5 noviembre 2017
De un tiempo a esta parte el Estado español está en el disparadero por las actuaciones del gobierno y los tribunales en relación a la cuestión catalana. Una de las visiones más extendidas, proclamada a los cuatro vientos por los independentistas, Podemos y los “Comunes” es que nos hallamos ante un Estado que, en sus caracterizaciones más suaves, podría considerarse dudosamente democrático. Desde este punto de vista subsisten rémoras del pasado que han impedido una transición completa a un régimen de plenas garantías democráticas. En versiones más atrevidas de esta acusación, el Estado español es tildado como “franquista” o incluso “fallido”, y asimilado a países que en los últimos años han merecido apercibimientos internacionales por el funcionamiento de sus regímenes políticos supuestamente democráticos, como Polonia, Hungría oTurquía. En este marco, Puigdemont se permite “exiliarse” en Bélgica y alegar que no se presenta a la Audiencia Nacional porque el sistema judicial español no ofrece garantías.
En el fragor de la deliberación política y mediática abundan las acusaciones categóricas de que España no es una democracia. Hay quienes se muestran algo más cautelosos: no se aventuran a calificar a España como país “no democrático”, pero le niegan el estatus de “democracia verdadera”. Recuerden: “lo llaman democracia y no lo es”. Muchas veces esas acusaciones obedecen a un interés político (legítimo) de descrédito del oponente. En este caso, quienes la formulan se suelen agarrar a ciertas “evidencias” escogidas interesadamente, lo que en el mundo académico se conoce como “seleccionar por la variable dependiente” o más comúnmente “cherry picking”. El cherry picking avala relatos muy contundentes sobre realidades que suelen presentar pliegues y matices, que se hurtan a la consideración de quienes son expuestos a esas versiones sesgadas.
Dirimir si un país es o no una democracia no siempre es tarea fácil. Por eso en el mundo académico se ha optado por evaluarlo como una cuestión empírica de grado. Preguntarse en qué medida los regímenes políticos son democracias es un empeño al que dedican ingentes esfuerzos distintos proyectos y plataformas académicas, además de organismos internacionales como el Banco Mundial. Freedom House, el Democracy Index compilado por la Intelligence Unit del Economist o el World Governance Indicators del Banco Mundial son algunas de las iniciativas más conocidas. Apoyándose en distintas fuentes de datos y metodologías que combinan y sintetizan cantidades notables de información, todas ellas reconocen a España no solo la condición de Estado democrático, sino que le otorgan puntuaciones que despejan cualquier sombra de duda. Pero examinémoslas una a una.
Freedom House publica anualmente los informes Freedom in the World. España es uno de los países al que otorgan la condición de Libres (Free) en una catalogación en tres categorías (Free, Partially Free, Not Free). Esta catalogación es resultado de manejar dos índices de 7 tramos sobre derechos políticos y libertades civiles. En ambas España es reconocida en el tramo más democrático (1). En la puntuación agregada obtiene 94 puntos en 2016 (de 100 posibles). Eso sitúa al país un punto por debajo del Reino Unido, Bélgica o Alemania, dos por debajo de Suiza o Irlanda, tres por debajo de Portugal o Dinamarca, cuatro por debajo de Australia, cinco de Holanda y seis por debajo de Finlandia, Noruega o Suecia, que son los países más democráticos. Pero España obtiene también dos puntos más que Eslovenia, tres más que Lituania, cuatro puntos más que Francia, cinco más que Polonia, seis más que Estados Unidos o Italia, diez más que Grecia,. Y 18 más que Hungría y 56 más que Turquía, países con los que está siendo comparado en el frenesí incriminatorio de los últimos días.
El Democracy Index de la revista Economist también sitúa a España entre los países que tienen democracia completa (full democracy ) con 8.30 puntos en 2016. Por encima de España están los países escandinavos, que rozan el 10; Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Suiza y Australia, que superan el 9. Holanda obtiene un 8,80. Alemania y Austria están ligeramente por encima de España con 8,63 y 8,41 respectivamente, y el Reino Unido, prácticamente empatado (8,36). Por debajo, Estados Unidos con 7,98, Francia 7,92, Portugal 7,86, Bélgica 7,77 (el país al que Puigdemont ha ido a buscar protección), Grecia 7,23. Polonia con 6,83 y Hungría con 6,52 son consideradas democracias defectuosas (flawed democracy), Turquía con 5,04 un “régimen híbrido” (hybrid regime).
El tercer sistema de indicadores que conviene examinar son los World Governance Indicators del Banco Mundial. El Banco Mundial presenta seis medidas de calidad de gobierno, que permiten hacerse una idea de los perfiles y cualidades del sistema democrático en cada país (“Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y ausencia de violencia”, “efectividad de gobierno”, “Calidad regulatoria”, “imperio de la ley”, y “control de corrupción”). En términos comparativos, España sale bien parada en casi todos los indicadores (se encuentra en el quintil más alto, salvo en “Estabilidad política y ausencia de violencia” y “Control de la Corrupción”, donde se sitúa en el cuarto quintil).
Por su interés en este momento en que tan en entredicho está el uso imparcial de la ley, representamos el mapa de países según las puntuaciones recibidas en el indicador de “imperio de la ley” (rule of law).
En este indicador España aparece en el percentil 81. Es decir, el 18% de los países examinados se sitúan por encima. No es un resultado que invite a la complacencia, pero nos sitúa cerca de la media de los países ricos de la OCDE (percentil 87), por encima de Italia y Grecia, y claramente de Polonia, Hungría o Turquía.
Se me objetará que todos los indicadores presentados son de 2016, y que la crisis catalana supone un test de estrés que está revelando la verdadera cara del sistema democrático español, y provocando una regresión democrática. Es posible, y habrá que estar atentos a la evolución de los datos en 2017 y años posteriores cuando salgan publicados. Pero conviene ser cauteloso con las afirmaciones de trazo grueso. El sistema democrático español posee rasgos estructurales que moderan los efectos de una crisis puntual, y autocorrigen errores y desviaciones que puedan producirse. Países como Hungría y Turquía, que han sufrido una regresión de sus sistemas en los últimos años, nunca alcanzaron en el pasado los umbrales democráticos que los distintos indicadores otorgan a España.
Por otra parte, es dudoso que España experimente caídas similares a las de esos países a causa de las actuaciones policiales en Cataluña en los últimos meses, o mucho menos por las peticiones de penas de la fiscalía o las medidas judiciales cautelares adoptadas la semana pasada. Por muy discutibles y controvertidas que resulten, pueden recurrirse, enmendarse y anularse en fases posteriores del proceso, ya que las garantías del proceso penal no se han agotado aún.
La democracia española muestra que, como en cualquier país digno de este nombre, existe la libertad de expresión como lo demuestra el debate y la crítica que todas las decisiones del poder ejecutivo y judicial están recibiendo por expertos, medios de comunicación o en redes sociales. Los partidos partidarios de la independencia están ejerciendo la libertad para presentarse a las elecciones (y posiblemente ganarlas), defender sus ideas en la calle y sus tribunas mediáticas, o reclamar la liberación de los presos. De momento lo que se han dibujado como amenazas a libertades fundamentales no han pasado de episodios puntuales (pero inquietantes) de violencia y declaraciones extemporáneas protagonizados por parte de actores más bien periféricos en el sistema político español.
Me atrevería a decir que la obsesión por cuestionar el carácter democrático del régimen del 78 está apartando el foco de los verdaderos problemas políticos y sociales en España, que tienen que ver con la configuración y desarrollo de ciertas políticas públicas (muchas de ellas también responsabilidad de las CCAA), y en particular las lagunas de su sistema de protección social y su escasa capacidad para corregir fenómenos de desigualdad y pobreza. Como ponen de manifiesto otros ránkings de indicadores tan fácilmente consultables como los que discuto en este artículo, en términos comparativos España sale bastante mal parada en indicadores de desigualdad, pobreza, precariedad laboral o justicia social, a los que parece que estamos bastante menos dispuestos a prestar atención que a nuestras instituciones democráticas.
En el maremágnum de acontecimientos de las últimas semanas las cuestiones sociales (o sobre corrupción) se están convirtiendo en temas enterrados por un torrente viscoso de noticias, comentario y análisis generalmente somero y redundante sobre el Procés. En este contexto, la tolerancia de cierta izquierda a que la cuestión nacional y de calidad democrática desplace y eclipse la necesaria atención que merecen nuestros déficits sociales resulta desconcertante ¿Parlem?
