Víctimas y presos
(El Correo, 19 de diciembre de 2004)

El final más o menos próximo de ETA está suscitando ya un debate soterrado sobre la suerte que un eventual abandono de las armas por parte de dicha organización depararía a sus presos. En el imaginario etarra, la amnistía siempre ha estado presente poco menos que como efecto automático de la negociación política con el Estado. Los beneficios penitenciarios serían la consecuencia obligada -y dada siempre por descontado- de la apertura de un proceso de autodeterminación del que deberían ser partícipes también los presos.
Es evidente que tan confiado esquema partía de una premisa inicial: la seguridad en un final victorioso por el que el Estado acabara asumiendo o aceptando las exigencias de la banda. Pero el final más probable no es precisamente ese, sino otro muy distinto. ETA continúa alentando entre los presos y sus familiares la convicción de que serán los cambios políticos propiciados por su lucha los que acabarán sacándolos de la cárcel. Pero los cambios posibles no aligerarán ni mucho menos las condenas impuestas, a no ser que sean los propios presos quienes cambien. La inclusión de la concesión de indultos entre las potestades del Gobierno vasco -según el plan Ibarretxe que mañana se votará en la correspondiente comisión parlamentaria- no representa más que una engañosa cláusula.
Con motivo de unas jornadas organizadas por el parlamento de Cataluña, Maixabel Lasa manifestó esta semana que «un proceso de paz en el que los terroristas no pidan perdón y no se arrepientan de los crímenes cometidos es un proceso de paz que margina y orilla a las víctimas del terrorismo». En realidad, parece inimaginable que nada pueda moverse respecto a la suerte de los presos sin el consentimiento de quienes son víctimas de los actos por los que fueron procesados o condenados. Las víctimas no pueden dictar al legislador ni a los otros dos poderes del Estado constitucional lo que han de hacer. Pero nada podrían hacer respecto al futuro de los presos sin que estos formulen una revisión pública de su propia trayectoria o continúen escudándose en la existencia de responsabilidades colectivas o concurrentes para obviar el mea culpa.
Maixabel Lasa advirtió sobre los riesgos que para la dignidad de las víctimas comportaría «un arreglo político forzado por la amnesia y la imperiosa necesidad de pasar página cuanto antes». Hay, sin duda, quien trata ya de impulsar ese amnésico arreglo. Pero le resultará más que difícil conseguirlo. Por el contrario, la mejor contribución que pueden hacer quienes tanto se prodigan en labores de mediación y en el diseño de la metodología precisa para un «diálogo de paz» es que adviertan a los terroristas de dos verdades que encierran las palabras de la directora de Atención a las Víctimas del Ejecutivo Ibarretxe.
La primera, que es imposible que los condenados por terrorismo sean beneficiados tras el abandono de las armas por parte de ETA si no son capaces de reconocer el horror provocado y arrepentirse de ello. La segunda, que en cualquier caso el reloj para la eventual aplicación de esos beneficios no comenzará a funcionar hasta que ETA desaparezca.