En los últimos meses los medios de comunicación se han hecho eco del malestar en la carrera judicial y de la posibilidad de que próximamente los jueces realicen una jornada de huelga.

            Para llegar a comprender el porqué de esta medida extrema, hemos de recordar que la Administración de Justicia sufre, en particular en ciertas regiones del Estado español, una lamentable penuria de medios personales y materiales que repercute fundamentalmente en el servicio público que se presta al ciudadano, que debe padecer su retraso o lentitud y la falta de respuesta adecuada a sus legítimos derechos e intereses. Además, los Magistrados en muchas ocasiones desempeñamos nuestro trabajo en condiciones deplorables, por esa ausencia de medios; una inadecuada dotación de la planta judicial; una carga de trabajo excesiva y a veces descompensada entre unos y otros órganos judiciales, y la inexistencia, en fin, de una política de conciliación de la vida familiar y laboral.

            Determinadas políticas de los últimos gobiernos, aumentando las penas y criminalizando determinadas conductas, sin previsión de medios económicos o personales (violencia de género o tráfico) y desmantelando el estado social de derecho y al mismo tiempo convirtiendo la Justicia en el cajón de sastre donde van a parar los fracasos en política social de los gobiernos (inmigración, enfermedad mental, drogadicción, etc.), así como las constatadas y previsibles consecuencias en este ámbito de la crisis económica, habían hecho más evidente esa carencia de medios personales y materiales.

            Los jueces, aun mitigando los efectos de esa deficiente realidad en muchas ocasiones con un gran esfuerzo personal, por razones que sería largo de explicar, se habían acostumbrado a llevar a cabo su trabajo y servicio a los ciudadanos en esa situación de precariedad, aunque en distintos foros ponían de manifiesto su descontento y malestar por este estado de cosas.

            Por otro lado, en los últimos años, cada vez de manera más acentuada, se habían producido diferentes ataques a la propia consideración e independencia del Poder Judicial.

            Hemos de señalar en tal sentido que el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, había permanecido en funciones durante casi dos años por la incapacidad de los dos grandes partidos políticos de ponerse de acuerdo en la designación de sus miembros, con el desprestigio y falta de respeto institucional que supone que un órgano de estas características, último garante de la independencia de los jueces y magistrados, esté funcionando de manera tan perentoria y provisional. Cuando dos años después aquéllos se pusieron de acuerdo, muchos de los jueces no se vieron representados en dicho órgano, y lo que es más grave el Presidente del Gobierno anunció a los medios de comunicación quién era la persona elegida como Presidente del Consejo, cuando tal competencia corresponde precisamente a los propios Vocales, lo que se percibió como un claro ataque a la independencia del Poder Judicial.

            Coincidiendo con este período de deterioro de la Justicia y de su máximo órgano de gobierno, los jueces y magistrados se estremecen, cuando de manera repentina perciben que los ciudadanos, la clase política y los medios de comunicación están dispuestos a hacerles responsables del mal funcionamiento de la Justicia, a pesar de las mencionadas carencias y el esfuerzo desenvuelto.

            Tal percepción se materializa cuando se responsabiliza al Juez Tirado de la muerte de la niña María Luz, y el Gobierno, acompañado por otros agentes sociales y mediáticos, solicita sin ninguna contención del Consejo General del Poder Judicial sanciones ejemplares para dicho Magistrado, sin tener en cuenta las condiciones de todo tipo en que realizaba la función jurisdiccional y la posible responsabilidad de otros profesionales que interactúan en la Administración de Justicia.

            A partir de tales datos, comienza un movimiento judicial de protesta contra toda esta situación, y, aunque aquél se ha vinculado a una actuación corporativista, que habría reaccionado contra el anuncio de una sanción a un compañero y que tendría como la finalidad la mejora de sus retribuciones, se puede afirmar que todas las circunstancias que han rodeado la sanción a aquel Juez, junto con la actuación de los partidos políticos y el Gobierno en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la designación de su Presidente, solamente han servido para hacer estallar un descontento o malestar de los miembros del Poder Judicial que yacía latente y que se había generado por la situación de deterioro de la Administración de Justicia y las condiciones de trabajo en que desarrollan la función jurisdiccional.

            Antes de este conflicto había escrito en una revista especializada en el mundo del Derecho «Existen razones serias para que hayamos llegado a esta situación de desencanto. En primer lugar, muchos Jueces sufren una carga de trabajo excesiva, porque no se crean suficientes órganos judiciales. Es lógico que esta sea la principal causa de insatisfacción, puesto que nadie puede realizar un trabajo gratificante si observa que ese esfuerzo mayúsculo que realiza no tiene frutos evidentes».

            Buena prueba también de que detrás de esta actuación no se esconde una pretensión corporativa es que si se analiza la plataforma reivindicativa que han planteado al Ministerio de Justicia las cuatro asociaciones judiciales, tratando de evitar la huelga, se constata tiene como único objetivo «dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos», y aquéllas «exigen el respeto de división de poderes y la independencia del Poder Judicial», y entre la lista de peticiones sólo una alude al cumplimiento de la Ley de Retribuciones (y se ha renunciado en la primera reunión con el Ministerio de Justicia) y las demás afectan, por un lado, a la oficina judicial y la delimitación de funciones y responsabilidades; la incorporación de nuevas tecnologías; la formación adecuada del personal al servicio de la Administración y la cobertura inmediata de las vacantes; el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable; la revisión de la planta judicial, y por otro, a las medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar y un adecuado sistema de sustituciones judiciales entre jueces titulares.

            Aunque se puede discutir sobre la legalidad o la procedencia de que en este momento los jueces como poder del Estado puedan realizar una huelga (sobre lo cual se están vertiendo ríos de tinta), muchos jueces piensan de que ha llegado el momento de hacerse oír y de exigir que los poderes públicos se impliquen en la mejora del servicio público de la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y si nadie lo remedia próximamente seremos testigos de la primera huelga de miembros del Poder Judicial.

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NOTA. Jaime Tapia es magistrado de la Audiencia Provincial de Álava.