Mbuyi Kabunda
La Unión Africana y el NEPAD
(Página Abierta, 173, septiembre de 2006)
Desde la década de los 60, unos 20 documentos o planes de desarrollo, de inspiración africana o impuestos por las instituciones financieras internacionales, fueron adoptados para hacer frente a los problemas de desarrollo y de integración regional en África; casi todos cosecharon un rotundo fracaso. Tras esta conclusión, Mbuyi Kabunda analiza en este artículo (*) las dos últimas iniciativas: la creación de la Unión Africana, en sustitución de la Organización de la Unidad Africana y la Nueva Cooperación para el Desarrollo de África (NEPAD).
La Unión Africana fue creada en julio de 2001 en Lusaka sobre la base del Tratado de Lomé de julio de 2000, en sustitución de la OUA [Organización de la Unidad Africana], a iniciativa del coronel Gaddafi en su proyecto de construcción de “una África fuerte, solidaria y digna”. [...]
La Unión Africana se ha inspirado ampliamente en los órganos de la Unión Europea, sin tener los mismos contenidos y poderes que su equivalente europeo:
La Conferencia de la Unión (ex Asamblea de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno), sin poder supranacional.
El Consejo Ejecutivo (ex Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores), sin poderes reales en materias tan importantes como la moneda, la política exterior y la defensa.
. La Comisión de la Unión (ex Secretaría general), integrada por 10 comisarios en representación de las 5 regiones del continente (2 por región), elegidos por los jefes de Estado sobre la base del equilibrio regional.
El Comité de Representantes Permanentes, integrado por los embajadores africanos en Addis Abeba, sede de la organización panafricana.
En relación con la OUA, la Carta de la Unión Africana introduce una serie de innovaciones, a saber: la definición de una política común de defensa, el derecho de intervenir en los asuntos internos de un Estado miembro en el que se han producido graves circunstancias (crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad), el derecho de los miembros de solicitar la intervención de la Unión para reinstaurar la paz y la seguridad, el principio de participación y de igualdad entre hombres y mujeres en la composición de la Comisión de la Unión, la adhesión a los principios democráticos y de buena gobernabilidad, y el fomento de la participación popular en las actividades de la Unión.
Al igual que la OUA, la Unión Africana seguirá enfrentándose al grave programa de capacidades humanas y financieras, pues nació con un déficit de unos 42,4 millones de dólares por el impago de muchos Estados miembros de sus cuotas.
El presupuesto de la UA, en 2005, es de 158 millones de dólares en lugar de los 571 millones exigidos por el presidente de la Comisión para el buen funcionamiento de la organización panafricana.
Difícilmente la Unión Africana podría realizar sus objetivos con las actuales economías precarias y extrovertidas, la proliferación de conflictos interestatales e internos, las persistentes rivalidades de liderazgo entre los jefes de Estado africanos, la marginación de amplias capas de la población, el bloqueo del proceso de democratización en muchos países, los deficientes modelos actuales de integración regional y los graves déficit humanos y financieros en la propia organización panafricana.
Según puntualiza Francis Kpatindé, muchos de los 354 funcionarios (1) de la Unión Africana se preocupan más de las causas nacionales que panafricanas y se dedican al tráfico de documentos oficiales y a las actividades extramuros y delictivas en la impunidad total, por disponer de la protección de los Estados de origen. Esta situación se explica, en parte, por el impago de los salarios del personal, que se estima en unos 60 millones de dólares de sueldos atrasados.
En relación con la extinta OUA, una organización de descolonización y una “especie de ONU regional”, que tuvo como ideología la liberación de África y la preservación de la independencia de los países del continente, la UA orienta, sin compromisos firmes, sus actividades hacia la creación y consolidación de las estructuras económicas, políticas y judiciales con el fin de reducir la dependencia económica y caminar hacia la integración política y socioeconómica del continente.
Las innovaciones más relevantes son las que se refieren a la exclusión de Gobiernos que han accedido al poder por vías anticonstitucionales y la posibilidad de intervención en un Estado en el que se comprobarían violaciones masivas de derechos humanos, así como la creación del Parlamento panafricano (marzo de 2004), de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (enero de 2004), y del Consejo de Paz y Seguridad (mayo de 2004 y entrada en vigor en 2010). Está prevista la creación, en los meses y años venideros, del Consejo Económico, Cultural y Social, del Tribunal Africano de Justicia y de las instituciones financieras con la adopción de una moneda común. Con la UA, los Estados africanos intentan hacer frente conjuntamente a los desafíos y cambios planteados por la globalización. [...]
Como demuestran los últimos acontecimientos políticos sucedidos en el continente (Centroáfrica, Togo, Mauritania), el golpe de Estado sigue siendo el modo normal de cambio político. Prueba de ello es que pese al proceso de democratización iniciado a comienzos de la década de los 90, 31 jefes de Estado han sido derribados o asesinados (de los 108 golpes de Estado o asesinatos que se han producido en el continente entre 1960 y 2005), 11 se han retirado en paz y 18 han abandonado el poder tras perder las contiendas electorales. [...]
Una visión global del NEPAD
El NEPAD, en cuya elaboración no fue asociada la sociedad civil africana, nace de la fusión de tres planes o iniciativas definidas en 2000 y 2001:
. El primero es el Plan del Milenio (o el Programa para la Recuperación de África, MAP), concebido por el presidente Mbeki de Sudáfrica en colaboración con el presidente Obasanjo de Nigeria y Buteflika de Argelia. Partiendo de su filosofía del “renacimiento africano”, Mbeki fundamentó la recuperación de África no sólo en el desarrollo, sino también en los aspectos o cambios culturales, sociales y políticos. El objetivo era la presentación de un frente común con respecto al Norte para conseguir el incremento de la ayuda y de las inversiones extranjeras (a cambio de la adhesión de los países africanos al principio de buena gobernabilidad), y la unión de los países africanos frente a los problemas económicos y sociales tales como el sida.
. El segundo es el Plan Omega de la A a la Z del presidente Abdulaye Wade de Senegal, que insistió en la integración regional con énfasis en el desarrollo de las infraestructuras regionales a escala continental y la educación, financiadas a partir de la movilización de las aportaciones externas, aspectos que según Wade beneficiarán también a los propios países del Norte.
. El tercero es el Programa consensuado para la recuperación de África, elaborado por el secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas (ECA), a petición de los ministros de Economía y Hacienda, que insistió en la transparencia mutua y el papel fundamental de los actores externos.
La cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, reunida en julio de 2001 en Lusaka, decidió coordinar y fusionar todas estas iniciativas económicas en un nuevo documento llamado la “Nueva Iniciativa Africana” (NIA), convertida en la cumbre extraordinaria de octubre del mismo año en Abuya (Nigeria) en NEPAD. Este programa de desarrollo se fundamenta supuestamente en la filosofía del “renacimiento africano”, cuyos ejes esenciales son: la lucha contra la pobreza; la incorporación en la mundialización; el fin de las economías de renta y de la dependencia de la ayuda internacional; la creación de Estados de Derecho; la promoción del sector privado, y la creación de una plataforma para fomentar las inversiones extranjeras. Es decir, una estrategia oficial liderada y “concebida” por los propios africanos para conseguir el desarrollo económico y reducir la pobreza en el continente.
Dicha fusión se acompañó de una división de tareas entre los cinco países fundadores que se encargan de la coordinación de las distintas áreas prioritarias: Argelia (el desarrollo humano, en particular la educación y la sanidad), Sudáfrica (la buena gobernabilidad política, la resolución de conflictos, la seguridad y la democracia), Egipto (el acceso a los mercados internacionales, la diversificación en la exportación de productos y la agricultura), Nigeria (la buena gobernabilidad económica o la gestión económica y los movimientos de capitales) y Senegal (las infraestructuras, la energía, el medio ambiente y las nuevas tecnologías de información y comunicación para la incorporación en la economía mundial). [...]
El NEPAD se inserta, pues, en la línea recta de las políticas de extroversión o de dependencia que se viene imponiendo al continente en las últimas décadas. Tiene como punto de partida la constatación de la carencia de capitales que bloquea el crecimiento y el desarrollo en África. De ahí su empeño, pese al hecho de recomendar la reducción de la dependencia de la ayuda externa, en buscar las finanzas necesarias para la realización de los diez ejes prioritarios (2) con el fin de recuperar el retraso de África en relación con otros continentes mediante el compromiso de alcanzar la tasa de crecimiento anual del 6 al 7% para reducir a la mitad la pobreza en el continente de aquí al año 2015. Es preciso recordar que en la actualidad sólo 2 de los 53 países del continente han conseguido esta meta (Mauricio y Botsuana) (3). La financiación del NEPAD se fundamenta en las aportaciones o los fondos de la comunidad internacional procedentes del Banco Mundial y del sector privado. Es decir, el neoliberalismo.
De lo que antecede, es obvio que el NEPAD, aunque supuestamente es producto de la reflexión de los dirigentes africanos que han interiorizado el liberalismo del Banco Mundial y del FMI, es un instrumento de la incorporación del continente en la globalización en posición subordinada, pues dicha integración se realiza en detrimento de las economías nacionales no competitivas, y por lo tanto fragilizadas por las leyes del mercado con el consiguiente bloqueo del desarrollo en África.
El profesor Makhtar Diouf cuestiona el origen africano del NEPAD al manifestar que este documento estratégico de desarrollo, elaborado supuestamente por los africanos y para África, en realidad se inspira ampliamente en los documentos concebidos fuera de África en el período entre 1993‑2000 –en particular por la Unión Europea, el G‑8, los Estados Unidos, Japón y las Naciones Unidas– (4). Por lo tanto, según el autor mencionado, el NEPAD no es un programa africano o de recuperación económica de África, sino un documento que se inserta en la línea recta de los acuerdos de Cotonú y de continuidad en la aplicación de las condicionalidades económicas y políticas de los PAE.
En la concepción y redacción del NEPAD, sus autores perdieron de vista los problemas de fondo, que son estructurales: ¿está dotada África de infraestructuras físicas y de capital humano para rentabilizar o atraer las inversiones extranjeras?; ¿los países del Norte están realmente dispuestos a cambiar su política de ayuda, y cuál de verdad está dispuesto a invertir en los países africanos?; ¿están capacitados los países africanos para eliminar las causas o raíces de los conflictos internos y crear un mecanismo fiable de resolución de conflictos y de mantenimiento de la paz? Todo ello puede reducirse a una pegunta fundamental: ¿los países del Norte están dispuestos a invertir en África y los dirigentes africanos a fortalecer los ahorros internos y no a colocarlos en los países ricos y en los paraísos fiscales?
Estas dudas vienen justificadas por tres hechos: teniendo la más alta tasa de rentabilidad del mundo (en la agricultura, la minería, la construcción y las industrias de ingeniería y medioambientales), África sólo tiene acceso al 4% de las inversiones directas extranjeras (IDE) y China al 22% de las mismas; Estados Unidos, que da la máxima prioridad a la lucha contra el terrorismo internacional y que dedica pocos fondos a la ayuda al desarrollo de los países del Sur (0,16% del PIB), proyecta mejorarlos ligeramente pasando de 10.000 millones de dólares actuales a 15.000 millones para el año 2006 e incluso duplicarlos de aquí al año 2010, fondos orientados con prioridad a los países que adoptan la economía de mercado, erradican la corrupción y promueven la democracia; muchos de los conflictos africanos, tachados erróneamente de tribales, nacen de la manipulación y del mal comportamiento de los dirigentes africanos junto a los intereses extranjeros.
Por lo tanto, no se puede confiar demasiado en los factores externos y en los dirigentes africanos, tal y como está sucediendo a título ilustrativo en Zimbabue, la República Democrática del Congo (RDC) o Costa de Marfil, para el desarrollo y la paz en el continente. Además, existe una contradicción entre la lucha contra la pobreza o la apertura externa, objetivo sublime del NEPAD, y el proteccionismo y las subvenciones agrícolas que siguen manteniendo los países ricos y que arruinan a los campesinos africanos.
El África subsahariana recibió entre 1960 y 2000 unos 300.000 millones de dólares, menos que los 350.000 millones de dólares anuales que los países de la OCDE dedican a las subvenciones agrícolas o los 1.250.000 millones de dólares anuales de gastos militares mundiales: el equivalente del monto total dedicado a la ayuda al desarrollo por los 22 países de la OCDE, entre 1958 y 2002. En los casos que les interesan, los países industrializados privilegian las medidas proteccionistas en detrimento de su ideología neoliberal.
Sin lugar a dudas, el NEPAD confía el desarrollo de África a los interlocutores del Norte (las instituciones financieras internacionales, el G‑8, la Unión Europea), cuya concepción sobre África no ha cambiado mucho, y a los dirigentes africanos, poco creíbles para encarnar la “nueva África” o el “renacimiento africano” en los aspectos de democracia, transparencia y tolerancia; hecho ilustrado por la generalización de las “democraduras” actuales, los golpes de Estado constitucionales y los fraudes electorales convertidos en nuevas estrategias para aferrarse al poder. Es decir, se camina hacia el mantenimiento y fortalecimiento del mal gobierno y de la dependencia hacia la ayuda y la deuda. O según François-Xavier Verschave, los Estados neocoloniales africanos no tienen en sus preocupaciones el desarrollo económico, sino el mantenimiento de las economías de renta y de saqueo de materias primas y de la ayuda al desarrollo.
Mitos y realidades
El NEPAD es la mejor iniciativa adoptada por los dirigentes africanos con su estrategia de la “doble lógica de la cooperación” o de la corresponsabilidad (reciprocidad de compromisos, de obligaciones y de beneficios). Por una parte, los Gobiernos africanos, que han aprendido la lección abandonando la estrategia de confrontación y del populismo de la década de los 70 y 80 en favor de la cooperación y del realismo, desafían al Norte en su propio campo y a partir de sus propias reglas del juego (el neoliberalismo), evitando las estrategias de confrontación Norte‑Sur, tales como el nuevo orden económico internacional tercermundista, el desarrollo endógeno o la desconexión, convirtiendo el Norte en socio para el desarrollo, mediante un firme compromiso de lucha contra la marginación del continente. Es decir, la adhesión al discurso interiorizado de la globalización y del libre mercado, para beneficiarse de las oportunidades que pueden ofrecer las fuerzas de la globalización “preocupadas” por aliviar la pobreza y el subdesarrollo de los países del Sur después del 11 de septiembre de 2001.
Los dirigentes africanos reconocen, por primera vez, que el desarrollo es posible sólo mediante profundas reformas políticas e institucionales. Es decir, se considera el mal gobierno y la mala gestión económica como las principales causas de los problemas africanos. Por su parte, el G‑8 y la Unión Europea responden con el “Plan de Acción para África”, adoptado en junio de 2002. En este Plan, el G‑8 se compromete a apoyar la Agenda del NEPAD, en particular, en la instauración de la paz y de la seguridad a nivel regional y continental, el desarrollo de los recursos humanos, la igualdad de género y la lucha contra el sida.
Por primera vez, los países del Norte han adoptado un Plan global e integrado para el desarrollo de África, basado en los objetivos y deseos expresados por los propios africanos, que rechazan la filosofía de la caridad y de la asistencia (“rechazo” de la dependencia de la ayuda) en favor de la cooperación del uso de los recursos africanos para conseguir el desarrollo. Dicho con otras palabras, se pretende poner fin, de un lado, a la incapacidad de los africanos de encargarse de sí mismos y, de otro, a la indiferencia de Occidente frente a la miseria que afecta a la población africana. Los acreedores de fondos del Norte se han comprometido a asumir sus responsabilidades de lucha contra la “marginación” de África dedicándole más recursos y ayudas en los años venideros.
Sin embargo, el NEPAD que nace de la iniciativa de los países más endeudados y que más inversiones extranjeras reciben –Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Senegal y Argelia, y en particular Sudáfrica y Nigeria, que se convierten cada vez más en interlocutores de los países africanos frente a la comunidad internacional y que quieren convertir el NEPAD en el instrumento de financiación de su desarrollo en detrimento de los demás países–, y que constituyen su “núcleo duro”, se fundamenta en las aportaciones o fondos de la comunidad internacional procedentes en lo esencial del Banco Mundial y del sector privado. En el mismo sentido, Mamadou Dia puntualiza que el NEPAD, que abandona en la práctica la filosofía del “renacimiento africano” o del desarrollo endógeno en favor de la incorporación en el neoliberalismo económico y del sistema capitalista, profundizará la pobreza en el continente, pues dicho sistema controlado por las multinacionales tiene como principal objetivo la acumulación rápida de capitales y la realización de inconmensurables beneficios inmediatos en detrimento del sector público y de las necesidades de las poblaciones.
El proyecto de desarrollo africano se inserta en línea recta con las políticas experimentadas en el pasado, cuyo resultado ha sido la descomposición política y económica de los Estados con graves retrocesos en los aspectos de desarrollo humano, tal y como pone de manifiesto el deterioro de los sistemas de enseñanza superior y de formación, destruidos por el ajuste privatizador o las condiciones –privatización del sector público o reducción del papel del Estado, máxima apertura externa y fomento de las exportaciones, supresión de las subvenciones públicas y de los gastos sociales–, al que se adhiere el NEPAD. Es un nuevo discurso de legitimación de las clases gobernantes, adaptado a las necesidades de la posguerra fría y de la globalización, en particular para conseguir la reducción de la deuda y el incremento de la ayuda al desarrollo. Es decir, la consagración de la mendicidad.
Es aquí donde se plantea un problema fundamental: cómo se puede confiar la financiación de proyectos de poca rentabilidad capitalista (agricultura, educación, salud, nuevas tecnologías, acceso de las economías africanas a los mercados del Norte) a las inversiones extranjeras, máxime cuando estos mismos aspectos fueron destruidos por las políticas recomendadas e impuestas por los mismos socios externos.
Además, los países del Norte, que dedican mil millones de dólares al día para subvencionar sus exportaciones agrícolas, es decir, el equivalente de tres veces el monto anual dedicado a la ayuda al desarrollo, podrían financiar al mismo tiempo la agricultura africana (de la que dependen 500 millones de africanos) o las infraestructuras regionales africanas, que podrían hacer competencia a sus agricultores. De ahí las dudas expresadas por Sanou M'Baye, que tacha el NEPAD de no tener sentido al fundamentarse en las condicionalidades neoliberales de la comunidad internacional y en las inversiones extranjeras, pues las sociedades africanas no pueden satisfacer ninguna de estas condiciones que se imponen para incorporarse en la economía mundial.
Las inversiones extranjeras en África
La historia de las tres o cuatro últimas décadas pone de manifiesto que las inversiones directas extranjeras en las que se fundamenta el NEPAD, para conseguir el desarrollo en el continente, siempre se han orientado hacia los sectores de las minas, petróleo y recursos naturales, controlados ampliamente por las multinacionales, lo que no necesita la liberalización para atraerlas, pues la integración librecambista del NEPAD les abre de par en par los mercados y los recursos africanos. Además, África, considerado como un continente de alto riesgo, sólo ha recibido el 2% de las IDE mundiales de los veinte últimos años, concentrados en los países productores del petróleo (Angola, Nigeria y Argelia), el África del norte y Sudáfrica. Insistir en este aspecto en este momento, sin unos previos cambios, equivaldría a fortalecer el poder de las multinacionales, que constituyen uno de los pilares de globalización neoliberal y cuyo papel en el saqueo de recursos y el fomento de conflictos en el continente es de sobra conocido.
El énfasis en los tradicionales sectores mineros y energéticos, según denuncia Diof, equivale a fomentar las exportaciones de productos básicos o la economía de renta que constituye el principal obstáculo a la industrialización y desarrollo de África. Además, todos los países no disponen de petróleo y de recursos minerales, lo que conducirá a un reparto desigual de las IDE, que sólo representan, según la Cnuced, la quinta parte de las entradas de capitales extranjeros en el continente, entre 1970 y 2003, y procedentes en lo esencial de Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
El NEPAD, que insiste en la liberalización de los servicios públicos y la apertura al mercado mundial, es una versión africanizada y autoimpuesta de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del Banco Mundial y del FMI, responsables de la desindustrialización de África y cuyo fracaso es de sobra conocido, e incluso peor que los PAE por no incluir una dimensión social o las bases sociales del desarrollo. Las IDE en África favorecen las industrias extractivas, es decir, la dependencia externa en detrimento de las industrias de transformación local de los productos básicos.
Según puntualiza acertadamente Sharon Smith, tanto los Estados Unidos como la UE, encabezada por Francia, no están dispuestos a suprimir sus barreras proteccionistas con respecto a la importación de los productos agrícolas africanos, principal fuente de riquezas en el continente junto al petróleo, que representa la tercera parte de las exportaciones africanas de materias primas. Los Estados Unidos y la UE dedican, respectivamente, 20.803 y 16.058 dólares por agricultor (5), provocando excedentes en los mercados internacionales, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los agricultores africanos.
Además, en el período entre 1990 y 2000, según la Cnuced, la ayuda al desarrollo por parte de los países ricos a los 49 países menos avanzados (de los cuales 34 son africanos) ha caído en un 45%, y en el caso de África, la ayuda de la OCDE pasó en el mismo período de 32 a 19 dólares por habitante. El PIB per cápita de África, excluyendo a Sudáfrica, pasó de 525 dólares en 1970 a 336 en 1997 (cf. Informe del Banco Mundial de 2001), resultado del deterioro de los términos de intercambio, de la crisis de la deuda a la que los países africanos dedican más del 20% de sus ingresos presupuestarios anuales –los países subsaharianos dedican al único pago anual del servicio de la deuda cuatro veces los gastos acumulados de sanidad y educación– y del aumento de las importaciones, es decir, de las recetas neoliberales de los PAE (Programas de Ajuste Estructural) impuestos a estos países desde la década de los 80.
Todos estos aspectos ponen en duda el compromiso tomado por los países ricos en la financiación del NEPAD, y la eficacia de éste para resolver los problemas africanos. Según Amartya Sen, quien expresa su pesimismo con respecto a la ayuda financiera general para conseguir el desarrollo duradero, la ayuda prometida al NEPAD por los países ricos y las instituciones financieras internacionales, en Monterrey y en otros foros similares, está lejos de concretarse. Han prometido mucho pero van a dar muy poco. Sorprende al respecto la proliferación de iniciativas externas tales como la propuesta de Jacques Chirac de la tasa sobre las transacciones financieras internacionales, o sobre los billetes de avión, del Fondo de solidaridad numérica adoptado en marzo de 2005 en Ginebra, para financiar el desarrollo en África, o de la Commission for Africa de Tony Blair, es decir, iniciativas al margen del NEPAD, que se deberían directamente respaldar si se confiaba en él.
La integración regional
En lo que se refiere a la integración regional, que el NEPAD considera como una de las prioridades, es preciso recordar que las experiencias de integración regional de las cuatro últimas décadas, con la creación de más de 200 organizaciones de cooperación regional, han sido globalmente desalentadoras, dando lugar a la desintegración y no al dinamismo integrador, por la falta de voluntad política, las debilidades institucionales, el apego a las soberanías nacionales y por el propio enfoque de integración librecambista inadaptada a las todavía coloniales economías africanas. Muchas de las agrupaciones regionales africanas, puestas al servicio de objetivos nacionales a corto plazo y no de los panafricanistas a largo plazo, han existido sólo en el papel, con una escasa o nula realización de sus objetivos. Tienen que producirse cambios sustanciales en relación con las concepciones y prácticas anteriores de integración regional, proclamada prioridad de las prioridades en las Constituciones y los discursos oficiales, para conseguir este objetivo. [...]
En este aspecto, el NEPAD, en la línea de los Acuerdos de Cotonú en los que se inspira, está exigiendo a dichos Estados que realicen en muy poco tiempo lo que no consiguieron durante décadas, y sin tomar en consideración las desigualdades de desarrollo y de ritmos en el proceso de democratización y de (sub)desarrollo entre los países africanos, además de no definir claramente una estrategia de regionalismo partiendo de las realidades africanas y de los fracasos del pasado. Este silencio se debe a su adhesión a las tesis de la integración neoliberal en la globalización o a la integración por el mercado mediante la cooperación con la UE a través de las áreas de libre comercio establecidas por aquéllos en detrimento de la integración horizontal entre los países africanos y de la cooperación Sur‑Sur, dificultando la creación de un frente común entre los países del Tercer Mundo.
Prueba de ello es que el NEPAD define los proyectos de las grandes infraestructuras (autopistas, carreteras, ferrocarriles y gasoductos, puertos y líneas eléctricas, es decir, los proyectos regionales o transnacionales (6), cuya realización se confía a las multinacionales y a los capitales extranjeros, en lugar de crear las empresas o multinacionales africanas encargadas de su concreción. De ahí la acertada afirmación de Yao A. Assogba, para quien al insistir en las financiaciones externas de las infraestructuras para conseguir “la producción de bienes y servicios baratos”, el NEPAD no es una nueva alternativa para el desarrollo de África, pues el aumento de las financiaciones externas se ha acompañado a un ritmo inversamente proporcional con el deterioro de las condiciones de vida de los africanos durante las cuatro últimas décadas, además de ser siempre muy baratos los bienes y servicios producidos en África, y por tanto no se necesitan con tal fin dichas financiaciones.
En cuanto al African Peer Review Mecanism (APRM), o mecanismo de control mutuo que constituye la piedra angular del NEPAD y del que dependerá o no su éxito, a través de este mecanismo, los países miembros se comprometen a someterse a un examen de progreso realizado en los aspectos de democracia, buena gestión, respeto de derechos humanos y de la independencia de las instituciones judiciales, con posibilidad de sancionar a los Estados contraventores. Sin embargo, al estar, los Estados, libres de adhesión a dicho mecanismo, se corre el riesgo de crear dos velocidades entre los Estados africanos: los incluidos y los excluidos del NEPAD. Dicho de otra manera, por una parte estarán los países comprometidos con la buena gobernabilidad y la firme voluntad de resolver o erradicar los conflictos, o el “club del NEPAD” (7); y por otra, los Estados antidemocráticos, “fallidos” y “colapsados”, o la mayoría, que no cumple con aquellos criterios o condicionalidades. Es decir, según subraya Alain Faujas, quien abunda en el mismo sentido, los países africanos se dividirán en dos grupos: los “buenos”, que someten sus economías al control de la comunidad internacional y a la crítica de los demás países africanos como condiciones para el acceso a las inversiones, y los “malos”, hundidos en la mala gestión económica y las prácticas antidemocráticas, y, por lo tanto, castigados. No cabe la menor duda, en este contexto, que la evaluación la harán no los Estados africanos sino, de una manera unilateral, los socios externos (el G‑8, la UE o las instituciones financieras internacionales) según sus criterios. [...]
En definitiva, el NEPAD tiene el mérito de constituir un esfuerzo de reflexión para encontrar soluciones a los problemas de desarrollo del continente, con un compromiso moral de los dirigentes africanos que presentan un marco de relaciones entre África y los países ricos. Pero peca de ingenuidad al fundamentar el desarrollo de África en factores exógenos, perdiendo de vista la responsabilidad histórica de dichos factores en el subdesarrollo del continente y que ningún país en el mundo se ha desarrollado exclusivamente a partir de los factores externos o de la ayuda al desarrollo.
El gran error del NEPAD es el pasar por alto, consciente o inconscientemente, el debate global sobre la mundialización. Es decir, no procede a un previo análisis, sereno y profundo, de las reglas y mecanismos de funcionamiento de la economía mundial o de la globalización capitalista y su impacto en los países en desarrollo. No se ha preguntado si existe una real voluntad de los países ricos de luchar contra la pobreza y cancelar o reducir la deuda de los países pobres (8), si los Estados africanos disponen de capacidades humanas e institucionales, carencias reconocidas por el propio NEPAD, para gestionar la ayuda y los programas complejos (sanidad, educación, infraestructuras, seguridad) que se les quiere confiar, capacidades en parte destruidas por los PAE, o si la globalización, concebida por y para los países industrializados del Norte, está organizada a favor de los intereses de los países pobres. [...]
Es de sobra conocido que la proporción de África en el comercio mundial ha retrocedido en los veinte últimos años (pasando del 4% a comienzos de la década de los 80 al 1,5% en la actualidad), y ha sido la gran perdedora del proceso de la globalización económica que supuestamente iba a traer la prosperidad para todo el planeta. Prueba de ello es que ya no se habla del desarrollo sino de la lucha contra la pobreza. Esta situación se explica por el débil capital humano y del ahorro interno, la carencia de infraestructuras físicas y de instituciones sólidas, y la falta de diversificación de las economías africanas dependientes de productos básicos que constituyen el 90% de las exportaciones.
Conclusión
Tanto la Unión Africana como el NEPAD se fundamentan en los mismos objetivos y principios que necesitan un cierto abandono de la soberanía de los Estados africanos, además de no definir claramente los mecanismos y procedimientos de sanciones contra los eventuales Estados miembros o los jefes de Estado contraventores. De ahí las dificultades a las que se enfrentarán en el desarrollo de sus actividades, que podrían ser obstaculizadas por el apego a la soberanía nacional de dichos Estados, que sólo aceptan el principio de la cooperación de soberanías entre ellos. Es curioso que los países africanos hayan cedido de hecho sus soberanías al Banco Mundial y al FMI adoptando los PAE, y que se nieguen a cederlas a sus propias organizaciones. La falta de voluntad política y de medios de coerción constituye el principal obstáculo para las actividades tanto de la Unión Africana como del NEPAD.
El NEPAD, al igual que la Unión Africana, son proyectos elitistas. Las dos iniciativas han cometido el grave error de no someterse a previos debates públicos o de no proceder de los pueblos africanos y de la verdadera unión política. Ambos han invertido las prioridades: deberían ser progenituras de regímenes democráticos y no progenitores de dichos regímenes, pues no disponen de medios para conseguir este objetivo. Por lo tanto, no aprendieron del fracaso de los planes e iniciativas anteriores en el continente, fracaso que Claude Ake atribuye al desarrollo dependiente elegido por los líderes africanos que, absorbidos por las luchas de poder y de su propia supervivencia política, e incluso por miedo a las sanciones económicas externas, se desentendieron de la tarea de concepción de proyectos nacionales de desarrollo inspiradas en las necesidades sociales, culturales e históricas de sus pueblos o sociedades. [...] Los pueblos han de ser los agentes, los instrumentos y la finalidad del desarrollo, si no se refugian en sus identidades primarias como mecanismo de autodefensa. No se puede concebir un proyecto de desarrollo para los pueblos, sino con ellos y para ellos.
Por lo tanto, se ha de dar la máxima atención a las iniciativas populares, pues es imposible realizar un proceso fiable de desarrollo al margen de las iniciativas de la población. El desarrollo pasa por la toma en consideración de las luchas de los pueblos africanos contra la pobreza. La implantación de la agenda para el desarrollo de África debe fundamentarse más en las organizaciones de los pueblos y en los Estados fuertes y reestructurados, encargados de la economía del desarrollo y de la lucha contra la pobreza, y no de las reformas liberales o de la ortodoxia macroeconómica, pues su destrucción o retirada impuesta por el consenso de Washington explica la desindustrialización del continente y los retrocesos en los aspectos sociales y de desarrollo humano.
Dicho con otras palabras, se trata de romper con la mentalidad de dependencia, tal y como recomendó el PAL (9), que acertó en este aspecto, y adaptarse a las exigencias de la mundialización en condiciones aceptables, en particular la toma en consideración o la conciliación de la carencia de medios financieros locales y de las aspiraciones sociales de los pueblos africanos. Todo indica que, con o sin la Unión Africana y el NEPAD, África, según puntualiza Emmanuel Dupuy, seguirá cayendo en la dependencia y la subordinación a las antiguas potencias coloniales y de los que aspiran a sucederlas, como consecuencia de las prácticas perversas vigentes, internas y externas.
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(*) Este artículo ha sido publicado en un número doble (40-41, primer semestre de 2006) de la revista Cuadernos África-América Latina, editada por Sodepaz y la Editorial Popular, las cuales nos lo han cedido amablemente para reproducirlo en nuestras páginas. Por razones de espacio hemos realizado pequeñas modificaciones, entre ellas la eliminación de algunas notas y la bibliografía de apoyo. Estas son la direcciones electrónicas de la revista y de los editores: Sodepaz (sodepaz@sodepaz.org y www.sodepaz.org/revista) y Editorial Popular (epopular@infornet.es y www.editorialpopular.com).
(1) Esta cifra se duplicará, pues se prevé unos 760 empleados con la creación y operatividad de todos los órganos previstos por la Carta, lo que llevará el presupuesto anual de funcionamiento de la Unión Africana a unos 70 o 100 millones de dólares anuales.
(2) Dichos ejes son: la buena gobernabilidad pública, la buena gobernabilidad de la economía privada, las infraestructuras, la educación, la sanidad, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la agricultura, el medio ambiente, la energía, el acceso a los mercados de los países desarrollados, la diversificación de los productos.
(3) En la década de los 90, 14 países consiguieron la tasa de crecimiento anual del 4% y 10 la del 3%. En su informe anual sobre el desarrollo africano, el Banco Africano de Desarrollo (BAD) estimó la tasa de crecimiento promedia de África en un 3,3% para el año 2003 y considera que sólo unos contados países subsaharianos podrían alcanzar la tasa de crecimiento económico anual del 7% para reducir la pobreza en 2015. Por su parte, la OCDE situó la tasa de crecimiento de África en un 4,7% en 2005 y que, según la misma fuente, alcanzará el 5,2% en 2006. Estos buenos resultados se explican ampliamente por el auge del precio de las materias primas, en particular del petróleo, en países como Angola, Guinea Ecuatorial y Chad como consecuencia de la fuerte demanda petrolera de China para su crecimiento, países que alcanzaron la tasa de crecimiento del 10% en 2004.
(4) Entre ellos: el Programa de Acción de Tokio para el Desarrollo de África de octubre de 1998, el Acuerdo de Cotonú firmado en junio de 2000, el Programa de Acción de El Cairo de abril de 2000 y los comunicados de las cumbres del G‑8 de Lyón en 1996 y de Okinawa en julio de 2000, la Ley estadounidense para las Oportunidades y el Crecimiento de África (AGOA) de 1998 y la Declaración de las Naciones Unidas para el Milenio de septiembre de 2000.
(5) La UE dedica unos 800 dólares anuales por vaca y sólo unos 8 dólares de ayuda por africano.
(6) Se trata en particular de la creación de una red eléctrica entre El Cairo y Kinshasa a través de Jartum y Kisangani; de gaseoductos entre Libia y Túnez, entre Argelia y Port Harcourt en Nigeria, y entre Lagos y Ghana con posibilidad de extenderse hasta Dakar; las carreteras entre Trípoli y Lagos, entre Dakar y Yamena; el ferrocarril entre Uagadugú y Dakar‑Lagos y un tren entre Yamena y El Cabo en Sudáfrica. Se prevé también la modernización y la construcción de puertos para contenedores en Tánger, Conakry, San Pedro y Mombasa.
(7) Sólo 17 de los 53 Estados africanos se han adherido al mecanismo de “control mutuo”, y 4 han aceptado ser evaluados por otros países africanos según los criterios de las “condicionalidades africanas” (Gabón, Kenia, Mauricio y Ruanda). Los demás, encabezados por Libia, lo rechazan al considerar el NEPAD como un instrumento de la hegemonía sudafricana en el continente.
(8) El principio de condonación de la deuda de los 14 países africanos beneficiarios de la iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPTE) por el G‑8, en septiembre de 2005 en Gleneagles, se refiere en realidad sólo a unos 40.000 millones de dólares o el equivalente del 2% del monto total de la deuda de los 156 países ACP, además de seguir existiendo los mecanismos y las reglas que condujeron al excesivo endeudamiento de estos países.
(9) Plan de Acción de Lagos, adoptado por la Cumbre de la OUA celebrada en abril de 1980.
La inversión extranjera directa
El último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Cnuced), Repensar el papel de la inversión extranjera directa, publicado durante la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, del 14 al 16 de septiembre de 2005, suprime cualquier duda al respecto: en Tanzania, cuyos ingresos de exportación de oro han pasado de menos del 1% a finales de la década de los 90 a más del 40% en 2003, las 6 grandes multinacionales se han apoderado de unos 890 millones de dólares dejando al Gobierno tanzano sólo 86,9 millones de dólares en concepto de impuestos y derechos de explotación, o sea, el 10% de los ingresos totales. Lo mismo puede decirse de Ghana, cuyas exportaciones de oro se han triplicado en los 15 últimos años. El Estado ghanés sólo se ha beneficiado de unos 46,7 millones de dólares de los 893,6 millones de ingresos totales generados por el sector, o sea, el 5%. [...]