Antonio Antón
El déficit de gasto social y la política del Gobierno
(Página Abierta, 171, junio de 2006)

            En este texto se analiza el atraso y el déficit de gasto social que tiene España en relación con la media de la Unión Europea. Con esa perspectiva comparativa e histórica, se explica el alcance de la política social del Gobierno del PSOE, desde sus implicaciones presupuestarias. De este análisis se concluye que el incremento del gasto social es muy limitado, persisten importantes necesidades sociales sin cubrir y se mantiene la distancia con la media europea.
            El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de hablar del gasto social del Estado español es el análisis de algunos datos comparativos sobre ello entre España y la Unión Europea (UE) (1). Veamos algunos datos globales.
            En la tabla 1 se señala la evolución del gasto social en España y la UE –la media de los quince países–. En ella se detalla el esfuerzo significativo español entre los años 1977 a 1980, derivado de los condicionamientos de la transición democrática en España, y también la diferencia sustancial con la UE y el relativo estancamiento del gasto español en los últimos veinte años, de 1980 a 2000, en los que las diferencias con la UE se amplían de cinco puntos en 1980 a siete puntos en 2000.
            En la tabla 2 se explica la evolución comparativa del crecimiento del gasto social en España y la UE, en unidades de paridad de compra por habitante, distinguiendo tres periodos. Se descubre que en el periodo de 1980 a 1986 el crecimiento es similar. En el periodo de 1987 a 1993 existe un importante crecimiento en España, con una diferencia de más de 12,5 puntos con respecto a la UE, produciéndose un acercamiento a sus niveles medios. Sin embargo, en el periodo de 1994 a 2000 se produce en España una disminución de ese crecimiento, mientras en la UE crece 8,2 puntos más. Por ello, el gasto social en España vuelve a estar en una mayor desventaja con respecto a la UE.
            Por último, la tabla 3 detalla los datos de los ingresos para protección social en España y la UE–15 (% del PIB). El esfuerzo conjunto de los ingresos de empleadores, trabajadores y la Administración pública es menor en España que en la UE. Además, en estos veinte años el esfuerzo español, comparativamente, crece menos que el europeo, con lo que aumenta la diferencia hasta 7,2 puntos. Ello supone que en el año 2000 los ingresos fiscales en España, para alcanzar los niveles medios de la UE, deberían crecer un 35%.
            Las causas del relativo atraso de la protección social en España son varias: la posición económica relativa intermedia y no central con respecto a la economía de los países principales de la UE; las circunstancias históricas, derivadas de la situación del régimen franquista en España, con una política social raquítica, precisamente, en la época de la expansión económica en la UE, con el modelo keynesiano y el Estado de bienestar; la debilidad estructural de la izquierda y el movimiento sindical para imponer un modelo de bienestar como el de las sociedades avanzadas en Europa. En este sentido, hay que recordar dos momentos clave en la historia española en los que se notan otros factores sociopolíticos y de presión sindical hacia el aumento del gasto social.
            El primero es la transición política a la democracia (1976-1979). Las prioridades son políticas –asentamiento de las libertades políticas y de la democracia, reconocimiento de los sindicatos– y de estabilización económica –Pactos de La Moncloa–. En ese momento existía un gran atraso salarial y se había producido una masiva industrialización y urbanización, un alto crecimiento económico y una ampliación de la población ocupada. Esos factores estructurales, junto con la presión social y los riesgos de inestabilidad política, hacen que en los últimos años del franquismo, y en esos años de la transición democrática, se produzca un aumento significativo del gasto en protección social y un pequeño acercamiento a la media europea.
            El segundo momento es el periodo de 1987 a 1993, donde se produce una etapa de fuerte presión sindical por el giro social, en torno a la huelga general del 14 de diciembre de 1988 –junto a las de 1985, 1992 y 1994– y los acuerdos posteriores entre sindicatos y Gobierno. A finales de los ochenta se produce un fuerte crecimiento económico. Es un periodo de importante incremento del gasto social en España y del máximo acercamiento a la media de la UE. La conclusión es clara: en toda la etapa democrática, sólo en el momento del 14 de diciembre de 1988 se generó un aumento significativo del gasto social en España. Pero rápidamente se neutralizó. En definitiva, la izquierda social y la presión popular no han conseguido el giro social en España y el acercamiento a la media europea. Esto es especialmente relevante en los últimos diez años, en los que el crecimiento económico español ha sido muy superior a la media europea, pero que no ha revertido en una mejor redistribución ni en el aumento proporcional del gasto social.
            Por otra parte, como se ve, los periodos de 1980 a 1986 y, especialmente, el periodo actual desde 1994, constituyen una desaceleración del crecimiento del gasto social e incluso un aumento de la desventaja con la media de la UE. Las condiciones sociopolíticas españolas y las políticas públicas y de concertación social en este periodo no han permitido el acercamiento con respecto a la media de la UE en las políticas sociales y de bienestar.
            Hay que constatar que el crecimiento en pensiones es mayor, ya que está derivado de los derechos adquiridos y universales. Así, a pesar de la racionalización del gasto –un recorte medio de un 8,1% de las pensiones futuras– que se produce tras el Pacto de Toledo sobre las pensiones (1996), el volumen total del gasto sigue aumentando. Mientras tanto, el crecimiento de otros gastos sociales, derivados de decisiones presupuestarias anuales –sanidad, enseñanza–, es más fácil de congelar.
            En definitiva, aparecen claros déficit en el gasto social en España. Héctor Maravall (2003), de CC OO, señala como ámbitos prioritarios el apoyo a la familia, la exclusión social, la vivienda social y la ayuda a la dependencia. Sin embargo, los límites afectan también a los pilares básicos del Estado de bienestar: pensiones, sanidad, enseñanza..
            El nuevo Gobierno del PSOE ha anunciado, con cierto énfasis, la mejora de las políticas sociales. Dentro de ese plan se encuentra la Ley de Dependencia –de la que se habla más adelante– como la medida social por excelencia del Gobierno.
            Para analizar el conjunto de esa política social expondré, primero, unas valoraciones del impacto de la reforma fiscal aprobada, para tratar a continuación la Ley de Dependencia y la Ley Orgánica de Educación (LOE). Aludiré, también, a la reforma de las pensiones. No entro, sin embargo, en la financiación pendiente de la sanidad.

Una reforma fiscal regresiva

            Dentro de esa dinámica de relativo atraso del gasto social en España y la conciencia de las importantes deficiencias de servicios y prestaciones públicas, la victoria electoral del PSOE levantó ciertas expectativas sobre su política social. Pero, ¿cuál es la dimensión presupuestaria de la política “social” y fiscal del nuevo Gobierno?
            Como referencia inicial, histórica y comparativa, tenemos la diferencia comentada en gasto social de 7,2 puntos sobre el PIB de España (20,3%) con respecto a la media europea (27,5%). Es decir, el gasto social –pensiones, sanidad, enseñanza, protección al desempleo, servicios sociales y RMI– en España está en torno al 70% del gasto medio en la UE-15.
            El dato más significativo de la reforma fiscal aprobada por el Gobierno del PSOE es la disminución de la recaudación directa. Ha sido estimada en 4.000 millones de euros (0,44% del PIB), la mitad como consecuencia de la reforma del IRPF y la otra mitad fruto de la implantación progresiva de la rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades. Se disminuye la imposición directa, especialmente, a las rentas salariales altas, a los beneficios empresariales y a las rentas del capital. El IRPF es el tributo más progresivo y es el que puede contribuir en mayor medida a que nuestro sistema fiscal sea más justo y redistributivo. Sin embargo, ha habido una evolución regresiva de su capacidad impositiva: su recaudación representaba en 1995 el 7,9% del PIB y descendió hasta el 6,5% en 2004. En estos diez años se han disminuido los ingresos el 1,4% del PIB por la reducción del IRPF. Esta tendencia se acentúa por esta reforma fiscal. Sólo contando estas rebajas fiscales se suma un 1,8% del PIB, no disponible y que se podría perfectamente haber recuperado.
            Por otra parte, el fraude fiscal todavía se sitúa en el 23% del PIB, y la tendencia es hacia un mayor porcentaje de los impuestos indirectos. El aumento de los ingresos se prevé a través del IVA –derivado del crecimiento económico y del consumo–, de la disminución del fraude fiscal y por el aumento en los impuestos especiales –alcohol, tabaco y medioambientales–.
            Las consecuencias globales de esa reforma son: aumentar ligeramente el conjunto de los ingresos –derivado de las expectativas de crecimiento económico–, mantener la presión fiscal –su porcentaje con respecto al PIB–, disminuir la progresividad –disminuir el peso de los impuestos directos y aumentar el de los indirectos– y frenar su papel redistributivo –disminuir la presión fiscal a las clases medias-altas y contener el gasto social–. Todo ello se justifica bajo la estrategia de rebajar los costes laborales y fiscales como variables fundamentales para favorecer la mayor competitividad y crecimiento económicos.
            Sin embargo, la economía española tiene dos tipos de problemas. Uno afecta a su competitividad, que se refleja en su déficit exterior. Ello requiere diversas políticas macroeconómicas, sectoriales, I+D+I, etc. –el coste laboral medio también es inferior a la media europea–. El otro afecta a la menor cobertura en algunas necesidades básicas para la población –sanidad, educación, vivienda....–. Para ambas es necesario un mayor papel económico y redistribuidor del Estado y de su financiación.
            No obstante, la presión fiscal es un 6,6% menor en España (38,7%) que en la UE (45,3%), casi similar a la diferencia del 7,2% en el menor gasto social en España (20,3%) frente a la UE (27,5%). Además, los impuestos directos sobre la renta (10,2%) son inferiores a los indirectos sobre el consumo (11,8%). Esto se debe a las reformas fiscales del Gobierno del PP, ya que en 1995 ambos impuestos tenían un porcentaje similar. Por tanto, no se necesita una reforma para disminuir la presión fiscal y menos para rebajar la tributación sobre la renta. Al contrario, para frenar el déficit social en España es necesario un aumento significativo de la capacidad de financiación del Estado y de su carácter redistributivo.
            En definitiva, la política fiscal del Gobierno del PSOE es continuadora de la del PP y es regresiva. No contempla un aumento sustancial de los  ingresos ni tampoco del gasto social. Una presión fiscal similar a la media europea sería suficiente para financiar el gasto social necesario con el fin de cubrir el atraso histórico de España y dar un auténtico giro social. Eso ha quedado fuera de la política fiscal y social del Gobierno.

Una Ley de Dependencia limitada e inconcreta

            El proyecto de Ley de Dependencia inicia un camino positivo de cierto reconocimiento y financiación de la labor de apoyo a la dependencia. Para el año 2008 se prevé duplicar la financiación pública y para el año 2012 triplicarla, con la previsión de prestar ayuda económica a unas 350.000 personas por atender a familiares dependientes. Junto con la ampliación de plazas de residencias –públicas, concertadas y privadas–, se podría llegar a ayudar a más de 1.300.000 personas dependientes. Las pegas fundamentales son las siguientes: el proyecto de Ley tiene una memoria económica difusa, las proyecciones financieras no entran en la norma; no concreta la distribución de la financiación pública y el copago, y no resalta el carácter de derecho subjetivo, junto con los baremos para tener acceso a las diversas prestaciones. Un aspecto más complejo de valorar es la nueva figura para la atención domiciliaria a la dependencia: las “cuidadoras”. Se trata de una nueva categoría de semiempleadas con financiación pública, que prolonga la mayoritaria dedicación femenina a ese trabajo, parcialmente “emergido” desde la “invisibilidad” actual (2).
            Todas estas críticas son sustantivas. Afectan a lo principal de la Ley, a la garantía de su cobertura real y al ritmo de su implantación: el objetivo de personas dependientes que ha de cubrir y el derecho subjetivo, los plazos, la financiación, la distribución de competencias y la gestión –aquí los paganos pueden ser los servicios sociales municipales–. Estamos ante principios vistosos y objetivos generales con un gran consenso parlamentario y social. Para el PSOE, dentro de su “agenda social” supone un refuerzo de su legitimación social y sus expectativas electorales. Sin embargo, se trata de un plan a largo plazo que tiene un gran componente instrumental, y que empezará a funcionar poco a poco con el horizonte de su puesta en marcha total para el año ¡2015 o 2020!, dependiendo de su gestión en las próximas legislaturas.
            Para saber su envergadura, se debe aclarar esa media docena de puntos más concretos y clarificar mejor los objetivos. Así, es preciso definir la dimensión del copago, los conciertos privados y el reajuste de las competencias y la financiación entre los tres niveles de la Administración –central, autonómica y municipal–. No obstante, tomando como referencia diversos estudios y declaraciones (3), se puede hacer una valoración más concreta de su alcance: supone un comienzo positivo, pero se queda corto y no ofrece suficientes garantías. Aquí sólo se va a valorar el esfuerzo fiscal del Estado y lo que supone para el conjunto del gasto social.
            Se ha señalado la referencia global de que al final, en el año 20l5, podría suponer para el gasto público total unos 6.000 millones de euros anuales, el 0,66% del PIB. La aportación del Estado –de las tres administraciones– aumenta en 4.000 millones. Eso supone la financiación de dos tercios del gasto total. La aportación privada de los usuarios –con el copago– sería, aproximadamente, de unos 3.000 millones, el tercio restante. Sumadas las dos partes, son 9.000 millones. Es decir, según las previsiones del ministro Caldera, el aumento del esfuerzo fiscal del Estado es sólo del 0,44% del PIB, ya que pasa de los 2.000 millones actuales –el 0,22% del PIB– a esos 6.000 millones –el 0,66% del PIB– en el año 2015. Pero si mantenemos el horizonte más próximo del año 2010, los poco más de 2.000 millones añadidos de financiación de todas las administraciones públicas supondrían un aumento de otro 0,22% del PIB. En definitiva, en el mejor de los casos, el esfuerzo de financiación es limitado y no se puede hacer el paralelismo de constituir el cuarto pilar del Estado de bienestar. Las necesidades a medio plazo van a aumentar mucho y el esfuerzo privado y de las mujeres todavía será muy importante. Por tanto, la actitud más adecuada es la de exigir la concreción y ampliación de esos objetivos y, sobre todo, garantizar la financiación pública.

El gasto social en enseñanza es insuficiente

            El gasto público total en enseñanza –en 2003– es de 46.628 millones, el 5,2% del PIB (fuente: OCDE). El aumento del gasto extra derivado de la aprobación de la LOE es de 7.000 millones hasta el año 2010, es decir, unos 1.750 millones anuales –en estos mismos cuatro años el Estado invertirá 18.800 millones en ampliar el AVE–. Aquí no se contempla la enseñanza universitaria, necesitada, y a la espera, de una mayor financiación. En la LOE se plantea el objetivo genérico de equiparación del gasto público en educación con la media europea. Pero veamos los datos.
            Ese aumento sólo supone un incremento del 0,20% del PIB. Además, hay que tener en cuenta que en estos últimos diez años la tendencia del gasto en educación en relación con el PIB ha sido regresiva. En la UE el gasto educativo ha pasado del 6% al 5,8% del PIB. En España ha descendido del 5,2% al 4,9% del PIB (fuente: Eurostat. Según la OCDE, se habría pasado del 5,6% en 1992 al 5,2% en el año 2003). Es decir, ha aumentado ligeramente la diferencia hasta situarse en casi un punto del PIB. Los datos exactos no concuerdan, pero sobre la misma fuente la diferencia con la UE ronda el 0,9% del PIB. El esfuerzo financiero de la educación en España supone en torno al 86% de la media de la UE. Con la LOE se avanza un poquito pero no se consigue un acercamiento significativo a la media europea.
            El gasto educativo por alumno ha aumentado en España, entre los años 1995 y 2003, en un 29%. Ello es debido a dos variables. La primera, por una reducción demográfica de alumnos en España –han descendido un 17% hasta el año 2001 con respecto al año 1995–. La segunda, por un aumento del volumen total del gasto en esos seis años, ya que, a precios constantes, se ha incrementado en un modesto 7%. Sin embargo, el gasto por alumno en España con respecto a la media de la OCDE todavía es del 86,5% en primaria, el 82,6% en secundaria y el 55,5% en Universidad (fuente: OCDE, para el año 2003). No obstante, como el PIB español ha crecido a un ritmo superior, la proporción del gasto en enseñanza ha disminuido con respecto al PIB. Y con esta referencia, la principal a efectos comparativos con la UE y la OCDE, la distancia del esfuerzo de gasto social ha aumentado.
            En definitiva, este incremento del 0,20% del PIB ni siquiera recupera el descenso del 0,30% producido en los últimos años, y, en el mejor de los casos, todavía permanece una distancia significativa con la media europea. Por otro lado, si se tiene en cuenta la ampliación de las necesidades educativas, derivadas de la importante inmigración y del nuevo crecimiento demográfico, ese pequeño esfuerzo financiero queda muy neutralizado y puede no revertir en la mejora de la calidad de la enseñanza. Sigue vigente la exigencia de la homologación del gasto educativo en España con la media de la UE, con un aumento de casi el 1% del PIB.

El previsto acuerdo sobre pensiones no las mejora

            La reforma del año 1985 generó una reducción aproximada del 15% de las pensiones medias. La reforma de 1996 supuso otro recorte del 8,1% de los derechos de las pensiones medias que se iban a incorporar al sistema a partir de esa fecha. En el año 2002 todavía el 59,8% de las pensiones (4,7 millones) estaban por debajo del importe del salario mínimo interprofesional (442 euros) y recibían complementos de mínimos. No obstante, hay que recordar que el gasto en pensiones, a pesar de esos recortes, es el gasto social que más se incrementa. Ello se deriva de los derechos adquiridos, del aumento de pensionistas y de que el importe medio de las pensiones que se incorporan al sistema es superior al de las que se dan de baja.
            Teniendo en cuenta estos datos, el acuerdo previsto sobre pensiones entre Gobierno y sindicatos supone un pequeño reajuste de las mismas. Dos son los aspectos más relevantes. El primero, la mejora de los porcentajes para establecer el derecho contributivo de las pensiones mínimas. Sin embargo, esa medida apenas supone un aumento de las prestaciones reales para los pensionistas, ya que ahora se deben compensar con complementos de mínimos que salen de los Presupuestos Generales. Por tanto, lo que se produce, fundamentalmente, es un cambio contable. En vez de pagarse esos complementos con cargo a los Presupuestos Generales, ahora el total de la pensión saldría de la caja de la Seguridad Social. Es decir, no suponen un aumento del gasto global del Estado y su repercusión positiva para la mayoría de las personas con pensiones mínimas es casi nula.
            El segundo aspecto es claramente negativo: la reducción del derecho a la jubilación anticipada a una parte de trabajadores. Ello afecta a las personas cotizantes antes del año 1967 con menos de 30 años de cotización, ya que hasta ahora podían jubilarse a partir de los 60 años y con este acuerdo deberán esperar a los 65 años. Sigue la lógica de la exigencia de mayor contributividad. Este principio era problemático y fue aceptado en el año 2001 por CC OO y el Gobierno del PP, y rechazado entonces por UGT. Su aplicación conlleva la idea de considerar toda la vida laboral –en vez de los últimos 15 años, como existe hoy– para establecer la base reguladora media de la pensión. Con ello, algunos se podrían beneficiar, pero para la mayoría supondría un nuevo recorte. Finalmente, este aspecto no se ha desarrollado y se ha quedado fuera del acuerdo. En definitiva, el impacto global para el gasto social puede ser bastante neutro entre las pequeñas medidas de mejora y las de recorte. Así, el grueso del cambio supone compensar el aumento del gasto de la caja de la Seguridad Social con la disminución del gasto con cargo a los Presupuestos Generales.
            Por otro lado, el sistema de la Seguridad Social tiene superávit y el incremento de los ingresos es muy relevante. Ello es debido al extraordinario crecimiento del empleo –unos 6 millones de cotizantes, casi un 50% más de los 13 millones existentes en 1996–. De esa forma no existen problemas de financiación de la Seguridad Social, por lo menos hasta después del año 2020, y no requiere ninguna aportación fiscal complementaria del Estado.
            El aspecto principal con respecto a las pensiones es el bajo nivel de la mayoría –la mitad de los 10 millones de pobres en España lo son por depender de una pensión mínima–, con el agravante del recorte medio acumulado del 23% en los últimos 20 años en relación con sus derechos anteriores. El objetivo, en este caso, debería ser el aumento significativo de las pensiones mínimas y la recuperación de parte del recorte medio aplicado en los últimos años. Pero eso queda fuera de los planes del Gobierno.

Conclusión

            En España existe un fuerte déficit en los aspectos centrales del gasto social: pensiones, sanidad, enseñanza, dependencia, vivienda y desempleo. En todos ellos también existe una distancia significativa con la media europea. El gasto social medio en España es todavía el 70% de la media de la UE-15, permaneciendo el fuerte atraso español. En esos últimos 20 años se ha mantenido, aproximadamente, una diferencia de esos 7 puntos entre el porcentaje del gasto social de España –20% del PIB– y el de la media de la UE –27% del PIB–. Como se ha citado, para el año 2010 la Ley de Dependencia supone un aumento del 0,22% del PIB y la LOE del 0,20%. Entre las dos medidas, que son las de mayor esfuerzo fiscal, no llegan al 0,50% del PIB. Para el año 2020, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de un aumento del 1% del PIB en gasto social. Y hasta otro 1% para la financiación de las nuevas necesidades sanitarias, pendiente de definir. En definitiva, un  corto incremento.
            En ese sentido, un aumento sustancial del gasto social en España tiene recorrido hasta llegar a esos 7 puntos de distancia con la UE. Su aplicación no cuestionaría el modelo económico actual, al igual que en otros países europeos. Por tanto, no es válido el argumento de su “imposibilidad económica” o de las constricciones de la globalización. Un crecimiento sustancial y progresivo del gasto social de España para acercarse hacia la media europea no sería un obstáculo fundamental para el crecimiento económico y la competitividad. Esa referencia a la media europea no sólo es justa sino que puede ser asumible, a medio plazo, por la economía española. Los obstáculos son de carácter político y social. La continuidad del modelo redistributivo y fiscal en España tiene fuertes apoyos de los poderes económicos, entre las clases medias-altas y el consenso de la gran mayoría de fuerzas políticas. Dentro de ese margen pequeño se sitúan las pequeñas variaciones entre PP y PSOE.
            Por otro lado, hay cierta conciencia de ese déficit del gasto social de forma parcelada –pensiones, sanidad, enseñanza, etc.– y sus efectos sociales –pobreza, insuficientes servicios públicos–, pero no existe una suficiente presión social para exigir ese “giro social”. Como se ha citado, sólo ha habido dos momentos históricos donde se ha movido significativamente el gasto y la protección social: el último franquismo y la transición política, y en torno a la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Ahora algunas de las condiciones económicas son favorables –el alto crecimiento económico y de empleo–, pero no aparecen suficientes dinámicas sociopolíticas o fuerzas sociales para forzar un cambio social relevante. Por el contrario, persisten y se acrecientan las desigualdades socioeconómicas. Y ante el ritmo tan importante del reciente crecimiento demográfico –debido a la inmigración– ese ligero aumento del volumen total del gasto social no permite que éste crezca por habitante, sino que se puede reducir. Y esa referencia del gasto social por habitante es la principal para evaluar el bienestar social.
            En conclusión, la cuestión principal es la ausencia de una apuesta por un modelo de Estado de bienestar consolidado y una mejora sustancial de la calidad de esos servicios y prestaciones públicos. La simple continuidad de las grandes variables macroeconómicas y presupuestarias o los ligeros retoques del gasto público y del gasto social en España no permitirán salir de un modelo limitado de Estado de bienestar. Un modelo vinculado a los países de régimen de bienestar mediterráneo, con una situación de relativo atraso y fragilidad. En el horizonte queda pendiente el necesario giro social.

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(1) Se puede encontrar un análisis detallado de la protección social en Héctor Maravall: Las políticas de bienestar social en España. Evolución y comparación con la Unión Europea, Madrid, 2003, C.S. de CC OO. Sobre  las políticas sociales en España, Vicente Navarro: La situación social de España, Madrid, 2005, Biblioteca Nueva. Con respecto a la protección social en Europa, José Adelantado: Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 23-2, Madrid, 2005, UCM.
(2) Además, existen otros problemas institucionales: no reconoce e impulsa el papel de los ayuntamientos –claves en la gestión– y falta un acuerdo de financiación con las comunidades autónomas –con el posible bloqueo en el llamado Consejo Interterritorial, al igual que en Sanidad–. De la financiación pública entre ambas administraciones –autonómicas y municipales– deben financiar la mitad y la Administración central la otra mitad. Además, con las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008 se considera que no entrará en funcionamiento hasta 2009.
(3) Ver declaraciones del ministro de Trabajo, Jesús Caldera (El País, 27 de diciembre de 2005 y 5 de enero de 2006).