A Josu Ostériz, buen  divulgador de la Constitución republicana.

            Cuando Rodríguez Zapatero miraba hacia la izquierda en los primeros años de su mandato,  reivindicó en una ocasión la Constitución de 1931. Toda la derecha  española se puso hecha una furia y el reproche fue el mismo: Zapatero había  roto el consenso. Un consenso de la transición prolongado imaginariamente  en el tiempo y asentado en el silencio sobre la Constitución republicana y la ocultación de lo sucedido durante la dictadura de Franco. Esto es, un monumental  chitón sobre dos de los aspectos más importantes de nuestro más reciente pasado.

            Si no hay más remedio que hablar del texto de 1931, la derecha española suele empezar por sus defectos o los de la República. Al meritorio hecho de incluir a las mujeres en el sufragio de verdad  universal, la derecha  le añade que hubo próceres de izquierda que votaron  en contra del voto femenino. Lo cual es cierto y no lo es menos que hubo sensatísimas  críticas a esa tonta y viril actitud por parte de Manuel Azaña y Fernando de los Ríos. Críticas de estos y otros gobernantes de la República de las que jamás se dice nada desde la derecha  carpetovetónica.

            Claro que el texto de 1931 tiene sus defectos, como un innecesario anticlericalismo que empaña su dominante y más que meritorio laicismo. Pues la Constitución republicana separa con claridad la Iglesia del Estado y, desde sus postulados, resulta impensable la nada democrática  financiación especial del la Iglesia católica que hoy practica  el Gobierno del PSOE. Ese fondo laico la hace –en este aspecto decisivo- muy superior a la Constitución actual.

            Joaquín Varela  Suances-Carpegna ha publicado un buen libro titulado Política y Constitución en España (1808-1978) (Centro de Estudios Constitucionales, 2007). En él se califica a la Constitución de 1931 como un texto de vanguardia. De él tomo que es la primera Constitución española de carácter normativo, una verdadera ley que no puede ser contradicha por ninguna otra regla de rango inferior. Hasta entonces, las Constituciones –salvo quizá la de 1869- eran papel mojado ante las que el poder no se sentía  en absoluto obligado. Cánovas del Castillo gobernaba mediante decretos que contravenían  frecuentemente  la Constitución de 1876 (nacionalcatólica por cierto) y el estado de excepción, junto a las jurisdicciones militares, formaban el estilo preeminente de hacer política  institucional en España. Sólo dos partidos (liberales y conservadores) junto al ejército  encabezado por el Rey dirigían  España. Rey que amparó –como supremo dirigente militar- el desleal e innoble golpe de Estado de Primo de Rivera.

            La Constitución de 1931 no admitía que personas, fuerzas ni poderes estuvieran por encima de la misma. Pluralista, acogió la diversidad de partidos políticos y sindicatos. Que era una norma jurídica  en su sentido literal –no contradicha por ninguna otra- lo acredita la creación del Tribunal de Garantías  Constitucionales, precedente del Tribunal Constitucional en la actualidad. A ese órgano destinado a velar por la constitucionalidad de todas las leyes, podían  acudir así mismo los particulares, mediante el recurso de amparo, cuando creían  que habían  sido violados sus derechos fundamentales.

            Por primera vez en la historia de las instituciones españolas una Constitución era normativa y aplicable, no un texto de meras intenciones o programas extendidos en una hoja de papel inservible que enmascaraba el ejercicio del poder arbitrario las más de las veces. También nacieron con ella el Estado social, los derechos sociales y económicos,  plasmados en su articulado por la buena imitación de la Constitución alemana de Weimar y la mexicana de 1917 (que eran los textos más vanguardistas de la época). Y la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, fue mucho más que un buen deseo, convirtiéndose en un principio llevado a la práctica por los miles y miles de escuelas construidas por la República, así como por la impulsión de un Cuerpo de maestros y maestras cuyo nivel estaba garantizado por las condiciones de ingreso en el mismo y su formación constante.

            Además, la norma constitucional de 1931 fue el mapa o el embrión de la presente de 1978. Sus Estatutos de Autonomía  estuvieron  tan presentes que la actual Constitución fija un procedimiento especial para aquellos que fueron republicanamente plebiscitados.

            De la relevancia en nuestra historia democrática de la Constitución de 1931, da fe la siguiente opinión de Joaquín  Varela:

            “En realidad, la Constitución republicana de 1931 fue la única Constitución española que los constituyentes de 1978 tuvieron en cuenta. Al fin y al cabo, también era la más próxima en el tiempo, si se descartan, claro está, las leyes fundamentales del franquismo, que, al basarse en la negación de la democracia  liberal, se sitúan en las antípodas  tanto de la Constitución de 1931 como de la vigente  Constitución de 1978”.

            Si eso es así, que lo es política y técnicamente, ¿a qué viene ese enfado de la derecha española o ese irracional vilipendio del texto de 1931? Pues a la falta de esa actitud civilizada que tiene, por ejemplo, buena parte de la derecha francesa. A la que, como a De Gaulle, no se le pueden reprochar medias tintas con Hitler ni con el régimen faccioso del mariscal Pétain.

            La derecha  española no quiere ni oír  hablar de la Constitución de 1931 porque, si se desvela lo que fue y significa, queda también desnudo el hecho del golpe del 18 de julio de 1936. Que no fue contra los soviets, como quieren algunos revisionistas de la historia, sino contra un texto legítimo, legal y producto del ejercicio del derecho a votar de toda la ciudadanía.

            Tan es así que, en España y hasta junio de 1977, no se restableció el sufragio universal y el derecho de participación; en un aplastamiento de esos derechos fundamentales que hubo entre el 1 de abril de 1939 y las primeras elecciones generales que dan paso al proceso constituyente.

            Además, el consenso de la transición hace mucho que no existe, exactamente desde la desaparición de la UCD. Así que sería deseable, personalmente nada me gustaría  más, que nuestra derecha (UPN y PP) se civilizase del todo. Que rompieran con nitidez con el franquismo y declarasen por fin que el único antecedente directo y democrático de la Constitución de 1978 es el texto de 1931. Seguro que la paz social y la cohesión de toda la sociedad civil saldrían  ganando.