Domingo Martínez
La letra y la imagen de los derechos humanos(Página Abierta, 161, julio de 2005)
Amnistía Internacional ha publicado recientemente el libro La letra y la imagen de los derechos humanos (*). En esta obra, de 144 páginas, se ilustran los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos humanos con carteles realizados por destacadas figuras del diseño gráfico español, acompañados con textos de obras literarias diversas de grandes escritores.
Con este libro, Amnistía Internacional pretende difundir los derechos humanos a través de la imagen y la palabra, sensibilizar a la sociedad respecto a su importancia y dar a conocer uno por uno todos los artículos de la Declaración Universal aprobada por la ONU en 1948.
Los 30 artistas gráficos que han ilustrado cada uno de los artículos de la Declaración con un cartel que han creado expresamente para esta obra son, por este orden, Daniel Gil, Pepe Barro, Alberto Corazón, Pepe Gimeno, Javier Felipe, Daniel Nebot, Peret, Pepe Cruz Novillo, Carlos Rolando, Óscar Mariné, Joaquín Gallego, Jacobo Pérez-Enciso, Alcorta & Gelardín, Severo Almansa, América Sánchez, Pati Núñez, Luis García Artime, Nacho Soriano, Álvaro Sobrino, Rafael Celda, Macua & García Ramos, Manuel Estrada, Elías García Benavides, Roberto Turégano, Myriam Anllo, Javier Mariscal, Emilio Gil, Xosé Díaz, Enric Satué e Iván Zulueta.
La presentación de los artículos de la Declaración Universal se completa con una selección de 30 fragmentos literarios pertenecientes a escritores como Miguel de Cervantes, Émile Zola, Franz Kafka, Flora Tristán, Stefan Zweig, Manuel Azaña, Antonio Machado, Luis Martín Santos, Juan Rulfo, Miguel Delibes, Mario Vargas Llosa, Leonardo Sciascia, Heinrich Böll, Antonio Muñoz Molina, y Félix de Azúa, entre otros.
El Informe 2005 sobre los derechos humanos
Unas semanas antes de publicar este libro, en mayo pasado, Amnistía Internacional dio a conocer su Informe 2005, que documenta el estado de los derechos humanos en todo el mundo durante el año 2004. El informe refleja, asimismo, las actividades que la organización llevó a cabo durante ese año para fomentar los derechos humanos y luchar contra abusos concretos de esos derechos.
En el prólogo de este informe, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, asegura que los derechos humanos no constituyen sólo una promesa incumplida, sino también traicionada.
Y señala la incapacidad de los Gobiernos en pasar de la retórica a la práctica en materia de derechos sociales y económicos. «A pesar de las promesas recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, según las cuales toda persona tendrá derecho a un nivel de vida adecuado y a disponer de comida, agua, techo, educación, trabajo y asistencia médica, más de mil millones de personas carecen de agua no contaminada, 121 millones de niños no van a la escuela, la mayoría de los 25 millones de personas con VIH/sida en África no tienen acceso a asistencia médica y medio millón de mujeres mueren cada año durante el embarazo o el parto. La delincuencia y la brutalidad policial también afectan más a los pobres».
Después de hacer un repaso de los problemas más sobresalientes en relación con los derechos humanos en todo el mundo durante el año pasado, y criticar la incapacidad de la ONU, así como la falta de voluntad política de los Estados, para proteger esos derechos, Irene Khan subraya que la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende de su capacidad para reafirmar la primacía de los derechos humanos y su papel fundamental a la hora de abordar todas las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Y pide tanto a la ONU como a los diferentes Gobiernos que asuman un programa que, en su opinión, pasaría por los siguientes puntos:
· Reafirmar y reiterar los derechos humanos como la encarnación de los valores comunes y de las normas universales de dignidad, igualdad, justicia y decoro humanos. Reconocerlos como la base de nuestra seguridad común y no como un obstáculo capaz de minarla.
· Oponerse a los esfuerzos para atenuar la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La tortura es ilegítima y moralmente condenable. Deshumaniza tanto a quien la sufre como a quien la practica. Representa la máxima corrupción humana. Si la comunidad internacional permite la erosión de este pilar fundamental, no puede esperar salvar los demás.
· Condenar de manera inequívoca los abusos contra los derechos humanos perpetrados por quienes han llevado a la humanidad a cotas de bestialidad y brutalidad desconocidas hasta ahora, volando trenes de cercanías en Madrid, tomando como rehenes a los niños de una escuela de Beslán y decapitando a trabajadores de ayuda humanitaria en Irak, pero subrayar con firmeza la responsabilidad que tienen los Gobiernos de enjuiciar a los responsables dentro de los límites del Estado de derecho y del marco de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos es el mejor antídoto contra el “terrorismo”.
· Erradicar la impunidad y la insuficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. A nivel nacional, una investigación completa e independiente del uso de la tortura y otros abusos contra los derechos humanos por parte de funcionarios estadounidenses sería muy eficaz a la hora de restaurar la confianza en que la verdadera justicia no se puede medir con un doble rasero. En el ámbito internacional, se debe apoyar a la Corte Penal Internacional para que se convierta en un eficaz instrumento de disuasión capaz de evitar crímenes horrendos y en un eficiente motor que impulse los derechos humanos.
· Escuchar la voz de las víctimas y responder a sus demandas de justicia. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben comprometerse a no utilizar el veto en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otros abusos a gran escala contra los derechos humanos. Deben promover un tratado internacional y otros instrumentos para controlar el comercio de armas pequeñas, que causan la muerte de medio millón de personas cada año.
· Reformar con urgencia y en profundidad la maquinaria de derechos humanos de la ONU con el fin de aumentar su legitimidad, eficiencia y efectividad. Reforzar en especial la capacidad de la ONU y de las organizaciones regionales para proteger a las personas que corren el riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos.
· Vincular la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –formulados cuantitativamente– con el logro cualitativo de los derechos humanos, en especial los derechos sociales y económicos y la igualdad de las mujeres. Someter a los agentes empresariales y financieros a los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos.
· Proteger a los activistas de derechos humanos, cada vez más amenazados y más tachados de subversivos. El pensamiento liberal está en retroceso, y la intolerancia en auge. Hay que mantenerse vigilantes en la protección de la sociedad civil, pues la búsqueda de la felicidad depende tanto de ella como del Estado de derecho, de un poder judicial independiente, de unos medios de comunicación libres y de unos Gobiernos elegidos democráticamente.
Los derechos humanos en España
En el apartado de su informe referido a España, esta organización humanitaria menciona, en primer lugar, los atentados del 11 de marzo del año pasado, obra, según informes, de un grupo armado vinculado a la organización Al Qaeda.
Después de la matanza de Madrid, se infligieron malos tratos a personas bajo custodia policial y en algunos centros penitenciarios se cometieron abusos contra personas de religión musulmana por considerárselas “terroristas”. «A lo largo del año pasado, fueron detenidos más de 100 musulmanes en el curso de distintas investigaciones judiciales sobre los atentados y por su presunta preparación de otros delitos».
El informe revela que en 2004 se produjeron numerosas denuncias de casos de tortura o malos tratos, muchos de ellos de índole racista o relacionados con la práctica de la detención en régimen de incomunicación. Y que se impusieron varias condenas por tortura o malos tratos. Explica que en las conclusiones de un informe del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, elaborado tras la visita realizada a España en 2003, con el fin de estudiar las salvaguardas para la protección de las personas detenidas en aplicación de medidas “antiterroristas”, se señala que la tortura y los malos tratos eran una práctica “más que esporádica”.
Por otra parte, durante el año pasado, según el informe, se produjo un incremento en las denuncias de malos tratos a menores en centros de detención y se emprendieron acciones judiciales sobre varias denuncias de violencia contra menores perpetrada por educadores en diversos centros de este tipo en toda España. También hubo denuncias de malos tratos a menores bajo custodia policial. En noviembre, la Fiscalía General del Estado prohibió la repatriación sistemática de menores extranjeros. El fiscal aseguró que esa práctica vulneraba la Convención de la ONU sobre los derechos del Niño.
Amnistía Internacional dice que recibió informes de muertes violentas, torturas y malos tratos en distintos centros penitenciarios, muchos de los cuales mostraban un elevado índice de hacinamiento. Entre ellos se encontraban el del Salto del Negro, en la isla de Gran Canaria, y el de Tahíche, en la isla de Lanzarote, donde el fiscal adjunto al Tribunal Superior de Canarias describió el problema como “acuciante”. Se llevaron a cabo investigaciones sobre denuncias de la implicación del personal de prisiones en actos de brutalidad contra los presos.
El informe hace mención también a la violencia de género: más de 60 mujeres murieron a consecuencia de la violencia en el ámbito familiar. Según el Consejo del Poder Judicial, en la primera mitad de 2004 se registraron 47.000 denuncias de violencia contra las mujeres, lo cual suponía un incremento del 24% en comparación con los datos del mismo periodo en 2003. Estos datos mostraban un incremento constante en las denuncias y reflejaban la falta de efectividad de las políticas públicas para combatir la violencia de género.
Por último, AI señala en su informe anual que el Defensor del Pueblo español criticó la falta de respuesta de las autoridades a las personas y asociaciones que intentaban exhumar e identificar los restos de algunas de las miles de víctimas de la Guerra Civil española y de la represión posterior, que permanecían sepultadas en fosas comunes. Dos meses después, el Gobierno aprobaba la creación de un comité interministerial para estudiar la rehabilitación moral y jurídica de las miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
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(*) Este libro puede adquirirse a través de la página web de Amnistía Internacional (http://www.es.amnesty.org) al precio de 20 euros. Los ingresos obtenidos por su venta se destinarán íntegramente al trabajo que AI lleva a cabo por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derechos a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Me detuvieron.
Cuando a solas me reía como un loco
Del discurso que el Príncipe había lanzado.
Diez años me costó la risa.
Cuando estaba en el cuarto careo
Me preguntaron por quiénes me instigaban.
Y me reí...
Por el dinero y quiénes me pagaban.
Y me reí...
Sin haberme podido interrogar, escribieron todas mis respuestas.
El fiscal general y los soldados que me detuvieron
Afirmaron que estaba contra el Gobierno.
No sabía que la risa precisara de ningún permiso gubernamental.
De cédulas ni sellos.
No tenía ni idea de que también en mi país
Lavaran los cerebros
Y picaran los dedos.
Por lo visto, se puede escribir contra Dios.
Más no contra el Gobierno.
Perdonadme por ello, señores, que riera.
Yo quería llorar.
Y reí sin embargo.
Nizar Kabbani
Poemas políticos, traducción del árabe de Pedro Martínez Montávez (Alberto Corazón Editor, 1975)
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y las libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.