Héctor Maravall
«Un avance importante con muchos interrogantes
y que suscita muchas dudas»
Una conversación de Manuel Llusia con Héctor Maravalla sobre la Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
(Página Abierta, 182, junio de 2007)
Para ensalzar la iniciativa legislativa, se ha dicho a veces que estábamos ante el reconocimiento de un nuevo derecho. Sin embargo, la ley parece reconocer que más bien se trata de desarrollar un derecho ya establecido en el propio texto constitucional y puesto en marcha no sólo con la protección sanitaria y de la Seguridad Social, sino también con el sistema de servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hasta la aprobación de esta nueva ley todo lo que se refería a los derechos sociales estaba supeditado a las disponibilidades presupuestarias, y por lo tanto, tenía todavía un carácter más próximo a la asistencia social que al concepto de derecho social. Lo más importante de esta ley es que se configura como un derecho subjetivo, universal y exigible ante los tribunales. Pienso, pues, que es un cambio cualitativo importante, ya que hasta ahora únicamente la sanidad, la educación y las pensiones, por sus características, tenían ese carácter. En España, a diferencia de otros países, los servicios sociales nunca habían tenido ese reconocimiento legal. Y me parece también importante y positivo cuando, además, llevamos 15 años sin haber reconocido ningún nuevo derecho social. El último, en el año 1991, fue el derecho a las pensiones no contributivas.
En la exposición de motivos de la ley se llama la atención sobre lo imprescindible que resulta la revisión del sistema tradicional de atención, tanto en lo que se refiere a los medios para llevarla a cabo como al hecho de que el cuidado hasta ahora estaba basado fundamentalmente en la labor de las familias, recayendo principalmente en las mujeres. ¿La ley responde realmente a este segundo objetivo? ¿Hasta dónde permite un cambio en la situación actual de reparto de papeles entre hombres y mujeres?
La ley, en su redacción expresa, establece que los cuidados o las prestaciones serán fundamentalmente servicios, y por lo tanto, lo que se plantea es que las mujeres y las familias, pero fundamentalmente las mujeres, dejen de ser, obligatoriamente, las cuidadoras de las personas dependientes. Sin embargo, se han abierto dos puertas, una de ellas la prestación económica, y otra, la posibilidad de que lo sigan haciendo las familias y las mujeres en determinadas condiciones, y siempre y cuando los servicios sociales consideren que los cuidadores familiares están preparados adecuadamente para prestar esos servicios. Son dos puertas que pueden abrirse mucho o poco.
El grave riesgo es que las comunidades autónomas den prioridad a la solución de la prestación económica para las familias. Por dos razones: primero, porque es mucho más barata la prestación económica que una prestación de servicios sociales. Y, en segundo lugar, es mucho más fácil de gestionar: das un cheque todos los meses y ya está; y una prestación de servicios supone estructurar una red de atención. Nos encontramos, pues, ante esa posibilidad que la ley permite, aunque con carácter excepcional, sometida a una serie de consideraciones y de limitaciones.
A todo esto se puede sumar la presión familiar. En muchos casos habrá, seguramente, una presión familiar para que la mujer que hoy está cuidando gratis lo siga haciendo, puesto que ahora le van a dar una ayuda económica y de alta en la Seguridad Social. Y entonces podrá conjugarse el interés señalado de algunas administraciones y los intereses familiares, que no de las mujeres, para que, sobre todo, el colectivo de mujeres mayores de 50 años –que son las que en este momento fundamentalmente están atendiendo a las personas dependientes, y que tienen dificultades para entrar o volver al mercado de trabajo– se acojan a ese modelo de prestación económica sustitutiva de la prestación de servicio. Yo espero, sin embargo, que las nuevas generaciones de mujeres que se han incorporado al mercado laboral y que tienen otra visión de su función social exijan en el futuro la prestación de servicios sociales. Pero, como digo, es un riesgo claro que hay en la ley.
Uno de los temas debatidos ha sido el de si realmente la ley responde o no al criterio de universalidad que se anuncia y que fue establecido por la Unión Europea. ¿Cuál es tu posición al respecto?
La universalidad es un principio que está en la ley desde los primeros artículos. El problema es que se trata de una universalidad condicionada por el copago; es decir, que todo el mundo va a tener derecho, pero unos van a tener que contribuir económicamente –en algunos casos, de manera importante–, con lo cual la universalidad se ve, no voy a decir que suprimida, pero sí limitada, porque un derecho universal es al que tienen acceso todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el copago, que todavía no está concretado, es una cierta limitación objetiva de esa universalidad.
Y luego hay un segundo aspecto, y es que la universalidad está condicionada a un calendario de aplicación larguísimo. Se establecen nada menos que siete años para poner en marcha la ley, con lo cual la dependencia moderada va a ser universal en el año 2015, no ahora. Es decir, que en el año 2007 y en el 2008 esa universalidad va a ser más formal que real, porque van a ser atendidos los que ya están: prácticamente, los 220.000 o los 230.000 que van a ser reconocidos como grandes dependientes este año y el próximo están ya en las residencias. En general, los teóricos beneficiarios de los primeros años de aplicación de la ley están ya más o menos atendidos.
¿Te parece adecuado el criterio de contribución económica de las personas beneficiarias a la financiación de los servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica? De las diferentes fórmulas de copagode las que se habla, ¿cuál es la que te parece más justa y conveniente?
Hablando de los servicios sociales habría que tener en cuenta que algunos de ellos tienen un componente que, por así decirlo, suple o afronta unos gastos que ese usuario tendría en todo caso en su vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que está en una residencia no tiene los gastos de comida o de luz o de calefacción, etc., que tendría si estuviese en su casa, porque los paga la residencia. Por lo tanto, es razonable una cierta participación del usuario en esos gastos, para entendernos, de carácter hotelero. Ahora bien, la ayuda a domicilio o el centro de día, que son prestaciones que no eximen al usuario de tener sus gastos domésticos, no deberían incluirse en el sistema de copago.
En definitiva, el copago habría que planteárselo exclusivamente para los gastos de carácter hotelero, y no para el conjunto de los gastos.
Por otro lado, hay que ser muy cuidadoso en cómo se establece el copago, porque, en general, el ciudadano que recibe esta prestación ha estado contribuyendo a Hacienda y a la Seguridad Social toda su vida, y después de haber estado contribuyendo a las políticas de bienestar social, que le establezcan un copago parece algo bastante discutible. De hecho, ni en la sanidad ni en la educación hay copago, pues se entiende que son unas prestaciones a las que has contribuido fiscalmente.
Además, conviene tener en cuenta a la hora de establecer las aportaciones de los usuarios y sus condiciones que hay sectores de la población que saben manejar, mucho mejor que otros, elementos de evasión fiscal. A cualquier persona asalariada le van a identificar perfectamente sus ingresos, su renta, su patrimonio, etc. Pero una familia que tenga recursos y un buen asesoramiento puede hacer ingeniería fiscal para que, cuando vaya a solicitar la prestación para uno de sus familiares, éste o ésta no tenga nada, haya liquidado el patrimonio poniéndolo a nombre de sus hijos... Por lo tanto, con estas fórmulas puede ocurrir que al final el copago descanse sobre las rentas más bajas. Ya hay experiencias de este tipo en algunas comunidades autónomas que tienen establecido el copago. En consecuencia, aparte de lo discutible que es el concepto de copago en una sociedad con impuestos y cotizaciones, esta fórmula tiende a producir situaciones injustas, como las de otros aspectos de la vida fiscal.
Habría, pues, que limitar muchísimo el copago, tanto sobre en qué se aplica como en las cuantías. Porque tampoco hay que olvidar que estamos hablando, primero, de un país que tiene siete puntos del PIB de déficit de gastos sociales en relación con la media de la UE antes de la ampliación; y segundo, de un nuevo ámbito de protección social que, en el mejor de los casos, va a suponer un punto de incremento de los gastos sociales. Es, sin duda, un gasto importante; hablar de un punto del PIB no es hablar de calderilla, no se puede minimizar, pero estamos tan lejos en el gasto social que, aunque se dé un paso importante como es esta ley, y se gaste un punto más, no es algo como para pensar que se van a desequilibrar los presupuestos del país, y que suponga una gran carga.
El copago, por tanto, debería ser residual, y no está justificado, ya digo, en el conjunto de las políticas sociales de España.
En un artículo publicado en El País, Eduardo Beut, inspector de Hacienda, ponía algunas pegas a que las condiciones del copago fueran establecidas por el Consejo Territorial y el Gobierno. Le parecía que, en aplicación del criterio establecido en el artículo 31 de la Constitución sobre la contribución ciudadana al sostenimiento de los gastos públicos, debía ser la ley la que ya fijase lo más posible esas condiciones, para evitar sorpresas y discriminaciones en su fijación posterior por parte de las instituciones. ¿Ves razonable y justificada esta opinión?
El problema de esta ley es que se mueve en un terreno en el que no hay una legislación previa de servicios sociales de carácter estatal. Entonces, a diferencia de la sanidad o la educación, en donde hay un marco legislativo, aquí, al no haberlo, y haberse hecho esta ley tan tarde, cuando ya estaban todas las competencias transferidas, existía un riesgo de que, si el Estado regulaba excesivamente, se considerase inconstitucional y se promoviese un recurso de inconstitucionalidad por parte de algunas comunidades autónomas. La ley ha sido muy precavida, en muchos aspectos es muy genérica y, claro, traslada toda una serie de concreciones al Consejo Territorial.
¿Qué pasa en el Consejo Territorial? El primer problema con el que nos encontramos es que existe un enfrentamiento político muy fuerte entre el PP y el PSOE. Y la única fórmula que hay para solventar ese enfrentamiento es que los acuerdos sean muy light, muy poco precisos y que, en definitiva, se determine un marco muy genérico que cada comunidad autónoma luego interprete como le dé la gana. Y entonces puede pasar lo que dice este experto, que al final haya distintas situaciones en el conjunto del Estado. Pero no sólo puede ocurrir en este asunto de la dependencia; ya sucede, en parte, en la educación y en la sanidad y en políticas de lucha contra la pobreza.
Y, de hecho, aunque ninguna comunidad autónoma se puede decir que tiene un nivel de protección social modélico –están todas por debajo de los mínimos–, algunas están mejor que otras o hay algunas que están peor que otras, y puede pasar que haya comunidades autónomas en las que el copago sea más alto que en otras, o comunidades autónomas en las que los requisitos para establecer la renta sean más duros que en otras.
Pero ése es un tema que, ya digo, trasciende a esta ley. Hemos construido un Estado de bienestar social a la vez que un Estado autonómico en el que la manera en que se está ejercitando las competencias autonómicas está produciendo situaciones de desigualdad fiscal y de protección social. Y ése es un debate que apenas se llevado a cabo en España: lo que supone un Estado de bienestar social que arrastra déficits históricos en un Estado autonómico profundamente descentralizado, lo que supone que no se tengan los mismos niveles de igualdad en el conjunto del Estado, que haya diferencias en función de la pertenencia a una comunidad u otra.
España, a diferencia de otros países de la UE, es un Estado mucho más diverso. Dinamarca, Holanda, Bélgica, Austria... son Estados en los que hay una mayor homogeneidad territorial, económica y social. Las diferencias que hay aquí en España entre Badajoz y Álava o entre Girona y Lugo son importantísimas.
¿Qué te parece el plan establecido de aquí a 2015 para la implantación del sistema fijado en la ley? ¿Y el coste proyectado?
Cuando se presentó el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados en abril del año pasado, se acompañó de una memoria económica penosa. Salían unas cuantías globales que se podían creer o no creer, pero no había ningún instrumento desglosado para llegar a la conclusión de que eran suficientes. Fundamentalmente, la memoria económica tenía una finalidad: no asustar al Ministerio de Economía y Hacienda. Era pobrísima y genérica, y sobre todo, en mi opinión, establecida a la baja, para no generar, como digo, posibles rechazos en otros ámbitos, fuera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Luego, a lo largo de la tramitación de la ley, se han ido ampliando, además, el ámbito de cobertura y la población acogida. Inicialmente, en el proyecto se hablaba de Ley de Atención a la Dependencia, y hoy es Ley de la Promoción de la Autonomía y de la Atención a la Dependencia. La promoción de la autonomía queda muy desdibujada en el conjunto de la ley, pero algo habrá que hacer en ese campo. Y, por otro lado, han sido incluidos en la protección colectivos que no aparecían claramente protegidos, como los menores de 3 años, o como algunos aspectos de la deficiencia intelectual. Se ha ampliado, con buen criterio, el campo de actuación subjetivo y objetivo, pero el dinero no se ha incrementado. Con lo cual yo creo que –y también lo han dicho las comunidades autónomas– la financiación prevista es bastante insuficiente.
¿Qué va a pasar entonces? Pues pueden pasar tres cosas. Una, que las comunidades autónomas hagan un esfuerzo complementario –que no vendría mal, porque tampoco hacen un gran gasto social– para incrementar el presupuesto. Que se fuerce mucho el copago, ante las carencias de presupuesto por parte de la Administración general del Estado. O que se dé prioridad a la prestación económica en vez de los servicios, que, como ya he dicho, es una manera de abaratar el coste.
Este año 2007, como la ley todavía no se está aplicando, y sólo lo va a hacer durante medio año, el presupuesto previsto va a ser suficiente; pero para el año 2008 y el 2009 lo previsto sí va a ser muy insuficiente, cuando, precisamente, el grueso de las solicitudes ya estén presentadas, se estén tramitando y se estén reconociendo.
Pero hay algo más. La ley habla en varias ocasiones de garantizar la calidad de la atención, y ésta es una ley que va a gestionar, fundamentalmente, la iniciativa privada. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas han dejado ya de hacer centros propios y han dejado de desarrollar su red propia, y están en la vía de la concertación con la iniciativa privada. En la concertación, la administración correspondiente tiene instrumentos para fijar los precios. Entonces, si fija unos precios bajos de concertación llegará a más gente, pero con menos calidad; es decir, que en una residencia se puede establecer que la ratio de personal por persona dependiente sea 0,35, o 0,55, o 0,80, o 0,20, con lo cual se tiene un margen de actuación muy importante en relación con la calidad. Y, evidentemente, la calidad cuesta, la calidad es cara. ¿Que las comunidades autónomas no tienen financiación suficiente? Lo que van a hacer es ser muy tolerantes en la concertación con una baja o mediana calidad.
Ahora bien, esta perspectiva también depende de la respuesta social. No sabemos, de cara al futuro, cuál va a ser la respuesta de una persona mayor que ya sabe que la atención a la dependencia es un derecho y que puede no conformarse, como hasta ahora, con entrar en una residencia, y reclame unas condiciones de más calidad. Hablamos de personas de 80 u 85 años que, posiblemente, tengan más capacidad reivindicativa y mayor preparación y experiencia que los actuales usuarios de los centros y servicios. Ya veremos, pues, qué tipo de respuesta social hay y qué tipo de utilización del derecho a la reclamación jurisdiccional.
En cuanto al calendario para completar la puesta en marcha de la ley, hay que decir que, políticamente, es insostenible. Para decirlo gráficamente, una persona que hoy vaya a hacer una solicitud de prestación y le digan “mire, usted tiene dependencia moderada; vuelva en el año 2014”, ¿qué va a pensar de la Administración, de las promesas de los políticos, de la ley...? Pienso que en los próximos años ese calendario se va a acortar, se va a acortar por razones políticas. Y al acortar el calendario, van a tener que ampliar los recursos.
Aunque ya algo hemos comentado, vuelvo sobre una cuestión que me parece clave. ¿De las tres patas de apoyo para cubrir las necesidades de la dependencia –las prestaciones económicas directas institucionales, las infraestructuras y servicios públicos, el apoyo a la intervención del tercer sector–, no va a primar en este proceso excesivamente la primera?
Aquí, las infraestructuras y servicios de gestión y titularidad públicos van a ser absolutamente secundarios. Vamos, ya lo son. En estos momentos, el peso del sector público en relación con lo privado está en un 35 o 40% frente al 60 o 65%, y bajando. No por la ley, sino por la dinámica general de las comunidades autónomas y los ayuntamientos; la externalización de la gestión es una dinámica generalizada. Se quedarán, entonces, sólo con las prestaciones económicas y con la gestión de titularidad privada. Y, como antes he comentado, la tentación será el favorecer las prestaciones económicas. De hecho, en algunas comunidades autónomas ya se está diciendo que a partir de no sé que fecha “tendrá la paga de la dependencia”.
Sobre el papel del sector privado, lo primero que conviene decir es que hay de todo. No se pueden meter en un mismo cajón a pequeñas empresas que funcionan muy mal, que son medio piratas, o grandes empresas que son muy grandes pero que tienen un concepto del servicio muy poco social y profesional. Hay ONG que trabajan y funcionan bien, y otras fatal. Generalizar sería injusto; pero el sector privado de calidad, en general, en nuestro país, es muy caro, y, por lo tanto, no va a entrar en la concertación. Y el que puede admitir los actuales precios de los conciertos, lo va a hacer en detrimento de la calidad. Veremos cómo se resuelve esto, pero el nivel de la calidad va a ser clave en el efectivo ejercicio de este nuevo derecho.
Otro aspecto muy controvertido ha sido la crítica de partidos nacionalistas al proyecto de ley porque, en su parecer, vulneraba competencias de las comunidades autónomas fijadas constitucionalmente y ya desarrolladas en sus estatutos respectivos y en la puesta en práctica de ellos. ¿Qué opinión te merece esta crítica?
Las comunidades autónomas, las que tienen Gobiernos nacionalistas, y en este momento solamente es el caso del País Vasco, tienen un planteamiento de principio, más bien ideológico: “os estáis inmiscuyendo”. Pero, al margen de esta opinión, yo creo que a las comunidades autónomas lo que les molesta mucho es algo que decía gráficamente un miembro de una de ellas: “es que el Gobierno del Estado invita a desayunar y yo pago la factura”. Es decir, que el Gobierno establezca el marco y lo capitalice políticamente, y luego no aporte la financiación adecuada. Que abra un nuevo ámbito de protección social que descanse excesivamente en las comunidades autónomas.
Además, estamos hablando de derechos que tienen un carácter expansivo, como pasa en la sanidad: se hace un cálculo de escenario de gastos, y luego los costes son mucho mayores. Inevitablemente, una vez que se pone en marcha un nuevo ámbito de protección social, es muy difícil frenarlo.
Y a las comunidades autónomas lo que les preocupa es eso, que ellas tengan que hacer frente a un gasto marcado por el Estado. Porque, además, la mayoría de las comunidades autónomas tienen un problema, y es que están en una dinámica de bajar los impuestos. Y bajar los impuestos y, a la vez, abrir nuevos ámbitos de protección social es difícilmente compatible.
¿Qué te parece la propuesta de Consejo Territorial presentada por el Gobierno en la primera reunión de este organismo, fijado en la ley como instrumento de cooperación para la articulación del sistema y de nuevo el debate creado?
Las comunidades autónomas han dicho que hay un peso excesivo de la Administración central en el Consejo Territorial, que este Consejo debe estar formado muy mayoritariamente por representantes de las comunidades autónomas y que la presencia del Estado debe ser poco menos que simbólica. Ése es un debate más partidista que real, porque quienes se han quejado ahora son los del Partido Popular. Si el Gobierno fuera del Partido Popular, se habrían quejado los del Partido Socialista.
Por otro lado, que en el Consejo Territorial, para las decisiones a tomar, se recurra a la votación me parece una mala fórmula. Desde un punto de vista realista da lo mismo que haya 10 o 14 del Gobierno, porque, si imponen su punto de vista por mayoría de votos, las comunidades autónomas que no se sientan representadas al final van a hacer lo que les dé la gana. Por eso, el Consejo Territorial tenía que funcionar con criterios de consenso, aunque tarde más en llegar a acuerdos, aunque exija más financiación.
Mi experiencia es que el problema de la bronca política que hay en el país se traslada a estos organismos de participación político-administrativa. Eso ya lo he vivido yo, por ejemplo, en el Consejo del órgano consultivo del Sistema Nacional de Salud. Cuando gobernaba el PP, los del PSOE se levantaban y se marchaban; ahora que gobierna el PSOE, son los del PP los que se marchan. Hay una práctica política muy partidista y poco responsable en estos órganos. Soy pesimista, pues, en cuanto a que el Consejo Territorial funcione bien, ¡ojalá me equivoque!
¿Cómo vienen respondiendo los diferentes países europeos al reto de la dependencia? ¿Qué similitudes podemos encontrar con el proyecto español y qué diferencias?
Hay, grosso modo, tres grandes modelos de atención a la dependencia. Por un lado, está el modelo escandinavo. Es el de países que han desarrollado mucho el Estado de bienestar social y que la atención a la dependencia no ha exigido abrir un nuevo ámbito de protección social, sino mejorar lo existente; por lo tanto, la dependencia no les ha cogido por sorpresa. Solo que, al haber más personas dependientes, han tenido que reforzar los mecanismos de atención universal, pero no han tenido que hacer grandes disposiciones legislativas nuevas porque ya tenían un buen Estado de bienestar social funcionando.
Luego están los Estados, por entendernos, del centro de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, que tenían unas políticas de bienestar social muchos mejores que las nuestras, por supuesto, pero que no tenían suficientes dispositivos para atender a la dependencia. Y lo que han hecho ha sido regularla; hacer nuevas leyes, marcos legislativos nuevos, para atender a la dependencia. Cada uno lo ha hecho de una forma distinta. Por ejemplo, Alemania lo ha hecho vinculándola a la Seguridad Social; Francia, con un nuevo sistema de financiación. Esos Estados que tenían ya desarrollado un Estado de bienestar social fuerte, aunque no suficiente, han tenido que abrir un nuevo ámbito de protección social específico para la dependencia, cada uno con sus fórmulas de financiación distintas, dadas las características propias de cada Estado de bienestar social.
Y en tercer lugar están los países del sur, es decir, Portugal, Grecia, Italia y España, en los que no había un Estado de bienestar social consolidado y fuerte, por lo que la atención a la dependencia descansaba fundamentalmente en las familias. Son Estados que tienen que construir no solamente un nuevo marco legislativo, sino dar un gran empujón a sus servicios. Y eso es lo que se está planteando con la nueva ley española o con la que se está debatiendo en Italia: pasar del ámbito familiar al ámbito de las prestaciones, aunque ambos coexistiendo en determinados aspectos y condiciones. Es decir, que la ley española, aunque sin duda es un avance muy importante, no supone apostar por el modelo nórdico o el Estado de bienestar social de Centroeuropa. Es un modelo que se distancia de nuestro modelo tradicional, pero no rompe completamente con el modelo anterior. Siguen contando con las mujeres y con las familias, con un discurso más moderno, más actualizado, más de respetar la voluntad de los usuarios, afirmando que la familia tiene que jugar un papel de apoyo..., aunque, al final, debajo de toda esa verborrea, lo que existe es una clara intención de seguir contando con que la familia contribuya en buena medida a la atención a la dependencia.
Por lo tanto, en relación con esos tres grandes modelos, que tienen sus matices, el proyecto español supone un avance importante y considerable, pero no es lo que han dicho aquí los responsables gubernamentales, que nos ponemos a la cabeza de Europa y del mundo. Supone, sí, recuperar parte o buena parte del tiempo perdido, pero todavía es un modelo con muchos interrogantes y que suscita muchas dudas.
Tú has seguido muy directamente, con tu presencia incluso en la elaboración del Libro Blanco de la Dependencia, los debates sobre la ley y la política a seguir para abordar esta necesidad social. ¿Qué echas de menos en el proyecto y en la ley aprobada? ¿Qué nuevos pasos habría que dar?
Yo echo de menos fundamentalmente dos cosas. La primera es que, en el texto de la ley, el Sistema Nacional de Salud no aparece para nada o lo hace simbólicamente. Da la impresión de que la dependencia no tiene nada que ver son la salud. El Sistema Nacional de Salud tiene sus propios problemas, que son muchos, pero esto no debería suponer que se eluda su papel, cuando, además, todos los profesionales que han estado en el ámbito del debate de la dependencia desde hace 10 o 15 años veían clarísimo que había que avanzar en un modelo socio-sanitario, con un pie en los servicios sociales y otro pie en el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud no se corresponsabiliza para nada. Eso es un agujero importantísimo.
Y el otro elemento, que hubiera resuelto muchas cuestiones de diseño, financiación y gestión, es el de que la atención a la dependencia no se haya integrado dentro de la Seguridad Social, en un ámbito de protección de la Seguridad Social, como pasa en Alemania. Ciertamente, los modelos no son trasplantables fácilmente, pero si la atención a la dependencia hubiera sido una nueva rama de la Seguridad Social, la financiación, la gestión, las garantías estatales hubieran sido mucho más fuertes. Y en esto ha contado mucho la presión de la CEOE, que no quería, bajo ningún aspecto, que se incluyera en la Seguridad Social. Y creo que eso es un error, un error que va a complicar mucho la gestión de esta ley.
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Héctor Maragall Gómez-Allende es, desde enero de este año, miembro del Consejo de Administración de RTVE, elegido en el Congreso de los Diputados a propuesta de CC OO, sindicato del que viene formando parte desde finales de los setenta. Fue director general del Inserso –después Imserso–, entre 1992 y 2000, volviendo después de ese periodo a formar parte de la Secretaría de Política Institucional de CC OO, participando en estos últimos años en los debates y propuestas para la elaboración de la legislación para la atención de la dependencia. Es autor de diversos ensayos sobre el cuidado de las personas dependientes y las políticas de bienestar social en España y su comparación con las de la UE.