Javier Pérez Royo «La cosoberanía no tiene ningún recorrido político ni constitucional»

Javier Pérez Royo

«La cosoberanía no tiene ningún recorrido político
ni constitucional»
Entrevista realizada por Joseba Arruti
(Deia, 3.6.05)

INVITADO por la Fundación Sabino Arana, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, participó ayer en Bilbao en una mesa redonda bajo el título "Las autonomías en el Estado español en el siglo XXI: ¿solución o problema?".

El modelo de la Constitución del 78, que prevé una cierta asimetría entre nacionalidades y regiones, ha terminado convirtiéndose casi en simétrico. ¿Quedará así? Ese modelo ya no es reversible. La única asimetría reconocida es la que afecta al País Vasco y a Navarra en materia de financiación. En el resto de materias, desde el punto de vista jurídico, la posición de todas las comunidades es la misma. Esto se va a poner claramente de manifiesto en el proceso de reformas estatutarias. Ese debate ya está cerrado.

Entonces, ¿en qué quedan las especificidades de las nacionalidades históricas en materia de autogobierno? Habrá hechos diferenciales como la lengua y algunas especificidades en materia de Derecho Civil; y poco más. Pero en el ejercicio de las competencias, todas van a tener la posibilidad de acceder a los mismos niveles de autogobierno.

Incluso hay riesgo de involución. El sistema vasco de financiación ha sido tildado de insolidario por parte de algunos dirigentes socialistas... El sistema financiero vasco y navarro beneficia mucho a ambas comunidades. Es un sistema distinto y rompe la igualdad de trato, pero nadie plantea su revisión. Esa especificidad se ha aceptado hasta ahora pero no es generalizable, ya que dejaría de existir el Estado.

¿Cuál es el recorrido político y constitucional que concede a las propuestas de cosoberanía?
Ninguno. El Plan Ibarretxe no tenía ningún recorrido, aunque lo entendí políticamente en un principio como respuesta a la agresividad extraordinaria del Gobierno de la nación en aquel momento. Pero no comprendo que se mantuviera tras las elecciones del 14 de marzo.

No tenía carácter coyuntural...
Pues no tiene posibilidad de prosperar. Ha quedado desactivado sin que tuviera que intervenir el Tribunal Constitucional; y cuando los ciudadanos vascos se han pronunciado, el 17 de abril, no han dado la razón a Ibarretxe. No hay posibilidad de cosoberanía. Se generaría una rebelión en el resto de regiones.

Entonces, ¿qué posibilidad tiene un partido independentista de ver realizados sus objetivos políticos?
Es una pregunta que no tiene respuesta jurídica en ninguna parte. Es el problema de la titularidad del poder constituyente, y sólo tiene respuesta política. En el caso clásico de la guerra civil de Estados Unidos, la Confederación defendió que cada uno de los estados era el titular del poder constituyente. La respuesta a eso fue la guerra. O se acepta que la titularidad es de quien aspira a separarse y el proceso es pacífico, o no se acepta y se va a la guerra.

¿No deberían establecerse unas mínimas reglas del juego?
En España esa cuestión está resuelta y es el pueblo español quien ostenta la titularidad del poder constituyente. No hay un pueblo vasco, catalán o andaluz que lo ostente. El Estado español no va aceptar eso nunca. Entramos en un problema de poder, de fuerza. Si hubiera un respaldo de un 60 o 65% de la población detrás de esta aspiración posiblemente el Estado tendría que negociar, pero se exige una mayoría muy fuerte para ello.

La izquierda abertzale reclama cambios para sumarse al consenso
respecto al marco...
A no ser que las cosas cambien mucho, no creo que se apruebe en el Parlamento vasco una reforma estatutaria en esta legislatura. De todas formas, para que la izquierda abertzale se incorpore al marco no veo necesario ningún cambio. No se les pueden dar garantías de cambio para que se incorporen, ya que, si no, estamos diciendo que con tiros se pueden forzar cambios. ETA y la izquierda abertzale han perdido. Podrán mantenerse algún tiempo, pero no lograrán recompensas en forma de cambios normativos e institucionales.