Barbara Spinelli
La deuda. Los ciudadanos tienen derecho a la verdad
(La Repubblica, Roma, 22 de junio de 2011).

                       A medida que se multiplican las crisis y las bancarrotas estatales, aumentan en Europa las revueltas de los indignados: en Grecia, en España y también en Italia, donde la quiebra de momento tan sólo es una amenaza. Los Gobiernos tienden a ver únicamente la parte oscura de las revueltas: la penosa toma de conciencia de la realidad, la ira casi ciega.

            Pero la ceguera sólo explica en parte una rebelión que no se refiere únicamente a los contenidos, sino también a las formas de comportamiento (y por tanto a la ética) de los Gobiernos: su planificación a corto plazo, aferrada al próximo voto o sondeo, su tendencia a disimular las cuentas públicas vacilantes, a no decir la verdad sobre la inmigración o los déficits, a acusar a la prensa, a los Bancos Centrales, a Europa, sospechosos todos de difundir las malas noticias.

            En este sentido, Italia se encuentra en la vanguardia. Desde su vuelta al Gobierno, Silvio Berlusconi repite la misma frase: el naufragio está en vuestras mentes, panda de derrotistas, las cosas nos van mejor que en otros países prósperos. El 20 de junio, declaró que "la crisis no ha acabado". Pero tampoco había anunciado su inicio en ningún momento.

Contra la crisis, transparencia

            No olvidemos que una de las iniciativas más interesantes de los "indignados" españoles hace referencia a la información. Fue planteada por el profesor de ciencias políticas Antón Losada y se titula "Sin preguntas no hay cobertura" (#sinpreguntasnocobertura en Twitter). Miles de periodistas se han unido a ella. Si una rueda de prensa no permite preguntas incómodas, será boicoteada y el poder se quedará solo con sus frágiles promesas.

            Es el síntoma de que en estas revueltas existe una apremiante demanda de verdad y justicia. No se responde a la crisis imponiendo a los ciudadanos que se aprieten más el cinturón e infundiendo en el pueblo miedos incongruentes; se responde con la transparencia de la información: sobre los impuestos que no se pueden bajar, sobre la débil demografía que únicamente podrá frenarse con la inmigración, sobre esos ingredientes del crecimiento que son la justicia, la igualdad, el mérito, el precio que pueden pagar los ricos y los más afortunados.

            En su editorial del 15 junio, Nikos Konstandaras, director del diario griego Kathimerini, habla del "encanto imposible de la soledad": La ilusión de que si los Estados apartan la vista en lugar de enfrentarse a Europa, al mundo y a los mercados, la crisis no estallará. Es cierto que los mercados son bestias extrañas: pueden desatarse hasta la histeria, con sed de sangre. Son cortos de miras, pero no anticipan las catástrofes al azar: toman una instantánea de los Gobiernos en un momento preciso y sacan sus conclusiones. Son nuestro segundo tribunal, junto a las urnas electorales.

Una res pública tranfronteriza

            Ocultarse no es una política, como tampoco lo es hacerse pasar por Estados soberanos que deciden solos, ni hacer caso omiso de un espacio público europeo del que somos responsables al igual que lo somos de la nación. Ahora existe una res publica que traspasa nuestras fronteras, que tiene sus normas y cuyos dirigentes no son emanaciones de los Gobiernos, sino que responden a instituciones más amplias.

            Tomemos como ejemplo el nombramiento de Mario Draghi para la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). Una elección irreprochable, pero que se ha realizado de la forma más turbia y arcaica: a cambio de este nombramiento, Nicolas Sarkozy ha pedido que se libere para París una plaza en el ejecutivo del BCE y Berlusconi le ha ofrecido a cambio la cabeza de Lorenzo Bini Smaghi [miembro de la dirección del BCE], como si éste último fuera un hombre de su propiedad y no un dirigente de la Unión.

            El mandato de Lorenzo Bini Smaghi, elegido en 2005 para un periodo de ocho años, finaliza el 31 de mayo de 2013 y no puede ser revocado ni por los Estados miembros ni mediante acuerdos entre estos Estados. Esta bofetada no solo se la lleva él, sino las instituciones europeas a las que Bini Smaghi prometió lealtad. El asunto genera además un precedente preocupante: cada Gobierno podrá ahora decidir si desea restar mandatos y normas a la jurisdicción europea. Queda así patente la infracción del Tratado de Maastricht, justificada por una supuesta "regla no escrita entre Estados".

Por una Comisión independiente

            De nuevo, estamos ante la ausencia de noticias transparentes y del reconocimiento del espacio público europeo. Al igual que no hay transparencia sobre los impuestos que es imposible bajar, sobre la inmigración que necesitamos, desde el punto de vista económico y demográfico.

            Estas equivocaciones son en gran parte imputables a la Unión Europea, a la inercia de sus dirigentes, sometidos a los Estados miembros. De nuevo, apenas se escucha un discurso claro y Europa se enfrenta a las bancarrotas actuales por un exceso de falsa cortesía y una deferencia absurda hacia los grandes países, tal y como escribe el ex comisario europeo Mario Monti en un esclarecedor artículo en el Financial Times el 21 de junio. Existen muchas cuestiones sobre las que la Unión podría hacer valer su palabra, empezando por las misiones de guerra, calificadas de forma abusiva como "de paz".

            Una Comisión Europea autónoma, consciente de su autoridad, sabría reaccionar ante todas estas cuestiones (el asunto Bini Smaghi, las deudas soberanas, las guerras) como en la época de Walter Hallstein. El primer jefe del ejecutivo de Bruselas no dudó en rechazar las exigencias de De Gaulle, a finales de la década de los sesenta, en nombre de la naciente res publica europea. Fue un "perdedor designado", pero hay derrotas que salvan a las instituciones humilladas, si es que realmente queremos salvarlas.