Octubre de 2007:
Semana de lucha contra la pobreza
Más hechos, menos palabras
(Página Abierta, 185, octubre de 2007)

                Dentro de la acción global que realiza la Campaña del Milenio “Voces contra la pobreza”, de Naciones Unidas, se ha establecido una fecha al año, el 17 de octubre, en torno a la cual se pretende unificar e intensificar a escala mundial las actividades que se vienen realizando para la “Erradicación de la pobreza”. En más de 100 países, entre ellos el nuestro, se han previsto acciones de todo tipo. 
                Este año las organizaciones que impulsan la Campaña “Pobreza cero” en España se suman, como el pasado año, a esta convocatoria, recordando que después de siete años de firmarse los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio se está muy lejos de avanzar en el cumplimiento de estos compromisos por parte de la comunidad internacional firmante de los OMD. Y lo hace bajo el lema “Rebélate contra la pobreza; más hechos, menos palabras”.
                Parte de esa campaña reivindicativa está centrada en la lucha contra el empobrecimiento generado por la deuda externa y la gestión de la misma. Y precisamente este año, desde diversas ONG para el desarrollo, se ha querido poner un acento especial en este problema al que hay que buscar soluciones si se quieren alcanzar los Objetivos del Milenio. Y así se hizo valer en el Foro Social Mundial de Nairobi de enero de este año, donde se aprobó un llamamiento a celebrar en estas fechas ya señaladas una “Semana Global de Acción contra la Deuda”.
                Al calor de esta convocatoria, queremos recoger en nuestras páginas algunas reflexiones sobre la deuda externa, cómo está siendo abordada a nivel mundial (1) y, en particular, en nuestro país por el actual Gobierno socialista, uno de cuyos primeros pasos fue promover una  ley de gestión de la deuda externa como Estado acreedor.

La ley sobre la deuda externa

                El pasado 23 de noviembre se aprobó en las Cortes españolas la Ley 38/2006 de 7 de diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, tras una larga tramitación que duró más de año y medio.
                El texto de la ley produjo insatisfacción en los movimientos y organizaciones sociales que reivindicaban una posición más firme y solidaria en defensa de los pueblos más empobrecidos, a pesar de ver en ella “avances sustantivos” en el tratamiento de la deuda contraída por esos países con el nuestro y en el apoyo del Estado español en los esfuerzos de Naciones Unidas en este terreno.
                Así lo expresaba, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (2), en su valoración de la ley, hecha pública en diciembre de 2006: «Por todo ello... vemos que los puntos en los que estamos en disconformidad han pesado demasiado en relación a aquellos en los que vemos que se ha avanzado (aunque sea parcialmente). Por consiguiente, desde el ODG sentimos no dar el aprobado a este texto de Ley».
                Entre los elementos que el ODG consideraba un avance se encuentran, en primer lugar, el compromiso de legislar los mecanismos generadores de deuda; en concreto, los que deben regular tanto el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) como los créditos CESCE (3), que son los dos principales mecanismos que generan deuda en los países del Sur, regulación que se espera «sirva para modificar radicalmente el sentido de estos instrumentos, de manera que no puedan generar nuevos impactos negativos, a nivel social, ambiental y económico sobre esos pueblos y países».
                En segundo lugar, la ODG aprecia que se haya avanzado en la transparencia informativa sobre la gestión de deuda llevada a cabo por el Ejecutivo, así como el acceso a ella por parte de la sociedad civil, a través del Consejo de Cooperación. Y considera, en tercer lugar, «relevante, también, el compromiso de primar al tejido productivo y asociativo local en las operaciones de conversión de deuda con terceros países, desvinculando la participación de actores españoles (ya sean empresas u ONGD)». Como lo es, en cuarto lugar, que se propicie «la participación de la sociedad civil, tanto del Estado español como la del país beneficiario, en las diferentes estructuras de decisión y gestión de los recursos disponibles a partir de estas operaciones».
                A medio camino, sin embargo, han quedado otras cuestiones como: uno, la vinculación de la gestión de la deuda con la política de cooperación, al delegarse en los Planes Directores y Anuales de la Cooperación esa gestión, siendo el Gobierno de turno el que decida qué ministerio debe gestionar la deuda, sin fijar de antemano que debe ser el de Exteriores y de Cooperación; dos, la cancelación de la deuda para los países más pobres, que se ha quedado sólo en la obligatoriedad de renegociar y cancelarla para los incluidos en el estatus de pertenecientes al grupo HIPC (Países Empobrecidos y Altamente Endeudados) y no para «todos los países con un grado de desarrollo humano bajo y medio, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que era un criterio mucho más amplio que el actual»; o tres, el cambio en la relación de la cancelación de la deuda con el monto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), al no contemplarse de modo tajante la «no contabilización de las cancelaciones de deuda como AOD, tal y como ya hace Noruega y como está recomendado por el PNUD [Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo], el Banco Mundial e incluso el propio Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE [Organización de Cooperación y Desarrollo Económico]».
                Para el Observatorio de la Deuda en la Globalización, la crítica a la ley se centra en los temas en los que no se ha avanzado y en aquellos en los que piensan que se ha dado un paso atrás.
                Entre los primeros se encuentran: la no inclusión del concepto de corresponsabilidad entre acreedores y deudores, como punto de partida desde el cual entender el tratamiento de la deuda externa; y el que no se establezcan mecanismos de evaluación o auditoría de la generación de la deuda –ni de la generada en el pasado, ni para prevenir la repetición de casos de endeudamiento ilegítimos en el futuro–, lo que supone no reconocer la posible existencia de deuda ilegítima.
                Y se valoran como un paso atrás: primero, la falta de precisión de lo que se debe llevar a cabo con los llamados créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) y de los cambios que deberían introducirse en el uso de este instrumento: «El problema surge de usar el FAD como cajón de sastre (sirve para dar créditos a empresas españolas, para las aportaciones españolas a las IFI [Instituciones Internacionales Financieras] y para apoyar programas de Naciones Unidas)». Y segundo, la no creación de una comisión ad hoc para el seguimiento de la deuda, prevista en la redacción de la Ley tal y como fue aprobada en el Senado gracias a una enmienda introducida en la discusión de esta cámara, que luego fue eliminada en el Congreso definitivamente. La Comisión prevista habría de estar formada de manera paritaria por representantes del Gobierno, por una parte, y de la CONGD (Cordinadora de ONG para el Desarrollo), por otra. «La no creación de esta comisión –concluye el Observatorio de la Deuda– es un paso atrás en la voluntad de crear organismos de participación ciudadana paritarios y vinculantes».

Algunos pasos dados por el Gobierno

                Para desarrollar lo señalado en la Ley de la Gestión de la Deuda Externa, el Gobierno dio dos pasos que consideraba importantes, uno centrado en los compromisos multilaterales y otro relacionado con la renegociación y cancelación de la deuda con países deudores del Estado español.
                El primero, iniciado en diciembre de 2006 y desarrollado en el primer trimestre de este año, fue aportar 528 millones de euros para la creación de un Fondo de las Naciones Unidas para el Logro de los OMD (Objetivos de Desarrollo del Milenio), que administrará el PNUD y el Estado español (4). Esta aportación tiene su base en el uso de parte de la deuda externa cobrada por España.
                Según lo acordado, este Fondo se centrará en ayudar a los países en desarrollo en siete esferas vinculadas a los OMD: Gobernanza democrática; igualdad entre géneros; necesidades sociales básicas, incluido el empleo juvenil; desarrollo económico y del sector privado; medio ambiente y cambio climático; prevención de conflictos y consolidación de la paz, y diversidad cultural y desarrollo.
                El segundo paso, iniciado con un anuncio del Consejo de Ministros del pasado 13 de julio, consistió en la puesta en marcha por parte del Gobierno del compromiso, fijado en la Ley de la Deuda Externa, de un plan para la renegociación y condonación de la deuda contraída con España por los países incluidos en la Iniciativa HIPC (Países Empobrecidos y Altamente Endeudados); ninguno de los cuales se encuentra entre los 10 primeros deudores del Estado español.

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(1) Véase en este mismo número en las páginas 38 y 39.
(2) El Observatorio de la Deuda en la Globalización es una red dedicada a la investigación y elaboración de informes sobre las relaciones Norte-Sur y la deuda contraída por los países más pobres, en particular, con el Estado español.  Esta red se coordina y tiene su equipo principal en la Cátedra UNESCO de Tecnología, Desarrollo Sostenible, Desequilibrios y Cambio Global de la Universidad Politécnica de Catalunya, en el Campus de Terrassa (observatorio@debwatch.org). La valoración de la ODG sobre la Ley de la Deuda Externa puede encontrarse en http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article401
(3) Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). De los créditos CESCE se dice en la red de lucha contra la pobreza generada por la deuda externa que, junto a los FAD, no sólo funcionan como una subvención a la empresa española, sino que también generan nueva deuda.
(4) Es la nueva aportación de incremento de los FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) para el año 2006, adicionales a los establecidos en los Presupuestos generales del Estado de 2006.