José Ignacio Lacasta-Zabalza
El partido del Talión
(Página Abierta, 180, abril de 2007)
La medida adoptada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para que De Juana Chaos cumpla la pena atenuada en su domicilio por el delito de amenazas, que no por terrorismo, ha enfurecido a gran parte de la opinión pública española. No solamente a la ultraderecha ya indistinguible de las huestes del PP-UPN, sino también –a tenor de las encuestas– a buena parte de las personas que votan al PSOE.
Desde luego, no se echaron en su día a la calle para protestar por que el ex general Rodríguez Galindo esté en su casa en ejecución de la sentencia condenatoria también por motivos de salud. Por más que los crímenes de De Juana y Galindo sean tan execrables los unos como los otros. Los del ex general, dado además que se cometieron con cargo al presupuesto que pagamos todos y so pretexto de la seguridad pública. Los de De Juana, los veinticinco asesinatos, puesto que no hay proporción posible ni humana entre los medios –el asesinato de inocentes– y los fines que se dicen mantener: la independencia de Euskal Herria (sobre todo, cuando esas ideas se pueden defender política y pacíficamente). Los dos usaron métodos abominables y desproporcionados para mantener los objetivos queridos. Y, por cierto, ¿se ha arrepentido y pedido perdón a las víctimas y sus familiares el ex general de la Guardia Civil? La verdad es que, al menos yo, no tengo noticia de este deseable suceso. Así que hasta en esa deleznable actitud moral también son equiparables.
En una cosa importante no se les puede comparar: De Juana cumplió ya su condena por delitos de sangre y Rodríguez Galindo no. Pues el primero tiene prisión pendiente por dos artículos de periódico que, según los tribunales, contienen un delito de amenazas. Lo que a todas luces tampoco guarda proporción después de haber pasado dieciocho años en la cárcel y apenas oculta lo perseguido: que De Juana no salga de la cárcel.
Pero es De Juana el que suscita indignación y no Rodríguez Galindo, que ha tenido valedores en el PSOE como el inevitable Rodríguez Ibarra; ex general quien, al fin y al cabo, obtuvo su tratamiento especialísimo –no estaba que se sepa en huelga de hambre– por la concesión generosa de la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas, y el Ministerio del Interior al que pertenece.
Mercedes Gallizo, que supo estar a la altura de las circunstancias, con razones propias del Estado democrático de Derecho, con sensatez y aplomo, en la entrevista que tuvo lugar recientemente en el Canal 4 de televisión. No así el entrevistador, Iñaki Gabilondo, que, contra lo que en él es habitual, se dejó llevar por la demagogia y sinrazones un tanto repugnantes –y bien contestadas por Mercedes desde los partes médicos reales–, como si fuera cierto que pasaba el recluso muchas horas con su novia en la cama o que De Juana no estaba tan grave al haber descendido de la ambulancia por su propio pie. Así que ¡hasta Gabilondo ha perdido el oremus con el asunto De Juana!
Incluso el atentado terrorista más terrible conocido, el del 11-M, cuyo juicio tiene lugar en estos días, suscita menos atención y pasiones. Lo cual debe hacernos meditar pero que muy en serio sobre el tipo de cultura política y jurídica que se despliega en el seno de la opinión pública española.
La principal responsabilidad es del PP, pero el PSOE posee su propia cuota de ella. No se puede desatar la insensatez antidemocrática del cumplimiento íntegro de las penas que inspira la reforma penal del año 2003 y que ha calado tan profundamente en la sociedad. Es una idea contraria a la Constitución, que aboga primordialmente por la reinserción y resocialización de las personas penadas con privación de libertad. Que condena las penas inhumanas, y lo son todas aquellas que sobrepasen los quince años de prisión (15 años que fijan la revisión de la cadena perpetua en Alemania, cosa que nunca se dice en los medios de comunicación). Y resulta, de cierto, la principal bandera del partido del Talión, cuya vanguardia es la ultraderecha de las banderas franquistas y el brazo en alto y su cobijo natural el PP.
Desgraciadamente, no creo que el PSOE tenga tiempo ya en esta legislatura para cambiar esa inicua reforma penal y la indigna filosofía taliónica que la inspira. Pero es preciso restaurar culturalmente que las penas están puestas para evitar los delitos, para reinsertar a las personas presas y para reparar los daños causados. No para pagar personalmente por todo lo que se ha hecho, pues la vida no se compensa más que con la propia sangre del delincuente y eso es ni más ni menos que postular la pena de muerte.
Ese cumplimiento íntegro no es otra cosa que el ojo por ojo. Es tanto como afirmar que a De Juana se le mate 25 veces y a Galindo se le entierre en cal viva para que aprenda. Seriamente, hay que salir de esa brutalidad y volver los ojos a la razón ilustrada para saber que el Estado democrático de Derecho nunca se ha de poner a la altura de un criminal. Que como escribía Beccaria contra la pena de muerte: «Considero un absurdo que las leyes, que son la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, cometan uno ellas mismas, y, para alejar a los ciudadanos del asesinato, ordenen un asesinato público».