Manuel Llusia
A los dos años del 11-M.
La Asociación 11M. Afectados de Terrorismo
(Página Abierta, 169, abril de 2006)
18 de marzo de 2006
El segundo aniversario de la matanza del 11-M producida en Madrid ha coincidido con un panorama político marcado por la tensión que produce, por un lado, la forma de confrontación del PP frente al Gobierno y, por otro, la inquieta respuesta del movimiento social de las víctimas del terrorismo de ETA en relación con el fin de esta organización que parece dibujar supuestos pasos dados por el Gobierno de Zapatero.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han tomado la palabra con fuerza para reclamar un presente y un futuro que las tenga más en cuenta. Y ejercen, sin duda, una presión sobre los poderes públicos en muchos ámbitos: en el de la atención económica y social actual; en el de la legislación para la solidaridad; en el judicial y penal, y en los proyectos políticos para combatir y poner fin al terrorismo.
Y aunque existe una corriente de necesidades e inquietudes similares, las asociaciones no forman un todo común, la diversidad es importante y viene marcada, lógicamente, por las diferencias que sus integrantes muestran en los criterios de su acción y en cómo aprecian la actuación de los poderes y administraciones públicos.
Los necesarios debates sobre las tomas de posición de las víctimas y sus asociaciones y sobre su papel se han mezclado con el abuso de declaraciones y contradeclaraciones, en muchos casos tendenciosas o insidiosas, que sirven sólo al mercadeo de los medios de comunicación y que tienen efectos perversos, más allá incluso del dolor que producen a mucha gente afectada por hechos terroristas como el del 11-M.
La Asociación 11M
Hoy ya son dos las asociaciones creadas en defensa de las víctimas del 11-M. Una, la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, que viene liderando Pilar Manjón y que se supone representa a 1.000 personas, de las que cerca de 900 sufrieron directamente los efectos de los atentados de hace dos años en Madrid. Otra, la denominada Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, presidida por Ángeles Domínguez, quien señala que tiene 300 personas asociadas y de ellas 225 sufrieron esa masacre.
Los problemas que han afrontado y afrontan, y en particular la presidida por Pilar Manjón, son múltiples y se refieren a tres grandes bloques. Por un lado todo lo relacionado con la atención y ayuda a las personas afectadas física y síquicamente, para exigir el cumplimiento de la responsabilidad de las instituciones sanitarias y públicas en general. Sobre esta atención sigue habiendo quejas y en algunos casos la propia Asociación 11M ha tenido que buscar soluciones propias.
Un aspecto particular donde se centra un mayor descontento –sin quitar del todo valor al esfuerzo público realizado– es en el funcionamiento del tratamiento psicológico: cambios continuos de médicos y sicólogos, muchas trabas burocráticas...
Otro bloque está relacionado con las indemnizaciones previstas en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (1), las derivadas por daños resarcibles, las subvenciones y ayudas especiales, las pensiones extraordinarias, etc. Las primeras, las indemnizaciones, básicamente se cumplieron, afirma Pilar Manjón.
Según el Ministerio del Interior, se han aceptado y resuelto el 92% de los expedientes de los afectados, y a través de su Oficina de Atención a las Víctimas, les ha indemnizado con 59.490.082 euros. De ese monto, cerca de 43 millones se refieren a las indemnizaciones por fallecimientos (2).
Mayor problema ha tenido la resolución de expedientes de los heridos. Al cabo de dos años, se han cerrado 12 expedientes de gran invalidez por un importe de cerca de 3 millones de euros; 12 por incapacidad permanente absoluta: unos 2,3 millones; 27 por incapacidad permanente total que suman algo más de 3 millones, y 17 más por incapacidad permanente parcial que han percibido 1,4 millones de euros (3).
Esos procesos administrativos para reconocimiento de minusvalías y grados de invalidez son criticados por Pilar Manjón: «Las unidades de evaluación están dictando resoluciones a la baja. Hemos tenido que contratar a abogados administrativistas y forenses para recurrirlas, y ya tenemos sentencias a nuestro favor» (4).
Como señalaba el editorial de El Periódico de Catalunya en su edición del 11 de marzo de 2006: «La falta de coordinación entre los organismos del Estado y las aseguradoras ha obligado a repetir muchos trámites que podían haberse simplificado. La creación de una ventanilla única, que los afectados han reclamado con insistencia, les habría evitado repetir gestiones o pasar exámenes médicos reiterativos e innecesarios. Ha faltado sensibilidad. Con ella se habría evitado el dolor añadido para las víctimas de tener que revivir una y otra vez la tragedia».
Las víctimas, implicadas en la tensión política
Otro frente de trabajo es el del seguimiento del sumario abierto por los atentados y que está todavía en fase de instrucción. Aquí los problemas que ha vivido la Asociación 11M Afectados de Terrorismo se acumulan. Unos, relacionados con el proceso sumarial y el tiempo transcurrido, y con la presencia en él de los afectados. Y otros, debidos a las informaciones y declaraciones sobre la investigación, que la ponían en entredicho. Todo ello ha acrecentado el dolor y el desasosiego en las víctimas, en su deseo de que se haga justicia pronto para cerrar parte de las heridas.
Una primera exigencia sobre este proceso que señala Pilar Manjón es que se cierre enseguida la fase de instrucción: «Hay una ley que prevé que a los dos años, si no se han dictado las medidas provisionales de prórroga de prisión preventiva, pueden estar en la calle los asesinos. Y a los cuatro años, si no hay sentencia firme, podemos verlos en la calle. Estamos contrarreloj» (5).
No parece dudar Pilar Manjón de la autoría de los atentados que ya prácticamente ha fijado la instrucción, aunque en ocasiones han aparecido en los medios de comunicación declaraciones suyas sobre la existencia de algunas lagunas de la investigación a la luz de la lectura de la parte del sumario que sólo les ha entregado el juez Del Olmo: 60.000 folios que trabajan a destajo abogadas contratadas por la Asociación 11-M. Y aún faltan, se queja su presidenta, otros 20.000.
Con este punto de vista se comprende su enfado cuando se pone en duda toda la investigación, como ha hecho, por ejemplo, el PP, a partir de las informaciones de algunos medios. «Estamos cansados de repetir la misma frase: quien tenga datos de la autoría que los entregue» (6).
Y se comprende más cuando, sin duda, se han aprovechado las fechas próximas al 11 de marzo para lanzar la batería de nuevos descubrimientos sobre los atentados, de declaraciones al hilo de ello, de peticiones de paralización del sumario, que es respondida por desmentidos y aclaraciones policiales y el correspondiente conjunto de artículos de opinión, que centran la atención pública. Lo que a la vista de las víctimas parece más un rifirrafe mediático y político que una seria preocupación por colaborar con la justicia y por ayudar a superar el dolor de quienes han perdido tanto.
Esa falta de sensibilidad y respeto quedó intencionadamente patente en las conmemoraciones del 11-M de este año, separando a las víctimas de terrorismo, tratando de ahondar la división entre ellas, como hizo el PP.
Da la impresión de que no se pone por delante la condición de víctimas de estas personas, y lo que en justicia necesitan, sino que se aprovecha la lógica diversidad en sus puntos de vista políticos, culturales o religiosos para separarlas y apuntarlas a un bando.
Uno de los blancos usados por determinadas asociaciones de víctimas ha sido Gregorio Peces Barba, que preside el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, organismo dependiente del Gobierno, y que ha anunciado su marcha para después del verano, considerando cumplidos los objetivos que se proponía. Uno de ellos ha sido el de impulsar una nueva Ley de Solidaridad, que pretende definir mejor los criterios que permitan incluir en la solidaridad a otros casos de víctimas hoy fuera de esta consideración. En la actualidad, según Peces Barba, hay unas 16.000 víctimas de terrorismo, así consideradas. Pilar Manjón, sin embargo, ha hecho público su agradecimiento a Peces Barba por la labor realizada en el Alto Comisionado.
Pero sigamos con el sumario.
La personación de la Asociación en el sumario
Se habla de que el juez Del Olmo dictará el auto de procesamiento el próximo mes de abril y que el juicio oral de los acusados podría celebrarse en el primer trimestre de 2007, coincidiendo, seguramente, en su inicio con las elecciones municipales y autonómicas; y posiblemente, en su resolución, con las generales de 2008.
En el sumario judicial hay 116 imputados; de éstos, 25 en la cárcel y 42 en libertad con cargos. Se supone, en principio, que el juez instructor sólo piensa procesar a 30 o 40 de las personas imputadas, ya que del resto no parece haber pruebas suficientes que les relacione con los atentados.
Es un deseo bien lógico de las víctimas del 11-M el personarse en el juicio por estos atentados. El camino emprendido por la Asociación 11M, que preside Pilar Manjón, ha estado lleno de obstáculos que aún no se han salvado satisfactoriamente para sus representados.
Intentaron, en primer lugar, ejercer la acusación popular como Asociación. Pero les fue denegada, porque ya se había presentado previamente y la ejercía la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), que preside Alcaraz –bajo la tutela y dirección del PP– y que fue creada para los afectados por la acción terrorista de ETA y representa fundamentalmente a las víctimas de esta organización. La alternativa que el juez les ofreció fue la de sumarse a la que ya estaba admitida, la de la AVT, o la personación individual.
En julio de año pasado, el juez Del Olmo dictó un auto en el que señalaba que la Asociación 11M podía personarse como acusación popular siempre que la personación sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal que la AVT (7).
Para la Asociación 11M, optar por la primera opción tenía pegas importantes. La orientación que podía dar la AVT a esa presencia en el juicio es vista como muy diferente a la que pretende la asociación mayoritaria creada por los afectados del 11 de Marzo: «Nosotros queremos un juicio técnico, no político», han dicho quienes están al frente de ella. Sin embargo, su recurso frente a ese auto de Del Olmo no tuvo éxito.
La personación individual requería un esfuerzo administrativo inmenso. Pero se respondió a ese reto. Se presentaron unas 170 solicitudes individuales y, dentro de ellas, la de la Asociación como tal. Pero se encontraron con nuevas dificultades. El juez Del Olmo rechazó la pretensión de la Asociación de personarse como particular y aceptó sólo 57 solicitudes. Sobre el resto de los asociados personados exigió, mediante una providencia fechada el 3 de marzo de este año y que fue notificada a las procuradoras de la Asociación el día 8, que en 72 horas se demostrase que eran efectivamente víctimas de los atentados. La contestación por escrito de la Asociación fue dura, a pesar de que Del Olmo rectificó y emitió una segunda providencia admitiendo 39 personas más en la lista de las acusaciones particulares.
Cuando escribimos estas notas aún está pendiente cómo va a resolverse definitivamente la personación de la Asociación 11M y de sus representados en el sumario. No obstante, Javier Gómez-Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aseguró el día 9 a Pilar Manjón que la Asociación 11M sí tendrá voz propia en el proceso judicial.
Para afrontar la presencia de los afectados en el sumario y juicio correspondiente los gastos son enormes. Según la Asociación 11M, hasta la fecha sólo han recibido 20.000 euros, ayuda que proviene del Ministerio del Interior. Pueden ir resolviendo este problema gracias, por ejemplo, a que de momento los 25 abogados que trabajan para la asociación lo hacen gratuitamente.
Curiosamente, sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre y otros miembros del PP, no había concedido, a fecha de febrero de este año, ninguna subvención a la Asociación 11M, que es la que agrupa a la mayor parte de la gente afectada por los atentados ocurridos precisamente en esta Comunidad. Aunque, por el contrario, sí habían conseguido, al parecer, subvenciones millonarias algunas asociaciones de víctimas. Mientras que otras habían quedado fuera de las subvenciones porque no se habían enterado de su existencia. Pilar Manjón denunció que apenas se había dado publicidad de estas ayudas y que ni siquiera se habían anunciado en el Boletín Oficial de la Comunidad.
Actitud diferente ha tenido el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que ha concedido a esta asociación una ayuda de 6.000 euros, animando así a otras corporaciones municipales a que colaboren en la financiación de tantos gastos necesarios, como los que corresponden a la personación en el juicio por los atentados del 11-M. Como dijo Pilar Manjón, «con estos 6.000 euros, al menos, podremos pagar los 200 poderes notariales que necesitamos para que nuestros abogados nos puedan representar».
También la Confederación Española de Cajas de ahorro (CECA) ha dispuesto un fondo de ayuda importante. Según Pilar Manjón, ha sido el único dinero sobre el que las víctimas han podido participar en la decisión de qué se debía hacer con él.
La identidad de víctimas
Estamos viviendo una etapa quizás histórica en la que se va dando la vuelta a lo que para la sociedad organizada suponían las víctimas, al menos en la consideración que se merecen. Están presentes, vivas en la memoria y se busca su reparación; no son, pues, sólo capítulo pasado, abono olvidado para nuevas épocas.
Hay, sin embargo, como en muchas otras cosas, una vuelta de tuerca envenenada. No para la sociedad y sus poderes públicos, que tiene aún mucho que rectificar, sino para las víctimas directas no mortales de una guerra o de acciones terroristas y para las indirectas, aquellas que se quedaron con el dolor o la necesidad tras la marcha de sus seres queridos. Se trata de cómo recuperarse lo más posible colocando la memoria y el rencor y la reclamación en el lugar menos dañino para sí mismas.
Quienes han tratado, por ejemplo, a las víctimas del 11-M así lo han expresado (8). También se lo hemos podido leer a Luis Rojas Marcos, siquiatra y ex presidente del Sistema de Sanidad y Hospitales Públicos de Nueva York..
Para algunos de estos sicólogos y siquiatras no conviene abusar de la memoria; aunque como dice José Luis Gónzalez Rivera, jefe de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, «para olvidar, por paradójico que resulte, hay que haber registrado claramente el hecho. El objetivo de la salud es que los traumas se registren como datos». Parecida opinión tiene Lucía Sutil, sicóloga de la Asociación 11M: «Las víctimas tienen que aprender a no ser tan protagonistas».
«Nuestro trabajo con las víctimas es que dejen de serlo», señalaba Francisco Duque, psicólogo del hospital Gregorio Marañón de Madrid. «Los traumas se van cuando se recupera el pulso normal de la vida», continúa comentando. Eso le lleva también a decir que lo peor «es hacerse famoso como víctima». Y a su juicio, por lo tanto, y esto es lo importante, «ser víctima no puede formar parte de las señas de identidad de ninguna persona».
Estamos hablando, no obstante, del objetivo a un plazo no corto. Y otra cosa es cuando, como es el caso de quienes han de pelear por sus derechos y por la justicia, hacer público lo ocurrido es ineludible y clave para conseguirlo, para sí mismos y para otros menos dispuestos o menos capacitados.
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(1) Ley 32/1999 de 8 de octubre. Existe una normativa amplia tanto estatal como autonómica que regula el reconocimiento, las ayudas, subvenciones, etc., en relación con las víctimas del terrorismo.
(2) Luz Sanchís, El Periódico de Catalunya, 12 de marzo de 2006.
(3) Ibídem.
(4) 20 Minutos, 8 de marzo de 2006.
(5) El País, 11 de marzo de 2006.
(6) Ibídem.
(7) El Mundo, 10 de marzo de 2006.
(8) El País, 5 de marzo de 2006.