Eric Toussaint y Arnaud Zacharie
Romper la espiral infernal de la deuda
(Cadtm)
Según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (art.25), "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (...) Toda persona tiene derecho a la educación, al trabajo y a la seguridad social".
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, estipula que "Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas a fin de mejorar constantemente el bienestar de la totalidad de la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución equitativa de los beneficios obtenidos del mismo".
Interpretando las obligaciones de este pacto, el comité de la ONU de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara que: "Un Estado miembro en el cuál un número importante de individuos está privado de la alimentación esencial, de la atención médica primaria, de vestimentas decentes y de vivienda básica o de enseñanza elemental, no cumple con sus obligaciones en virtud de ese pacto".
Sin embargo, mientras que las riquezas mundiales se han multiplicado por ocho desde 1960, un ser humano entre dos vive hoy con menos de dos dólares por día, un ser humano cada tres no tiene acceso a la electricidad, uno cada cuatro vive con menos de un dólar cotidiano, uno cada cinco no tiene acceso a agua potable, uno cada seis es analfabeto y un adulto de cada siete y un niño cada tres sufre de malnutrición.
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNICEF estiman que un gasto anual de 80 mil millones de dólares, durante un período de diez años permitiría garantizar a todo ser humano el acceso a la educación básica, a los cuidados de la salud básicos, a una alimentación adecuada, al agua potable y a la infraestructura sanitaria, así como para las mujeres el acceso a los cuidados ginecológicos y obstétricos.
Ochenta mil millones de dólares, es cerca de cuatro veces menos que lo que el Tercer Mundo reembolsa por su deuda externa, es aproximadamente un cuarto del presupuesto militar de los Estados Unidos, 9% de los gastos militares mundiales, 8% de los gastos publicitarios anuales del mundo; la mitad de la fortuna de las cuatro personas más ricas del planeta. La miseria actual podría transformarse con esa riqueza...
Es imposible esperar que la lógica del mercado satisfaga esas necesidades esenciales. Los 1.300 millones de personas que no disponen de agua potable o los 2.000 millones de personas que son anémicas, no disponen de un poder de compra suficiente.
Sólo las políticas públicas podrán garantizar a todos y a todas la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Es por ello que es necesario que los poderes públicos dispongan de medios políticos y financieros para honrar sus deberes para con sus ciudadanos y ciudadanas.
Resulta conveniente, además, que estos últimos ejerzan plenamente su derecho a actuar como sujetos centrales de la vida política de los Estados. Para hacerlo, es necesario poner en marcha políticas económicas y mecanismos jurídicos eficaces en una dinámica democrática participativa. El ejemplo del presupuesto participativo de Porto Alegre, puesto en práctica desde los años 1990, debería ser extendido a escala internacional e inspirara políticas originales de democracia radical.
Obtener la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, requiere la acción de un poderoso movimiento social y ciudadano.
Se trata en primer lugar de poner fin a la hemorragia de riquezas provocada por el reembolso de la deuda, y seguidamente se hace necesario encontrar otras fuentes de financiamiento para el desarrollo socialmente justo y ecológicamente sostenible. Finalmente resulta apropiado romper con la lógica que lleva al ciclo de endeudamiento, la sustracción fraudulenta y el pillaje masivo de las riquezas locales, provocadas por la dependencia de los mercados financieros y los préstamos condicionados por las instituciones financieras internacionales.
1. Romper la espiral infernal de la deuda
Los partidarios de la mundialización neoliberal, nos dicen que los países en desarrollo (incluyendo entre ellos a los de Europa del Este), deben rembolsar su deuda externa si desean beneficiarse con flujos constantes de financiamiento.
En realidad, desde la eclosión de la crisis de la deuda en 1982, los flujos netos de capital se dirigen desde los países en desarrollo hacia los países ricos, y no a la inversa como pretenden, sin fundamento, los dirigentes de las instituciones financieras internacionales. Desde hace dos decenios, asistimos así a una transferencia neta masiva de riquezas hacia el Norte rico. El mecanismo de reembolso de la deuda se ha adicionado a otras calamidades preexistentes (intercambio comercial desigual, pillaje de las riquezas naturales y humanas, fuga de cerebros, repatriación de beneficios hacia las casas matrices, etc.) y las ha reforzado fuertemente. Desde 1982, el equivalente a varias decenas de planes Marshall , fue transferido por la población de los países en desarrollo a los acreedores del Norte (las elites capitalistas locales cobraron, de paso, sus comisiones).
Resulta entonces urgente oponerse al discurso oficial: es necesario anular la deuda externa pública del Tercer Mundo. Haciendo un análisis, la deuda del Tercer Mundo no representa un gran peso, comparada con la deuda histórica, ecológica y social que los países ricos del Norte han contraído con ellos. La deuda del Tercer Mundo (excluidos los países del ex bloque del Este) se eleva en el año 2001 a alrededor de 2.100 miles de millones de dólares (de los cuales el 75% son deudas públicas), lo que representa solo un pequeño porcentaje de la deuda mundial que llega a más de 45.000 miles de millones de dólares (la suma de las deudas pública y privada de los Estados Unidos alcanza ella sola a los 22.000 mil millones de dólares).
Si la deuda externa pública del Tercer Mundo fuese completamente anulada sin indemnización a los acreedores, representaría una pérdida mínima de menos del 5% del portafolio mundial. En compensación, para los pueblos al fin liberados del peso de la deuda, las sumas, que podrían ser utilizadas para mejorar la salud, la educación, para crear empleos, etc. serían muy considerables. En efecto, el reembolso de la deuda pública del Tercer Mundo representa en promedio un desembolso de aproximadamente 200 a 250 miles de millones de dólares anuales, lo que representa 2 a 3 veces la suma necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales definidas por las Naciones Unidas.
Algunas personas afirman que una anulación de la deuda terminará con una exclusión definitiva al acceso a los capitales internacionales. Esta afirmación no se basa en un estudio serio de la historia de las crisis de endeudamiento.
Entre el final del siglo XVIII -con la anulación por los Estados Unidos de sus deudas con la corona británica- y el final del siglo XX -con la anulación de una parte de la deuda polaca en 1991- , numerosas medidas de anulación de deudas han sido tomadas sin llegar al cierre del flujo del financiamiento externo privado.
Al contrario, los precedentes históricos en materia de anulación de deuda han mostrado los efectos ventajosos que tal decisión podían tener, especialmente el caso de la anulación del 51% de la deuda de guerra alemana en 1953, anulación que contribuyó fuertemente al renacimiento económico de Alemania.
Existen otros precedentes históricos: la deuda del Estado ruso en 1918, la deuda de guerra de Inglaterra y la de Francia, la deuda latinoamericana después del crack de 1929 de Wall Street, etc. Todos los países mencionados han tenido un desarrollo importante después de las medidas de anulación de la deuda.
Por otra parte, la amenaza mencionada no tiene sentido para la mayoría de los países del Tercer Mundo, ya que ellos hace muchos años no tienen acceso a préstamos de capital. De acuerdo con el PNUD "sólo 25 países en desarrollo tienen acceso a los mercados privados para obligaciones (bonos), préstamos de bancos comerciales e inversiones de portafolio" (PNUD, 1999, P. 31). Es importante destacar que el PNUD incluye a los Estados del Este europeo entre los 25 países mencionados y que el conjunto de países en desarrollo así considerado se compone de más de 180 países.
De acuerdo con las Naciones Unidas, en 1999, los 48 países menos avanzado (PMA), donde viven alrededor de 600 millones de personas, no han recibido más que el 0,5% de las Inversiones Directas Extranjeras (IDE) destinadas a los países en desarrollo (PED). De todas maneras, la parte del conjunto de PED en las IDE está en disminución constante desde hace tres años -los países ricos concentran el 80% de ese flujo de capitales.
Para el puñado de países del Tercer Mundo que tienen acceso a los capitales internacionales (4 países - China, Brasil, México y Tailandia - que recibieron más del 50% de los flujos de IDE), el 80% de las entradas de inversiones extranjeras correspondieron a la adquisición de empresas ya existentes que pasaron a ser controladas por las multinacionales de los países más industrializados. Esas inversiones no implican creación de empleos, sino lo contrario.
Además esas adquisiciones representan una pérdida del control nacional sobre el aparato productivo. Sin hablar del carácter fuertemente volátil y especulativos de otros flujos de capitales (es una de las lecciones a aprender de las crisis financieras de los años 90).
Una restricción a ese tipo de flujos de capital no será en consecuencia perjudicial para las economías de esos países. Para reemplazar esos flujos improductivos, por no decir nefastos, nosotros proponemos utilizar fuentes alternativas de financiamiento (ver la segunda parte del presente texto), de manera a disminuir la fuerte dependencia tanto respecto de los mercados financieros como de las instituciones de Bretton Woods.
1.1. Fundamentos jurídicos para la anulación de la deuda
La legitimidad de la anulación de la deuda está respaldada por dos fundamentos jurídicos importantes: el concepto de " deuda odiosa " y el de "fuerza mayor".
"Deuda odiosa"
Las deudas de los Estados contraídas contra los intereses de la población local son jurídicamente ilegítimas. Según Alexander Sack, un teorizador de esta doctrina, "Si un poder despótico contrae una deuda, no según las necesidades e intereses del Estado, sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, esta deuda es odiosa para la totalidad de la población del Estado. Esta deuda no es obligación para la Nación: es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la ha contraído, por consecuencia ella cae con la caída de ese poder" (Sack, 1927). Así, las deudas contraídas en contra de los intereses de la población del territorio endeudado son "odiosas" y en caso de cambio de régimen, las nuevas autoridades no están obligadas a devolverlas.
Esta noción proviene de fines del siglo XIX, cuando los Estados Unidos adquieren el control de Cuba después de la guerra contra España y ese país le exigió asumir la deuda cubana contraída con la corona española, conforme al derecho internacional. La Comisión de negociación de los Estados Unidos rechazó esa deuda calificándola de "peso impuesto al pueblo cubano sin su acuerdo".
La Comisión argumentó que " la deuda fue creada por el gobierno español por sus propios intereses y por sus propios agentes. Cuba no ha tenido voz en ese dominio" La Comisión agregó que "los acreedores han aceptado el riesgo de sus inversiones".
Más tarde, en los años 30, una Corte de Arbitraje Internacional en la que participaba el juez Taft, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, declaró que los préstamos concedidos por un banco británico establecido en Canadá al presidente Tinoco de Costa Rica eran nulos, porque ellos no habían servido al interés del país sino al interés personal de un gobierno no democrático. El juez Taft declaró en esa ocasión que " El caso del Banco Real no depende simplemente de la forma de la transacción, sino de la buena fe del banco en el momento del préstamo por el uso real que le daría el gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El Banco debe probar que el dinero fue prestado al gobierno para usos legítimos. El Banco no lo ha hecho" (Juez Taft, citado en Adams, 1991, p. 168).
Los regímenes legales (gobiernos constitucionales, según el derecho) que sucedieron a las dictaduras de América Latina en los años 80 (Argentina, Uruguay, Brasil, etc.) hubieran debido apoyarse en el derecho internacional para obtener la anulación de su deuda odiosa. Una parte considerable de los préstamos a dichos países fue directamente sustraída por las elites locales en total complicidad con los bancos del Norte, que les ofrecieron su ingeniería financiera para realizar sus operaciones fraudulentas.
Por no citar más que algunos otros ejemplos flagrantes, lo mismo que lo relatado ocurrió con las Filipinas después de la deposición del dictador Marcos en 1986, con Rwanda en 1994 después del genocidio perpetrado por el régimen dictatorial, con la República Sud-africana al salir del Apartheid, con la República Democrática del Congo en 1997 después de la caída de Mobutu, con Indonesia en 1998 después de la partida de Suharto, etc.
En lugar de fundamentar un rechazo al reconocimiento de la deuda mediante el derecho nacional e internacional, los nuevos gobiernos prefieren negociar reescalonamientos de los vencimientos y descuentos cosméticos con los acreedores. Ellos entran así en el ciclo interminable de el endeudamiento externo cuyo peso recae sobre el pueblo.
Es necesario romper con esa lógica de dependencia. Hace falta respaldar a los movimientos sociales y ciudadanos que en los países en desarrollo llaman a sus gobiernos a que repudien la deuda externa pública y a poner fin a su reembolso.
La "fuerza mayor"
También es posible sustentar la anulación de la deuda y la supresión de su reembolso, invocando el argumento jurídico de "fuerza mayor". Un principio del derecho internacional reconoce que un cambio en las condiciones de un contrato puede hacerlo nulo. Eso significa en esencia que los contratos que requieren el cumplimiento de una sucesión de compromisos en el futuro, están sometidos a la condición de que las circunstancias no varíen (en el Derecho Común, existen diferentes doctrinas relacionadas con este principio, incluyendo el caso de fuerza mayor, "frustración", "imposibilidad" e "impracticabilidad").
El argumento de "fuerza mayor" es aplicable de manera evidente en el caso de la crisis de la deuda de los años 1980. En efecto, fundamentalmente fueron dos factores exógenos, los que provocaron la crisis de la deuda a partir de 1982: el alza dramática de las tasas de interés impuesta a nivel internacional por el gobierno de los Estados Unidos a partir de fines de 1979 y la caída de los precios de las exportaciones de los países de la Periferia a partir de 1980.
La aparición de ambos factores fue provocada por los países acreedores. Se trata de casos de "fuerza mayor" que modifican fundamentalmente la situación y que impiden a los deudores cumplir con sus obligaciones.
2. Los recursos suplementarios para financiar el desarrollo
Para que la anulación de una deuda sea útil para el desarrollo humano, es evidentemente necesario que las sumas destinadas hasta ese momento al pago de la deuda, sean depositadas en fondos de desarrollo, democráticamente controlados por la población local.
Pero una vez dado este paso en materia de anulación de la deuda, es indispensable sustituir la economía de endeudamiento internacional actual por un modelo de desarrollo socialmente justo y ecológicamente sustentable, independiente de las fluctuaciones de los mercados financieros y de los condicionamientos de los préstamos del FMI y del Banco Mundial.
Esos fondos de desarrollo, alimentados por los montos economizados gracias a la anulación de la deuda, debe ser reglado por las varias medidas que siguen :
2.1. Devolver a los ciudadanos y ciudadanas del Tercer Mundo lo que les ha sido sustraído: riquezas considerables acumuladas ilícitamente por gobiernos y capitalistas locales, han sido colocadas en seguridad en los países más industrializados, ello fue hecho con la complicidad de instituciones financieras privadas y la complacencia de los países del Norte (ese movimiento continúa actualmente).
Tomemos el ejemplo de Argentina bajo la junta militar (1976-1983): la deuda de ese país fue multiplicada por seis. Una parte considerable de los montos tomados prestados ha sido depositada por los miembros del régimen en bancos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de otros países industrializados. Empresas financieras e industriales de países industriales, así como miembros del régimen argentino, se enriquecieron de manera ilegal. El poder judicial argentino ha probado estos hechos, que dieron lugar a un fallo judicial en julio de 2000. La complicidad del FMI y de la Reserva Federal de Nueva York ha sido también demostrada. Sobre la base de ese fallo, que debería crear escuela, haría falta obtener una reparación para la población expoliada.
Pensemos por ejemplo lo que representaría para la población argentina la recuperación de los haberes colocados por la junta militar (1976-1983) en los países más industrializados, pensemos lo que aportaría a la población congolesa, la devolución de una parte importante de los haberes del difunto Mobutu (que representa diez veces el presupuesto anual del Estado congolés), o para la población de Nigeria, la restitución de la fortuna del dictador Abacha, depositada en Suiza con la complicidad del Citibank y del Crédit Suisse.
Una tal restitución implica la apertura de procesos legales en los países del Tercer Mundo y en los países más industrializados. Dichas investigaciones requieren una plena cooperación internacional y la ratificación de la Convención de Roma, ya que desde marzo de 1991 la sustracción fraudulenta de bienes públicos es considerada como una violación de los Derechos del Hombre.
Esas investigaciones permitirán además no dejar en la impunidad a los corruptos y a los corruptores: es la única manera de esperar ver un día a la democracia y a la transparencia vencer a la corrupción. Se trata además de dar respaldo a las resoluciones tomadas en el encuentro internacional realizado en Dakar en diciembre de 2000 ("Hacia las alternativas") que exigen la reparación por el pillaje al que el Tercer Mundo ha sido sometido desde hace cinco siglos. Ello implica especialmente la restitución de los bienes económicos y culturales sustraídos a los continentes asiáticos, africanos y sud- americanos.
2.2. Establecer un impuesto a las transacciones financieras: a partir de una propuesta inicial del premio Nobel de Economía James Tobin (1972), desarrolllada más tarde por otros economistas, luego adaptada por la red internacional ATTAC (Asociación por un Tributo a las Transacciones financieras y Ayuda a los Ciudadanos), un tal impuesto podría liberar fondos importantes para el desarrollo.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED), en 1995, 1000 miles de millones de dólares por día con un impuesto del 1% hubieran devengado 720 miles de millones por año. A título de hipótesis de trabajo, propone dividir el resultado en dos partes: 360 miles de millones para un fondo social y ecológico en los países de origen de la transacción y 360 miles de millones para un fondo de redistribución para los países del Sud (educación, salud, etc.). Ambos fondos serían gerenciados por consejos de administración mixtos formados por representantes de la sociedad civil y los gobiernos.
La plataforma internacional de ATTAC, sugiere una tasa del 0,1%, reportando alrededor de 100 miles de millones de dólares anuales, que podrían ser utilizados en la lucha contra las desigualdades, para la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo durable. Evidentemente, es imposible de determinar con exactitud el monto que un tal impuesto dejará. dado que depende de la tasa impuesta y de la amplitud de los flujos financieros.
Sin embargo, parece necesario, dada la globalización de los mercados que se operó desde la propuesta inicial de Tobin (y especialmente el desarrollo de productos derivados creando pasarelas entre todos los mercados), de aplicar el impuesto a todas las transacciones financieras (acciones, obligaciones, divisas y derivados), a fin de que los operadores no puedan evitar este impuesto de solidaridad pasando por otros mercados. La centralización informática de la liquidación de las operaciones, por medio de las clearing houses tales como la SWIFT para el mercado de cambios y, Clearsream y Euroclear para las transacciones mobiliarias internacionales, facilita grandemente la factibilidad de un tal impuesto, ya que todas las transacciones financieras internacionales son realizadas y registradas en esas instituciones.
2.3. Llevar la Ayuda Pública para el Desarrollo (APD) a por lo menos el 0,7% del PIB: el monto actual de la APD no alcanza a neutralizar el efecto negativo del reembolso de la deuda.
Para comenzar, hay que tener en cuenta que una parte importante de la APD está constituida por préstamos que hay que devolver. Seguidamente, en 1999, el gran total de la APD no ha depasado los 50 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente cinco veces menos de lo que el Tercer Mundo ha reembolsado en concepto de servicio de su deuda exterior pública.
En 1999, la APD solo representaba el 0,24% del Producto Interno Bruto de los países más industrializados mientras que ellos se han comprometido, en varias ocasiones, en el marco de la ONU, a alcanzar el objetivo del 0,7%. En realidad, la APD ha bajado en un 33% entre 1992 y 1998, en una contradicción escandalosa con las promesas hechas en Río (1992) por los jefes de Estado de los países industrializados.
Con un promedio actual del 0,24%, la APD debe ser multiplicada por tres para alcanzar los compromisos tomados. Dado que la APD actual representa un poco menos de 50 mil millones de dólares, multiplicándola por tres, se debería llegar a 150 mil millones de dólares por año que deberían ser enteramente aplicados en forma de donaciones (en forma de reparación, y no como es ahora frecuente el caso en forma de préstamos).
2.4. Establecer un impuesto excepcional sobre el patrimonio de las grandes fortunas: en su informe de 1995, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo propone la imposición de un impuesto único sobre el patrimonio de las grandes fortunas.
Este impuesto aplicado en todo el mundo permitirá movilizar fondos considerables. El impuesto excepcional (diferente de un impuesto recurrente sobre el patrimonio, tal como existe en algunos países del planeta) podría ser aplicado a escala nacional. Se trataría de un impuesto de solidaridad del orden del 10% sobre el patrimonio del decil de los más ricos de cada país que podría generar recursos internos considerables.
De manera más general, resulta conveniente de dirigirse hacia un sistema fiscal más redistributivo dando a los poderes públicos el medio de cumplir sus obligaciones respecto de sus ciudadano(a)s en materia de derecho económicos, sociales y culturales.
3. Une nueva lógica de desarrollo
A la lógica actual de desarrollo, que adoptan los países del Sud bajo las restricciones de programas de ajuste de tipo neoliberal impuestas por los acreedores, debe sustituirla una nueva lógica de desarrollo endógeno e integrado. Esta mutación pasa por la puesta en práctica de las medidas siguientes:
3.1. Poner fin a los planes de ajuste estructural: los planes de ajuste estructural (PAE), al imponer la liberalización total de las economías del Sud, tienen como consecuencia el debilitamiento de los Estados haciéndolos más dependientes de las fluctuaciones exteriores (evolución de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.) y de someterlos a los condicionamientos impuestos por el Banco Mundial/FMI y detrás de ellos, por los gobiernos de los países acreedores reagrupados en el Club de París.
Los PAE, sin resolver el problema del endeudamiento (la deuda del Tercer Mundo se ha cuadruplicado desde la puesta en vigencia de los PAE, mientras que ella fue reembolsada seis veces durante el mismo período), libran a las economías del Tercer Mundo al apetito de las grandes empresas multinacionales e implican el despidos masivos y cortes drásticos en los presupuestos sociales. Ellos impiden un desarrollo humano real.
La Comisión de los Derechos humanos de la ONU ha adoptado múltiples resoluciones sobre la problemática de la deuda y del ajuste estructural. En una resolución adoptada en 1999, la Comisión afirma que "el ejercicio de los derechos fundamentales de los países endeudados a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, al trabajo, a la educación, a los servicios de salud y a un medio ambiente sano, no pueden estar subordinados a la aplicación de políticas de ajuste estructural y a reformas económicas generadas por la deuda" (1999, Art. 5).
Por su parte, el Secretario General de la ONU escribió que "El informador especial de la ONU sobre el ajuste estructural pone en evidencia que los programas de ajuste estructural, que las instituciones financieras internacionales recomiendan, influencian de manera claramente negativa (tanto directa como indirectamente), el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y son incompatibles con el ejercicio de esos derechos" (ONU, Secretario General, 1995, p.66, citado por Chris Jochnick, 2000, p. 136).
Por otro lado, según la ONU ciertas condiciones impuestas por los acreedores y por los aplicadores de fondos constituyen una violación a la libre determinación de los pueblos: "Todo país tiene el derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales para su desarrollo económico y para el bienestar de su población; toda medida o presión exterior, política o económica, que se ejerza sobre el ejercicio de ese derecho, es una violación patente al principio de la libre determinación de los pueblos y de la no intervención enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas (...) Esas medidas comprenden la presión económica destinada a influenciar la política de un otro país o a controlar sectores esenciales de su economía nacional. La asistencia económica y técnica, los préstamos y el aumento de las inversiones extranjeras deben ser realizados sin imponer condiciones que vayan contra los intereses del país que las recibe" (Secretario General 1995: 165, 171, 173).
El balance humano de las políticas de ajuste estructural es indiscutiblemente negativo. Ellas deben ser, en consecuencia, suprimidas.
3.2. Adoptar modelos de desarrollo parcialmente autocentrados: tales modelos implican la construcción de fundaciones económicas interiores suficientemente sólidas para poder a continuación abrirse a los intercambios internacionales.
Ese tipo de desarrollo supone la creación de zonas política y económicamente integradas, el nacimiento de modelos de desarrollo endógenos, un refuerzo de los mercados interiores, la creación de un ahorro local para el autofinanciamiento, el desarrollo de la educación y de la salud, la puesta en vigencia de un impuesto progresivo y de mecanismos de redistribución de las riquezas, una diversificación de las exportaciones, una reforma agraria que garantice el acceso universal a la tierra a los campesinos, una reforma urbana que garantice in acceso universal a la vivienda, etc.
A la estructura mundial actual, cuya lógica impone a la Periferia el aporte de materia prima y de mano de obra barata a un Centro detentor del capital y de la tecnología, es necesario sustituirla por reagrupamientos económicos regionales. Solo un tal desarrollo parcialmente autocentrado, permitirá que emerjan relaciones Sud-Sud, condición sine qua non para el desarrollo económico del Tercer Mundo y, por extensión, del mundo.
Esas zonas integradas podrían dotarse de instituciones regionales que tengan un poder de regulación económico y social.
3.3. Actuar sobre el comercio: La existencia de un intercambio desigual entre los países más industrializados y los países del tercer mundo constituye una de las causas fundamentales de el endeudamiento de éstos últimos. En efecto, el intercambio desigual crea un déficit estructural de la balanza de pagos: Las importaciones crecen más rápido que las exportaciones, lo que genera un endeudamiento.
Es necesario poner fin a la tendencia histórica del deterioro de los términos de intercambio. Para ello, deben establecerse mecanismos que garanticen una mejor remuneración de la canasta de productos exportados por los países en desarrollo (estabilizar los precios de las materias primas, garantizar los pagos de exportación, constituir stocks reguladores -lo que implica el abandono del stock cero, etc.).
Sin tales mecanismos concertados, resultará conveniente apoyar el esfuerzo de los países en desarrollo para constituir cartels de países productores. La creación de esos cartels permitirá al mismo tiempo: una disminución de las cantidades exportadas y un aumento de las ganancias de importación que podrán reinvertirse para el desarrollo en los países beneficiarios. Los países periféricos deben poder recurrir a medidas proteccionistas sobre la producción local.
En relación con la agricultura, tal como lo reivindica Vía Campesina, es conveniente reconocer el derecho de cada país (o grupo de países) a la soberanía alimentaria y especialmente a la autosuficiencia en los productos de base. La protección a la importación es un corolario de ello, totalmente opuesta a la cuota mínima de exportación agrícola del 5%, actualmente impuesta por las reglas de la OMC a todos los países miembros.
Las reglas del comercio mundial deben además ser subordinadas a criterios medioambientales, sociales y culturales estrictos. la salud, la educación, el agua y la cultura deben eliminarse del campo del comercio internacional. Los servicios públicos de interés general son la garantía de los derechos fundamentales y deben por lo tanto ser excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (AGCS).
Resulta conveniente además abolir los acuerdos sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) que permiten una apropiación por el Norte de las riquezas naturales del Sur y que impiden a los países del Sur producir libremente bienes (medicamentos, por ejemplo) para la satisfacción de las necesidades de sus pueblos.
4. Una nueva disciplina financiera
Las crisis financieras a repetición de los años 90 probaron por el absurdo que ningún desarrollo durable puede ser logrado sin un control estricto de los movimientos de capitales y de la evasión fiscal. Varias medidas son entonces necesarias para someter a los mercados financieros a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
4.1. Volver a reglamentar los mercados financieros: la desregulación de los mercados financieros ha entrañado un desarrollo totalmente desmesurado de la especulación financiera.
Es tiempo de reglamentar nuevamente a los mercados financieros, comenzando por asegurar la "trazabilidad" de todas las operaciones financieras (determinar claramente quién es el actor, qué es lo que hace y con que objetivo) y reglamentar en consecuencia.
4.2. Controlar los movimientos de capitales: a fin de que el ingreso de capitales internacionales no desemboque más en reflujos devastadores.
El artículo VI de los estatutos del FMI prevé de manera explícita y bien fundada medidas de control de los capitales ejercidas por las autoridades de un país. Este artículo permite a un país miembro del FMI "ejercer un control sobre los movimientos de capitales a fin de regularlos".
Una medida apropiada podría ser el establecimiento de un depósito temporario y obligatorio, impuesto a toda entrada de capital un depósito conjunto por un año de un valor igual al 30% de la suma invertida. Después de un año, ese depósito será restituido al inversor (incentivado a no invertir sino a largo plazo). El depósito no será remunerado.
Existen muchas otras medidas de control, particularmente la obligación de mantener las acciones y obligaciones por lo menos un año antes de revenderlas, la limitación de la convertibilidad de la moneda a las transacciones comerciales (excluyendo como consecuencia a las actividades financieras). La imposición de un fuerte impuesto en caso de fluctuaciones excesivas (como lo propone el economista Bernd Spahn), etc.
4.3. Suprimir los paraísos fiscales: que tienen como efecto inflar la burbuja financiera y fragilizar las economías lícitas (entre 500 y 1500 miles de millones de dólares son blanqueados anualmente), y anular el secreto bancario para poder luchar eficazmente contra la evasión fiscal, la sustracción fraudulenta de fondos públicos y la corrupción.
4.4. Adoptar reglas que aseguren la protección de los países que recurren al endeudamiento exterior: el endeudamiento exterior puede justificarse si los países se justifica si los países interesados lo deciden democráticamente. Pero es necesario organizar el uso de la deuda según principios radicalmente diferentes a los que han prevalecido hasta ahora.
Dos nuevos principios deben ser respetados. Primero, el de una condición "a la inversa": la carga del reembolso y del interés de esos prestamos pactados a tasas de interés bajas e inferiores a las del mercado no será asegurada sino cuando sea probado que esa deuda ha efectivamente permitido la creación de riqueza suficiente en los países deudores.
Segundo, una protección fuerte y eficaz de los países deudores deberá ser organizada en favor de los países en desarrollo a escala internacional, de tal suerte que esos países puedan defenderse contra toda forma de abuso y de expoliación por los bancos, los inversores privados internacionales y las instituciones financieras internacionales.
5. Medidas complementarias indispensables
La anulación de la deuda externa pública del tercer mundo, el abandono de las políticas de ajuste estructural y las otras medidas propuestas más arriba constituyen las condiciones necesarias pero ellas no son en sí mismas insuficientes para garantizar un auténtico desarrollo de los pueblos de la periferia. Para ello, son indispensables medidas complementarias comenzando por la igualdad hombre/mujer y el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Este texto no tiene la ambición de ser exhaustivo y las medidas complementarias son motivo de otros documentos preparados por diferentes redes o movimientos internacionales tales como: Attac, CADTM; Vía Campesina, Focus on the Global South, Forum Mondial de Alternatives, Marcha Mundial de las Mujeres y Jubileo Sud, o adoptadas en los grandes encuentros internacionales como los de Saint Denis (junio 1999), Bangkok (febrero 2000), Ginebra (junio 2000), Dákar (diciembre 2000) y Porto Alegre (declaración de los movimientos sociales en el Foro Mundial Social de enero de 2000).
CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo)