Batzarre
Propuestas contra la corrupción
Lo que sigue es un catálogo de propuestas elaborado por Batzarre para ganar transparencia y evitar corruptelas en los ayuntamientos y Gobierno navarros. Unas propuestas que presentará Na Bai este otoño en el Parlamento autonómico para su aprobación.
Uno de los elementos que inciden en parte del desprestigio de la política entre un sector importante de la ciudadanía, son los casos de corrupción política, favoritismos, etc., en el ejercicio de la labor política.
Diferentes reformas legislativas, tanto en el ámbito de la contratación pública como en el ámbito de la legislación de régimen local y de acceso a la función pública, han pretendido simplificar el procedimiento administrativo, buscando una mejora en la eficacia y eficiencia en la gestión pública.
Sin embargo, estas mismas reformas, que reducen las competencias de los plenos municipales, que dotan de mayor autonomía y capacidad de decisión a las juntas de Gobierno local, que amplían las cantidades económicas que se pueden ejecutar sin concurso público o sin solicitar diferentes presupuestos, y que permiten la presencia mayoritaria de cargos políticos y técnicos de libre designación en tribunales de oposiciones, contrataciones públicas o concursos de subvenciones, aumentan los riesgos de actuaciones que pueden ser calificadas como clientelistas, escasamente transparentes y contrarias al espíritu de igualdad de oportunidades que debe primar en toda acción de la Administración pública.
En lo que se refiere a la legislación propia de Navarra, en algún caso estamos peor que en la legislación estatal. Así, en el Estatuto Básico del Empleado público a escala estatal se especifica que «el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección», cosa que no ocurre en Navarra, donde es muy habitual la presencia de cargos políticos del Gobierno de turno en todo tipo de tribunales.
Otro de los aspectos problemáticos es la derivación, cada vez más frecuente, de la gestión de parte de la actividad de la Administración a empresas públicas, fundaciones, etc. En ellas, en las que en ocasiones no hay representación política directa de partidos de oposición, se actúa de manera frecuente nombrando a cargos de libre designación para su gestión (gente afín políticamente), y se utilizan fórmulas menos garantistas o clientelares tanto para el acceso al empleo como para las contrataciones de servicios, bienes, etc.
Respecto a las cuestiones urbanísticas, es fundamental poner coto a los convenios urbanísticos (verdadero agujero negro en los casos de corrupción urbanística conocida) y limitar las modificaciones puntuales de Plan Urbanístico a cuestiones muy justificadas desde el punto de vista de la ordenación, evitando incrementos de aprovechamiento económico para los promotores.
Finalmente, es indispensable establecer un código ético en el ejercicio del cargo público, donde se evite aceptar cualquier tipo de regalo personal proveniente de empresas o entidades con las que trabaja la Administración por parte de los cargos y empleados públicos. Estas situaciones, bajo el manto de la cortesía, generan relaciones clientelares, amiguismos, etc., totalmente perniciosos para la transparencia en la gestión.
Creemos que es posible, sin burocratizar el funcionamiento de la Administración y hacerla más ineficiente, tomar medidas que redunden en mayor transparencia y, por tanto, en reducir las opciones de prácticas ilícitas, favoritismos o corruptelas en la gestión pública. Medidas que combinan la transparencia total (sin ningún tipo de añadido burocrático), despolitización de los órganos de contratación y tribunales, o propuestas para diferenciar las relaciones protocolarias de los regalos ilícitos a representantes políticos o trabajadores públicos.
Propuestas para los ayuntamientos y Gobierno de Navarra
· En todos los concursos públicos, tanto de ayuntamientos como del Gobierno autónomo, deberá haber presencia exclusiva de funcionarios de carrera, no de libre designación. En las corporaciones locales podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal. En caso de haber políticos, deberían estar todos los grupos municipales.
Con esta medida se trata de evitar la presencia de representantes políticos y cargos de libre designación (en ocasiones de fuera de la Administración contratante) en los concursos públicos. Actualmente, como en el caso de Pamplona, en muchos concursos públicos, todo el personal del tribunal es concejal de UPN y altos cargos nombrados por dicho partido.
El papel político es supervisar y aprobar los pliegos de contratación, que es donde se marcan las prioridades y objetivos políticos de la contratación. A partir de ahí, resulta mucho más libre de toda sospecha la presencia de personal funcionario que la presencia de cargos políticos de un solo grupo municipal. Esta medida no supone ningún añadido burocrático. La presencia con voz y sin voto de concejales de los diferentes grupos municipales es una garantía para mejorar en transparencia sin añadir burocracia.
· Se creará un portal en Internet de acceso libre a la corporación, al Gobierno autónomo y a la ciudadanía, en el que se especifique el sistema de contratación seguido para cada caso, independientemente de su valor.
Se trata de contar con una herramienta de información pública de fácil acceso, que permita a cualquier miembro de la corporación o del Gobierno navarro, empresa interesada, asociación o ciudadano, conocer el sistema de contratación, y por tanto, poder fiscalizarlo con facilidad.
· Se informará en la comisión municipal correspondiente de todo pliego de contratación, o de subvención, antes de su aprobación en Junta de Gobierno.
Habitualmente, los grupos de la oposición no conocen los pliegos de contratación hasta su aprobación. En la medida en que es en ellos donde se marcan las directrices políticas, técnicas y económicas, es importante facilitar el debate político y las aportaciones de todos. Es en este momento cuando se puede decidir introducir cláusulas sociales o ambientales, cuestiones de género, tratamiento de las lenguas, medidas correctoras, derechos laborales, etc. Se trata de un paso previo que no obstaculiza, y sin embargo permite enriquecer las aportaciones.
· De forma obligatoria existirá una comisión de vigilancia de la contratación, presidida por un concejal/a de la oposición.
· Los expedientes completos de los asuntos que han de tratarse en la Junta de Gobierno local estarán previamente a disposición del conjunto de concejales.
Como se puede deducir, se trata nuevamente de una medida de transparencia, sin añadidos burocráticos, que facilita la fiscalización y la posibilidad de hacer aportaciones al conjunto de la corporación.
· Se elaborará una base de datos de facturas pagadas y su concepto, con acceso permanente al conjunto de concejales y de la ciudadanía. Esta propuesta también es extensible al Gobierno autónomo, cuya base de datos, igualmente, podrá ser consultada por los ciudadanos.
Si queremos apostar por la transparencia total, no debería extrañarnos que cualquier ciudadano pueda conocer en qué se gasta el dinero público de manera clara y accesible. Según nuestra legislación, es posible realizar pagos contra factura por importe de hasta 3.000 euros. Conocer en qué se gasta el dinero y su grado de coherencia puede evitar el abuso de esta práctica.
· Se creará un registro de libre acceso, tanto en las corporaciones locales como en el Gobierno navarro, a todos los contratos y convenios en vigor. Anualmente se evaluará su grado de cumplimiento. Asimismo, se procurará facilitar la transparencia y evaluar el correcto cumplimiento de convenios y contratos.
· En toda convocatoria de subvenciones, habrá presencia exclusiva de funcionarios de carrera, no de libre designación. En los ayuntamientos, podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal.
Se trata de aplicar la misma lógica que para los contratos públicos.
· Como en el caso anterior, en toda convocatoria de plazas para la Administración habrá presencia exclusiva de funcionarios de carrera, no de libre designación. Podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal en el caso de los ayuntamientos.
· En las sociedades públicas, fundaciones… dependientes de la Administración, la presencia política será equivalente en proporción a la de los plenos municipales, y seguirán el mismo sistema de acceso al empleo y de contratación pública de la Administración. Las empresas públicas de capital mayoritario del Gobierno de Navarra seguirán los mismos procedimientos y garantías de transparencia e igualdad de oportunidades, tanto en el acceso al empleo como en la adjudicación de contratos.
Con esta propuesta se trata de evitar el clientelismo existente hoy día en las empresas públicas, en las cuales se hacen contrataciones de personal sin concurso público, y contrataciones de servicios igualmente sin concurso público.
· Anualmente se elaborará una memoria completa de la acción de cada área municipal en los dos primeros meses del año siguiente, en la que se medirá, entre otras cuestiones, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
· Todo el personal jurídico y de intervención municipal será funcionario público. No existirá la posibilidad de contar con personal de libre designación.
En ocasiones ocurre, en el caso de Pamplona al menos, que el personal jurídico de libre designación emite informes jurídicos contradictorios con otros elaborados por el secretario municipal en asuntos urbanísticos, de contratación pública, o sobre el derecho al acceso a la información por parte de la oposición, siempre a favor de los deseos del equipo de gobierno. Esto supone en ocasiones avalar decisiones de legalidad muy dudosa por intereses espurios.
En el área del urbanismo municipal también se plantean las siguientes propuestas:
· La adjudicación de vivienda protegida se realizará únicamente por parte de la Administración pública. Es la única manera de evitar cualquier tipo de favoritismo en el proceso.
· Las recalificaciones y modificaciones de Plan General serán excepcionales y muy justificadas y beneficiosas desde el punto de vista de la ordenación urbana, y se evitarán incrementos de aprovechamiento urbanístico.
· Se dará máxima publicidad y transparencia en todo tipo de modificaciones urbanísticas.
· Se creará una comisión de ordenación municipal, con presencia de todos los grupos políticos y asociaciones ciudadanas.
Código ético para cargos públicos
· Además de las incompatibilidades que marca la Ley, los cargos públicos y el personal al servicio de las administraciones públicas no podrán recibir regalos personales de cualquier entidad, empresa o particular que trabaje para la Administración o sea beneficiaria de sus ayudas, subvenciones, etc.
· Como criterio general, todo regalo institucional pasará a formar parte del patrimonio de la Administración.
· Los regalos institucionales de la Administración a sus propios representantes políticos tendrán carácter meramente testimonial y protocolario, como consecuencia de los servicios prestados a la Administración (por ejemplo, las distinciones a un funcionario que se jubila o similar).
· Limitar al máximo los gastos protocolarios, dietas por gastos de cortesía, etc. Se establecerá una cantidad fija anual no superable, así como todo gasto publicitario cuyo fin no sea la información o sensibilización ciudadana.
· Serán públicas las retribuciones de los cargos públicos y electos, directivos y personal de libre designación, de manera íntegra, es decir, incluyendo todas las dietas recibidas por formar parte de consejos de administración, fundaciones públicas, mancomunidades, etc.
· Del mismo modo, se fijarán sueldos máximos para los gerentes de sociedades públicas, fundaciones, etc., cuyos sueldos en ocasiones son ostensiblemente superiores a los de los funcionarios de primer nivel.
· Por último, se hará público el patrimonio de todo cargo oficial. Y se deberá registrar todo cambio que se produzca durante la legislatura en curso.