agendapublica.elperiodico.com, 06 de septiembre de 2018
Ha pasado ya un año desde que, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, el
Parlament aprobara dos leyes, la del referéndum de autodeterminación y la de
transitoriedad (del Estado español a la nueva República catalana) que pretendían la
ruptura institucional de Cataluña con España. Esta ruptura, de por sí gravísima en un
contexto democrático, fue posible porque los representantes del 50% de los catalanes
impusieron su apuesta unilateral al otro 50% de la población (votos). Desde entonces,
vivimos una escalada de faroles amenazantes desde el ‘procesismo’ frente a la
realidad estatal que, alcanzado el límite de lo jurídicamente admisible en un Estado
democrático, puso sobre la mesa sus armas de defensa constitucional, aunque no
siempre de la forma más acertada.
