Frodo
Los polvos y los lodos
(Hika 169 zka. 2005ko iraila)

Uno de los soportes ideológico-políticos sobre los que ha reposado la acción político-militar de ETA, a lo largo de casi toda su existencia, ha sido la famosa espiral acción-represión-acción, importada en los años sesenta de muchas de las dinámicas anticolonialistas del Tercer Mundo y, especialmente, de la guerra de Argelia. Y hay que reconocer que, durante una parte de la existencia de ETA, dicha espiral se desarrollaba, en efecto, y a pesar de sus tan numerosas como inevitables contradicciones, en un sentido mayormente ascendente: las acciones armadas generaban a su alrededor un prestigio y un apoyo, ya que aparecías a los ojos de sectores importantes de la población como la manera más eficaz, cuando no la única, de lograr determinadas aspiraciones sentidas como legítimas y que el Estado se negaba obstinadamente a otorgar. El profundo y bien ganado desprestigio que tuvieron, en una parte muy importante de la sociedad vasca, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado heredados del franquismo, y el tan lógico como profundo deseo de que desaparecieran de una vez de nuestras vidas, legitimó la ofensiva armada que ETA desencadenó a finales de los años setenta tomando como objetivo central los cuerpos represivos de entonces. La feroz represión que sufría ETA, y que afectaba a mucha más gente que a los propios activistas armados, impulsaba a su alrededor un movimiento de solidaridad y de apoyo de todo tipo que compensaban más o menos ampliamente las pérdidas sufridas a manos de la represión y proporcionaba nuevas legitimidades para la acción armada…
Con el paso del tiempo, y de la mano de las muchas dinámicas más o menos normalizadoras desarrolladas en nuestra sociedad durante los últimos pongamos veinte años o un poco más, la famosa espiral ha ido dejando de funcionar, al menos tal y como lo hacía en aquellos ya lejanos tiempos. Resumiendo mucho la cosa: la actividad armada ha dejado hace ya tiempo de proporcionar a ETA aquel impulso ascendente que le daban en el pasado, mientras que la inactividad armada es lo que mayores réditos políticos y sociales le da. Sin embargo, la dichosa espiral no ha dejado de funcionar del todo ya que, si bien la acción no proporciona más recursos ni favorece nuevas acciones, la represión sí lo hace, sobre todo cuando la represión aparece ante los ojos del personal como desmedida, desproporcionada o que afecta a gentes que poco o nada tienen que ver con ETA.
Y así se produce la curiosa paradoja de que ETA es una organización a la cual, al menos desde hace ya bastante tiempo, la inactividad favorece, siempre y cuando esta inactividad esté acompañada por unas altas dosis de represión. Y a la que la actividad perjudica, sobre todo cuando la represión se mantiene dentro de unos ciertos límites. Una paradoja que es, obviamente, algo realmente preocupante, y hasta letal en perspectiva, para una organización que se define como esencialmente armada o, si se prefiere militar.
Pero no es esta la única paradoja de la situación en la que vivimos. También resulta sumamente contradictorio que sean justamente las iniciativas represivas más duras del Estado las que estén proporcionando más legitimidad, si no a ETA como tal sí a las dinámicas políticas que se desarrollan a su alrededor.
EINSTEIN. En este año de la física, en el que se conmemora el centenario de la formulación por Albert Einstein de las bases de la llamada teoría de la relatividad, que de tal manera sacudió las bases sobre las que reposaba la física hasta entonces, permítaseme traer a colación una frase del famoso físico el cual, además, fue un hombre profundamente preocupado por los problemas políticos y sociales de su tiempo: “No hay nada más grave para el prestigio del Estado y de las Leyes –escribió– que promulgar legislaciones que no se esté en condiciones de hacer cumplir”.
Y, siguiendo con esa lógica, cabría apostillar que todavía es más grave promulgar leyes cuyo cumplimiento no sólo resulta problemático de llevar a cabo sino que, incluso, de lograrse, puede ser muy perjudicial para la causa que pretenden defender esas leyes.
¿Cuánto de esto no le está ocurriendo a toda la batería legisladora que el Partido Popular, con el culpable beneplácito del PSOE, impulsó durante sus dos legislaturas, especialmente durante la segunda? No cabe duda que bastante. La aplicación de la Ley de partidos, dada su extremada laxitud de criterios para distinguir lo que es una organización terrorista de cualquier otra cosa, puede obligar a cualquier juez –seguramente, a unos más que a otros– a tomar en consideración demandas judiciales planteadas por los sujetos más peregrinos, obligando, por ejemplo, a llamar a declarar, en calidad de imputado de pertenencia o colaboración con banda armada, al Secretario General de un sindicato como LAB.
¿Puede esto doblegar la resistencia de las gentes de Batasuna y obligarles a apostatar de ETA? ¿Puede presionar para que ETA renuncie a la lucha armada?
FEBRERO DE 1993. Es la fecha, ya lejana, en la que se celebró Congreso extraordinario que el Partido Popular en el que se trazó la estrategia de cara a las elecciones generales de junio de ese mismo año, en las que no consiguió derrotar al PSOE aunque se acercó bastante a ello. En el X Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, Aznar ya había alcanzado la presidencia nacional del Partido Popular y bajo su dirección ese Congreso extraordinario del 93 definió la doble doctrina del PP de cara a ETA: «cumplimiento íntegro de las penas» y «negación incondicionada del diálogo con los terroristas». Era claro que el Partido Popular se desmarcaba de los planteamientos que hasta entonces habían caracterizado al llamado frente democrático ante ETA y la izquierda abertzale consagrados en el Acuerdo de Ajuria-Enea, cuyos planteamientos de fondo pretendían facilitar de alguna manera el abandono por parte de ETA de las armas. Y, aunque en aquel momento no rompiera con el Acuerdo, aparecía ya como un potencial dinamitador del mismo.
El Partido Popular, al llegar al gobierno, trató de aplicar su doctrina de la derrota incondicional de ETA, lo que les condujo también, inevitablemente, a extender el blanco de su política de acoso y derribo al conjunto del nacionalismo vasco. Se rompió el Acuerdo de Ajuria-Enea, fracasó el Plan Ardanza, se establecieron los acuerdos de Lizarra-Garazi y entramos en el que ha sido uno de los períodos políticos más oscuros de nuestra historia reciente. Es imposible hacer aquí un mínimo balance de todo lo ocurrido durante el mismo, y en el que ETA mostró su peor rostro practicando un politicismo armado absolutamente inaceptable desde todos los puntos de vista, pero sí cabe decir que la política del Partido Popular no logró sus objetivos: a pesar de la represión, muchas veces indiscriminada y claramente antidemocrática, y a pesar de la línea político-militar de ETA, que a casi todo el mundo parecía fatal, el Estado no logró bombear el agua social en la que desde hace ya bastantes décadas nada mejor o peor ETA y, en la primera ocasión que ha tenido de manifestarse con cierta claridad, la llamada por algunos izquierda abertzale oficial ha vuelto a mostrarse otra vez casi intacta tras ocho años de aznarato.
Habrá quien diga que el problema ha estado en el tiempo, que el asunto consiste en que ocho años es insuficiente y que hacen falta dieciséis. O tal vez treinta y dos. Haberlos, seguramente los habrá. Y quizá no les falte del todo razón. El asunto es, como casi siempre, si ese es el mejor camino para lograr que una violencia armada con una base de legitimidad tan reducida como la que hoy practica ETA, desaparezca. Si los conflictos y problemas de todo tipo que ocasiona esa línea son más voluminosos, tanto cuantitativa como cualitativamente, que el daño que quieren combatir. Y, tras ocho años de experiencia, hay muchas cosas que parecen indicar que sí, que los daños colaterales tienen suficiente entidad como para considerar otras alternativas.
¿DESHIELO? La rabiosa agudización de las contradicciones nacionales es, sin duda, uno de los daños colaterales más preocupantes que se han desprendido del período durante el cual el PP estuvo en el gobierno y ETA impulsó la línea de atentar mortalmente contra cualquier representante político o intelectual del PP y del PSOE, fuera cual fuese su significación concreta. Es verdad que no resulta fácil medir hasta qué punto aquella rabiosa agudización que se manifestaba con toda su virulencia en las esferas políticas y mediáticas repercutía hacia abajo, hacia el conjunto de la sociedad. Uno siempre ha tenido la esperanza de que la contaminación por los enfrentamientos y hasta los odios interidentitarios generados entonces, que no son nuevos pero sí renovados, haya sido limitada y no muy honda. Nuestra sociedad ha hecho, para bien y para mal, del confort, material en primer término pero también, inevitablemente, del cultural e ideológico, uno de sus valores máximos; y ese confort es hasta cierto punto contradictorio con manifestaciones de conflictividad interidentitaria de cierta amplitud cuantitativa y agudeza cualitativa.
Sin embargo, la preocupación está ahí. Por ello uno tiende a valorar positivamente todo aquello que contribuye a atenuar la conflictividad interidentitaria entre la gente, lo que requiere, lógicamente, actitudes de respeto mutuo y gestos de distensión y tolerancia. Y tiende a ver con preocupación aquello que favorece la crispación nacional, y el ojo por ojo y el diente por diente.
No se trata, claro, de que “todo el mundo sea muy, muy bueno”, y no digo “hermanitas de las Caridad” porque las he conocido de bastantes pelajes. Los partidos políticos son sociedades destinadas a la obtención de votos, de la misma manera que las empresas capitalistas –o sea, las empresas–son sociedades creadas para obtener beneficios económicos. Y vivimos, también para bien y para mal, en este mundo, con estos partidos y estas empresas. Pero, lo deseable es que, mientras el mundo sea así y no de otra manera mejor, las empresas capitalistas tengan establecidos unos límites y fijadas unos determinadas normas para su funcionamiento, que contengan lo más posible la inevitable tendencia depredadora que su avidez de beneficios ha desarrollado en ellas (buena parte del movimiento obrero no ha perseguido otra cosa a lo lago de su historia); y que los partidos políticos se fijen también algunas fronteras que no deberían traspasar para lograr los tan ansiados votos sin los cuales, es así, los partidos políticos tienen ante sí un futuro muy negro.
¿Es posible definir de antemano cuáles son y donde deben fijarse esos límites? Es evidente que no. Cabe, quizá, señalar algunos por simple por exclusión: por ejemplo, muchas de las cosas que se hicieron por parte de casi todo el mundo durante las legislaturas de Aznar se han manifestado como muy problemáticas, cuando no simple y llanamente nefastos. Y no es interesante realimentar aquellas dinámicas. Desde este punto de vista, y sólo desde este punto de vista, el deshielo de relaciones entre el gobierno central y el de la CAPV, materializado en el acercamiento que estos días pasados hemos visto desarrollarse entre Zapatero e Ibarretxe y en los acuerdos alcanzados en torno al Cupo y otras cuestiones, no parecen ser malos síntomas.
Por el contrario, la inverosímil reacción político-mediática que, desde algunas esferas concretas ha suscitado el anuncia de la OPA hostil que Gas Natural ha lanzado sobre el capital de Endesa muestra hasta dónde puede llagar la cosa. Hasta el ridículo. Pero también eran ridículos muchos de los comportamientos políticos generalizados durante el mandato de Aznar. Lo malo era que, además de ridículos, resultaban altamente peligrosos para mantener unas bases mínimas de convivencia.