Gabriel Flores
Notas sobre las propuestas económicas del 15-M
Hemos ido conociendo las pretensiones económicas del 15-M a través de los contenidos y objetivos de las movilizaciones que ha impulsado: las grandes marchas y manifestaciones del 19 de junio contra la crisis, el capital y el Pacto del Euro; las pequeñas, repetidas y muy eficaces concentraciones contra los desahucios; las puntuales acciones en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras en paro y sus reivindicaciones o con el pueblo griego, a cuenta del nuevo plan de rescate impuesto por las instituciones comunitarias y el Gobierno de Grecia; las concentraciones de rechazo de la especulación financiera, la expoliación de las cajas de ahorro en beneficio de los grandes bancos privados, los paraísos fiscales, la privatización de bienes públicos, etcétera.
En paralelo a la movilización social, los debates asamblearios del 15-M han ido poniendo en pie un conjunto de ideas económicas que expresan el sentir común de buena parte de la ciudadanía en contra de que la mayoría de la sociedad pague los costes de la crisis mientras las grandes fortunas y los grandes grupos económicos siguen acumulando patrimonios, rentas y poder. Las medidas de austeridad han provocado un gran hartazgo. Un ajuste interminable que prolonga el estancamiento económico, no soluciona nada y sustituye la soberanía democrática de la ciudadanía por los dictados de los mercados y las instituciones comunitarias ha terminado por sumar nuevas razones para la indignación y la protesta de la sociedad.
La salida de la crisis que preconizan mercados y gobiernos pone en el centro de su atención la recuperación de la rentabilidad y competitividad de las empresas y pretende reforzar los rasgos más antipáticos y elitistas de un sistema capitalista que demuestra su incapacidad para hacer reales derechos económicos básicos (vivienda, trabajo, salud, educación,…). Buena parte de la ciudadanía rechaza la propuesta de salida de la crisis que prescriben las instituciones comunitarias y defiende que la actividad económica se ponga al servicio del bienestar de las personas y que sus representantes políticos presten más atención a la voz, las reclamaciones y las necesidades de la mayoría.
En las últimas semanas se han dado a conocer diferentes propuestas de carácter económico y social que han aprobado distintas asambleas del 15-M, comisiones económicas específicas o corrientes de opinión organizadas (como Democracia Real Ya u otras) que pretenden vivificar y proporcionar soporte al movimiento. Estamos ya en condiciones, por tanto, de valorar y ponderar las pretensiones y la orientación del movimiento 15-M en el terreno económico y social. Algunos de los documentos elaborados se pueden consultar en:
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/23/propuestas-abiertas-economia-sol/
http://acampadabcn.files.wordpress.com/2011/06/primeras-medidas-para-una-vida-digna_.pdf
http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/
Aunque a una parte significativa de activistas del movimiento 15-M las identidades de izquierda o derecha le dicen más bien poco y las consideran etiquetas políticas de escaso significado que no cabe aplicar a la acción y las reivindicaciones del nuevo movimiento, no puede ignorarse que tanto las propuestas que plantea el 15-M como la acción política que realiza conectan y en parte son deudoras de las experiencias movilizadoras y de los objetivos y argumentos desarrollados por la parte de la izquierda social y alternativa más apegada al trabajo de base y menos identificada con las referencias ideológicas y políticas predominantes en otros tiempos. La extensión del 15-M hacia los barrios y pueblos y su conexión con el tejido popular de asociaciones preexistente no pueden sino acelerar y reforzar el proceso de activación y regeneración de la izquierda social, sindical y política y, al tiempo, la propia solidez del movimiento 15-M como herramienta útil de democratización y control ciudadano del sistema político y de apuesta por una salida progresista de la crisis económica.
Antes que apreciar novedades en las propuestas económicas del 15-M, se puede hablar de un trabajo de recopilación de medidas progresistas y de izquierdas preexistentes que han sido filtradas por el trabajo y el debate de miles de activistas en asambleas y grupos de trabajo específicos abiertos a la reflexión y a la palabra de la ciudadanía.
El malestar social con el funcionamiento y las pretensiones de los mercados, con las políticas gubernamentales y con la dejación de los sindicatos mayoritarios existía, había anidado en la mayoría de la sociedad, pero tras la huelga general del 29 de septiembre de 2010 había dejado de tener cauces de expresión. El cambio de estrategia sindical para rebajar la confrontación con el Gobierno, calmar las expectativas de agitación y protesta social y reanudar las negociaciones con vistas a reconstruir un escenario menos conflictivo y más favorable a la consecución de nuevos acuerdos no permitió la continuidad de la protesta. Parecía que la resignación y el realismo político de apoyar el mal menor imperaban por doquier y acabarían por convertir en acomodo y pasividad una parte del difuso malestar social existente. Revertir ese proceso ha sido el gran éxito del 15-M y ese es su gran patrimonio: servir de cauce, plataforma de expresión y multiplicador de una indignación social que se ha revelado en gran medida como transversal y que no termina de encajar en el mapa político (en las categorías y divisiones políticas tradicionales) ni en los alineamientos sociales, ideológicos, culturales o nacionales que caracterizan a nuestra sociedad.
Gracias al 15-M, la ciudadanía española ha podido expresar masivamente su rechazo a la gestión de la crisis realizada por las autoridades españolas y comunitarias y su denuncia de las consecuencias antisociales de las medidas aplicadas. Partidos de izquierda y sindicatos de clase mayoritarios no quisieron o no pudieron encauzar ese descontento masivo que acumulaba la sociedad española. El movimiento 15-M ha generado una explosión de participación y creatividad popular que ha estallado ante las narices de los líderes políticos y sindicales que han hecho dejación de sus obligaciones y responsabilidades en la defensa de los derechos e intereses de la mayoría social.
La indignación encarnó en primer lugar en el campo de la crítica política de la relación de la ciudadanía con sus representantes políticos y de las protestas por el descabal y pobre funcionamiento del sistema democrático representativo. Nos encontrábamos en plena campaña electoral y una parte notable del electorado de izquierdas tenía muchas ganas de castigar la acción gubernamental en materia económica y social y, más en general, de expresar su distanciamiento con un sistema político tan sensible a las presiones de los poderosos como impermeable a las reclamaciones de la mayoría de la población. No es de extrañar que las primeras expresiones de la protesta se dirigieran en contra de los grandes partidos políticos, denunciaran los escasos escrúpulos de los representantes políticos ante la corrupción de sus correligionarios y evidenciaran el claro distanciamiento entre las preocupaciones que expresaban la calle y las plazas y un escenario electoral poblado de candidatos, marionetas de sus asesores de imagen, que realizaban un debate político tan plano y vacío de contenidos como crispado.
La continuidad del movimiento, una vez celebradas las elecciones municipales y autonómicas, hizo que el horizonte de protestas y reivindicaciones se ampliara de forma natural y sin grandes tensiones hacia el campo socioeconómico. Muchos activistas del movimiento fueron acercándose, debatiendo y apropiándose de buena parte de las ideas y propuestas económicas que en los meses anteriores habían entablado disputa y controversia con las propuestas económicas antisociales que, bajo la presión de los mercados y la UE, el Gobierno del PSOE había convertido en leyes, reformas y recortes económicos reales.
Tras esta compleja gestación, el análisis de las ideas y pretensiones económicas del movimiento 15-M no puede ser abordado como si se tratara de un programa económico listo para ser adoptado como guía de la acción política de un Gobierno progresista o como propuesta política alternativa de un hipotético bloque político dispuesto a ganar el apoyo de la mayoría social y a las bases electorales de las fuerzas de izquierdas. En mi opinión, las propuestas económicas del 15-M conforman un conjunto heterogéneo de reivindicaciones, ideas y criterios de carácter económico que expresan un convencimiento muy generalizado de que las reformas y medidas económicas que se están llevando a cabo perjudican a la actividad económica productiva, no sirven para generar empleo y suponen recortes de derechos y bienes públicos que perjudican gravemente a los sectores populares que sufren en primera persona los impactos de la crisis y viven con gran precariedad y riesgos evidentes de exclusión la crisis económica.
La novedad que representa el conjunto de propuestas económicas del 15-M no se encuentra en su contenido, sino en su utilidad como instrumento que permite plantear acciones que frenan y, en ocasiones, impiden o contribuyen a modificar las políticas antisociales que aprueba el Gobierno o están en la agenda del actual Gobierno y del que lo sustituya. Las propuestas económicas del 15-M sirven también para que la sociedad adquiera herramientas de crítica a las políticas que adoptan gobiernos, parlamentos e instituciones europeas y, como consecuencia, para debilitar los apoyos sociales a la estrategia y las políticas económicas de salida de la crisis que requieren los poderes económicos y las fuerzas políticas conservadoras y liberales que representan los intereses de las grandes empresas y hacen de las presiones que ejerce una minoría social el eje que articula las políticas económicas y las reformas estructurales que se están aplicando. Por último, plantean elementos de un proceso muy diferente al que se está siguiendo de construcción de la unidad europea y de otro sistema económico que tenga por prioridades la consecución de los derechos económicos básicos y su cumplimiento real, la provisión de bienes públicos de calidad, la cohesión social y territorial y, en definitiva, la mejora del entorno económico y social y, en primer lugar, de los sectores sociales que sufren mayores riesgos de exclusión o situaciones de desprotección.
El rechazo de la derecha a las propuestas económicas del 15-M
Como era de esperar, no han sido pocas las reacciones negativas que han provocado en las filas de la derecha política y en los órganos de expresión de los poderes económicos las propuestas del 15-M.
La sentencia de la derecha española contra las propuestas económicas del 15-M ha sido sumaria y carente de matices. En las raras ocasiones en las que ha abandonado su afectada indiferencia, las críticas de la derecha fuerzan la relación de las propuestas económicas del 15-M con el izquierdismo antisistema o revolucionario y con el socialismo trasnochado. De nada han valido el realismo y la evidente búsqueda de viabilidad política de las propuestas de reforma y de cambio en la normativa legal que plantea el movimiento 15-M. Han insistido en presentar al 15-M como un brote efímero de populismo izquierdista al que pretendieron atribuir pulsiones violentas y veleidades en la utilización de la violencia como instrumento de una acción política orientada a construir un sistema económico regulado por un Estado dirigista o totalitario. Objetivamente, esos intentos darían risa (y vergüenza ajena) si no fuera porque están calando en la base social del PP y sirven para encastillar a parte del electorado de la derecha frente a las críticas a la complicidad con la que los partidos mayoritarios (y, en un lugar muy destacado, el PP) tratan la corrupción, cuando en ella están implicados y encausados judicialmente militantes, dirigentes y cargos electos de sus partidos.
La mayoría de los medios de comunicación ha estado al servicio de ese intento de deformación interesada del 15-M y, con manifiesta displicencia, se han dedicado a la búsqueda de errores, erratas y tertulianos dispuestos a avalar, los hay a patadas, las críticas a los supuestos disparates económicos del movimiento 15-M. Subrayan el escaso nivel de elaboración de las propuestas y tratan de presentar las reivindicaciones del 15-M como una irresponsable e interesada estrategia para favorecer el caos y precipitar a la economía española hacia una situación de impagos de catastróficas consecuencias que pretende entorpecer la gestión de la nueva mayoría electoral conservadora que en un futuro muy cercano formará Gobierno.
Por otro lado, la respuesta mayoritaria de los economistas y demás entendidos de otras ciencias sociales relacionadas con la Economía ha sido el desprecio hacia unos aficionados que se aproximan a las cuestiones económicas en debates asamblearios que pisotean principios y conceptos y manejan burdas interrelaciones que muestran un completo desconocimiento de los elegantes modelos y las complejas relaciones que manejan académicos y profesionales en la materia. Como mucho, llegan a admitir que algunas de las ideas que se plantean son razonables pero acusan la abundancia de medidas demagógicas, poco operativas o carentes de contenido. Naïf, analfabeto y populista son las descalificaciones que repiten con más insistencia, pero cuando intentan una crítica concreta a las propuestas del 15-M se les ve el plumero de una ideología económica ultraliberal que ha convertido en mantras arregla-lo-todo el limitado y modesto alcance de los conocimientos que tenemos los economistas para intentar medir, con el mayor detalle posible, los costes y beneficios de las diferentes propuestas disponibles, su eficacia relativa y sus desiguales impactos sociales.
Ajenos por completo a toda autocrítica que no sea barniz obligado por la evidente responsabilidad de la ideología y las políticas ultraliberales en la gestación de una crisis global que aún colea, sienten inseguridad y rechazan toda medida que implique un mayor peso o papel regulador del Estado en cuestiones económicas. Las propuestas de desarrollo de una banca pública o de incremento de la presión fiscal sobre los beneficios y demás rentas del capital chocan frontalmente contra la ideología de los mercados eficientes que han asimilado como conocimiento científico incontestable y, lo que no es una cuestión menor, contra los intereses de los grandes grupos financieros, universidades y fundaciones sustentadoras del pensamiento único que les proporcionan cobijo, mayores posibilidades de desarrollo a su carrera profesional y substanciosos ingresos.
Así, se ha podido leer que a un profesor de Finanzas de la escuela de negocios Esade le da mucho miedo una hipotética “política de préstamos guiada por motivos políticos”, pero seguramente no le provocó ningún recelo ni prevención lo que pasó realmente: una aventurera política crediticia guiada por la maximización de los beneficios que ha concentrado la inversión en especializaciones y actividades insostenibles (vinculadas al ladrillo y servicios de bajo valor añadido que se encontraban a resguardo de la competencia internacional), mientras se abandonaban actividades manufactureras y se alentaba una desindustrialización que ha consolidado los grandes desequilibrios de la balanza por cuenta corriente, el enorme endeudamiento de los agentes económicos privados y el nulo incremento de la productividad aparente del trabajo durante más de una década en el conjunto de la economía española. Cada cual es libre de elegir sus temores, pero convertir la mieditis en opinión y conocimiento económico es ridículo y un fraude intelectual.
Cuando los economistas liberales reconocen algunos de los errores cometidos casi nunca señalan la actuación del regulador bancario, a la que en algún momento han presentado como modélica. Se verían obligados a reconocer que ellos también apoyaron el complaciente dejar hacer del Banco de España y de sucesivos gobiernos con el negocio bancario vinculado a la burbuja inmobiliaria. Y olvidan que llevan más de un año aplaudiendo la exclusiva dedicación del Banco de España a presionar a favor de una reforma laboral que no forma parte de sus competencias en lugar de cumplir con sus obligaciones de control y saneamiento del sistema bancario.
Cuando se refieren a los errores de la banca privada en sus políticas de sobreendeudamiento externo y prolongación de una política crediticio de alto riesgo, lo hacen en un tono menor e inmediatamente añaden que ya está pagando sus errores y que el Estado debe rescatar de sus problemas a las grandes entidades bancarias si no se quiere que su caída impacte de forma catastrófica sobre la actividad económica y la sociedad. No es verdad ni una cosa, que ya estén pagando sus errores, ni la otra, porque no sólo la quiebra de un gran grupo bancario puede ocasionar catástrofes, también las formas de rescate que promueven los intereses privados a costa del dinero público pueden terminar en más paro, precariedad laboral y fragilidad social.
No es verdad que hayan pagado sus errores o los estén pagando ni los directivos de los grandes grupos bancarios, que siguen aplicando la ley del embudo de utilizar el respaldo político y los fondos financieros que aporta el sector público para seguir incrementando sus retribuciones, ni sus accionistas de referencia, que ya han hecho un gran negocio con las políticas de crédito abundante y barato que ha aplicado el Banco Central Europeo y que están a punto de hacer otro gran negocio con la privatización y desmantelamiento de las Cajas de Ahorro.
Y tampoco es verdad que el 15-M propicie el hundimiento o pretenda impedir el rescate de las entidades bancarias que presentan una delicada situación patrimonial, supongan o no por su tamaño un riesgo sistémico para el conjunto de la economía. Lo que propugna el 15-M es la existencia de una banca pública y, en paralelo, poner la actividad crediticia y las entidades bancarias al servicio de la sociedad para impulsar actividades económicas viables y sostenibles que están sufriendo la restricción indiscriminada del crédito a la actividad productiva que practica la banca privada con las pequeñas y medianas empresas.
Exigir responsabilidades a los causantes de la crisis, mayor transparencia de las actividades bancarias y un control social y democrático de las entidades son herramientas imprescindibles para conseguir la subordinación del poder financiero a los intereses del conjunto de la población y a las instituciones democráticas. Contar con una banca pública orientada a financiar la generación de empleo y una actividad económica subordinada al bienestar social es una exigencia que viene planteada por la actual inoperancia de los cauces crediticios privados y la imposibilidad de hogares, trabajadores autónomos y pequeñas empresas solventes de acceder al crédito.
Las descalificaciones sumarias de falta de rigor técnico que formulan presuntos especialistas en cuestiones económicas son, además de la manifestación de los prejuicios ideológicos de sus autores, la palpable evidencia de los sesgados conocimientos económicos de personas que desprecian o ignoran las necesidades básicas de la mayoría de la sociedad.
Tras leer muchos de los comentarios de preclaros economistas sobre las reivindicaciones económicas del 15-M hay que reconocer que el profesor David Anisi (catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Salamanca hasta su prematuro fallecimiento en 2008) tenía toda la razón cuando en 2006 escribió: entre los economistas “la proporción de estúpidos alcanza dimensiones quiméricas”; y añadía “siempre me sorprendo cada vez que tengo que añadir uno más a la lista.”
El apoyo acrítico a las propuestas económicas del 15-M no sirve para nada
Junto a las simpatías que suscitan las propuestas económicas del movimiento 15-M hay que reconocer con realismo que forman un incompleto a la par que extenso, creciente y heterogéneo conjunto de reivindicaciones que tienen una muy desigual fundamentación y una coherencia aún insuficiente.
El aglomerado resultante está compuesto por propuestas de muy desigual alcance y muy diferentes posibilidades de suscitar apoyos sociales, plasmarse en normativa legal, propiciar el debate y la reflexión de los activistas del movimiento o desvelar los intereses, objetivos e implicaciones de las políticas de austeridad y reforma estructural que aplican los gobiernos de los países de la UE.
Las diferentes propuestas ya han empezado a someterse al examen crítico, al debate y a la integración de las nuevas perspectivas y reivindicaciones que aporten las asambleas y comisiones del conjunto de ciudades, pueblos y barrios por los que se ha extendido el movimiento en todo el Estado español. Probablemente, el resultado de ese proceso aumentará la extensión y heterogeneidad de las propuestas sin que ello contribuya a que ganen en coherencia o propicien el debate de los principales problemas que debe afrontar y superar la economía española. Todas esas características (negativas o no positivas) deben darse por descontadas, dada la forma y las condiciones en las que han sido elaboradas y su carácter explícito de propuestas abiertas. Y seguirán en ese estadio durante un periodo prolongado. No es algo que deba ser motivo de alegría, pero tampoco de preocupación excesiva. Hay que intentar aportar mejoras, acompañar su enriquecimiento en el debate colectivo y contribuir a añadir precisión y andamiaje técnico a cada reivindicación y al conjunto de las propuestas.
Si se examina el proceso seguido por el Grupo de Trabajo de Economía de Sol para elaborar las “Propuestas abiertas del Grupo de Economía (Acampada Sol-15M)” publicadas a mediados de junio (por tanto, hace apenas un mes) se puede observar que son el azaroso resultado de un intenso y extenso (por los temas tratados, el número de participantes y las horas dedicado a su discusión) debate asambleario de varios cientos de personas vinculados a la acampada de la Puerta del Sol que, distribuidos en media docena de subcomisiones, han elaborado y compilado diferentes reivindicaciones y propuestas de carácter económico hasta llegar por consenso (primero en cada subgrupo de trabajo y después en la Asamblea General del Grupo de Economía) a un total de 22 propuestas.
Los miembros de la Asamblea de Economía aprecian de forma realista la importancia y las limitaciones del trabajo realizado y lo expresan públicamente en la introducción del documento que han dado a conocer. Hecho que merece ser valorado y agradecido.
“Desde el Grupo de Economía de Acampada Sol somos conscientes de que estas propuestas solo representan a las personas que las hemos elaborado y consensuado. No se pretende que estas sean las propuestas del movimiento ni de la ciudadanía, pues no nos otorgamos el derecho de hablar en nombre de nadie. Estas propuestas y sus argumentaciones pretenden ser una herramienta que sirva a otras personas, grupos, asambleas, movimientos u organizaciones como documento de información y debate, y que a su vez nos permita recoger nuevas opiniones y propuestas que enriquezcan nuestro trabajo. Así, definimos a estas propuestas como “abiertas”, pues consideramos que su proceso de construcción no está finalizado; entendemos que han de ser objeto de un mayor debate y desarrollo.
Por otra parte, el corto recorrido de este movimiento y la diversidad y cantidad de temas a tratar hacen de este un documento parcial y no exhaustivo. No se han abordado por parte del Grupo de Economía y de sus subgrupos gran cantidad de temas que revisten enorme importancia. Partiendo de esta certeza, el Grupo de Economía se propone continuar su trabajo de forma indefinida para seguir tratando todos los asuntos relacionados con la economía que afectan de manera más o menos importante a la vida de las personas, tanto a nivel local como estatal y global.
Hacemos una invitación expresa a todas las personas, colectivos, grupos, asambleas, movimientos y organizaciones que lo deseen a hacernos llegar sus comentarios, reflexiones, debates y propuestas relacionadas con estos u otros temas para nutrir y enriquecer el trabajo que desarrolla este Grupo de trabajo, así como a participar de forma activa en las Asambleas que de forma periódica realizamos en la ciudad de Madrid.”
A los 22 puntos reivindicativos hay que añadir “una serie de argumentaciones, que tratan de explicar el por qué de estas propuestas, ofreciendo información sobre aquellos aspectos principales tenidos en cuenta en cada caso. La redacción de estos argumentos ha corrido a cargo de cada subgrupo de trabajo, sin que se haya realizado un debate y un consenso sobre su contenido en el marco de la Asamblea de Economía. Además de las propuestas y argumentos, se incluyen en un anexo otros debates y propuestas en los que se trabaja por parte de cada subgrupo, que hasta el momento no han sido desarrollados suficientemente o en los que no se ha llegado a un consenso.”
Creo que merece la pena resaltar que el trabajo que se ha realizado hasta ahora en diversas asambleas de diferentes ciudades es un buen punto de partida para continuar el debate e intentar que las discusiones sobre la crisis económica y la interesada y desequilibrada estrategia antisocial y procapitalista de salida de la crisis que se ha impuesto no sea coto cerrado de economistas y políticos que, de forma abrumadoramente mayoritaria, la respaldan.
No hay mejor aprecio a estas propuestas ni mejor forma de otorgarles la importancia que tienen que someterlas a una cuidadosa lectura y a un examen crítico lo más riguroso posible destinado a mejorarlas y a comprender qué papel puede jugar la elaboración y plasmación de unas reivindicaciones económicas en el fortalecimiento del movimiento 15-M. Asumir de forma acrítica estas propuestas no sirve de nada ni contribuye en nada a impulsar una tarea de reflexión y debate público que es imprescindible.
En mi opinión, el objetivo del proceso de debate que se ha abierto no debería ser avanzar en la elaboración de algo parecido a un programa económico o una plataforma de reivindicaciones y reformas económicas del 15-M (ni del madrileño ni, mucho menos, del estatal). Ni siquiera considero posible o conveniente que el objeto del debate sea seleccionar una tabla de unas cuantas exigencias que contribuyan a cohesionar y movilizar al personal. La intención de propiciar la extensión de las propuestas al conjunto de asambleas y personas afines al movimiento debe ser otro: la información y la formación de las personas que participen en el debate en torno a las muy diferentes (y opuestas) estrategias de salida de la crisis que están sobre la mesa, las políticas económicas y reformas asociadas a cada estrategia y los intereses y objetivos prioritarios que defiende cada una.
Naturalmente, en torno a un tronco común de rechazo de la estrategia antisocial que está en marcha hay grandes espacios para los matices y las divergencias. No sería apropiado que esos matices y divergencias en el análisis o en las propuestas fueran ahogados o se perdieran por la urgencia o el discutible interés de plasmar en un acuerdo o una redacción única cada debate. Tampoco sería aceptable que las dificultades del debate o de la plasmación pública de las diferentes argumentaciones y prioridades impidieran la movilización social de rechazo a las políticas y estrategias de salida de la crisis que tienen un evidente contenido antisocial o de reivindicación de medidas sobre las que ya existe (o puedan suscitar) un notable consenso. Si hasta aquí ha sido posible conseguir ese equilibrio entre movilización, debate asambleario y profundización en los acuerdos no tiene por qué ser un imposible a partir de ahora. Se puede conseguir y hay que intentar conseguirlo.
Creo que no estaría de más contribuir a defender al movimiento de las presiones a favor de una excesiva definición y ampliación programáticas y de exigencias organizativas orientadas por el pragmatismo y la eficacia a corto plazo en la toma de decisiones. La conversión del 15-M en un movimiento sociopolítico con límites, identidades y programas más precisos (de cualquiera de las almas o corrientes que pululan en su seno u orbitan en su entorno) podría despojarlo de buena parte de las simpatías, legitimidad y capacidad de acción conseguidas.
Hay posibilidades de que el 15-M acabe disgregándose o se convierta en otro más de los actores marginales en la escena sociopolítica y conviene tenerlo en cuenta para no contribuir a que así sea. Podría ser también que, finalmente, el proceso de decantación programática, definición más precisa de perfiles ideológicos y organizativos y conversión en una organización sociopolítica de nuevo tipo sea inevitable o un mal menor. Esta segunda posibilidad la consideraría, en todo caso, una pérdida respecto a lo que es ahora y al papel tan positivo que ya ha jugado y que, gracias a su identidad actual, puede seguir jugando: marcar e influir en la acción y propuestas de la izquierda política y sindical, catalizar conciencias de la izquierda social, aproximar nuevos sectores sociales al debate político, reforzar la resistencia a las políticas antisociales puestas en marcha y movilizar de forma autónoma a la izquierda social en defensa de una salida y unas políticas progresistas.
No está de más reiterar la importancia de arrebatar el monopolio de la emisión de ideas económicas a tertulianos y supuestos o reales especialistas y el enorme interés de haber conseguido que el debate de las cuestiones económicas se haya instalado en las plazas y asambleas públicas y se abra a la participación de la ciudadanía.
Todas las personas afines al movimiento valoran la enorme importancia de preservar la unidad del 15-M. Y, por consiguiente, abogan prudentemente por no favorecer las divisiones y por mantener un razonable acomodo de todas las sensibilidades en su seno; pero, en la práctica, no pocos activistas plantean un desasosiego creciente por las insuficiencias del movimiento que contribuye a desvalorizar las características peculiares (mezcla de virtudes y limitaciones) que le proporcionan su particular identidad y a reclamar un avance más rápido o una definición más precisa que hacen que las costuras del 15-M estén sometidas a una gran presión que amenaza lo conseguido hasta ahora y la continuidad de cualquier proceso de desarrollo. Convendría ser más conscientes de este peligro y dedicar algún tiempo a aplacar desasosiegos, abandonar prisas y hojas de ruta predeterminadas y aparcar o poner sordina a las reclamaciones de nuevas y prontas precisiones en sus programas, fórmulas organizativas o métodos de decisión.
¿Un programa económico del 15-M?
El movimiento 15-M se define por las movilizaciones que impulsa, los rituales y talante que lo distinguen, las reivindicaciones que plantea y una contrastada capacidad para remover conciencias, unir en la movilización y sumar simpatías y apoyos sociales. Ha sido especialmente bien acogida su crítica radical al sistema político por considerarlo insuficientemente democrático, excesivamente permeable a las presiones de los poderosos (especialmente en una gestión económica que está produciendo nefastos resultados), escasamente representativo de los intereses de la mayoría social, sometido a muy escasos controles y demasiado complaciente con la corrupción y los privilegios de los políticos. Al tiempo, el 15-M ha sido capaz de generar nuevas formas y un nuevo impulso de la acción política y el debate colectivo que han suscitado la participación, simpatía y adhesión de la ciudadanía. No es poco ni baladí.
¿Tiene que ser el 15-M, además, el generador (o sustentador) de un programa económico alternativo? Creo que no: ni es su papel ni necesita disponer de ese programa para seguir avanzando ni parece fácil elaborar y aprobar (por consenso o muy amplias mayorías) un programa económico que concrete un conjunto de políticas y reformas económicas coherente, viable, bien elaborado técnicamente y fundamentado teóricamente.
Dicho ese no al anterior interrogante, cabe hacerse otra pregunta. ¿Tienen que aumentar la coherencia y la sistematización de las reivindicaciones económicas del 15-M? Parece evidente que la respuesta debe ser afirmativa. Esa mayor coherencia y sistematización son imprescindibles para familiarizar a los participantes en los debates sobre cuestiones y problemas económicos que no siempre son fáciles ni se pueden reducir a una frase o consigna. Convendría también que las asambleas y el intercambio de opiniones en esas asambleas o en las comisiones y grupos de trabajo específicos no fuesen los únicos vehículos de comprensión, aprendizaje y discusión de los que en ellas participan. Haría falta completar la discusión asamblearia con una controversia más organizada, por escrito o en talleres específicos, que permitiera delimitar con mayor tranquilidad y precisión las cuestiones en litigio y calibrar los términos y el alcance de acuerdos y disensos. De hecho ya han empezado a realizarse experiencias muy positivas de talleres encaminados a propiciar la participación popular en los debates económicos y la extensión y enriquecimiento de las propuestas.
El resultado de los debates no siempre acaba ni tiene por qué acabar en una reivindicación consensuada. A veces concluye en una denuncia pública o una acción concreta; otras, podría ser, en la defensa de iniciativas económicas de carácter social y cooperativo vinculadas a proyectos de colectivos arraigados en un barrio o pueblo. También cabe considerar la posibilidad de presentar propuestas plurales que analicen los pros y contras de diferentes aportaciones o puntos de vista sin inclinarse por unos u otros. Lo que realmente importa es que los debates y las propuestas de acción contribuyan a generar un clima de opinión contrario a que la salida de la crisis esté basada en ajustes de empleos y salarios, recortes de derechos y bienes públicos, mengua del Estado de Bienestar o abandono de los objetivos de protección suficiente de los sectores sociales que son excluidos por el mercado o corren riesgos de exclusión.
Parece claro que también conviene conceder suficiente importancia a que algunos de los debates desemboquen en reivindicaciones concretas, viables y razonadas. Esas reivindicaciones ayudan a sumar apoyos (o, ¡atención!, a restarlos), movilizar a la sociedad e identificar al movimiento, pero no pueden ser su única expresión. El 15-M debe realizar su contribución específica a un discurso y a un programa económico que tengan capacidad de ser confrontados con la estrategia de salida antisocial y procapitalista que está en marcha y que se está imponiendo desde mayo de 2010 con nefastos resultados. Pero ese programa económico no puede ser el fruto exclusivo de las aportaciones, por muy importantes que puedan ser, del 15-M.
La elaboración de ese programa económico no es un simple problema técnico (aunque no abundan, hay suficientes especialistas dispuestos a colaborar en su elaboración y suficientes propuestas alternativas) u organizativo (la validez y legitimidad de una reivindicación no proviene sin más de que tenga su origen en un proceso asambleario popular o en un debate técnico entre especialistas). El problema es, principalmente, político: de conexión de las reivindicaciones económicas que forman parte de un discurso y un programa económico progresistas con las inquietudes, intereses y aspiraciones de un amplio movimiento popular que genera, asume, respalda y jerarquiza las reivindicaciones. En último término, se puede hablar de un problema de fuerza política y social o de poder político (capacidad para decidir y tomar determinadas medidas), pero planteado en esos términos el problema queda reducido a reconocer una obviedad.
Por otro lado, merece la pena considerar por qué, antes de la aparición del 15-M, la izquierda no supo o pudo convencer de sus propuestas a los sectores sociales que sufrían o estaban amenazados por las políticas y reformas económicas antisociales que se estaban aplicando. El 15-M ha tenido la virtud de desatascar la situación política generada por la aceptación de CCOO y UGT de la reforma de las pensiones y por la dilución de las expectativas de generar un movimiento popular de resistencia a las políticas de austeridad y reformas estructurales gestionadas por el Gobierno del PSOE. Ahora, gracias a la labor desarrollada en apenas dos meses por el movimiento 15-M es posible retomar esas expectativas. Y hay que hacer todo lo posible por reforzar la oportunidad que nos brinda la aparición del 15-M y por evitar su marginación o disgregación.
Algunas insuficiencias de las propuestas económicas del 15-M
No debe menospreciarse la tendencia a la sobrevaloración o la excesiva complacencia con las propuestas económicas que ha elaborado el 15-M. Esas propuestas merecen el apoyo de toda la gente progresista, pero merecen también y deben ser criticadas. Y ese proceso de crítica y depuración debe realizarse con el ánimo constructivo de contribuir a su mejora.
Las personas que han participado activamente en las deliberaciones para consensuar las propuestas económicas del movimiento muestran una lógica inclinación a valorar con entusiasmo el trabajo realizado y su resultado. No les falta razón. Se trata de unas propuestas trabajosamente consensuadas que han exigido a los participantes en su elaboración muchas horas de documentación, preparación y debate y resulta lógico que el resultado final sea muy apreciado por las personas que han contribuido a que la tarea haya llegado a buen puerto. Y resulta razonable pedir respeto por su trabajo y exigir una actitud constructiva a los que pretendan hacer una lectura crítica de las propuestas y aportar algún ángulo, matiz o reflexión que no se hayan tenido en cuenta.
Constatar la existencia de esa tendencia a la autocomplacencia es el primer paso para evitar que se fortalezca en demasía y se convierta en un impedimento para proseguir el trabajo o termine agostando el impulso y la voluntad de expresar de forma positiva y con propuestas viables el rechazo a las políticas antisociales que se están aplicando. Sacrificar o aparcar el pensamiento crítico en aras a preservar lo hasta ahora conseguido es una actitud conservadora que no debe arraigar en el movimiento y que merece ser removida.
Al margen de las críticas, puntualizaciones y aclaraciones particulares que puedan realizarse a cada una de las propuestas y las argumentaciones que las sustentan, que serán planteadas de forma explícita y con alternativas concretas en las correspondientes asambleas y comisiones, habría que señalar dos grandes tipos de insuficiencias de muy diferente alcance, significado y posibilidades de arreglo.
Primera insuficiencia. La ausencia de un relato que permita señalar, diferenciar y analizar dos procesos que están en el origen de los problemas específicos que presenta y debe superar la economía española (tanto respecto a su estructura productiva como al modelo de crecimiento) para salir de su particular crisis (asociada a la crisis global, pero con un alto grado de autonomía en sus rasgos específicos). Por una parte, el largo proceso de inserción en el mercado único y en la eurozona que se intensificó a partir de la segunda mitad de la década de los noventa del pasado siglo y ha tenido impactos de enorme importancia en la estructura de la economía española y en la intensificación de sus desequilibrios macroeconómicos. Y por otra, a partir de los primeros meses de 2010, la nefasta gestión que han realizado los líderes europeos y las instituciones comunitarias de la crisis de la deuda soberana de los países periféricos de la eurozona, ocultando y negando la situación de insolvencia de algunos Estados miembros y las debilidades institucionales de la UE que exigen reformas sustanciales y una gestión solidaria, muy diferente a la que se ha hecho, de los problemas de la deuda soberana.
Sin conectar las reivindicaciones económicas del 15-M con ese relato resulta difícil, si no imposible, entender los problemas que deben afrontarse y sus posibles soluciones. La importancia, por ejemplo, de modernizar la estructura productiva de la economía española, revertir el proceso de desindustrialización y sustituir las especializaciones basadas en el ladrillo y los servicios de bajo valor añadido y escasa cualificación laboral que están en la base de los déficit por cuenta corriente y del colosal endeudamiento de los agentes económicos privados que ha sustentado el diferencial de crecimiento de la economía española desde 1994 a 2007. Y no digamos, del problema clave que supone el tipo de gobernanza económica que han impuesto los líderes europeos y que pretende reforzar las sanciones y la insolidaridad con los socios más débiles sin abordar las incoherencias institucionales que ha revelado la crisis y que están prolongando y profundizando el estancamiento de las economías periféricas de la eurozona y ponen en peligro el propio proceso de construcción de la unidad europea.
Y segunda insuficiencia. Las muchas ausencias relevantes en la, por otra parte, muy extensa lista de reivindicaciones económicas que el 15-M ha puesto sobre el tapete. Señalar estas ausencias permite constatar el inevitable grado de arbitrariedad que acompaña a cualquier decisión de establecer una tabla de reivindicaciones: se pierden planteamientos y propuestas que pueden tener mayor importancia que otras que aparecen o mayor arraigo social y relevancia económica que las que se han recogido. Un incompleto inventario de algunos de los temas ausentes permite percibir la importancia de este problema:
– Aunque existen diversas medidas encaminadas a garantizar una vida digna para todas las personas, convendría remarcar aún más que nos encontramos en una situación de emergencia social que exige, por razones de eficiencia económica y justicia social, que el poder político se responsabilice realmente de la tarea de proteger al conjunto de sus ciudadanos y ofrecer empleos, rentas y protección suficiente a la población; sobre todo, si los mercados y las empresas siguen demostrando la misma incapacidad que hasta ahora para generar empleo.
– La defensa de la calidad de los bienes públicos implica la denuncia de las políticas de recorte del Estado de Bienestar y, en paralelo, de las medidas que favorecen la entrada de empresas e intereses privados en la oferta de bienes públicos (educación y sanidad) o la privatización de empresas públicas rentables (la intentona de entregar a intereses privados el Canal de Isabel II de Madrid es el ejemplo más actual y emblemático)
– Impulso de una modernización del aparato productivo que favorezca la reindustrialización y los imprescindibles cambios de las especializaciones productivas y el modelo de crecimiento.
– Apoyo a las energías renovables, incremento de la eficiencia energética, penalización del consumo de energías fósiles y rechazo a asumir los riesgos que comporta la energía nuclear. La preocupación por incentivar la frugalidad de los consumidores, la crítica al consumismo y la toma de conciencia de la sociedad sobre el carácter finito de los recursos y las externalidades negativas que generan la producción y el consumo deben formar parte de la actividad reivindicativa cotidiana del movimiento. Al igual que el apoyo a las medidas que pretendan desacoplar el crecimiento y la necesidad de recursos materiales y energéticos (por ejemplo, mejoras en transporte, alojamiento, alimentación, comercio de cercanía, etc.)
– Exigencia de cambios en la gobernanza europea y en la gestión de los problemas de la deuda externa de los países periféricos de la eurozona. Las incoherencias institucionales de la UE deben superarse mediante un reforzamiento del federalismo económico, fiscal y político que comporte mayores dosis de solidaridad y mutualización de los riesgos (como contrapartida a los beneficios que también se comparten). En este punto, resulta obligado señalar la incoherencia que supone que el rechazo al Pacto por el Euro no aparezca en la lista de propuestas económicas de las asambleas más importantes del 15-M.
La enumeración de estas ausencias no pretende su incorporación a un listado interminable de temas o una acumulación ilegible de reivindicaciones que abarquen el conjunto de luchas y exigencias populares. La tarea es mucho más peliaguda: construir un discurso y unas propuestas económicas que alimenten y promuevan la ampliación, la toma de conciencia y la solidez del movimiento popular. La elaboración de un pensamiento económico alternativo al dominante y de las medidas y propuestas de política económica y reforma que lo conforman y significan no se resuelve mediante una tabla reivindicativa (por muy corta que sea o por mucho que se alargue). La tarea a emprender es la de generar un pensamiento económico y unas reivindicaciones que puedan enlazar e insertarse en las aspiraciones y exigencias que irán siendo definidas y jerarquizadas por una ciudadanía activa y consciente de sus derechos y necesidades. Al servicio de esa convergencia debe ponerse el trabajo de elaboración de las pretensiones económicas del movimiento 15-M que apenas acaba de iniciarse.