Carlos Martínez-Buján Pérez

Las propuestas jurídicas de Pilar Manjón
(La Voz de Galicia, 7 de enero de 2005)

EN MI ANTERIOR artículo ponía de relieve que, aunque compartía la mayoría de las opiniones de Pilar Manjón, había algunos aspectos concretos de índole jurídica con los que no podía estar de acuerdo.
El primero es la propuesta de crear una comisión de investigación «formada por personas independientes y expertos», en la que «los partidos políticos no estén presentes», para que la investigación recaiga en personas «libres de intereses partidistas» que «delimiten las responsabilidades que procedan».
Como no podía ser de otro modo, todos los partidos y todos los juristas sensatos se han opuesto a dicha medida, a pesar de que ningún parlamentario (tal vez por su mala conciencia) se atrevió a insinuar la más mínima discrepancia el 15-D. Definida en tales términos, la comisión que sugiere Manjón no está prevista en nuestro Ordenamiento, y, desde luego, no debería estarlo, si su finalidad es la de «delimitar responsabilidades»: en un Estado de Derecho las responsabilidades políticas sólo pueden ser exigidas por el Parlamento, que es el representante de la soberanía popular, y las responsabilidades jurídicas sólo pueden ser exigidas por los jueces competentes.
El segundo aspecto es el reflejado en el confuso pasaje en el que Manjón critica duramente «la aplicación de la ley» que el juez ha realizado al condenar al Gitanillo. Si Manjón tuviese razón en su crítica, el juez habría incurrido en delito de prevaricación; sin embargo, no hay duda de que el juez (que hizo suya la petición de la fiscalía) aplicó correctamente el Derecho.
Cuestión diferente es que se proponga una futura modificación legal; pero tal modificación no puede ser aceptada, dado que la ley penal de menores del año 2000 (aprobada con el Gobierno del PP) ya fue notablemente endurecida a los pocos meses de su entrada en vigor hasta límites difícilmente rebasables, para casos en que, como el presente, se cometan delitos relacionados con el terrorismo.
El tercer aspecto es el elíptico pasaje en que Manjón exige «las responsabilidades penales que puedan imputarse a quien por error u omisión no puso todos los medios a su alcance para evitar la tragedia». Se refiera este pasaje a las fuerzas de seguridad o se refiera a las autoridades del anterior Gobierno por sus errores y negligencias en la investigación de la trama terrorista, hay que oponer que (sin perjuicio de la evidente imprevisión política) tales deficiencias en la investigación no pueden considerarse en modo alguno como una participación (en comisión por omisión) en el atentado cometido el 11-M, y ni siquiera pueden constituir el delito de omisión pura del artículo 450 del Código penal (omisión del deber de impedir determinados delitos).
Hace ya muchos años que en Derecho penal reina acuerdo sobre los principios básicos que deben inspirar las teorías generales sobre la causalidad, la omisión o la participación, y, por otra parte, es difícil que a estas alturas al legislador se le haya escapado la tipificación de conductas delictivas concretas que (en el plano instrumental) puedan tener alguna relación con un delito de atentado terrorista.
No obstante, parece que, movido por el impacto emocional causado por la tragedia del 11-M, el actual Gobierno tampoco ha podido resistirse a la tentación de intentar tranquilizar a la opinión pública a través del cómodo recurso simbólico de acudir al Derecho penal, proponiendo la enésima (e injustificada) reforma penal. Esta vez en materia de tráfico de explosivos: y no sólo para agravar las sanciones, sino para elevar al rango de delitos conductas que, ontológicamente, no son más que simples infracciones administrativas.
En otras ocasiones aludí ya a los múltiples requisitos que debe cumplir una legislación penal racional, uno de los cuales es que el legislador no puede dejarse influenciar por las reacciones emotivas de los afectados por el delito. Se lo explicó muy bien el diputado (y buen jurista) Olabarría a un atónito (e ignorante) Aznar, cuando le recordó el atentado terrorista del que fue víctima nuestro expresidente. Sin embargo, el diputado del PNV no pudo o no quiso explicárselo a Pilar Manjón. Al contrario, literalmente le dijo que suscribía todo su discurso: desde la primera hasta la última frase.