Nathalie Ferré
Una reforma con tufillo electoralista
(Mugak, 35-36, abril-septiembre de 2006)
Investigadora y presidenta de GISTI (Grupo de Información y Apoyo a Inmigrantes)
En nombre del colectivo Unid@s contra la inmigración desechable
Publicado en Migrations Société nº 104, marzo-abril 2006, dossier «Sin papeles: de ayer y de hoy»
Traducción para Mugak: Anaitze Agirre.
«Hay que acabar con la inmigración padecida y promover una inmigración escogida». Así reza el nuevo credo gubernamental. El proyecto de ley que reforma el código de entrada y permanencia de extranjeros y el derecho de asilo (CESEDA), que se debate desde comienzos de mayo de 2006, le pone la música. No se trata de una reforma más –la categoría de extranjero ha conocido un buen número de ellas en los últimos 20 años- sino de un auténtico proyecto de sociedad, que aborda la inmigración desde un enfoque totalmente utilitarista. Tras el cierre de fronteras, la selección se ha convertido en el paradigma de la política de inmigración.
En cuanto han tenido conocimiento del proyecto, varias organizaciones han reaccionado con urgencia para desmenuzarlo, darlo a conocer a la opinión pública y denunciarlo. Así es como nació, en enero de 2006 Uni(es) contre l’immigration jetable (UCIJ-Unid@s contra la inmigración desechable), un colectivo que reúne más de 300 organizaciones (asociaciones, colectivos de sin-papeles, sindicatos y partidos políticos).
Uno de los primeros objetivos de UCIJ fue proponer un análisis común del dispositivo con la finalidad de facilitar la movilización, a partir de un conocimiento preciso y compartido de su contenido. Esta aportación (1)1 se basa fundamentalmente en esta iniciativa colectiva y retoma extractos del citado análisis (2) 2. Hay que señalar que este trabajo se ha hecho a partir del anteproyecto tal y como se ha presentado el 9 de febrero de 2006 en el comité interministerial de control de la inmigración. De diciembre a comienzos de febrero se han sucedido diversas versiones, fruto de las negociaciones ministeriales, de divergencias y de marchas atrás. No es descartable que algunas de las más detestables modificaciones del CESEDA, inicialmente abordadas y luego abandonadas, reaparezcan en el transcurso de los debates parlamentarios o por medio de reglamentos, incluso de circulares «aclaratorias».
Este proyecto surgió en un momento particularmente desfavorable respecto a los extranjeros o las personas tenidas por tales, en términos de prácticas administrativas y policiales. Así, recurriendo a controles de identidad dirigidos sobre determinadas poblaciones, el ministro del interior y el fiscal general han dirigido en febrero de 2006 a los prefectos y procuradores de la república una circular que instaura una auténtica caza de sin-papeles, legitimando -sin decirlo explícitamente- los controles basados en los rasgos físicos (3) 3. La circular organiza detenciones en los locales de las prefecturas con la excusa de convocatorias pretendidamente leales, prescribe controles de identidad en los hogares y centros de acogida para demandantes de asilo e incluso ordena a los tribunales tomar medidas de cara a legalizar las detenciones «en barrios conocidos por albergar personas en situación irregular». Paralelamente, las prácticas de los delegados de gobierno se han endurecido aún más y parecen haberse adelantado a la entrada en vigor de la ley Sarkozy II (4) 4, principalmente aplazando las convocatorias de cónyuges de franceses para una fecha posterior.
El espíritu de la reforma
La exposición de los motivos traduce bastante bien el espíritu del proyecto de reforma del CESEDA: « La inmigración económica hoy día no se corresponde con la capacidad de acogida de Francia y sus necesidades económicas». El Gobierno rechaza que la inmigración por motivos profesionales represente «a penas el 7% de los flujos», mientras que la inmigración por motivo familiar es la «dominante». Partiendo de esa base, «para luchar contra la inmigración padecida, hay que promover una inmigración escogida y una integración exitosa […], nuevos instrumentos jurídicos son necesarios». Es el objetivo del proyecto de ley… Pone en marcha una lógica llamada de sustitución: hay que sustituir la inmigración familiar, que descansa –recordémoslo- sobre el ejercicio de valores constitucionales, por una emigración laboral, útil y seleccionada en función de las necesidades económicas de Francia al amparo de subcategorías especialmente precarias. Sólo la nueva tarjeta de elocuente nombre de «capacidades y talentos», ideada por el gobierno, parece escapar a primera vista a esta precariedad anunciada; apenas afectaría a un puñado de personas.
En nombre de la lucha contra la inmigración pretendidamente padecida, el proyecto de ley sigue con su objetivo de demoler las categorías que pueden tener acceso a un permiso de estancia, aunque éstas tengan la intención de de vivir de manera estable en suelo francés. Hecho esto, el texto contiene nuevos ataques contra el derecho a llevar una vida familiar normal (5)5, contra el respeto a la vida privada, sin olvidar el interés prevalente del menor beneficiario de reconocimiento y protección internacional (6) 6.
Irregulares de por vida
La reforma pretende en primer lugar limitar los casos de expedición de pleno derecho de la tarjeta «vida privada y familiar», válida por un año y renovable en caso de que las condiciones existentes en el momento de su primera expedición sigan cumpliéndose (7) 7. Cuando acabamos de celebrar los 10 años de la ocupación de la iglesia Saint-Ambroise que marcó el comienzo de la lucha de los sin papeles y el nacimiento de numerosos colectivos, el gobierno se prepara para liquidar la posibilidad de que un extranjero que lleva 10 años residiendo de modo habitual en Francia pueda obtener «de pleno derecho» un permiso de estancia de un año. A pesar de las dificultades evidentes para demostrar una estancia ininterrumpida tan larga, esta facultad recogida en la ley constituye una esperanza para los sin papeles, la de salir de la precariedad administrativa y conseguir al fin un status, aunque sea precario. Es esta esperanza la que el proyecto pretende estrangular, considerando que se trata de «una prima a la clandestinidad» intolerable. El gobierno omite en su análisis que el derecho a obtener un permiso de estancia no depende de la habilidad de escapar al control, sino de una constatación probada: Haber residido 10 años en Francia supone haber creado lazos privados y/o familiares que tienen derecho a ser tenidos en consideración. Esto es, el expedir un permiso en estas circunstancias consiste en reconocer una integración de hecho que sería injusto e ilógico no tener en cuenta.
A fin de cuentas, las personas afectadas sin papeles no tendrán ninguna opción real de ser regularizados. Es verdad, tal y como ha señalado el gobierno -no sin cinismo- que los prefectos, delegados departamentales
del gobierno, dispondrán siempre del poder de tener en cuenta las situaciones personales y ejercer su potestad para efectuar regularizaciones, pero conocemos de sobra la moderación con que ejercen esta facultad. Por otro lado, el hecho de remitir el caso al poder discrecional de los prefectos conduce a desigualdades en el tratamiento según el departamento, la filiación u otras consideraciones, desigualdades que la ley tiene el deber de corregir, al menos en parte.
Es probable que muchos sin papeles lleguen a batir records en la duración de su estancia en territorio francés, abocados así a una forma de irregularidad perpetua. En todo caso, la mencionada circular del 21 de febrero de 2006 sobre la detención de extranjeros en situación irregular no los incitará a tentar al diablo, por temor evidentemente a ser detenidos en las prefecturas.
Ni que decir tiene que se aprovecha su presencia en Francia para satisfacer y cubrir las ‘dificultades de contratación’ constatados en algunos sectores. Sin duda y en lo que a la economía respecta, es preferible dejarlos a disposición de algunos sectores que viven o sobreviven aprovechándose ampliamente de esta mano de obra extremadamente precaria, dócil y sumisa a condiciones de trabajo a menudo terribles, lejos de lo marcado por el código laboral.
El anteproyecto continúa con el objetivo de liquidar las posibilidades legales de regularización recurriendo a otra disposición calificada a menudo como «cajón de sastre». En virtud de la actual ley en vigor, puede obtener un permiso «vida privada y familiar» de pleno derecho, el extranjero cuyos «lazos personales y familiares en Francia sean tales que la negativa a autorizar su estancia supondría atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, un perjuicio desproporcionado respecto a los motivos de la denegación». Esto no afecta a las personas que pueden encajar en otra categoría contemplada por la CESEDA: miembros de familia en el marco de la reagrupación familiar, progenitores de niños franceses, cónyuges de franceses… En la práctica es difícil, muy difícil ser regularizado en este marco. Pero para el gobierno, es ya excesivo: al menos hay que anunciar exigencias que tienen como misión desanimar a los solicitantes. Así pues, según el proyecto, los lazos personales y familiares deben ser evaluados sobre todo «teniendo en cuenta su intensidad, su antigüedad y su estabilidad, sus recursos, condiciones de alojamiento, así como su integración republicana». Pocos son los extranjeros que –recordémoslo- careciendo de papeles podrán satisfacer de manera completa semejantes condiciones que facilitan, una vez más, la labor a los prefectos. El Gobierno quiere claramente dificultar el acceso a esta «categoría». Se trata de mostrar sobre el papel que se respeta el artículo 8º de la Convención europea de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin garantizar en absoluto su respeto efectivo.
El amor imposible: las parejas mixtas
Jamás se había visto semejante ensañamiento por parte de un gobierno contra los cónyuges de franceses. Tras tipificar en 2003 el matrimonio de conveniencia como delito y reforzar los controles desde el momento en que se celebraban los matrimonios, el proyecto pretende someter a los cónyuges de franceses a una condición que en la práctica corre el riesgo de resultar dirimente y anular los matrimonios. Sin duda el gobierno espera que jamás podrán cumplir los requisitos exigidos ó, tras semejante esfuerzo, que ya no habrá lugar a dudas sobre su amor... puesto que todas las uniones son sospechosas a priori.
Se trata pues de exigir al cónyuge extranjero que haya entrado con un visado de larga estancia, y no con una «simple» visa de corta estancia, como ocurre hoy en día. No queda tan lejos la época en que la sola condición de cónyuge de francés otorgaba el derecho a recibir una tarjeta de residente. Se estimaba que a pesar de la existencia de matrimonios de conveniencia que el prefecto podía sancionar retirando el permiso obtenido de forma indebida, no estaba justificado el perjudicar a la mayoría en su proyecto matrimonial. Sin que nunca se haya tenido cifra alguna sobre las uniones de conveniencia, los gobiernos no han parado de hablar sobre su supuesto aumento. ¿Tan inconcebible es que se pueda amar a una persona de otra nacionalidad, que la duda debe surgir inevitablemente? Conociendo las prácticas en los consulados, es de temer que cónyuges de franceses permanezcan bloqueados en sus países de origen en espera de su «sésamo» para entrar en Francia y tener así una oportunidad de conseguir una tarjeta de «vida privada y familiar». Y si al fin llegaran a conseguir el visado de permanencia, ¿no correrían el riesgo de tener en su contra la ausencia de vida en común? Esta disposición tiene vocación de empujar a la clandestinidad. Es incuestionable.
El gobierno parece haber dudado a la hora de hacer padecer la misma suerte a los progenitores de niños franceses, en especial con la puesta en marcha de un mecanismo -inédito en derecho de familia- de impugnación del reconocimiento en el caso de los niños nacidos fuera del matrimonio. Finalmente, ha decidido experimentarlo únicamente en Mayotte (islas Comores) y la Guayana. El procedimiento consiste en permitir al funcionario encargado del Registro Civil recurrir a los tribunales en caso de «serios indicios de que el reconocimiento es fraudulento». Es bien sabido en la práctica que en el momento en que el progenitor esté en situación irregular, habrá para el representante de la administración un indicio para pensar que el reconocimiento tiene como fin obtener una tarjeta de estancia.
El dispositivo previsto por el proyecto de ley es el mismo que existe en materia de matrimonio, aparecido con la ley del 24 de agosto de 1993, y que tiene numerosos efectos: rechazo sistemático por parte de algunos ayuntamientos, investigaciones intrusivas en la vida privada de las familias, recursos abusivos de los tribunales basados únicamente en la situación irregular del progenitor. A fin de cuentas y aunque en el reconocimiento del niño influya esto último –el hecho de tener o no papeles no cambia la circunstancia esencial- los progenitores desprovistos de permiso de estancia no correrán el riesgo de reconocer a su hijo. De hecho, tendrían todas las posibilidades de ser separados de su hijo y ser reconducidos a la frontera.
No es imposible que este procedimiento que ahora es de limitada aplicación (Guayana y Mayotte) se amplíe al resto del territorio francés. De todos modos, la creación de una derogación más para los territorios de la República interpela cree un agravio comparativo.
La realidad del derecho a vivir en familia
El procedimiento de reagrupación familiar ya ha cubierto su cupo de modificaciones importantes con la entrada en vigor de la ley del 26 de noviembre de 2003. Desde entonces, los miembros de la familia que han llegado por medio de este procedimiento ya no obtienen el mismo tratamiento que el cónyuge que les ha hecho venir, en la práctica, una tarjeta de residente, sino una tarjeta de un año renovable a condición que la convivencia no se rompa en el plazo de dos años (plazo que se ampliaría a tres años con la reforma). Se acabó la época del derecho a la tarjeta de diez años desde el momento que se cumpliesen los requisitos legales referidos a vivienda y recursos (8) 8. El ministro de Interior (9) 9 ha hablado extensamente sobre el reagrupamiento familiar con ocasión de la presentación del proyecto ante el comité interministerial de control de la inmigración y la prensa, pretendiendo que éste no estaba regulado por la ley o tan escasamente, que daba lugar a todo tipo abusos. Las asociaciones que asesoran e informan a los extranjeros y las de su entorno saben sin embargo hasta qué punto se da el caso contrario y es difícil cumplir todos los requisitos fijados por la ley, siendo entorpecidos además por prácticas que rozan la ilegalidad.
En las primeras versiones del anteproyecto de ley, el gobierno planteaba tales condiciones que hasta la misma existencia del reagrupamiento familiar estaba en juego. Parece que de momento ha renunciado a ello. Sólo falta que el proyecto defina nuevas exigencias, facilitando la labor una vez más al poder discrecional del prefecto. Así, el solicitante deberá probar su «integración republicana» para tener el derecho de vivir con los suyos. Esta condición que viene a sumarse a las ya mencionadas relativas a los recursos (estables y suficientes) (10) 10 y al alojamiento (respondiendo a normas de superficie, confort y habitabilidad), tiene un contenido más que confuso, sin olvidar que el alcalde, demasiado afortunado, está invitado a dar su parecer sobre el tema.
Se puede temer con razón que pueda haber alguna desviación, es decir -por parte de algunos ediles- una apreciación que no siendo personal, participe del deseo de no ver crecer la población extranjera en su municipio. La condición de integración republicana será evaluada, nos dice el texto, «en base a su compromiso personal de respetar los principios que rigen la República francesa, del respeto efectivo de esos principios y del conocimiento suficiente de la lengua francesa». ¿Quién será en la práctica competente para verificarlo? ¿Qué se tomará en cuenta en la práctica para juzgar satisfactoriamente esta «integración republicana»? ¿Cuáles son los principios que gobiernan la República? Tantas cuestiones que quedan sin responder y de cuya solución depende sin embargo el derecho a llevar una vida familiar normal, cuyo valor fundamental ha sido tantas veces reconocido.
El sentido de la reforma es claro: parece que el gobierno no apoya que los miembros de la familia o los cónyuges de franceses tengan el derecho de venir a Francia y automáticamente puedan trabajar, en un momento en que no se les desea y son susceptibles de constituir una carga para el Estado. Partiendo de esto, hay que restringir aún más de lo que ya lo está, el acceso a un permiso de residencia, ya precario de por sí. Sin embargo, se trata, «a cuenta de una inmigración elegida», de dotarse de instrumentos que permitan una selección marcada por las necesidades económicas o la prosperidad de Francia
Recuperación legal de una inmigración laboral
En enero 2005, la Comisión europea difundió un Libro verde sobre una aproximación comunitaria de la gestión de las migraciones económicas11(11). Considerando que el descenso demográfico y el envejecimiento de la población tienen un impacto negativo sobre la economía, el libro verde invita a una reflexión sobre una reactivación ordenada de la inmigración laboral de manera que «cubra las necesidades del mercado europeo y asegure la prosperidad de Europa». Al mismo tiempo que la Unión Europea tiende a desentenderse de su propia responsabilidad externalizando la gestión de asilo y la inmigración más allá de sus fronteras, la Comisión propone, sin resolver, diferentes fórmulas para enmarcar la recuperación de una inmigración laboral. Parece que Francia ha elegido entre las peores opciones, es decir, la que ajusta la duración del permiso de estancia a la duración del contrato de trabajo, reduciendo así a los extranjeros únicamente a la fuerza de trabajo que representan. Esa es la característica del proyecto de ley en lo que respecta al trabajo.
Cada año, el gobierno deberá presentar al Parlamento «objetivos cualitativos plurianuales» en su informe sobre las directrices de la política de inmigración. Para ello, tendrá en cuenta la situación demográfica de Francia, sus perspectivas de crecimiento, las necesidades del mercado de trabajo y las capacidades de acogida de nuestro país. Esta lógica contable ignora los derechos y libertades de los individuos, y oculta a su vez los motivos que conducen a la partida o al camino del exilio.
El dispositivo, propuesto por el gobierno para satisfacer las necesidades de mano de obra, plantea desde el inicio numerosas observaciones. La primera es que una vez más va a producir nuevas situaciones de clandestinidad. La segunda está unida a la existencia de diferentes categorías –sería más propio hablar de sub-categorías- que conlleva una adaptación de los derechos dependiendo del status que se tome en cuenta. En esta jerarquía sobresale una figura, puesto que es la más atractiva para la patronal, la del ‘trabajador desechable’ para quien el fin de contrato marca el fin de la estancia.
Desde que Francia decidió en 1974 cerrar sus fronteras a la nueva inmigración profesional, toda demanda de autorización para trabajar debe someterse a la reglamentación que se rige por la situación del mercado laboral (12) 12. Es decir, todas las veces que la administración constata, con datos proporcionados por la ANPE, que existe un diferencial entre las ofertas y las demandas de empleo (siendo menores las ofertas), dispone de motivo suficiente para negar el derecho a trabajar. Poco importa que estas cifras no sean fiables y que no reflejen la realidad del mercado de trabajo. Ni que la administración deje a veces de lado estos datos en base a criterios a la vez profesionales y en función del país de origen de los peticionarios. El proyecto de ley no contempla suprimir el condicionamiento del mercado de trabajo; hará una excepción en el siguiente supuesto: «para el ejercicio de una actividad profesional asalariada en un oficio y zona geográfica caracterizados por las dificultades de contratación y figurando en una lista establecida por orden de la autoridad administrativa, esta tarjeta se expide sin que sea condicionante […] la situación del empleo».
Una de dos: o bien el contrato de trabajo será para un oficio y zona geográfica que aparezcan en la orden y la persona debería obtener una autorización para trabajar, o bien no cumplirán los requisitos y la administración podrá aplicar la regla que pone como condición la situación del mercado laboral.
Este sistema plantea muchas dudas, particularmente en lo que respecta a la autoridad que determinará cuales son las actividades y zonas geográficas con dificultades de contratación y que se basará bien en los datos que permitan hacer esta comprobación, o bien en el ritmo con que se revise la orden. Por lo tanto esta derogación significa que se retoma una inmigración legal de trabajo. Va a desembocar, tal y como hemos señalado, en diferentes estatus que ya son parte del paisaje actual. Por lo tanto la novedad de la reforma no consiste tanto en los distintos tipos de permiso de residencia a los que afecta sino en las características de los estatus, sabiendo que estos últimos dependen directamente de la orden que fija las actividades y zonas geográficas que a priori tienen mayor escasez de mano de obra.
Si el contrato de trabajo ofrecido por el empleador tiene al menos un año de duración, el trabajador extranjero debería recibir la tarjeta de ‘asalariado’, válida por un año y renovable por norma. Mantendrá un documento precario en la medida que su ‘durabilidad’ dependa a la vez de la prolongación de la relación contractual y por la lista fijada por la orden, la cual debería ser revisada periódicamente. En caso de que el contrato de trabajo terminase en un período inferior a un año, la tarjeta de ‘trabajador eventual’ tendrá la misma duración que el contrato, sin que su renovación se tenga en cuenta formalmente. El proyecto de ley prevé por otro lado la retirada automática de la tarjeta en caso de que exista una ruptura en el contrato. Estas dos reglas combinadas prueban de manera indiscutible la situación de subordinación y precariedad extrema en las que se encuentra el trabajador.
El plan del proyecto de ley, rechazable en sí mismo, merece ser analizado a la luz del desmantelamiento del código laboral que se ha acelerado últimamente. Por una parte, en efecto, los empleadores podrían recurrir ampliamente a los contratos laborales creados recientemente (el ‘contrato nuevo empleo’ en agosto de 2005 para empresas con menos de 20 trabajadores y el ‘contrato primer empleo’ destinado a los jóvenes menores de 26 años), sabiendo que, durante un período de 2 años, estos contratos pueden romperse sin respetar la reglamentación sobre el despido. Por otra parte, el aumento de las tarjetas de ‘trabajadores eventuales’ podría verse acompañado por una ‘liberalización’ de los casos de recurso autorizados a los contratos de trabajo de duración determinada, recogidos por la ley actual, especialmente con la creación de un ‘CDD de estancia’ específico para extranjeros.
Un derecho de estancia…sin derecho a trabajar
La reforma anunciada del CESEDA contempla igualmente revisar el estatus de los temporeros extranjeros de manera que satisfaga a los patronos. De este modo, está previsto facilitar la tarjeta de estancia de ‘trabajador temporero’ por un período de 3 años, sin que su titular pueda trabajar cada año más de 6 meses consecutivos. Por tanto la persona será autorizada a residir de manera continuada, pero sólo podrá trabajar la mitad del año.
Se trata de permitir a los empresarios disponer de una relación de mano de obra para un período más largo, agilizando el procedimiento de introducción puesto que los trabajadores temporeros sólo deberán renovar su petición cada tres años. La expedición del permiso sólo requerirá una condición: mantener una residencia habitual fuera de Francia. He aquí toda la hipocresía del texto: el trabajador puede permanecer en Francia durante tres años en virtud de su permiso de residencia, pero todo está dispuesto para que se marche cada año durante 6 meses. Uno de los métodos usados para empujarlo a ello es el privarle de cobertura social durante el período del año en el que no está autorizado para trabajar. En efecto, uno de los criterios principales para optar a los derechos sociales es el de la territorialidad, que sería contravenido por la declaración de residencia habitual fuera del territorio francés…
Competencias y talentos
Con el fin de asegurar la prosperidad de Francia, el proyecto de ley prevé la creación de una nueva tarjeta con un nombre tan elocuente como estúpido, ‘competencias y talentos’, ya que está en clara contradicción con el espíritu general del proyecto que desprecia a la persona humana: ‘La tarjeta de residencia de ‘competencias y talentos’ se le expide al extranjero que es susceptible de participar, gracias a sus competencias y talentos, de manera significativa y duradera en el desarrollo económico o al reconocimiento, sobre todo intelectual, cultural y deportivo de Francia en el mundo, o al desarrollo económico del país del cual posee la nacionalidad’. Se trata de un permiso que se quiere atractivo, válido por 3 años y renovable, y que únicamente con él se permite traer a los miembros de la familia del titular sin estar sujeto al procedimiento del reagrupamiento familiar. Una vez más hace falta ser ‘elegido’. Y sobre este punto la reforma no es nada precisa, excepto sobre que la persona deberá presentar su proyecto ante una autoridad de la que por el momento se desconoce la identidad.
El dispositivo aparece realmente como un gadget, un anuncio destinado a hacer saber a la opinión pública que Francia no acepta a cualquiera, sino que recurre a selecciones de alto nivel. Nos cuesta imaginar que las gentes deseadas acepten este ‘honor’, más bien se les incita a marcharse o les hace cambiar de destino. Esta tarjeta de ‘competencias y talentos’ recuerda a una antigua disposición de la extinta ordenanza del 2 de noviembre de 1945 que preveía la expedición de una tarjeta de residente para aquellos y aquellas susceptibles de contribuir a la grandeza de Francia. Nótese que si las personas cumplen las condiciones de base previstas por el proyecto –que dejan un amplio poder de apreciación a la autoridad competente (¿el ‘jurado’? ¿la prefectura?)- se entiende mal porque no se les da una carta válida por 10 años.
La selección, también atañe a los estudiantes extranjeros. En cierta medida, el proyecto no hace más que incluir en la ley lo que constatamos en la práctica desde hace algunos años, y finalmente tiende a racionalizar y generalizar procedimientos ya existentes. El objetivo es aliviar el control de las prefecturas transfiriéndolo al país de origen del candidato: ‘Desde septiembre de 2006, los estudiantes que dispongan de una visa serán elegidos según un sistema de múltiples criterios (teniendo en cuenta varios puntos: el proyecto de estudios, el historial académico y personal, las competencias lingüísticas, las relaciones bilaterales así como los intereses de Francia y del país del estudiante extranjero), se añaden a los criterios actuales (recursos, inscripción en un centro de enseñanza, ausencia de amenaza para el orden público)’.
Siempre según el proyecto de ley, en su presentación del dispositivo, está previsto ‘la creación de centros para los estudios en Francia, cuyo funcionamiento dependerá de los consulados en 12 países y cuya generalización está prevista para 2007’. Se constata así que para el proyecto, es accesorio el examen de los informes por parte del establecimiento superior de enseñanza y su aceptación. Con la excusa de luchar contra los falsos estudiantes, hay acordada una prima a la excelencia que se contempla sin tener en cuenta la aspiración de los estudiantes o bachilleres de obtener una formación inicial en Francia. El proyecto anuncia también la firma de contratos entre el Estado y los establecimientos de educación superior a fin –se supone porque el proyecto no es nada preciso al respecto- de fijar cuotas, determinar trámites de acogida y los niveles de estudio correspondientes.
De este mismo plan de elegir a los mejores para que ante todo sirvan a los intereses de Francia, forma parte también la posibilidad de que los estudiantes pudiesen obtener al finalizar sus estudios un permiso de trabajo: «Se expedirá una autorización de estancia provisional de seis meses de duración no renovable al extranjero que, habiendo terminado sus estudios con éxito, en un establecimiento de enseñanza superior homologado al plan nacional, un ciclo de formación que conlleve a un título como mínimo equivalente al master, quiera, desde la perspectiva de que regresará a su país de origen, completar su formación con una primera experiencia profesional contribuyendo directa o indirectamente al desarrollo económico de Francia y del país del que posee la nacionalidad». El derecho a completar la formación recibida en Francia sólo corresponderá a un puñado de estudiantes. ¿Quién puede encontrar un empleo en tan poco tiempo, excepto los que salen de centros importantes o que son titulares de masters requeridos y reconocidos? Al contrario de lo que se anuncia, ¿acaso no se trata de conservar a esos jóvenes diplomados que disponen de una alta cualificación a priori?
Tras un examen en profundidad, hay que denunciar tanto el espíritu como el contenido del proyecto. No hay nada sobre generosidad, respeto de los derechos fundamentales, solidaridad internacional. Únicamente cuenta el interés egoísta e inmediato de Francia. Ya ocurría en gran medida, en particular en la práctica. Este gobierno pretende incluirlo directamente en la ley.
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(1) No todas las modificaciones proyectadas dan lugar a comentarios. Hemos decidido retomar y comentar los puntos principales que nos permiten entender el espíritu de la reforma anunciada.
(2) Conectarse a www.contreuneimmigrationjetable.com para un análisis completo del proyecto de ley en su versión del 9 de febrero de 2006.
(3) Circular NOR: JUSD0630020C-CRIM.06.5-21.02.2006 relativa a la detención de un extranjero en situación irregular, detención de un extranjero en situación irregular, respuestas penales.
(4) Nótese que la ley del 26 de noviembre de 2003 ya ha restringido considerablemente los derechos de los extranjeros, sobre todo excluyendo de la tarjeta de residente cierta cantidad de categorías que hasta el momento eran beneficiarias de pleno derecho.
(5) Sobre el reconocimiento de un estatuto constitucional relativo a los extranjeros, ver la decisión del Consejo Constitucional del 13 de agosto de 1993, 93-325, Rec. p. 224.
(6) Convención de Nueva York del 26 de enero de 1990 concerniente a los derechos del niño. La convención estipula en particular que en todas las decisiones que afectan al niño, el interés superior del niño debe ser tenido en cuenta primordialmente.
(7) La tarjeta de “vida privada y familiar” apareció en 1997. Su creación supuso un retroceso para el estatuto de los extranjeros puesto que vino a sustituir a la tarjeta de residente en numerosos casos. El número de “tarjetas de vida privada y familiar” no ha dejado de crecer a expensas de la tarjeta de diez años.
(8) Tras la ley del 26 de noviembre de 2003, los miembros de la familia pueden solicitar una tarjeta de residente al cabo de dos años de estancia en Francia. El proyecto pretende ampliar este plazo a tres años.
(9) Antes de él, algunos parlamentarios hasta se han atrevido a sugerir que el reagrupamiento familiar fue la causa de las revueltas de noviembre de 2005. El presidente de la República, en su intervención televisada del 14 de noviembre de 2005, declaró: «Los niños, los adolescentes necesitan valores, referencias. La autoridad de los progenitores es capital. Las familias deben asumir todas sus responsabilidades (...). Está en juego el respeto a la ley, y también la política de integración. Hay que ser estrictos en la aplicación de las reglas de reagrupación familiar. Hay que reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico que genera».
(10) <<el proyecto de ley prevé excluir algunas prestaciones sociales del cálculo, como el RMI (Ingreso Mínimo de Inserción) o incluso el subsidio de inserción. Así, en la práctica, las personas que reciben estas prestaciones no alcanzan el nivel de recursos exigido, el SMIC (Salario Mínimo Interprofesional). Visto esto, podemos preguntarnos por el motivo que ha empujado al gobierno y precisar que se trata, una vez más, de estigmatizar a los extranjeros y de mostrar que constituyen una carga para los fondos del Estado.
(11) Para un análisis crítico del libro verde firmado por numerosas asociaciones, consultar “A propósito del ‘Libro verde sobre las migraciones económicas’. Posición interasociativa”, en: Grupo de Información y Apoyo de Inmigrantes, Inmigración y trabajo en Europa. Las políticas migratorias al servicio de las necesidades económicas, Paris: GISTI, junio de 2005, pp. 63-70.
(12) En virtud del artículo R. 341-4 del Código Laboral, para conceder o denegar el permiso de trabajo, el prefecto tiene en cuenta «la situación del empleo presente y futuro en el sector solicitado por el trabajador extranjero y en la zona geográfica donde pretende ejercer esta profesión».