Talli Nauman
El movimiento mexicano a favor del
Derecho a la Información
Serie Acción Ciudadana en Las Américas, no. 4, Marzo 2003.
Publicado por el Programa de las Américas, del Interhemispheric
Resource Center (IRC).
Contratiempos, logros
Enlaces Locales y Globales
Recursos
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| Maria Esther Cortés, miembro del Colectivo Ecologista de Jalisco que desde hace muchos años trabaja en el sector ONGs mexicanas para hacer comparables los RETC. Foto: Talli Nauman |
A medida que los países latinoamericanos avanzan hacia sociedades demócratas consolidadas, los grupos populares defienden a ultranza la cuestión de la libertad de información como elemento básico para conseguir gobiernos participativos.
En México, los encargados de tomar las decisiones han trabajado siempre a puerta cerrada, y el acceso tanto a la información gubernamental como a la información corporativa ha estado muy limitado. Durante años, los ciudadanos y los activistas han insistido en una mayor transparencia. A principio de los 90, conforme el movimiento ambientalista de México empezó a interesarse por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), surgieron voces públicas que dieron forma al movimiento a favor del Derecho a la Información (DAI) y exigían un mayor acceso a las estadísticas ambientales.
Tras la puesta en práctica del TLCAN, la sociedad civil mexicana organizada renovó sus esfuerzos para presionar por reformas a la ley federal de ambiente, que aseguraría el derecho a la información. Exigieron informes públicos, específicos y anuales sobre todos los residuos industriales producidos, almacenados y transportados. Este tipo de registro existe en Estados Unidos desde 1986, y en Canadá desde 1993. El acceso a la información específica permite a los ciudadanos saber cuáles son exactamente los riesgos que plantea la industria local, ayuda a reforzar el seguimiento voluntario de las leyes ambientales y la eficiencia económica en los negocios, al tiempo que apoya a los encargados de diseñar las políticas a decidir planes de acción coherentes.
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Desafíos en la realización de una legislación ambiental sobre el Derecho a la Información en México
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En 1997, México estableció un sistema nacional de informes voluntarios sobre los contaminantes, pero menos del 5% de los establecimientos industriales utilizaron este sistema para compartir información sobre sus operaciones. Empero, las elecciones mexicanas de 2000 llevaron a la presidencia a un partido político diferente por primera vez en 71 años, iniciando un período de reforma democrática. Asistido por la información independiente proporcionada por los programas de la CEC, el esfuerzo coordinado de los grupos ambientalistas ayudó a construir la voluntad política para establecer el sistema de informes de contaminantes con carácter obligatorio. El 15 de diciembre de 2001, el Congreso de la Unión aprobó una reforma de la ley ambiental que pedía la creación de un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) comparable a los de Estados Unidos y Canadá, y estipulaba además que la participación de la industria era obligatoria. La medida sentó un precedente al convertir a la ley ambiental en la primera ley federal de México que incluía una cláusula que exigía acceso público a la información de los registros gubernamentales. Entre los pioneros de la campaña para el RETC de México se encontraban Informa, Proyecto Fronterizo para la Educación Ambiental, Enlace Ecológico de Agua Prieta, y el Comité Cívico de Divulgación Ecológica.
El movimiento iniciado para alcanzar una reforma en el terreno ambiental era algo más que el resultado de la tendencia, iniciada con el TLCAN, de alcanzar paridad en las legislaciones ambientales entre México, Canadá y Estados Unidos. Se basaba también en una corriente de más envergadura en México hacia una reforma y una transparencia democrática y ciudadana. Aunque tardaron en llegar, algunas de las manifestaciones notables de este esfuerzo ciudadano incluyen la pérdida del monopolio político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el cumplimiento del Presidente Vicente Fox de su promesa de campaña de abrir archivos clasificados sobre violaciones de los derechos humanos durante la “Guerra Sucia” de México.
A otras promesas de campaña de Fox se les dio carpetazo, incluyendo la creación de una nueva ley nacional que establecería el derecho de todos los ciudadanos a obtener acceso a información. Pero, siguiendo el ejemplo del movimiento ambientalista a favor del DAI, un grupo de académicos y periodistas creó un grupo de presión para una medida que permitiera dicho acceso público, misma que Fox firmaría para convertir en ley en junio de 2002. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental viene a llenar algunos huecos en la ley ambiental, dándole a México la mejor de las únicas tres leyes de esta naturaleza que existen en Latinoamérica. En la actualidad, grupos de ciudadanos están trabajando para asegurarse de que la ley ambiental y la del DAI general reciban la atención gubernamental adecuada y se lleven a cabo de forma eficaz.
Contratiempos y logros del movimiento a favor del DAILogros
Contratiempos
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Al principio de la administración Fox, las ONGs no tuvieron ningún problema para sacarle del nuevo Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Víctor Lichtinger un compromiso para crear un RETC obligatorio. En el período en que fue el director ejecutivo de la CCA, Lichtinger había abogado por una información ambiental sin ambages. Su compromiso público como titular del SEMARNAT para convertir en ley el registro obligatorio en el primer año de la administración Fox fue el único punto de la agenda ecológica que pudo disfrutar de esa condición. Sin embargo, su equipo se retrasó en numerosas ocasiones a la hora de poner manos a la obra con la reforma. Insistían en que la falta de recursos y la rotación de empleados demoraban el proceso. La comunicación entre las diferentes oficinas gubernamentales también era un problema. Como resultado, los planes preparados para el desarrollo del RETC se vinieron abajo. Además, la cobertura mediática del RETC era escasa, y es que el periodismo ambiental no es muy fuerte en México, y el tema específico resultaba difícil de encasillar.
Mientras las ONGs mexicanas encontraron resistencia oficial, los avances hacia el RETC se estancaron, y las ONGs canadienses y estadounidenses del Grupo Consultivo del Proyecto RETC en América del Norte empezaban a tener sus dudas. En una mesa redonda acerca del tema, patrocinada por la CCA en marzo de 2001, las ONGs de los países del norte preguntaron si el gobierno mexicano realmente estuviese decidido a crear un RETC, y si debían seguir invirtiendo energías y recursos para esta causa. Las ONGs de México, por su parte, expresaron su deseo de continuar el intercambio transfronterizo de información y de orientación. La CCA respondió con la creación de un Grupo Ad Hoc trinacional de 12 voluntarios académicos, de ONGs, y de la industria, como elemento adicional al grupo consultivo, para promover lo que se llamó los usos innovadores del RETC en Norteamérica. El resultado fue una enorme cantidad de publicidad, que demostraba la utilidad de un RETC en todos los sectores.
Para cuando la SEMARNAT presentó al Congreso su propuesta de reforma para el RETC al final de 2001, las ONGs mexicanas habían conseguido la experiencia y cohesión necesarias para presionar a los diputados y senadores federales para mejorar la propuesta antes de que ésta fuese aprobada. Greenpeace México cabildeó con los legisladores para plasmar en la legislación lo que otros grupos llevaban años promoviendo.
En la primera semana de diciembre de 2001, cuando la reforma se aprobó ampliamente en la cámara baja del Congreso, el Encuentro Nacional de Ecologistas estaba en sesiones para celebrarlo. Representantes de 54 ONGs pertenecientes a 26 estados votaron unánimemente a favor de la creación de una Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental, como medio electrónico que involucraría más personas en el movimiento para aumentar el acceso a los archivos. Los grupos sin fines de lucro Alternativa Ciudadana 21 y Unión de Grupos Ambientalistas ayudaron a Presencia Ciudadana Mexicana y al Centro Mexicano para el Derecho Ambiental (CEMDA) a sentar las bases de la nueva red.
Sin embargo, esta red sufría por la carencia de capacidad administrativa, y la cohesión de los principales grupos a favor del RETC se disminuyó cuando los fondos se esfumaron. Estas dificultades en las comunicaciones y las finanzas, sumadas a un número de problemas técnicos que la SEMARNAT y los industriales tuvieron que afrontar al sentar a la reforma, han reducido las expectativas para el nuevo RETC. Se espera que las instalaciones industriales presenten sus informes de descargas tóxicas de 2002 en el trimestre de julio a septiembre de 2003 (fecha retrasada varias veces con respecto a anteriores propuestas), pero la norma oficial para las sustancias que deben detallarse está aún sin definirse. Por ahora, las industrias documentarán aquellas sustancias incluidas en una lista provisional que el gobierno estableció cuando los informes eran aún voluntarios. Esta relación está adjunta al reglamento de la reforma de la ley ambiental que creó el sistema del RETC público obligatorio.
El reglamento fue elaborado con la participación de un comité consultivo multisectorial del RETC, una agrupación que las organizaciones ambientales mexicanas del movimiento DAI exigían desde hace mucho tiempo. A través de este comité, las ONGs hacen sus recomendaciones a las autoridades en la preparación del reglamento, de la norma, y de los métodos de llenado de las cédulas de operaciones industriales.
Pero llegar a este punto ha sido un proceso tortuoso, y el nivel actual de participación es modesto, ya que en el comité consultivo pesa más la industria que las ONGs ambientalistas. Las ONGs tienen menos recursos que los participantes del sector de los negocios, y la mayoría están situadas muy lejos de la ciudad de México, donde la SEMARNAT convoca las reuniones del comité. Los miembros aducen también que las invitaciones de la SEMARNAT para asistir a las reuniones y presentar comentarios se envían con muy poco tiempo de antelación, lo que no permite a los participantes tiempo suficiente para responder.
Debido a estas deficiencias estructurales y funcionales, muchos representantes de ONGs no han participado de forma total. De hecho, es cuestionable si la inserción de las ONGs ha sido más que simbólica en la fase actual de realización del RETC. Había recomendaciones de las ONGs ecologistas que pedían sanciones contra las fábricas que falsificaban informes, y fueron incluidas en el segundo borrador del reglamento, pero a ellas se opusieron intereses corporativos. Las sugerencias de los grupos populares de que la información del RETC debería estar disponible sin la necesidad de una petición por escrito y sin costo alguno fueron también ignoradas en el segundo borrador.
Los integrantes de las ONGs han pedido ayuda en repetidas ocasiones—sin efecto alguno—a las autoridades para que éstas sufraguen los gastos de viaje con objeto de hacer factible su participación. Pidieron de igual manera la incorporación de una cláusula en el reglamento que incluyera fondos para su asistencia en las revisiones bianuales de las normas que enumeran las sustancias que deben detallarse en el RETC. La ayuda financiera a un comité de este tipo era de máxima importancia para determinar su funcionalidad en los albores de los esfuerzos para establecer un RETC mexicano: El financiamiento del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación (UNITAR) era el catalizador que hizo funcionar a un Grupo Coordinadora Nacional como un núcleo de actores de diferentes sectores que pudiera arrancar la lucha para el RETC en un principio. Esta ayuda vino como resultado de una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de que 150 jefes de estado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 adoptasen la Agenda 21 y su capítulo 19, que pedía los RETCs y promovía el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
De igual modo, la CCA ha prestado una inestimable ayuda a las ONGs que participaban en el esfuerzo del RETC desde 1995, cuando los países miembros del TLCAN hicieron pública su decisión de conseguir registros comparables. Proporcionó fondos a Emisiones Virtuales, un proyecto del grupo La Neta, en la ciudad de México, que creó una página en internet sobre residuos tóxicos, organizó una lista electrónica para las organizaciones que trabajaban en asuntos relacionados con informes tóxicos, e invitó a participar en talleres para que ampliasen el movimiento RETC. La CCA también financió los talleres del Colectivo Ecologista de Jalisco para enseñar a los industriales a llenar los formularios gubernamentales para el RETC. Ayudó a Presencia Ciudadana Mexicana a publicar información y a convocar conferencias sobre asuntos ambientales relacionados con el DAI. Estas organizaciones y otras, incluyendo Fronteras Comunes, Greenpeace México, CEMDA, y Periodismo para Elevar la Conciencia Ecológica, han recibido el respaldo de la CCA para participar en su Grupo Consultivo del Proyecto RETC en América del Norte.
Mientras los ciudadanos trabajan en instrumentar al RETC, se espera que la publicación en junio de 2002 de la Ley de Transparencia Federal y Acceso a la Información Pública Gubernamental les ayude a tener acceso a la documentación ambiental y a otro tipo de datos. El contenido de la ley es el resultado de una alianza entre académicos, organizaciones de medios de comunicación, y algunas ONGs de derechos humanos que se consolidó en febrero de 2001 con una serie de 15 reuniones organizadas por el Programa de Libertad de Información en la Universidad Iberoamericana, de la ciudad de México. Los miembros de la alianza, que se llamó el Grupo Oaxaca, elaboraron un proyecto de ley sobre el derecho de información, e instaron a la administración Fox a que presentara al Congreso su propia propuesta ejecutiva sobre el tema. Sin embargo, el Grupo Oaxaca manifestó su desaprobación hacia la versión de la administración, y convenció al Congreso a apoyar a la iniciativa del grupo. Debido a la participación de los medios de comunicación en todo el proceso del Grupo Oaxaca, la gran cobertura mediática fue decisiva para la aprobación del proyecto de ley y su ratificación por parte del presidente.
Los miembros del Grupo Oaxaca han continuado sus esfuerzos y han formado dos ONGs, la Fundación Información y Democracia (FIDAC) y Libertad de Información México (LIMAC). Estas ONGs trabajan para la realización de una legislación DAI que se planea entre en vigor el 12 de julio de 2003. Para entonces, se supone que el gobierno debe estar preparado para responder a las peticiones de información de los ciudadanos, y las nuevas ONGs quieren que tanto las partes solicitantes como las que responden estén también preparadas. FIDAC jugará el papel de incentivar el instrumento del DAI, analizando su importancia para la democracia en estudios, seminarios, publicaciones, talleres interdisciplinarios, diseños de programas educativos, y congresos que planteen la cuestión en un contexto comparativo e internacional. Las tareas de la LIMAC incluyen además la contribución y planificación para la elaboración del reglamento sobre el DAI, capacitando a los periodistas a usar cláusulas DAI, desarrollando un sistema de documentación y publicación sobre el tema y fomentando el uso de la legislación DAI en el ámbito local en los estados. FIDAC y LIMAC trabajan también para ampliar el círculo de instituciones participantes.
Enlaces Locales y Globales
La CCA continúa tanto con el programa de apoyo al RETC como con la ayuda a las ONGs a fomentar temas relacionados con el DAI, tomando como punto de partida que la participación pública a la hora de reforzar los registros de contaminantes es vital para minimizar los efectos negativos del comercio libre, especialmente en las partes de Norteamérica en vías de desarrollo, que son más susceptibles a este tipo de impactos. Esta comisión está también poniendo en contacto a participantes del programa RETC con gente de sus otros programas, convencida de que el acceso a la información ambiental constituye la base indispensable para la toma de decisiones y acciones necesarias para conseguir la cooperación en materia de conservación.
El historial de organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos y Canadá que utilizan el RETC como herramienta organizativa es una guía para que las organizaciones mexicanas usen los datos del RETC con el objeto de limpiar las comunidades locales. Por ejemplo, Environmental Defense tiene una página web que muestra cómo el registro se refleja en cualquier comunidad de los Estados Unidos. El Working Group on Community Right-to-Know y la Right-to-Know Network, con sede en Washington DC, envían instructores a conferencias trinacionales para compartir sus experiencias en aplicaciones prácticas del registro de información de Estados Unidos. De igual modo, el Canadian Institute for Environmental Law and Policy publica una guía que explica como transformar el conocimiento del RETC en acción ambiental. Representantes del instituto celebran reuniones con sus colegas de las ONGs de México para explicar como se han involucrado a la ciudadanía en el uso de los registros en ámbitos locales y nacionales.
Los continuos esfuerzos para hacer del RETC un mecanismo realmente efectivo para la protección ambiental forman parte de una tendencia global. La mayoría de las naciones en vías de desarrollo no tienen aún garantías de información pública obligatoria sobre la contaminación en sus países. Las iniciativas de la ONU y de la OCDE están incentivando dichas garantías como parte de su mandato para reforzar el concepto de desarrollo sostenible que definió la Cumbre de la Tierra hace una década. Una encuesta de la OCDE mostraba que ocho países miembros tienen RETC, y que otros ocho los están desarrollando. La Comisión Aarhus de la Comisión Económica Europea ha creado un equipo de trabajo RETC para promover la integración de los registros nacionales, y un grupo formado por diferentes países conocido como el Foro Intergubernamental de Seguridad Química está apoyando a los países con una industrialización creciente, a desarrollar registros.
Sin embargo, la ayuda internacional para el desarrollo del RETC mexicano es escasa en comparación con los esfuerzos orientados al apoyo de la aplicación efectiva de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Publica Gubernamental. Diferentes instituciones extranjeras comprometidas con el desarrollo de la democracia han venido respaldando el esfuerzo de crear un marco de actuación DAI en México. El Banco Mundial y el U.S. Agency for International Development (USAID) se encuentran entre las primeras agencias internacionales que han prestado su experiencia y su dinero al Grupo Oaxaca. Poco después llegaron organizaciones como la British Program in Comparative Media Law and Policy, la International Center for Journalists, con sede en Washington, DC, la National Endowment for Democracy, y la Konrad Adenauer Foundation.
Las organizaciones vinculadas al Grupo Oaxaca esperan utilizar sus medios económicos para apoyar la campaña ambiental DAI, además de asegurar una aplicación efectiva de la ley general.
La presión ejercida por los grupos populares fue vital para lograr tanto la ley general como la ley ecológica DAI. Ahora que estas garantías del derecho a la información están al fin escritas, sólo queda el desafío de traducirlas a la realidad.
Recursos
El acceso a ligas se encuentra en la nueva ventana para navegar.
Agencias Nacionales e Internacionales
ONGs Mexicanas
Organizaciones de EEUU. y Canadá
Sitios Web
Lecturas por Internet
Agencias Nacionales e Internacionales
Canada—National Pollutant Release Inventory (NPRI)
Tel: +(819) 953-1656
Sitio Web : http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_e.cfm
Correo Electrónico : npri@ec.gc.ca
Mexico—Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC)
Semarnat, Dirección de Gestión Ambiental
Tel: +(52 55) 5624-3470
Sitio Web : http://www.semarnat.gob.mx/
Correo Electrónico : sesanchez@semarnat.gob.mx
North American PRTR Project, Commission for Environmental Cooperation (CEC)
Tel: +(514) 350-4300
Sitio Web : http://www.cec.org/
Correo Electrónico : info@ccemtl.org
United States—Toxics Release Inventory (TRI)
Tel: (202) 260-1531
U.S. toll-free: (800) 424-9346
Sitio Web : http://www.epa.gov/tri/
Correo Electrónico : tri.us@epa.gov
ONGs Mexicanas
Alternativa Ciudadana 21
Tel: +(52 55) 5580-0315
Sitio Web : http://www.alternativa21.org.mx/
Correo Electrónico : alternativa@alternativa21.org.mx
Asociación Civil Libertad de Información-México A.C. (LIMAC)
Contacto: Ernesto Villanueva
Tel: +(52 55) 5208-7551
Sitio Web : http://www.limac.org.mx/
Correo Electrónico : ernesto.villanueva@limac.org.mx
Centro de Derecho Ambiental del Noreste de México
Contacto: Agustín Bravo Gaxiola
Correo Electrónico : cedanem@megalink.net.mx
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Tel: +(52 55) 5286-3323
Sitio Web : http://www.cemda.org.mx/
Correo Electrónico : general@cemda.org.mx
Emisiones Espacio Virtual
Contacto: Olinca Marino
Tel: +(52 55) 5554-1980
Correo Electrónico : emisiones@laneta.apc.org
Fronteras Comunes
Contacto: Marissa Jacot
Tel: +(52 55) 5682-6763
Correo Electrónico : mjacott@laneta.apc.org
Fundación Información y Democracia, A.C. (FIDAC)
Tel: +(52 55) 5208-1524, 2028
Sitio Web : http://www.fidac.org.mx/
Correo Electrónico : apoyos@fidac.org.mx
Greenpeace México
Contacto: Mariana Boy
Tel: +(52 55) 5530-2165
Sitio Web : http://www.greenpeace.org.mx/php/gp.php
Correo Electrónico : greenpeace.mexico@mx.greenpeace.org
Periodismo para Elevar la Conciencia Ecológica
Contacto: Miguel Ángel Torres
Tel: +(52 449) 974-1593
Correo Electrónico : balam56@yahoo.com
Presencia Ciudadana Mexicana
Contacto: Martha Delgado Peralta
Tel: +(52 55) 5574-0217; 5264-6094
Sitio Web : http://www.presenciaciudadana.org.mx/
Correo Electrónico : presenci@prodigy.net.mx
Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental
Tel: +(52 664) 630-0590
Correo Electrónico : ambiente@proyectofronterizo.org
Unión de Grupos Ambientalistas (UGAM)
Tel: +(52 55) 5574-0217
Sitio Web : http://www.union.org.mx/
Correo Electrónico : ugam@laneta.apc.org
Organizaciones de EEUU. y Canadá
Canadian Institute for Environmental Law and Policy
Tel: +(416) 923-3529
Sitio Web : http://www.cielap.org/contact.html
Correo Electrónico : cielap@cielap.org
RTK-NET
Tel: (202) 234-8494
Sitio Web : http://www.rtk.net/
Correo Electrónico : helpdesk@rtknet.org
Working Group on Community Right to Know
Tel: (202) 544-9586
Sitio Web : http://www.crtk.org/
Correo Electrónico : paul_orum@yahoo.com
Sitios Web
Aarhus Convention
http://www.unece.org/env/pp/
Environmental Defense Scorecard
http://www.scorecard.org/
Fundación Konrad Adenauer
http://www.kas.de/stiftung/spanisch/intro.html
PRTR Project, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
http://oecd.org/ehs/prtr/index.htm
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
http://www.unitar.org/
Universidad Iberoamericana Santa Fe Ciudad de México
http://www.uia.mx/
Lecturas por Internet
“La participación ciudadana en el RETC: Una experiencia para hacer efectivo el ‘derecho a la información’” | Gildardo Acosta, Enlace Ecológico
http://www.laneta.apc.org/emis/carpeta/tarjeta_emisiones.htm
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental (Federal Transparency and Governmental Public Information Access Law)
http://www.limac.org.mx/leyes/LeydeTrasnparenciayAccesoalaInformaciónPúblicaGubernamnetal(pub.DOF).doc
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (General Ecological Equilibrium and Environmental Protection Law)
http://www.semarnat.gob.mx/marco_juridico/index.shtml
“Manual para el Acceso y Uso de la Información sobre Emisiones Contaminantes” | Presencia Ciudadana Mexicana
http://www.presenciaciudadana.org.mx/accesoderecho1.html
“OMB Watch Executive Report” | OMB Watch
http://www.ombwatch.org/execreport/
“Protección del medio ambiente: ¿De dónde vino el camión?”| La Opinion Digital, February 4, 2003
http://www.laopinion.com/editorial/?rkey=00030131200300722117
“¿Qué es el Derecho Internacional a Saber?” | Sierra Club
http://www.sierraclub.org/ecocentro/noticias/derecho_asaber/
“Semanario: El sector privado ante el derecho a la información ambiental en México” | Alternativa Ciudadana 21, March 6, 2001
http://www.alternativa21.org.mx/revistas/articulos.asp?rev=21&art=74
“Taking Stock: North American Pollutant Releases and Transfers” | North American PRTR Project, CEC
http://www.cec.org/
Other CEC publications on PRTRs
http://www.cec.org/pubs_docs/scope/index.cfm?varlan=english&ID=13
Text of the decree that created the mandatory, public PRTR in Mexico
http://www.semarnat.gob.mx/marco_juridico/federal/ref-legepa.shtml
“The World’s Right to Know” | Foreign Policy, July/August 2002
http://www.foreignpolicy.com/
“¿Un tóxico nos ataca?” | Emisiones-La Neta
http://www.laneta.apc.org/emis/carpeta/