Defensor del Pueblo andaluz
La situación de las mujeres presas en Andalucía
El pasado 24 de octubre el Defensor del Pueblo andaluz entregó a la presidenta del Parlamento andaluz un informe especial, de carácter monográfico, dedicado a investigar la situación de las “Mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de Andalucía”, del que extraemos su principales conclusiones.
El informe entregado al Parlamento andaluz es un amplio estudio elaborado desde una perspectiva de género. A través de esta técnica de análisis se pretendía descubrir, en un marco comparativo, la existencia de alguna forma de discriminación o desigualdad deudora de la condición femenina en un ámbito que, al menos hasta ahora, ha sido preponderantemente masculino. Se trataba también de identificar las necesidades específicas de las mujeres presas en Andalucía y analizar el grado de atención que reciben, en función de sus peculiaridades como mujeres que están internadas en centros penitenciarios que, en su inmensa mayoría, fueron inicialmente pensados para albergar a hombres.
Entre las muy variadas fuentes de información consultadas para confeccionar este informe, destaca la realización de cerca de 150 entrevistas, extensas y programadas, a personal penitenciario y a las propias internas, además de numerosos informes escritos, entre los que destacan los enviados por los equipos directivos de los centros y los 41 informes remitidos por asociaciones colaboradoras de los diversos establecimientos penitenciarios.
La investigación se desarrolló en los últimos doce meses y contiene datos actualizados a 31 de agosto pasado.
Entre los datos y conclusiones de mayor interés del informe, destaca el incesante aumento de la población penitenciaria en general y de la femenina en particular. Según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la población reclusa en España ha pasado de 22.396 personas en 1985 a 61.220 a 31 de diciembre de 2005. Las mujeres han pasado, en esos veinte años, de 1.004 a 4.719. Puede observarse cómo el aumento del número de mujeres encarceladas es mucho mayor que el de los hombres, ya que el número de hombres encarcelados en 2005 es el 264% respecto a 1985, mientras que el de mujeres es el 470%.
Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España –cerca de 8 millones de habitantes– y, por lo tanto, se encuentra en ella también la mayor población penitenciaria y el mayor número de centros penitenciarios. Actualmente existen en esta comunidad 12 centros penitenciarios principales. El último cuadro que incluye el informe recoge los principales datos andaluces a fecha reciente.
Se observa en ese cuadro que diez de los doce centros albergan mujeres, que, a 31 de agosto último, llegaban a la cifra de 1.152, entre las que 229 son extranjeras.
Una de las conclusiones del informe se refiere precisamente al aumento considerable del número de extranjeros y extranjeras en prisión, parejo al incremento poblacional de esta índole en toda España en los últimos diez años.
Sobre estos incrementos en el número de internos e internas, sean españoles o extranjeros, el Defensor del Pueblo andaluz señala lo siguiente:
«El ritmo de crecimiento de la población penitenciaria supera el de plazas disponibles. Como consecuencia de ello, la práctica totalidad de los centros se encuentran sobreocupados en Andalucía y en el resto de España. »
<En efecto, la creación de plazas penitenciarias va más lenta que el crecimiento del número de internos y esto provoca en los establecimientos penitenciarios sobreocupación, masificación o hacinamiento, según se quiera calificar el fenómeno de un modo más o menos discreto>.
En quince años de desarrollo del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, aprobado en 1991, se ha incrementado el número de celdas en 14.649, pero la población penitenciaria ha aumentado en más de 28.000, con lo que se ha producido un déficit de 14.000 plazas, aproximadamente.
Características de las presas
Tanto de los datos generales obtenidos a través de diversas fuentes, como de los contenidos en las entrevistas efectuadas a funcionarios e internas, se deducen algunas características que definen con precisión el perfil personal de las presas:
El 22% se encuentra en situación de prisión preventiva, siendo mucho mayor su número en Almería (45%) y en Málaga (42%).
Sobre la tipología delictiva a que corresponden las condenas impuestas, en las mujeres objeto de estudio está muy claro el dato: más del 50% lo han sido por delitos contra la salud pública, tráfico de drogas fundamentalmente, seguidos de los delitos contra el patrimonio –robos y hurtos, de manera destacada–, que se sitúan en torno al 28%. Los demás delitos tienen poca importancia estadística, y son muy escasos los delitos violentos.
En este aspecto, el informe indica que existen grandes diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres condenados lo son, en primer lugar, por delitos contra el patrimonio y, a gran distancia, por delitos contra la salud pública. Las mujeres encarceladas cometen menos delitos contra la propiedad que los hombres y dilinquen en mucha mayor proporción por hechos de tráfico de drogas.
También se observa gran diferencia en cuanto a hechos violentos muy graves (homicidios, asesinatos) o contra la libertad sexual por parte de hombres y mujeres. La conclusión es que, en general, las mujeres objeto del estudio son mucho menos violentas y agresivas que los hombres.
Puede situarse en torno al 60% el número de mujeres que son penalmente reincidentes, y aunque la cifra es muy elevada, lo más preocupante en este aspecto estriba en las dificultades para separarlas, en el interior de los centros, de las internas que han delinquido por primera vez, separación que, es necesario recordarlo, tiene un origen legal. La razón de tal imposibilidad de separación rigurosa no es otra, como apunta el informe, que la falta de espacio en la mayoría de los centros.
Estimaciones recientes cifran el número de personas de etnia gitana, de nacionalidad y residencia españolas, entre 650.000 y 700.000 en todo el país; más de la mitad viven en Andalucía, por lo que el número de andaluces de esa etnia podría estar entre un 4,5% y un 5%. Sin embargo, con toda la dificultad que ha entrañado obtener datos fehacientes a este respecto, el informe estima que en torno al 31% de las mujeres encarceladas en Andalucía pertenecen a dicha comunidad étnica, en número superior a las 300, lo que evidencia índices de exclusión que deberían ser atendidos por las administraciones competentes.
En relación con su vida en el interior de la cárcel, los profesionales penitenciarios entrevistados coinciden en apreciar una conflictividad o peligrosidad inferior a la de los hombres. Las mujeres, por regla general, se adaptan mejor al medio penitenciario y a la disciplina que éste conlleva, aun teniendo en cuenta la falta de separaciones interiores entre ellas.
Las presas tienen un gran número de hijos: el 85% de las entrevistadas tenían hijos, presentando una tasa media de natalidad de 2,75 hijos por mujer, mucho más elevada que la tasa media de las mujeres en general en España. Una gran parte de los hijos son menores de edad, lo que indica, a su vez, que sus madres, las protagonistas del estudio, se encuentran, también en su mayoría, en edades fértiles. De hecho, la mayor proporción de mujeres encarceladas en Andalucía se encuentra en la franja de edad comprendida entre los 26 y los 40 años. El sector de mujeres muy jóvenes (de 18 a 25 años) o de edad avanzada (más de 60 años) es poco representativo del conjunto de las internas.
Son frecuentes los casos de mujeres encarceladas que han sido víctimas de violencia doméstica por parte de sus parejas.
Recomendaciones
El informe del Defensor del Pueblo andaluz termina con una serie de propuestas dirigidas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre las cuestiones expuestas en él y varias recomendaciones a diferentes consejerías y organismos de la Junta de Andalucía, entre las que se pueden destacar las siguientes:
La firma de protocolos de coordinación entre la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, de la Consejería de Educación, y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que garanticen dicha coordinación en todos los aspectos.
El aumento de las plantillas docentes en todos aquellos centros en que ello sea necesario, bien por encontrarse desequilibradas sus plantillas anteriores, bien por aumento considerable de la población penitenciaria, eventual destinataria de los programas educativos. A tenor de los datos obrantes en el informe, serían necesarios, al menos, doce nuevos maestros. Asimismo, recomienda a la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente la actualización de sus obligaciones en materia de dotaciones materiales y económicas, en los términos que se recogen en el informe.
Que el Instituto Andaluz de la Mujer, adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, aumente sus intervenciones en el medio penitenciario y lo haga a través de un programa anual que contemple actuaciones en los diez centros penitenciarios que acogen mujeres en Andalucía. Dentro de sus competencias, es necesario que ese Instituto incida en los siguientes aspectos: promover cursos para internas que hayan sido víctimas de violencia de género; la asistencia a necesidades específicas de internas extranjeras; promover programas de rehabilitación psico-social y dotación de habilidades sociales, pues un gran número de mujeres encarceladas necesitan de ellos; desarrollar todo tipo de actividades socio-culturales.
Quela Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, bien a través de los Equipos de Apoyo que desplazan a los centros, bien a través de asociaciones específicas, mejore la prestación y programas que se ofrecen a las internas toxicómanas.
Que la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, de la Consejería de Turismo y Deportes, asegure la continuidad del Programa de Dinamización Deportiva; que aumente sus dotaciones económicas, sobre todo las destinadas a incrementar el número de monitores que participan en él; y que impulse, en la medida de sus posibilidades, un trato igualitario para las internas.
Que la Consejería de Empleo, a través del órgano gestor de las políticas de empleo, el Servicio Andaluz de Empleo, dé nuevos impulsos a la impartición de cursos de formación profesional ocupacional en todos los centros penitenciarios, con especial cuidado de que tales cursos lleguen en condiciones de igualdad a hombres y a mujeres presas.
Que la Consejería de Salud disponga las iniciativas necesarias para que otros especialistas sanitarios, también muy necesarios, se desplacen a los centros penitenciarios, a fin de que los internos e internas no se vean obligados a acudir a las consultas en los hospitales.