Roger Casas
Violencia étnica en el Sur de Tailandia
¿Un conflicto sin solución?
(Hika, 184zka. 2007ko urtarrila)
Varias semanas después del golpe militar que terminó con el gobierno de Thaksin Shinawatra, la situación política en Tailandia continúa siendo incierta: los militares que el pasado 19 de septiembre se hicieron con el poder en el país, y que cuentan con el apoyo abierto del rey Bhumipol, han nombrado a un general retirado como Primer Ministro al frente de un gabinete provisional, preparan la redacción de una nueva constitución que sustituirá a la de 1997, y han prometido que se celebrarán elecciones libres el año próximo. Mientras, la ley marcial continúa en vigor en algunas regiones del país y la economía nacional, pasados los temores iniciales, se muestra más fuerte que nunca. El conflicto político abierto hace un año en el país se estabiliza así temporalmente, sin que la crisis se resuelva.
Sin embargo, el golpe militar ha servido también para abrir una inesperada posibilidad de encontrar una salida negociada al conflicto armado que vive el Sur del país; es difícil decir qué peso ha tenido este problema a la hora de llevar a los militares a acabar con el gobierno de Thaksin, pero el propio general Sonthi Boonyaratglin, el primer musulmán al frente del ejército tailandés, y cabeza visible de la asonada de septiembre, se había declarado públicamente a favor del establecimiento de negociaciones con el fin de acabar con un enfrentamiento que ha provocado centenares de muertos en los últimos tres años.
La violencia que padecen hoy principalmente Yala, Narathiwat (las dos provincias fronterizas con Malasia) y Pattani, en el extremo Sur de Tailandia, no es sino una nueva fase del conflicto étnico que se vive en la zona desde que en 1902 el reino malayo de Patani1 fuera incluido en la estructura administrativa de Siam (nombre con el que se denominaba oficialmente a la actual Tailandia hasta 1939): hasta entonces, el Rajá de Patani, reino de población mayoritariamente musulmana, había mantenido una relación meramente tributaria con la monarquía de Siam, manteniendo Patani al mismo tiempo sus estructuras políticas, económicas y culturales locales y autónomas. La aplicación de políticas centralistas por parte de Bangkok, dirigidas a lograr la integración de la población local en el Estado-nación tailandés, ha provocado estallidos periódicos de resistencia violenta en la zona desde comienzos del siglo XX –una resistencia que ha contado a menudo con el apoyo de los malayos del otro lado de la frontera.
Los años 60, y coincidiendo con el auge de la insurgencia comunista en Tailandia, vieron la aparición de varios de los grupos que de una u otra forma han seguido enfrentados al Estado tailandés hasta la actualidad. Entre ellos, el BRN (Barisan Revolusi Nasional, Frente Nacional Revolucionario), creado en 1960, y cuya facción Coordinada, la única en activo en la actualidad, parece ser el grupo armado más importante y mejor organizado de los que operan en la zona; o el PULO (Patani United Liberation Organization, Organización de Liberación de Patani Unido), que como BRN reivindica la creación de un Estado independiente e islámico. El período más violento de la lucha armada tuvo lugar a fines de los años 70 y comienzos de los 80, tras la muerte en 1975 de cinco jóvenes musulmanes a manos del ejército tailandés en circunstancias no aclaradas, lo que provocó la aparición de nuevos grupos enfrentados al gobierno central.
Las medidas políticas tomadas por el gobierno tailandés a comienzos de los años 80, y en especial la creación de instituciones destinadas a mejorar la administración de la zona, consiguieron limitar de modo efectivo la violencia étnica en la zona: el Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC), creado en 1981, y que incluía entre sus filas a líderes musulmanes locales, intentaba solventar la falta de coordinación existente entre las diversas agencias gubernamentales operativas en la zona y terminar con la corrupción endémica de oficiales del gobierno y policías locales; el CPM 43, brazo armado del SBPAC, era un órgano mixto compuesto por miembros de la policía, el ejército y las instituciones civiles, que trataba de dar más voz a la población local a la hora de resolver los problemas de seguridad en la región.
La creación de dichas agencias, juntamente con la puesta en marcha de varios proyectos de infraestructura con vistas a potenciar la economía local, lograron aplacar las reivindicaciones violentas en la región, pero los problemas estructurales continuaron sin ser erradicados: por un lado, la corrupción administrativa siguió siendo un problema endémico; por otro, las políticas de integración gubernamentales continuaron mostrando un marcado carácter etnocéntrico –la prohibición del uso de la lengua malaya en las escuelas y en los medios de comunicación locales, por ejemplo, siguió vigente. Así las cosas, las luchas intestinas de los grupos armados y la política gubernamental de amnistías lograron mantener la violencia étnica bajo control. A finales de los años 90, la cooperación policial entre Tailandia y Malasia redujo todavía más las actividades de grupos armados en la zona, de tal manera que hacia el año 2000, las autoridades centrales consideraban en gran medida resuelto el problema.
Sin embargo, varios de los grupos armados históricos, así como otros de más reciente creación, habían permanecido activos, y en el año 2001 la violencia volvió a sacudir la zona, siendo su intensidad especialmente alta tras el asalto a un campamento militar en Narathiwat y la destrucción simultánea de una veintena de escuelas locales en enero de 2004. A finales de abril del mismo año, más de cien musulmanes cayeron abatidos en una sola noche de enfrentamientos con la policía y el ejército, incluyendo el ataque a una célebre mezquita en la provincia de Pattani durante el cual se produjeron más de treinta víctimas. Desde entonces, alrededor de 1700 personas (unas 2300, según fuentes independientes) han perdido la vida en ataques diarios contra maestros de escuela, jefes locales, informantes, soldados y policías, o simples campesinos de la región. La mayoría de las muertes se han producido por ataques llevados a cabo por pistoleros motorizados o mediante colocación de bombas, generalmente de escasa potencia; en algunas de estas acciones los insurgentes han demostrado una alta capacidad de organización.
Las causas puntuales de esta nueva ola de violencia siguen sin estar claras. Mientras la situación internacional creada tras la invasión de Iraq (Tailandia desplegó tropas allí en septiembre de 2003) puede considerarse como un factor a tener en cuenta, parece que las causas fundamentales han de buscarse en el contexto local. A la continuación de los ya mencionados problemas de corrupción, discriminación étnica, etc., ha de sumarse la disolución por orden gubernativa, en mayo de 2002, del SBPAC y el CPM 43: si bien la desaparición de ambos órganos no puede contarse entre las causas directas de la violencia, sí ha mermado considerablemente la capacidad del gobierno para hacer frente a la misma. El ejecutivo de Thaksin tomó esta medida confiado en las informaciones de la policía local, que tradicionalmente ha restado importancia al aspecto político de la violencia con el fin de hacerse con el control de la seguridad en la zona -algo que finalmente obtuvieron en mayo del 2002.
La creación en abril de 2004 del Southern Border Provinces Peace Building Command, bajo control directo del Primer Ministro, no logró atajar el auge de la insurgencia ni mejorar la imagen del ejército ni de la policía entre los locales, determinada por incidentes como el producido en octubre de 2004, cuando más de 80 participantes en una manifestación murieron asfixiados mientras eran trasladados como detenidos en camiones del ejército. No sólo el gobierno no se disculpó siquiera por lo ocurrido (ningún cargo militar ha sido procesado por las muertes), sino que 92 musulmanes participantes en la protesta permanecieron acusados por el Estado por su implicación en la misma hasta que el actual gobierno decidió retirar los cargos a comienzos del pasado mes de noviembre; el nuevo ejecutivo ha decidido también investigar como homicidio la desaparición, en marzo de 2004, del abogado musulmán Somchai Neelaphaijit, quien había señalado públicamente a la policía como responsable de la desaparición de varios de sus defendidos –todos ellos relacionados con la insurgencia. La grave incidencia que la guerra contra las drogas emprendida en 2003 por el gobierno de Thaksin tuvo en las provincias fronterizas, en la que gran número de musulmanes locales fueron asesinados por las fuerzas del orden, puede considerarse como otra de las causas que han originado este reciente brote de violencia.
Esta política de mano dura frente a la rebelión de las provincias sureñas fue apoyada en todo momento por el gobierno de Thaksin Shinawatra, que optó decididamente por una solución policial y militar al problema, ignorando las connotaciones étnicas del mismo y rechazando los informes de la National Reconciliation Commission (comité de expertos creado por el propio gobierno con el fin de funcionar como asesores de la política para la zona), o de personalidades públicas como el entonces viceprimer ministro Chaturon Chaisang, que abogaban por un enfoque dialogante de la cuestión. Acciones recientes, como la aprobación en julio de 2005 de un decreto de emergencia que otorgaba poderes extraordinarios a policía y ejército en su lucha contra la insurgencia, o el establecimiento de campos de re-educación para militantes islamistas arrepentidos, no han hecho sino incrementar el tradicional rechazo de los locales hacia las políticas centralistas de Bangkok.
El nuevo gobierno tailandés, a pesar de mantener en vigor el decreto de emergencia (además de la ley marcial) en las tres provincias afectadas, ha mostrado una actitud mucho más conciliadora ante el conflicto: a las medidas judiciales mencionadas anteriormente hay que sumar la invitación oficial hecha al gobierno de Malasia para participar en un potencial proceso de paz –algo que el anterior gobierno criticaba como una internacionalización del conflicto; el nuevo Primer Ministro tailandés, Surayud Chulanont, ha visitado en varias ocasiones el Sur durante las últimas semanas, y ha pedido públicamente disculpas por el trato recibido de los organismos oficiales por la población musulmana en la región. El nuevo ejecutivo se ha mostrado también dispuesto a negociar la implementación parcial de la ley islámica (sari’a) en las tres provincias afectadas por la violencia, y se acaba de hacer público un plan estatal para convertir la región fronteriza con Malasia en una zona económica especial con el fin de atraer inversiones a la zona –una propuesta que parece haber sido acogida, no obstante, con reservas entre algunas de las personalidades locales, que ya han advertido de la necesidad de potenciar la participación de la población de las provincias afectadas en la gestión de cualesquiera inversiones potenciales.
Sin embargo, y a pesar de los gestos de buena voluntad del gobierno, las últimas semanas han visto un recrudecimiento de la violencia, y las acciones de los grupos armados se suceden diariamente en la zona: sólo el día siguiente al anuncio por parte del gobierno del plan de desarrollo económico, siete personas murieron en ataques relacionados con la insurgencia. A fines del mes de noviembre, la totalidad de las escuelas de Yala, Narathiwat y Pattani permanecían cerradas por miedo a los ataques a profesores. Aunque varios de los grupos se erigen en portavoces de la insurgencia, lo cierto es que sus acciones no son reivindicados por ninguna organización específica, y el gobierno no ha identificado todavía a ningún líder importante del movimiento. La proliferación de grupos insurgentes operativos en la zona no hace sino dificultar el establecimiento de negociaciones entre el gobierno tailandés y los rebeldes, y el fin del conflicto parece quedar todavía muy lejos.
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1. El término Patani designa al sultanato cuya jurisdicción desapareció tras la anexión plena al reino de Siam, mientras Pattani, con dos t, se refiere al nombre tailandés de una de las tres provincias actuales que conforman el que fuera territorio del sultanato.