Empar Pineda
«Esta ley de indicaciones ha tocado ya a su fin»
(Entrevista publicada en Página Abierta, 190, marzo de 2008)
– Tras todo este proceso de nuevo acoso a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, ¿cómo está la situación?, ¿qué problemas están teniendo las mujeres que están en condiciones legales de abortar?
– Por una parte se ha generalizado una sensación de miedo, de desprotección, de no saber si la historia clínica va a acabar en un juzgado, como las 2.000 que tiene en este momento el juzgado que lleva la causa de CB Medical, una de las dos clínicas cerradas en Madrid. No se sabe si a esas mujeres las van a llamar a declarar, como las que llamaron o están llamando de la clínica Isadora. O como las mujeres que está empezando a llamar la juez de Barcelona que lleva el caso de las clínicas del doctor Morín.
Y, por otra parte, lo más grave es lo que está ocurriendo con las mujeres a las que se les diagnostica malformación fetal y muchas veces malformaciones que representan una inviabilidad del feto. En algunos casos, por negligencia médica, por mala praxis médica, a esas mujeres no se les hace una ecografía a las 20 o 21 semanas, sino que se les hace a las 27 o a las 28, y a las que se les espeta, porque así se les suele hacer en estos casos –estoy hablando de embarazos deseados llevados por los hospitales de la sanidad pública–: “puede usted traer un monstruo, pero aquí no se lo podemos arreglar”. Y no hablemos ya de aquellas mujeres cuyas malformaciones fetales sólo se conocen a partir de las 30, 31 o 32 semanas. Como la sanidad pública no se hace cargo de estos casos, ni siquiera los de la mala praxis, lo que ocurre es que estas mujeres que antes abortaban en la clínica del doctor Morín en Barcelona –y eso lo sabía toda la sanidad pública de este país– ahora no pueden hacerlo y están desesperadas.
A algunas, en la medida en que yo he podido, las he mandado a París. Pero la maternidad que hasta ahora acogía, en principio sin mayores problemas, estos embarazos deseados, con malformación del feto y que superan las 22 semanas, ahora, en vista de la avalancha, está extremando las medidas, hasta tal punto que a algunas les han pedido que justifiquen con facturas que llevan tres meses como mínimo residiendo en Francia. Esas mujeres no sólo están yendo a París –veremos si lo pueden seguir haciendo–, sino también a ciudades como Londres o Denver (Colorado, EE UU). Es el caso de una mujer que ha tenido que salir esta madrugada, martes, porque no le hacen el aborto en ningún centro.
– A la vista de los límites, problemas y consecuencias que tiene este tipo de ley sobre la interrupción del embarazo en España, en tu opinión, ¿hacia dónde debería ir, y con qué principios generales, la legislación sobre aborto?
– Antes de responder a eso deseo destacar que la hipocresía de la clase política se ha puesto de manifiesto de una manera clarísima con todo lo que ha sucedido desde el 26 de noviembre, fecha en la que cerraron la clínica del doctor Morín de Barcelona. Sabían perfectamente bien que el primer supuesto que está despenalizado, es decir, cuando corre grave riesgo la vida o la salud psíquica o física de la mujer embarazada, no tiene plazo. De modo que el llamarse ahora a engaños y hablar como hablan, como lo hace algún juez hoy en la prensa, de “sietemesinos asesinados o abortados”, etc., me parece que es de una hipocresía feroz.
En su día ya le dijimos al ministro Ernest Lluch que esta ley de indicaciones no iba a solucionar el problema. Él nos aseguró que sí, que era una ley buena. En mi opinión, la ley ha tocado ya a su fin. Por ello, lo que hay que empezar a debatir ya, muy en concreto, es la sustitución de esta reforma del Código Penal por una ley de plazos. Creo, por una parte, que es la única forma de reconocer que la mujer tiene derecho a decidir sobre ese embarazo que, por las razones que sean, no puede, no quiere, no desea llevar adelante. Más aún en una sociedad como la nuestra en la que todavía hoy día la crianza de los niños y las niñas sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres. Reconocer el derecho a decidir quiere decir que no ocurra como ahora, que siempre tiene que haber una tercera persona que es la que da el visto bueno para que esa mujer aborte, bien por el primer supuesto, bien por el segundo o bien por el tercero.
Los problemas se suelen plantear debido a que hay una incomprensión cuando hablamos de ley de plazos. La gente piensa que, fijado el plazo en tal semana, a partir de ahí ya no se va a poder abortar. Y eso no es cierto, porque las leyes de plazos que hay en el mundo entero son leyes que reconocen el derecho de la mujer, sólo el derecho exclusivo de la mujer, a decidir hasta una determinada semana, y a partir de ahí se puede abortar en el caso de que existan algunas indicaciones. En ese sentido, yo creo que hay que hablar de ley de plazos más indicaciones.
El problema también se concreta en qué semana se pone el plazo para que sea la mujer la que decida. Hubo un tiempo en el que el PSOE andaba brujuleando entre que si un cuarto supuesto o una ley de plazos hasta las 12 semanas. Yo creo que IU ha sido mucho más consecuente que otros grupos, porque ha ido planteando sistemáticamente propuestas en el Congreso de los Diputados que jamás han sido aprobadas ni muchas de ellas tenidas en consideración: IU defendía una ley de plazos hasta las 16 semanas, y a partir de ahí indicaciones.
De todas las normas sobre aborto que existen en el mundo, y sobre todo del mundo más cercano al nuestro, que es la Unión Europea, yo personalmente me quedaría con la ley holandesa, que plantea que hasta las 24 semanas es la mujer la que decide, tomando como punto de referencia que la Organización Mundial de la Salud habla de viabilidad fetal a partir de las 24-25 semanas. En el caso de Holanda no sólo dispone de una buena ley, sino que aplica, además, una política de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, lo que significa políticas de información y de formación en anticoncepción y sexualidad. De tal manera que el número de abortos que se registran en Holanda en relación con los habitantes que tiene, es probablemente el más bajo de toda la Unión Europea.
No es verdad, por lo tanto, que cuanto más semanas se permita abortar libremente a las mujeres, más abortos se producen. En este sentido es muy significativo el hecho de que en el Estado español, desde 1993, año en que comienzan a publicarse anualmente estadísticas por parte del Ministerio de Sanidad, casi el 90%, como media, de las mujeres que abortan en este país lo hacen antes de las 12 semanas. Y los abortos de más de 21 semanas representan entre el 0,3% del total y el 1,7%, según los años; es decir, que nunca han representado ni siquiera el 2% de los abortos realizados.