Iñigo Lamarca
(Ararteko, Defensor del pueblo de la
Comunidad Autónoma del País Vasco)
El fin de ETA: el triunfo de la democracia
(El Correo, 19 de febrero de 2006)

Todo parece apuntar a que no está lejos el día en el que vayamos a celebrar con júbilo el final de ETA, aunque -es preciso subrayarlo- la organización terrorista continúa poniendo bombas, extorsionando y amenazando. Entiendo que es oportuno que el Ararteko, Defensor del Pueblo de Euskadi, que debe velar por los derechos de la ciudadanía vasca, aporte sus propias reflexiones sobre las cuestiones que tienen relación con el cometido genérico de la institución, evitando entrar en el terreno netamente político del que debe estar ausente.

Debemos comenzar por constatar que ETA ha fracasado estrepitosamente y ha sido derrotada. Cualquiera que sea el proceso que se siga hasta su desaparición, creo que resulta evidente que el sistema democrático ha salido triunfante ante el terrible ataque al que le ha sometido desde su nacimiento la organización terrorista que aquél heredó del franquismo; una organización que ha hecho uso de la violencia más atroz para intentar conseguir objetivos políticos que sabía no podía alcanzar mediante procedimientos democráticos, y para tratar de imponérnoslos a todos; una organización, pues, de ideología totalitaria y ferozmente antidemocrática. Por ello, el reconocimiento por parte de ETA de que la consecución de sus objetivos ha de hacerse por vías políticas va a suponer un triunfo clamoroso de la democracia que fortalecerá, a todas luces, el conjunto de valores, principios y reglas que conforman el sistema democrático.

Los efectos de las acciones criminales y de las amenazas de ETA han sido devastadores para los derechos humanos más básicos, y el número de víctimas, directas o indirectas, es escalofriante; víctimas que han sido, en muchas ocasiones, objeto de una doble victimización y que han tenido que padecer en numerosísimos casos el silencio insoportable, principalmente por miedo, de la gran mayoría de sus conciudadanos. Debe estar, por ello, fuera de toda duda que las víctimas del terrorismo tengan el reconocimiento social y el resarcimiento moral que sea preciso y, asimismo, han de erigirse en testimonio permanente de lo que jamás debió ocurrir y nunca debe volver a suceder. Resulta de justicia señalar que cuando hablamos de víctimas del terrorismo pensamos en las víctimas de ETA, pero debemos también tener presentes a las víctimas de los GAL, Batallón Vasco-Español, etcétera, organizaciones éstas que sin duda también fueron terroristas, con la circunstancia agravante de que servidores del Estado de alto nivel estuvieron implicados en ellas. Las víctimas de estas organizaciones terroristas no pueden ser víctimas de segunda y deben tener la misma consideración que las otras.

Por otra parte, debemos decir también que la actuación de las instituciones y órganos del Estado democrático de Derecho ante la violencia terrorista de ETA no se ha ajustado, en ocasiones, a los cánones democráticos. No podemos olvidar episodios terribles, como las muertes de Lasa y Zabala o de Mikel Zabaltza. Ha habido, asimismo, condenas judiciales que han acreditado la existencia de torturas y malos tratos en comisarías, y ha faltado, en cualquier caso, una acción decidida de los poderes públicos para erradicar la tortura, para investigar con decisión las denuncias y para implantar medidas eficaces que hiciesen imposible esta execrable violación de la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas detenidas. Como 'ombudsman' de Euskadi me corresponde velar por la buena salud del sistema de valores democráticos, que debe sustentarse en la salvaguarda radical de los derechos de las personas. Pues bien, ETA ha ocasionado también un perjuicio terrible al citado sistema de valores y al tejido moral de la sociedad vasca. Debemos también decir que los hechos no democráticos antes referidos, en los que lamentablemente y por causa de unos pocos se ha visto envuelto el Estado democrático de Derecho, así como algunas medidas dictadas por órganos del mismo que, aunque legales, han resultado incomprensibles para muchos demócratas, han debilitado la adhesión al sistema democrático de sectores de la sociedad vasca contrarios a la violencia.

Así las cosas, es, precisamente, el terreno de los valores democráticos, del que tan poco se habla, el que debe preocupar y ocupar al Ararteko pero también al conjunto de la sociedad y a las instituciones políticas, porque sin una reconstrucción de esos valores, sin la restauración del imperio de la ética democrática, el debate sobre todas las cuestiones que conciernen al proceso relativo al final de ETA carecerá de un basamento filosófico sólido. Esta tarea de fortalecer el sistema de valores democráticos debe comenzar por un ejercicio de memoria. Sólo un pueblo que mantiene vivo el recuerdo de sus horrores puede estar a salvo de que la pesadilla renazca. La sociedad vasca, es decir, cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, debería grabar en su memoria el horror que ha supuesto la violencia terrorista y transmitirlo a las generaciones venideras para que jamás se olvide lo ocurrido y nunca más vuelva a ocurrir. Al mismo tiempo, las víctimas -su testimonio, su reconocimiento, su memoria- deben ocupar un lugar central en este proceso de reconstrucción de la cultura democrática, y su estatura moral y social debe ser gigantesca frente a quienes les destruyeron sus vidas, sus corazones, sus ilusiones y sus derechos más básicos. Y, en tercer término, resulta necesario asumir las responsabilidades que han generado o propiciado la violación tan atroz y masiva de derechos humanos con afán de regenerar el tejido moral dañado. Sólo desde esta triple premisa podrá la sociedad democrática no rechazar sin fracturas la excarcelación de miembros de organizaciones terroristas por la aplicación de los principios y normas del sistema penal-penitenciario o de eventuales medidas de gracia. No podemos, en todo caso, ignorar que, aunque resulta humanamente comprensible que quienes han sido víctimas de la violencia, así como amplios sectores de la sociedad, alberguen deseos de que los criminales cumplan largas penas de cárcel, el sistema penal-penitenciario español y europeo está basado en el principio de la reinserción, de la rehabilitación del penado, y no tanto en el castigo, y no se exige al recluso una declaración de arrepentimiento para salir de prisión ni tan siquiera para acogerse a beneficios penitenciarios que acorten su condena.
Desde la perspectiva que estamos planteando, la clave está en evidenciar la prevalencia y la omnipresencia de la razón y de la moral democráticas para que la persona excarcelada, si no lo hace por convicción, se vea obligada, para ser acogida en la comunidad en la que pretende resocializarse, a admitir el mal ocasionado, y muestre un alejamiento radical de su comportamiento pasado. Si el victimario no es consecuente con los valores democráticos, la respuesta no debe ser un endurecimiento de las medidas punitivas que contraríe los principios penitenciarios, sino el rechazo moral y social de sus conciudadanos. Desde la fortaleza del sistema de valores democráticos, a partir de la interiorización plena de la moral democrática por parte de la ciudadanía, después de realizar las tareas a las que hemos hecho alusión anteriormente, las instituciones democráticas y la sociedad podrán, una vez más, hacer uso del principio de posibilitar a quienes quisieron destruir la democracia, en este caso a los miembros de ETA, su readmisión en la sociedad democrática, como en su día se hizo con los responsables de los crímenes franquistas, con los miembros de ETA político-militar o con los de las bandas terroristas de extrema derecha.

Aun siendo varios los escenarios posibles en relación con el proceso que conduzca al fin de ETA, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad institucional debemos insistir en la importancia capital de reconstruir el sistema de valores democráticos, tarea que incumbe a todos y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas con convicciones democráticas, que debe ser liderada por los poderes públicos y para la que resulta preciso dotarse de enormes dosis de consenso, comunicación, empatía y generosidad, así como tener en cuenta la variedad de sentimientos y percepciones que existen en la complejidad caleidoscópica de la sociedad vasca. La institución del Ararteko asumirá la responsabilidad que le corresponde en esta tarea con el objetivo de reconstruir una sociedad donde nunca más quepa la violencia y bajo ningún concepto se admita que los derechos humanos le sean destruidos, mutilados, negados o pisoteados a nadie.