del 54,5% en el año 2006. Este proceso de disminución del peso de las remuneraciones laborales también es similar a la media de la UE, que ha pasado desde un máximo del 69,9%, en el año 1975, al mínimo del 57,8% en el año 2006. Aunque el porcentaje de los sueldos en España es tres puntos inferior a la media europea. De los países de la UE-15, sólo Italia, Irlanda, Finlandia y Luxemburgo están por debajo de España.
No obstante, las rentas familiares se han incrementado por la expansión del empleo y la revalorización de las viviendas. El freno de estos elementos es el que ha causado la alarma actual. El aumento del paro y la inflación, junto con la crisis inmobiliaria, aventuran mayor gravedad a los efectos de la moderación salarial.
Los efectos del retroceso salarial
Este retroceso de los salarios y, más en general, de las condiciones laborales reproduce y amplía la desigualdad del mercado de trabajo, al afectar más a las clases bajas (42,7%) y medio-bajas (30,8%). Los últimos datos publicados de la Encuesta de Estructura Salarial del año 2005, sobre los salarios del conjunto de asalariados, incluido a tiempo parcial, se reflejan en la tabla 2, donde se observa esa estratificación (3). El salario medio es de 18.677 euros anuales (1.334 en 14 pagas), el de los hombres 21.094 euros y el de las mujeres 15.295 euros (el 72,5% del de los varones). Igualmente, en los años anteriores, también se refleja la moderación salarial y su distribución desigual por categoría social, sexo y edad (4).
Esta dinámica obedece a diversas causas. En primer lugar, al aumento del poder empresarial en las relaciones laborales, avalado por la normativa y la acción gubernamental. En ello intervienen los procesos de globalización económica, con la presión a la baja de esas condiciones laborales derivada de la competencia internacional de países con costes laborales más bajos, y el mayor papel de las nuevas tecnologías, con una mayor rentabilidad para las inversiones de capital. Aparte de esos dos factores, el componente clave, utilizado por los empresarios para imponer esa redistribución de la renta más favorable para ellos, es la situación de precariedad, fragmentación e indefensión de las clases trabajadoras.
En segundo lugar, está condicionando la debilidad del movimiento sindical y, específicamente, la poca capacidad de la negociación colectiva para encarar esta situación. En particular, representa un fracaso de la estrategia sindical dominante estos años, enmarcada en los Acuerdos para la Negociación Colectiva –ANC– (5).
En esta legislatura se firmó el ANC de 2005, prorrogado en 2006, y otro similar en 2007, prorrogado para el año 2008. Los aumentos salariales se han basado en el criterio reivindicativo del 2% (inflación prevista oficialmente), junto con la posibilidad de negociar un 1% más derivado del crecimiento de la productividad. Sólo una parte de convenios tienen garantías de recuperación de toda o parte de la desviación salarial hasta el IPC real de cada fin de año, que ha estado muy por encima de ese índice. Estos acuerdos han consolidado la moderación salarial y no han facilitado mejoras de poder adquisitivo en los convenios colectivos.
Con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el aumento salarial pactado en el año 2007 es el 2,9%. El IPC a fin de ese año ha sido el 4,2%. Con esta última referencia, los salarios pierden poder adquisitivo y el incremento de la productividad va a parar totalmente a los empresarios. Además, al aumentar la proporción de personas adscritas a convenios con bajos salarios respecto de las que trabajan en grandes empresas o sectores con salarios más altos, se consolida la disminución de los salarios medios y del peso de los ingresos laborales en el conjunto del PIB.
Por otra parte, el simple “mantenimiento” del poder adquisitivo puede no ser muy problemático para los segmentos de mayor cualificación y nivel salarial, pero es insuficiente para la mayoría de trabajadores y trabajadoras de bajos salarios. Y hace especialmente vulnerables a la mayoría de jóvenes que tienen que afrontar su emancipación con un alto precio de la vivienda; a gran parte de mujeres, más discriminadas en el mercado de trabajo, y al grueso de inmigrantes. Esta situación se agrava ante el nuevo aumento del desempleo.
Los sindicatos tratan de introducir otros elementos en la negociación –reducción de jornada, garantías en la contratación, aplicación de la ley de igualdad, salud laboral, otros derechos laborales y sindicales–, y en los convenios colectivos se reflejan referencias a ellos, pero los avances reales son muy limitados y parciales.
Por tanto, se está produciendo una transferencia de rentas hacia empresarios y rentas del capital –e impuestos–. A pesar de la situación de gran crecimiento económico, de aumento de la tarta de la riqueza, ese marco de acuerdos globales y de poco dinamismo de negociación colectiva tampoco está ayudando a mejorar el poder adquisitivo de la población trabajadora. Los efectos de la moderación salarial y su persistencia hacen perder legitimidad a esas políticas y se puede abrir el campo para la demanda de una distribución de las rentas menos desigual.
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(1) En el año 1980 los salarios representaban en España el 53% del PIB, el excedente empresarial el 40% y los impuestos el 7%. En la década de los ochenta fueron bajando hasta el 47%; entre los años 1985 y 1987 fueron ascendiendo, pasando en el año 1990 al 50% y llegando al máximo del 52% en los años 1992 y 1993; y, desde entonces, nuevamente empezaron a disminuir.
(2) En este informe de la Comisión Europea, de noviembre de 2007, se manejan, además de las rentas salariales, la remuneración de autónomos y profesionales.
(3) La distribución en euros es la siguiente: hasta un salario mínimo interprofesional –SMI– (7.182 euros anuales), 8,4%; entre uno y dos SMI (14.364 euros), 34,3%; entre dos y tres SMI (21.546 euros), 30,8%; entre tres y cuatro SMI (28.728 euros), 12,5%; entre cuatro y cinco SMI (35.910 euros), 6,8%, y más de cinco SMI, 7,1%. Según el nivel de ocupaciones, el nivel alto cobra una media de 29.318 euros, el nivel medio 15.968 euros y el nivel bajo 14.996 euros. El SMI sólo lo cobran el 2,9% de trabajadores a tiempo completo.
(4) Según la Encuesta de Estructura Salarial de 2002 (MTAS), el salario medio en España era de 19.806 euros anuales. La media de varones recibía 22.169 euros y de mujeres 15.767 euros (71,1%). Las desigualdades son importantes: el 10% superior cobraba 34.727 euros, y el 10% inferior 8.481 euros (una proporción de cuatro a uno). Además, el 60% estaba por debajo de 15.830 euros (en 14 pagas, 1.130 euros brutos, o bien 890 euros netos –deducidos el IRPF y las cotizaciones sociales–). Por edades, los jóvenes, de 16 a 19 años, recibían 9.686 euros; de 20 a 24 años, 12.107 euros, y de 25 a 29 años, 15.595 euros. De acuerdo con la Encuesta de la Estructura Salarial del año 2004 (MTAS), el salario medio era de 18.182 euros. Si a ese descenso del 8% respecto del año 2002 le sumamos la inflación, el salario medio ha perdido, entre esos dos años, en torno al 14% de su poder adquisitivo. Por otra parte, los indefinidos cobraban 21.105 euros de media y los temporales 13.803 euros (65%). En el año 2005 el salario medio, nominalmente, ha subido un 2,7% y, descontada la inflación del 3,7%, supone una pérdida de un punto del poder adquisitivo.
(5) Los ANC se iniciaron en el año 2002, en una situación defensiva de los sindicatos ante la amenaza del Gobierno del PP de imponer una reforma drástica de la normativa sobre la negociación colectiva. Ante la fuerte oposición sindical, esa reforma se frenó, pero se siguió con los ANC y la poca conflictividad laboral.