Nueva Tribuna, 19 de febrero de 2019.
Las consecuencias de la polarización del empleo son decisivas, tanto
en el terreno económico como en el sociopolítico.
En España, como en el resto de países del sur de la eurozona, la crisis de 2008 y la
puesta en marcha a partir de 2010 de la estrategia conservadora de austeridad y
devaluación salarial alentaron una nueva ola de reformas estructurales del mercado
laboral. En aras de una mayor competitividad y más flexibilidad de la gestión de la
fuerza de trabajo, las nuevas reformas que intensificaron la desregulación del mercado
de trabajo lograron abaratar los costes laborales (salarios, seguridad social a cargo de las
empresas y los gastos asociados a los despidos) y, de paso, pero no por ello menos
importante, reducir la negociación colectiva y su alcance. Así, en España, se eliminó la
prevalencia del convenio sectorial, se rebajó la protección a los trabajadores cuando
finaliza la vigencia del convenio y éste no es sustituido por uno nuevo en el plazo de un
año (la denominada ultraactividad) y se amplió la tipología de los contratos laborales
precarios y las fórmulas de relación mercantil y “colaborativa” que enmascaran
relaciones de dependencia laboral, como es el caso de muchos de los nuevos
autónomos.
