Javier Lozano
De voluntades y autodeterminaciones.La necesaria claridad
(Hika, 164 zka. 2005ko martxoa)
En nuestro interminable laberinto político va pasando a primer plano el uso de unas u otras expresiones según el recodo del camino en el que estemos encallados. En los últimos tiempos, con las aguas revueltas del Plan Ibarretxe como telón de fondo, han cobrado actualidad en los medios de comunicación las referencias a La Voluntad del Pueblo Vasco o a la Autodeterminación. Pero, como no podía ser de otra forma en el mundo de la política realmente existente, se acude a estas fórmulas a modo de repetición machacona de consignas. Y se hace así hasta tal punto que la utilización de unos u otros términos acaba por servir más de etiqueta de determinadas corrientes que de herramientas para la comunicación. Si, además, el eslogan es en positivo y tiene mercado potencial o, dicho con otras palabras, es publicitariamente adecuado para tratar de rebañar algún voto, se repetirá hasta la saciedad. Acabará por convertirse en algo similar a esos estribillos de canciones pegadizas que tarareamos sin reparar en lo que dice la letra.
Sin embargo, como sucede con la mayoría de términos y expresiones, tras la voluntad del pueblo vasco o el derecho de autodeterminación se pueden ocultar posiciones y pretensiones bien distintas.
LA VOLUNTAD DEL PUEBLO VASCO. Aunque se utilizan a veces otras expresiones como la voluntad de la ciudadanía vasca, la voluntad de los vascos y las vascas, de la sociedad vasca etc., cuyos significados no son idénticos, agrupo a todas ellas en este apartado, porque sus posibles diferencias no me parecen relevantes para lo que aquí quiero decir.
Genéricamente, el respeto a la voluntad de la ciudadanía es un principio básico en democracia, el pilar donde teóricamente se sustenta toda la legitimidad del sistema. Es la voluntad -la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, según el diccionario de la RAE- de la población la que, articulada a través de los sistemas electorales, debería estar detrás de las decisiones políticas. Tomada la expresión en este sentido, hablar del respeto a la voluntad del pueblo vasco sería decir bien poco, tanto desde el punto de vista democrático como incluso del espacio que se reivindica: los procesos electorales están ya articulados en diferentes ámbitos superpuestos (europeo, estatal, autonómico, municipal…) que corresponden todos ellos a marcos de soberanía relativa.
La voluntad ciudadana está, sin embargo, sujeta a límites. Algunos de ellos perturban lo que podríamos llamar pureza democrática. No conviene olvidar que el poder se concentra en muy pocas manos. O que las potentes organizaciones económicas internacionales actúan sin control popular. Podría afirmarse que el ámbito de lo económico es bastante refractario a la democracia. Algo similar sucede en las relaciones internacionales, donde apenas hay frenos para los intereses de las grandes potencias. Y es que en estos tiempos de globalizaciones y mundializaciones el marco fundamental en el que se ejerce hoy por hoy la democracia -el de los estados- se viene revelando cada vez más estrecho para poder influir sobre muchas decisiones que pesan sobre nuestras vidas. En este apartado de perturbaciones podríamos incluir también las correcciones introducidas por los sistemas electorales, destinadas a poner trabas a minorías, a desfigurar la proporcionalidad o a remodelar la representación obtenida de formas muy extravagantes. En las elecciones vascas el voto alavés vale cuatro veces el vizcaíno por poner un ejemplo cercano.
Hay otros límites que son, por el contrario, intrínsecos al sistema y, me atrevería a decir, indicadores de calidad democrática: el respeto a los derechos humanos y a los de las minorías por resaltar dos cuestiones fundamentales. Ninguna mayoría ni ningún tipo de voluntad popular legitimaría la vulneración de esos derechos. No conviene olvidar que la democracia, al fin y al cabo, es una convención, un contrato social, un pacto colectivo o como se le quiera llamar. Y que el resultado de pretensiones de ese tipo sería simplemente hacer volar la democracia por los aires.
No habría, por tanto, que mitificar la voluntad popular. Si se silencian las trabas que sufre, están tratando de engañarnos. Si se oculta que no todo puede estar sometido a la regla de la mayoría, se están dando alas a interpretaciones muy peligrosas de la democracia.
Es llamativo que quienes apelan habitualmente al respeto de la voluntad del pueblo vasco utilicen siempre el singular. El Pueblo Vasco no es una persona y no tiene un sólo corazón, una cabeza o una única voluntad. No hay sociedad moderna que no albergue un variado pluralismo interno, ni en la que las diferencias de opinión, intereses, identidades y sentimientos de sus ciudadanos no estén a la orden del día. Ni que decir tiene que esto es así en la sociedad vasca y me ahorro explicaciones de sobra conocidas. Sería, por tanto, mucho más exacto referirse a la voluntad de la mayoría del Pueblo Vasco. Planteada la cuestión en esos términos quedaría bajo los focos otro tema de calado: el tratamiento que esa posible mayoría pretende para sus minorías. O si es o no adecuado tratar de poner los cimientos de un sistema de forma unilateral y prescindiendo de los sentimientos y voluntades de una parte muy significativa de la población.
También queda coja la apelación al respeto a la voluntad del pueblo vasco cuando se trata de aplicarla al establecimiento de relaciones bilaterales o multilaterales. Si se pretende una relación bilateral, y no digamos ya cuando se afirma desear que esa relación sea amable, su aceptación por la sociedad vasca es, evidentemente, una condición imprescindible. Pero también lo es, del mismo modo y al mismo nivel, la aceptación de la ciudadanía de la otra u otras partes. Y para ello no parece muy recomendable plantear unilateralmente las condiciones para el acuerdo o hacer gestos que puedan leerse como un ultimátum. Imaginemos por un momento, por despejar los fantasmas que despiertan en muchas cabezas las referencias a España, un comportamiento similar respecto a las relaciones con la Unión Europea.
Otro posible significado de las apelaciones a la voluntad del pueblo vasco sería aludir a la posibilidad de constituir un estado independiente, pero entonces estaríamos hablando de otra cosa que abordo en el siguiente apartado.
AUTODETERMINACIÓN. Hay quienes acostumbran a recurrir al plano jurídico y a la legislación internacional para analizar si al pueblo vasco le corresponde o no el derecho de autodeterminación. Los que defienden que sí esgrimen declaraciones de la ONU como la de Argel de 4 de julio de 1976: todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior. Como el pueblo vasco es un pueblo, concluyen, es evidente que le asiste ese derecho. Quienes lo niegan suelen argüir que esa vía hacía referencia al proceso de descolonización. Recuerdan, además, que en esa misma declaración de Argel se recoge que, cuando un pueblo es una minoría en el seno de un Estado, si se respetan su identidad, sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural, y los miembros de la minoría gozan sin discriminación de los mismos derechos que los otros miembros del Estado y participan en iguales condiciones que ellos en la vida pública, estos derechos deben ejercerse respetando los legítimos intereses de la comunidad en su conjunto, y no pueden servir de pretexto para atentar contra la integridad territorial y la unidad política del Estado.
Más allá de la polémica jurídica y ciñéndome al ámbito de lo político, en el caso de que una clara mayoría de la población de un territorio determinado reclamase su voluntad de independizarse, me parece imposible no acceder a ello si se descarta recurrir al uso de la fuerza. Ante la voluntad de separarse la única salida democrática es tratar de conseguir un proceso civilizado de divorcio, lo que, por cierto, no suele ser nada sencillo.
En esa línea han legislado en Canadá. El Gobierno Federal, considerando que el nacionalismo quebequés estaba recurriendo a vías poco transparentes para impulsar lo que ellos consideraban un proceso de separación, requirió la intervención del Tribunal Supremo. Éste respondió así a la cuestión: «Tampoco podemos descartar la posibilidad de que en un Estado democrático se produzcan circunstancias que hagan de la negociación de una secesión la menos mala de las soluciones posibles. Este podría ser el caso si una parte de la población manifestara claramente, de forma pacífica [el subrayado es mío] y decidida, su voluntad de separarse del país. En efecto, hay medios que un Estado democrático no debería emplear para retener contra su voluntad, claramente expresada, a una población concentrada en una parte de su territorio».
Desarrollando los contenidos de ese dictamen, el Parlamento de Canadá aprobó, el 29 de junio de 2000, la Ley sobre la claridad, que detalla las exigencias para un proceso de independencia si alguna vez se pretendiera llevar a cabo: la pregunta del referéndum debe abordar nítidamente la cuestión de la secesión, una mayoría clara tiene que pronunciarse a favor, debe entablarse una posterior negociación para una separación justa de bienes y fronteras, hay también que reconocer a una minoría interna del territorio independizado su derecho a la separación del nuevo estado, las garantías de protección de los derechos de las minorías deben estar blindadas…
No parece que la sociedad española, y no digamos los sectores más rancios del nacionalismo español, esté madura para una alternativa de ese tipo. La unidad de la patria se sigue considerando en muchas cabezas como un valor sagrado y, por tanto, se coloca en unos terrenos más cercanos a la religión que a la política. Me parece un dato llamativo que entre las múltiples reacciones al Plan Ibarretxe apenas se hayan escuchado voces reivindicando algo similar. Lo que en Canadá se vivió, aunque no sin polémica, como garantía de limpieza por obligar a las partes a jugar con todas las cartas sobre la mesa causa aquí un vértigo insuperable.
Pero tampoco está maduro el nacionalismo vasco. Sigue presentando su proyecto de nación en siete provincias como una evidencia objetiva que exige sea reflejada jurídicamente, mezclando en el mismo puchero antropología, lingüística y política. Se resiste a asumir los datos que indican que una aplastante mayoría de la población navarra (entre un 70-80% hoy por hoy) no desea formar parte de ese ente político y que en Iparralde esa mayoría sería abrumadora. Es decir, concibe también su nación por encima de la voluntad ciudadana. Interpreta la autodeterminación en sus propias claves, un derecho que le corresponde a Euskal Herria frente a España, sin terminar de digerir que debe también mirar hacia adentro y que, aplicando esos mismos criterios que llevan a concluir que la unidad de España no es intocable, tampoco lo sería la de Euskadi. Y sigue sin hacer los deberes de la asunción del pluralismo que, si retomamos la lista contenida en la declaración de Argel, consistiría en respetar en el País Vasco la identidad española, las tradiciones españolas, la lengua española, el patrimonio cultural español y dar a los españoles los mismos derechos e igualdad de condiciones para participar en la vida pública. El adjetivo no clarifica demasiado (¿qué es lo español? ¿qué es lo vasco?), pero lo repito para subrayar las dimensiones del cambio para un nacionalismo vasco demasiado impregnado del feroz antiespañolismo que azuzó Sabino Arana.
Lo terrible de todo esto es que mientras no haya energías para cambiar los propios términos en que se plantean estas cuestiones, sufriremos la maldición de bailar al ritmo marcado por políticos de corazón tan pequeño que en él sólo cabe una patria y de cerebro tan estrecho que sólo alberga una doctrina. Un baile en el que, con la música que se empeñan en tocar, se bordea el riesgo de que todo acabe como el rosario de la aurora.